Rodrigo Eduardo Chapa Zavala
Expediente 449/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/12/2019
Partes del expediente
- Rodrigo Eduardo Chapa Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 449/2019 signado por el Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual acusa recibo del diverso 25389/2019-IV; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 534/2019 signado por el Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual acusa recibo del diverso 29032/2019-IV; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran impugnado la sentencia terminada de engrosar el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento y se negó la protección constitucional en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Por otra parte, de autos se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, el presente asunto se encuentra concluido; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se ordena su archivo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído y se negó el amparo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. En otro orden de ideas, toda vez que en párrafos precedentes se decretó el archivo definitivo del presente asunto, resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias que el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas y el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitieron al rendir sus informes justificados, constantes en tres anexos de cada uno de las autoridades antes señaladas. En consecuencia, se ordena devolver las constancias a que se alude en el párrafo que antecede, a las autoridades responsables en comento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 449/2019-IVpromovido por Rodrigo Eduardo Chapa Zavala, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, Rodrigo Eduardo Chapa Zavala promovió juicio de amparo indirecto, en el que, como autoridades responsables y actos reclamados señaló: Autoridades responsables: Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas. Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con seden en Ciudad Victoria, Tamaulipas. "Actos reclamados: "a.- La resolución incidental de primera instancia de fecha 18 de enero de 2019 por medio de la cual el Juez Responsable declaró procedente incidente de remoción de albacea en el Juicio Sucesorio Intestado a bienes de ANTONIO SALVADOR GALLEGOS ESCALANTE bajo el expediente número 1102/2016 se sigue ante dicho Tribunal. b.- La resolución de segunda instancia de fecha 30 de abril de 2019 dictada por el Magistrado Responsable en el toca 34/2019 por medio de la cual confirmó la resolución incidental señalada en el párrafo anterior." SEGUNDO. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda en el libro de gobierno con el orden 449/2019-IV, la admitió a trámite, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó emplazar a la parte tercera interesada y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo lugar según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, reitera que es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que la remoción de albacea que aqueja al promovente, su confirmación y eventual ejecución, tiene lugar en el juicio sucesorio 1102/2016 tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Tanto del escrito inicial de demanda como del informe justificado, se advierte que el quejoso se duele de los siguientes actos: La resolución incidental de dieciocho de enero de dos mil diecinueve dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1102/2016 a bienes del señor Antonio Salvador Gallegos Escalante, al través de la cual el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar decretó su remoción del cargo de albacea. La resolución de segunda instancia de treinta de abril de dos mil diecinueve, en la que el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 34/2019, confirmó la incidental señalada en el inciso que antecede. La anterior precisión obedece a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que obliga al juzgador a que las sentencias que dicte en los juicios de amparo, fije clara y precisamente el acto reclamado, analizando el escrito de demanda en su integridad sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, así como a la jurisprudencia de la Novena Época, número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, por las consideraciones que la informa, es aplicable la tesis aislada P.VI/2004, visible en la página 255 del Tomo XIX, del mes de Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, aceptaron la existencia del acto reclamado al rendir su respectivo informe justificado; por tanto, para efectos de este juicio se tienen por ciertos los actos de autoridad en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además de lo informado por dichas responsables, de las copias certificadas, tanto del toca como del expediente de origen, queda manifiesta la existencia de las reclamadas de inconstitucional. Las pruebas documentales en mención tienen pleno valor en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2o, de la Ley de Amparo, toda vez que las copias de los expediente de primera y segunda instancia están certificadas por el secretario de cada una de las responsables, quien es un fedatario público que en ejercicio de sus funciones dio fe de que las mismas coinciden con los autos originales del toca 34/2019 y del juicio sucesorio 1102/2016. Consecuentemente, para todos los efectos legales a que haya lugar, se tienen por ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables. Cobra aplicación, en la especie, la jurisprudencia 278, visible a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, se estima pertinente citar la diversa jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Toda vez que las causas de improcedencia son de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las mismas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, respecto del acto de autoridad consistente en la resolución incidental de dieciocho de enero de dos mil diecinueve dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1102/2016 a bienes del señor Antonio Salvador Gallegos Escalante, al través de la cual el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar decretó la remoción de Rodrigo Eduardo Chapa Zavala en el cargo de albacea, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis ya definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En ese orden de ideas, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Ahora bien, en el presente asunto el acto reclamado lo constituye la resolución incidental de dieciocho de enero de dos mil diecinueve dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1102/2016 a bienes del señor Antonio Salvador Gallegos Escalante, al través de la cual, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar decretó la remoción del cargo de albacea que en dicho expediente tenía el quejoso. Pero, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la determinación en cita, del cual conoció la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado bajo el toca 34/2019 de su orden cronológico, y el treinta de abril de dos mil diecinueve, emitió la resolución definitiva, misma que contiene los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha resultado infundado el motivo de inconformidad expresado por Rodrigo Eduardo Chapa Zavala, en contra de la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado con residencia en H. Matamoros, Tamaulipas. SEGUNDO. Se confirma la resolución recurrida que alude el punto resolutivo que antecede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En su momento procesal oportuno remítase copia de la presente resolución al juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el toca como asunto debidamente concluido. Así lo resolvió y firma el C. LIC. JESÚS MIGUEL GARCÍA RIESTRA, Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ante el Secretario de Acuerdos C. JOSÉ LUIS RICO CÁZARES, quien autoriza y DA FE." De lo transcrito se advierte, en esencia, que la resolución de primera instancia dictada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, que constituye uno de los actos reclamados en este juicio, quedó sustituida procesalmente, pues en su lugar se emitió aquella que la confirmó en apelación. Como puede verse, el acto reclamado que se analiza, cesó en sus efectos dada la sustitución procesal que imperó con la determinación tomada el treinta de abril de dos mil diecinueve por el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Ciudad, Victoria, Tamaulipas. En tales circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de la resolución incidental de dieciocho de enero de dos mil diecinueve dictada en el juicio sucesorio intestamentario 1102/2016 a bienes del señor Antonio Salvador Gallegos Escalante, al través de la cual el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar decretó la remoción del cargo de albacea que tenía el quejoso en dicho sucesorio, ello, al sobrevenir la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Al no existir diversa causa de improcedencia, procede ahora el análisis de la constitucionalidad del diverso acto reclamado atribuido a la Sala de apelación. QUINTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. En el caso se omitirá la transcripción de los conceptos de violación dada la inexistencia de dispositivo legal que imponga al juzgador esa obligación, pero, más adelante se realiza una síntesis de los mismos para estar en aptitud de contestarlos y así cumplir con el principio de exhaustividad a que se refiere el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De igual forma, apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 687, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y dos, del Apéndice de 1995, Tomo VI, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AUSENCIA DE FORMALIDADES EN LA EXPRESIÓN DE LOS. La Ley de Amparo no exige, en sus artículos 116 y 166, que la expresión de los conceptos de violación se haga con determinadas formalidades solemnes e indispensables. Por otra parte, la demanda de amparo es un todo que debe considerarse en su conjunto, de lo que se sigue que, aun cuando la costumbre ha llevado a los litigantes a expresar los conceptos de violación en un capítulo destacado, en busca de claridad, deben tomarse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo. Basta que en alguna parte de la demanda se exprese un argumento que tienda a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, para que deba ser estudiado en la sentencia como concepto de violación, ya que es evidente que la sentencia debe ocuparse de todos los que la parte quejosa exprese. Por lo demás, para que existan conceptos de violación en una demanda de amparo administrativo, que es de estricto derecho, es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa la resolución impugnada, y los motivos que originan tal agravio." Antecedentes del acto. Para mayor claridad, se citan los antecedentes más relevantes del acto reclamado, ello de la siguiente manera: I. En el incidente de origen: a. Por escrito de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el licenciado Juan José Cuéllar Hernández, autorizado de los terceros interesados Eduardo Salvador Gallegos Medrano y Jessica Rebeca Gallegos Medrano, compareció ante el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, a promover incidente para remover a Rodrigo Eduardo Chapa Zavala del cargo albacea de la sucesión a bienes del señor Antonio Salvador Gallegos Escalante, sustentando su acción incidental en lo siguiente: Que el señor Rodrigo Eduardo Chapa Zavala fue designado como albacea definitivo al través del auto de dos de mayo de dos mil dieciocho y aceptó el cargo correspondiente el siete siguiente. Que si bien era cierto que el siete de mayo de dos mil dieciocho, el señor Rodrigo Eduardo Chapa Zavala, aceptó el cargo conferido dentro del sucesorio de origen, también estaba acreditado que a la formulación de la incidencia había transcurrido en exceso el término de rendir cuentas, que es dentro de los diez días de expirado cada trimestre, por lo que, al no haberse realizado la misma, resultaba procedente la remoción de su encargo atento a lo previsto en el artículo 813, fracción IV, inciso f) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. También, el actor incidentista adujo que lo anterior encuentra sustento en el artículo 2762, fracción IV, en relación con el 2792, fracción VIII, ambos del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, pues ambos dispositivos, dijo, disponen que es obligación del albacea universal la administración de los bienes y la rendición de cuentas del albaceazgo, así como que el cargo de albacea termina por remoción. Que la remoción de albacea tendrá lugar mediante resolución judicial previa a la audiencia que señala el artículo 2795 del Código adjetivo de la materia que rige el acto, por lo que, los representados del promovente, en su calidad de herederos, ya reconocida con la sentencia de la primera sección, justifican tener el carácter de parte legítima para formular el incidente de remoción de albacea. b. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Juez Primero de Primera Instancia Familiar tuvo al licenciado Juan José Cuéllar Hernández promoviendo incidente de remoción de cargo de albacea que ostentaba Rodrigo Eduardo Chapa Zavala en el juicio sucesorio de origen, ordenó formar el cuaderno respectivo y correr traslado a los demás interesados a fin de que dentro del término de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera. c. Según las cédulas de notificación correspondiente, el actuario realizó las notificaciones y traslado ordenadas, a Rodrigo Eduardo Chapa Zavala, Antonio Gallegos González, Holda Ester Gallegos González, Marilyn Yadira Gallegos González, Delfina Gallegos González, Gabriel Gallegos González, Dora Analena Gallegos González y a Delfina Gallegos Hinojosa d. Las personas en mención comparecieron ante el Juez de origen a desahogar la vista correspondiente, y al efecto, fueron coincidentes en referir que era improcedente la remoción de albacea pretendida, pues en su opinión, si bien no se rindió el informe de cuentas del primer trimestre, ello obedeció a una imposibilidad de hecho, ya que el albacea no había recibido el material relativo al patrimonio hereditario. e. Desahogada la etapa probatoria, el juez de origen señaló las diez horas con treinta minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciocho para que tuviera verificativo la audiencia incidental. f. Por escrito presentado ante el juez responsable el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el ahora quejoso Rodrigo Eduardo Chapa Zavala formuló los alegatos de su intención, y al efecto también refirió que era improcedente el incidente de remoción de albacea, ya que, hasta esa fecha, no se le había entregado materialmente el acervo hereditario y mucho menos los libros de cuentas, papeles y títulos para la plena administración de la masa hereditaria; de ahí que, dijo, no estaba en aptitud de realizar una rendición de cuentas. g. Por su parte, el autorizado de los terceros interesados y actor del incidente de origen, en su escrito de alegatos manifestó que el señor Rodrigo Eduardo Chapa Zavala fue designado albacea definitivo de la sucesión y que el siete de mayo de dos mil dieciocho aceptó el cargo conferido; que estaba demostrada la omisión de cumplir con su obligación de rendir cuentas los primeros diez días de cada trimestre; que por ello, procedía su remoción de plano conforme lo dispone el artículo 813, fracción IV, inciso f), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y, que los argumentos que su contraparte elaboró, en forma alguna lo relevan de su obligación a rendir cuentas. h. El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, el Juez de lo Familiar dictó la resolución incidental, en la cual declaró procedente la remoción del cargo de albacea que desempeñaba Rodrigo Eduardo Chapa Zavala, para lo cual se basó en las siguientes consideraciones: Que el albacea aceptó y protestó el cargo conferido el siete de mayo de dos mil dieciocho y no rindió cuentas dentro de los diez días siguientes al terminar su primer trimestre de administración; circunstancia que de suyo motivó su remoción por encuadrar en la hipótesis del artículo 813, fracción IV, inciso f), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Que si bien era cierto que tanto el albacea Rodrigo Eduardo Chapa Zavala, como los herederos Antonio Gallegos González, Holda Ester Gallegos González, Marilyn Yadira Gallegos González, Delfina Gallegos González, Gabriel Gallegos González, Dora Analena Gallegos González y a Delfina Gallegos Hinojosa, manifestaron al juez de origen que no se había realizado la entrega material del patrimonio hereditario, y que ese motivo era una imposibilidad de facto para que el albacea rindiera su informe de cuentas, también era cierto que la ley no requiere que para el desempeño de las obligaciones del albacea, la posesión sea material, atendiendo a que de conformidad con el artículo 2762 fracción IV, del Código Civil, en armonía con el diverso 2792 fracción VIII, de esa codificación, la cuenta del albaceazgo es distinta a la de administración, pues la primera se refiere a los actos relativos al desempeño del cargo y la segunda al rendimiento y administración de los bienes. Que por lo anterior, era innecesaria la posesión material del acervo hereditario, ya que no existe disposición legal alguna que así lo establezca y que, por el contrario, sostuvo el juzgador, según el Diccionario de la Real Academia, el término "administrar" tiene dos acepciones, a saber: "ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda de los bienes" y "Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad"; de ahí que, la ley no requiere una posesión material para el desempeño de uno y otro deber del albacea, sino solamente un poder de hecho o disponibilidad del acervo hereditario, el cual lo tiene el representante de la sucesión por encontrarse investido de ese cargo desde el siete de mayo de dos mil dieciocho. Que estimar lo contrario, el resolutor de primera instancia consideró, sería tanto como concluir que la enunciada función inicia hasta en tanto se ponga al albacea en posesión material de los bienes, lo cual iría contra toda lógica, pues en ningún momento la sucesión puede estar sin representante, menos en casos urgentes, tales como promover los actos de conservación necesarios para su preservación. Además, en la incidental de primera instancia se sostuvo que los coherederos Antonio Gallegos González, Holda Ester Gallegos González, Marilyn Yadira Gallegos González, Delfina Gallegos González, Gabriel Gallegos González, Dora Analena Gallegos González y Delfina Gallegos Hinojosa solicitaron la remoción del cargo de albacea que desempeñaba Roberto Sergio Chapa Zavala, y designaron para ese cargo al ahora quejoso Rodrigo Eduardo Chapa Zavala, por lo que, desde el momento en que éste último aceptó el cargo conferido, tenía la obligación de manifestar y solicitar ante la autoridad judicial entrega que dijo requerir para la rendición de cuentas, lo que no realizó y en consecuencia, le transcurrió el término para su rendición, por lo que era procedente la remoción solicitada. El juez de origen sustentó la determinación anterior en la tesis XX.95 C con los siguientes datos: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Materia Civil, página 368, registro electrónico 201862, del rubro siguiente: "ALBACEA DE LA SUCESIÓN. ESTÁ OBLIGADO A RENDIR CUENTAS, SIN QUE SEA ÓBICE PARA ESE EFECTO LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ALEGUE QUE NO ESTÁ EN POSESIÓN MATERIAL DEL CAUDAL HEREDITARIO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)." II. En el recurso de apelación. i. Inconforme con la resolución anterior, el ahora quejoso Rodrigo Eduardo Chapa Zavala interpuso recurso de apelación, por lo que, mediante oficio 635 de once de marzo de dos mil diecinueve se remitieron los autos del juicio sucesorio 1102/2016, así como el incidente de remoción de albacea, al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia para la substanciación del mismo, correspondiendo conocer del asunto a la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar, con sede en Ciudad Victoria, donde se substanció con el progresivo 34/2019. j. El recurrente adujo en sus agravios que para la rendición de cuentas, contrario a lo que sostuvo el juzgador de origen, sí era necesario tener en posesión los bienes que componen la masa hereditaria para estar en aptitud de rendir cuentas, lo que, dijo, encuentra sustento en los artículos 2456, 2506, 2764, 2767 y 2812 del Código Civil, así como en el diverso 762 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para Tamaulipas. Del mismo modo, dijo que la tesis de rubro "ALBACEA DE LA SUCESIÓN. ESTÁ OBLIGADO A RENDIR CUENTAS, SIN QUE SEA ÓBICE PARA ESE EFECTO LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ALEGUE QUE NO ESTÁ EN POSESIÓN MATERIAL DEL CAUDAL HEREDITARIO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)" presupone que el albacea está en posesión de la masa hereditaria, lo que no ocurrió en el caso concreto, y que si bien no se exige la entrega de la masa hereditaria, es porque la misma legislación presupone que el albacea la tiene. También, reiteró que nunca estuvo en posesión de la masa hereditaria, que por ello estuvo imposibilitado para rendir cuentas, y que, contrario a lo sostenido por el juez, para poder administrar algo, resulta indispensable tener su posesión, pues de lo contrario, se pregunta, ¿cómo podría rendir cuentas si desconoce el estado en que se encuentran los frutos que los bienes producen? Sobre el tema, el inconforme abundó diciendo que el artículo 813, fracción III del Código de Procedimientos Civiles, inicia con una instrucción que reza "Respecto a la administración por el albacea se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Los libros de cuentas y papeles del difunto se entregarán al albacea, y hecha la partición a los herederos reconocidos, observándose respecto a los títulos lo dispuesto en el capítulo siguiente, los demás papeles quedarán en poder del que haya desempeñado el albaceazgo." Por lo que, manifestó, dicha norma no se aplicó en la resolución reclamada. k. Una vez integrado el toca de apelación 34/2019 y que al mismo comparecieron los interesados, el treinta de abril de dos mil diecinueve se dictó la resolución reclamada, misma que confirmó la de primera instancia. Para ello, el magistrado responsable se sustentó en las siguientes consideraciones: Que el recurrente adujo le causaba agravio que el resolutor de primera instancia pasara por alto que el albacea de la sucesión debe estar en posesión de los bienes integrantes de la masa hereditaria para poder cumplir con la obligación de rendir cuentas, y que la tesis en que se sustentó el fallo recurrido da por sentado que el albacea está en posesión de esos bienes, por lo cual, si bien es cierto la ley no requiere expresamente la entrega material, también es cierto de que ello es así porque el legislador ordinario lo presupone; de ahí que, a pesar de haber aceptado el cargo de albacea, estaba imposibilitado para rendir cuentas de los bienes objeto de administración. Enseguida, con relación a las obligaciones del albacea, el Magistrado de apelación transcribió los artículos 2754, 193 y 2762, del Código Civil, y consideró que de ellos se obtiene que el derecho a la posesión de los bienes integrantes del causal hereditario se transmite por ministerio de ley a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, con el fin de no dejar en posibilidad de pérdida aquellos bienes. Asimismo, precisó que la actividad de administración desempeñada por el albacea, ya dentro del juicio sucesorio, también está la de conservar el haber hereditario, pues el artículo 2775 del Código Civil prevé la posibilidad de dar en arrendamiento los bienes de la herencia por parte del albacea, por ello, si ese acto jurídico es de los traslativos de uso, no podría celebrarlo sin contar previamente con la posesión, pero, que a la par de las obligaciones, la legislación civil reconoce el derecho surgido en mancomún a favor de los herederos sobre los bienes de la herencia desde la muerte del de cujus. La Sala responsable sostuvo que si la naturaleza de la institución jurídica del albacea implica una representación tanto en favor del autor de la herencia como de los herederos, entonces no podía establecerse que, si el albacea no tenía la posesión material de los bienes integrantes del acervo hereditario, debería dispensársele la obligación de rendir cuentas, pues de ser así, se estaría procediendo en detrimento de los intereses cuya salvaguarda y representación también está a cargo del albacea, tales como los derechos de los herederos desde el momento de la muerte del autor de la herencia. Por ello, la autoridad judicial de alzada sostuvo que si es albacea debía estar en posesión material de los bienes del relicto hereditario para estar en posibilidad de rendir la cuentas del albaceazgo, esa situación debió ventilarse al través del incidente correspondiente, de forma secundaria al trámite natural del sucesorio, para así poder justificar la necesidad de tener la posesión material de los bienes hereditarios, lo cual no sucedió. A consecuencia de lo expuesto se determinó, contrario a lo dicho en los agravios, la aplicabilidad de la tesis de rubro "ALBACEA DE LA SUCESIÓN. ESTÁ OBLIGADO A RENDIR CUENTAS, SIN QUE SEA ÓBICE PARA ESE EFECTO LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ALEGUE QUE NO ESTÁ EN POSESIÓN MATERIAL DEL CAUDAL HEREDITARIO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)", pues la obligación de rendir cuentas es inherente al cargo de albacea. Las consideraciones en comento fueron apoyadas en la jurisprudencia de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, página 86, registro electrónico 170964, de rubro "BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIA LA PROMOCIÓN DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL)." III. Conceptos de violación. El ahora quejoso, en síntesis refiere los siguientes conceptos de violación: i. Que la sentencia reclamada transgrede en su perjuicio los principios de congruencia y exhaustividad contenidos en los artículos 113 y 949, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, porque, en su opinión, en su único agravio alegó la falta de observación de lo dispuesto por el artículo 813, fracción III de la codificación en cita, que regula la forma en que se cumplen las reglas de la administración de la herencia por el albacea, pero el magistrado responsable omitió hacer un pronunciamiento congruente y exhaustivo al respecto. ii. Que el acto reclamado carece de debida fundamentación, dada la cita de preceptos de fondo inaplicables a la tercera sección del juicio sucesorio, ya que el magistrado responsable, dice el quejoso, indebidamente citó los artículos 2754, 193 y 2762 del Código Civil, así como los criterios de rubro "ALBACEA DE LA SUCESIÓN. ESTÁ OBLIGADO A RENDIR CUENTAS, SIN QUE SEA ÓBICE PARA ESE EFECTO LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ALEGUE QUE NO ESTÁ EN POSESIÓN MATERIAL DEL CAUDAL HEREDITARIO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)" y "BIENES HEREDITARIOS. PARA LA ENTREGA DE LA POSESIÓN MATERIAL DE LOS MISMOS AL ALBACEA, CUANDO LA DETENTAN LOS HEREDEROS, ES NECESARIA LA PROMOCIÓN DE UN INCIDENTE EN EL JUICIO SUCESORIO (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL).", pues considera que son inaplicables al caso porque ninguna disposición de fondo aplica en el trámite procesal de la tercera sección del juicio sucesorio y nada tienen que ver con el trámite procesal de la administración en el sucesorio. Sobre este punto, el agraviado aduce que el Código local de Procedimientos Civiles en su Título Décimo Tercero denominado SUCESIONES, Capítulos I y V, precisamente en los artículos 771, fracción III y 810 a 815, define las reglas procesales en que habrá de substanciarse la tercera sección ADMINISTRACIÓN, por lo que dichos preceptos son los únicos aplicables al ejercicio del cargo de albacea y concretamente la forma y términos en que se implementa procesalmente la tercera sección que concierne a la administración de la herencia. iii. Por otra parte, como concepto de violación se aduce que el artículo 813, fracción III del Código de Procedimientos Civiles, define como regla para el ejercicio del cargo, que los libros de cuentas y papeles del difunto se entreguen al albacea, lo que implica el cumplimiento de tal supuesto como requisito previo para poder ejercer el cargo, específicamente, para poder rendir cuentas de la administración, por lo que al no haberse apreciado de esa manera, el Magistrado responsable transgredió en su perjuicio derechos humanos. iv. El quejoso continúa manifestando que fue inexacto que el Magistrado de apelación haya considerado innecesaria la entrega material de los bienes de la herencia, de libros de cuentas y de los papeles del difunto, para estar en posibilidad de cumplir con la obligación inherente al cargo, pues no debería perderse de vista que como parte de la masa hereditaria se encuentra una estación de radio generadora de ingresos y egresos diariamente, por lo que tampoco debería de acudir a promover el incidente respectivo. IV. Precisión de la litis. Como puede verse de lo hasta aquí expuesto, la litis en este juicio se limita a determinar si la resolución del magistrado responsable, consistente en confirmar la de primer grado, en la cual se removió al albacea de la sucesión, aquí quejoso, es o no violatoria de derechos fundamentales en perjuicio de éste. Ello es así, pues por un lado se cuenta con el criterio de la Sala de apelación, quien avaló que, con independencia de que el albacea no haya recibido los bienes que conforman la masa hereditaria, los libros y los papeles del de cujus, de todos modos estaba obligado a rendir cuentas en términos del artículo 813, fracción IV, inciso f) del Código de Procedimientos Civiles, por ser una obligación inherente a su encargo. Y por otro lado, se cuenta con lo aducido al respecto por el quejoso, quien, en su opinión, estaba imposibilitado para rendir cuentas, pues no obstante que aceptó el cargo de albacea en el sucesorio de origen, no le fueron entregados libros de cuentas ni papeles del difunto, lo que consideró necesario para estar en aptitud de cumplir con su obligación, pues uno de los bienes lo constituye una estación de radio, que diariamente genera ingresos y egresos. V. Estudio. Previamente se contestan los conceptos de violación de carácter formal. Es ineficaz el primero de ellos, en el cual se aduce transgresión a los principios de congruencia y exahustividad. Merece tal calificación, pues desde que se promovió el incidente de remoción de albacea, los terceros interesados expusieron que su petición obedecía a: Que el señor Rodrigo Eduardo Chapa Zavala fue designado como albacea definitivo al través del auto de dos de mayo de dos mil dieciocho y que aceptó el cargo correspondiente el siete siguiente. Que estaba acreditado en autos el exceso del término legal para rendir cuentas, que es dentro de los diez días de expirado cada trimestre, y al no haberse rendido, era procedente la remoción del cargo atento a lo previsto en el artículo 813, fracción IV, inciso f) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Ante tales argumentos, el quejoso y los herederos Antonio Gallegos González, Holda Ester Gallegos González, Marilyn Yadira Gallegos González, Delfina Gallegos González, Gabriel Gallegos González, Dora Analena Gallegos González y Delfina Gallegos Hinojosa, manifestaron al juez de origen que no se había realizado la entrega material del patrimonio hereditario, y que ese motivo era una imposibilidad de facto para que el albacea rindiera su informe de cuentas. Lo expuesto fue materia de análisis en primera instancia, y lo resuelto se llevó al escrutinio del Magistrado responsable en apelación, quien en la resolución reclamada sostuvo que si la naturaleza de la institución jurídica del albacea implica una representación tanto en favor del autor de la herencia como de los herederos, entonces no podía establecerse que, si éste no tenía la posesión material de los bienes integrantes del acervo hereditario, debería dispensársele la obligación de rendir cuentas, pues de ser así, se estaría procediendo en detrimento de los intereses cuya salvaguarda y representación también está a cargo del albacea, tales como los derechos de los herederos desde el momento de la muerte del autor de la herencia, y que, en su caso, la falta de entrega de los bienes, libros y papeles del difunto, debió ventilarse al través del incidente correspondiente, de forma secundaria al trámite natural del sucesorio, para que así el interesado pudiera justificar la necesidad de tener la posesión material de los bienes hereditarios, lo que no sucedió. De lo expuesto se advierte que, contrario a lo aducido en el primero de los conceptos de violación, la Sala de apelación sí cumplió con los principio de congruencia y exhaustividad, de ahí lo ineficaz del motivo de disenso en análisis. Tocante al segundo de los conceptos de violación, se tiene que el solicitante del amparo aduce que indebidamente el magistrado responsable realizó un análisis de diversos dispositivos de carácter sustantivo, cuando ello es improcedente tratándose de la figura del albacea definitivo en la tercera sección del juicio sucesorio. Es ineficaz dicho argumento, ya que, contrario a lo aducido, para estar en aptitud de concluir que la consecuencia de la rendición de cuentas conlleva a la remoción del albacea, evidentemente es necesario atender las reglas sustantivas del Código Civil, pues así lo dispone el artículo 813, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual dice: "ARTÍCULO 813.- Respecto a la administración por el albacea se tendrán en cuenta las siguientes reglas: I.- Se regirá en los términos el Código Civil; [.]" Además, con independencia de lo expuesto, en el escrito de agravios, el quejoso se remite al contenido de los artículos 2456, 2506, 2764, 2767 y 2812 del Código Civil, y al efecto alegó si la ley no contempla expresamente la entrega material de los bienes al albacea, ello es porque el legislador ordinario la presupone por el simple hecho de que la misma ley sustantiva lo responsabiliza del estado en que se encuentra la masa hereditaria, lo que, adujo, justificaba con los dispositivos legales en mención; de ahí que ahora no pueda argumentar que resulte inaplicable acudir a dispositivos de carácter sustantivo para dilucidar cuestiones atinentes al cargo que desempeñaba. El tercero y cuarto de los conceptos de violación son ineficaces, y atendiendo a la relación que guardan, se abordan en un solo apartado. En ellos, el quejoso en síntesis refiere que el artículo 813, fracción III del Código de Procedimientos Civiles, define como regla para el ejercicio del cargo, que los libros de cuentas y papeles del difunto se entreguen al albacea, lo que implica el cumplimiento de tal supuesto como requisito previo para poder ejercer el cargo, específicamente, para poder rendir cuentas de la administración, asimismo, que contrario a lo sostenido por el magistrado de apelación, tampoco debería de acudir a promover el incidente respectivo a fin de solicitar la entrega de los bienes. Son infundados dichos argumentos. Merecen tal calificación, pues como bien lo consideró el Magistrado de la Séptima Sala Unitaria, es cierto que no existe constancia en el juicio de origen relativa a la entrega al agraviado los libros contables y papeles del difunto para que estuviera en aptitud de cumplir con su obligación de rendir cuentas, tal y como lo dispone el artículo 813, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, pero ello no lo releva de su obligación impuesta . Ciertamente, la obligación de rendir cuentas que tiene el albacea en los términos de ley mientras dure la tramitación o esté abierto el juicio sucesorio es de carácter ineludible por disposición expresa del artículo 813 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el 2762, fracción IV del Código Civil, sin que pueda alegarse en contrario la falta de posesión material del caudal hereditario, de libros o papeles del de cujus, en razón de que sus obligaciones legales, entre otras, son precisamente el aseguramiento de los bienes, su administración y, en general, todos aquellos actos de conservación que sean necesarios para su preservación. De ahí que, como bien lo sostuvo la sala responsable, en el caso, el quejoso debió acudir ante el Juez de primera instancia para el efecto de hacerle saber que no poseía la totalidad de los bienes, libros y papeles que le permitieran cumplir con su obligación, y justificar en vía incidental la necesidad de tener la posesión material de los bienes hereditarios, lo que no sucedió. A fin de robustecer lo anterior, por las consideraciones que contiene, se cita la tesis XVII.1o.C.T.29.C(10a) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, registro electrónico 2019983, del rubro y texto siguientes: "ALBACEA. TIENE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE SU ADMINISTRACIÓN TRIMESTRALMENTE, NO OBSTANTE QUE HAYA MANIFESTADO LA INEXISTENCIA DE BIENES EN LA SUCESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De conformidad con el artículo 456 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el albacea de la sucesión está obligado a rendir cuentas de su administración de forma trimestral, durante el periodo de su encargo, debiendo presentarlas dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al trimestre de que se trate, sin que se establezca excepción alguna en la forma y términos del rendimiento de éstas, por lo que es evidente que quien acepta dicho cargo debe cumplir con la obligación señalada, no obstante que, previamente, se hubiera manifestado la inexistencia de bienes, porque esa información está sujeta a impugnación por parte de los interesados en la sucesión, mediante el incidente previsto en el diverso artículo 460 de la codificación en comento." Asimismo, resulta aplicable la diversa tesis XX.95C consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo IV, julio de 1996, página 368, Materia Civil, registro electrónico 201862, que dice: "ALBACEA DE LA SUCESIÓN. ESTA OBLIGADO A RENDIR CUENTAS, SIN QUE SEA ÓBICE PARA ESE EFECTO LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ALEGUE QUE NO ESTA EN POSESIÓN MATERIAL DEL CAUDAL HEREDITARIO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). Salvo prueba en contrario, se presume que el albacea de la sucesión fue puesto en posesión de la masa hereditaria mediante el reconocimiento de herederos a través de la declaratoria correspondiente, de conformidad con lo que establece el artículo 1678 del Código Civil para el Estado de Chiapas; por tanto, es pertinente señalar que, de cualquier manera la obligación de rendir cuentas que tiene el albacea en los términos de ley mientras dure la tramitación o esté abierto el juicio sucesorio es de carácter ineludible por disposición expresa del artículo 817 del Código de Procedimientos Civiles, en relación con el diverso artículo 1696 de la ley sustantiva civil, sin que pueda alegarse en contrario la falta de posesión material del caudal hereditario, en razón de que sus obligaciones legales, entre otras, son precisamente el aseguramiento de los bienes, su administración y, en general, todos aquellos actos de conservación que sean necesarios para su preservación, en términos del artículo 1680 del ordenamiento sustantivo invocado; con independencia de que pudiera suceder que no existieran frutos o gananciales, de conformidad con el artículo 1698 de la ley sustantiva civil invocada, está obligado así a manifestarlo ante la autoridad judicial; y, por último, al ser removido del cargo de albacea, éste en términos del artículo 1696, in fine del Código Civil en comento, tiene la obligación de rendir la cuenta general de su encargo, con la única excepción de aquella en que los coherederos renuncien a ese derecho." En consecuencia de lo expuesto, ante la ineficacia de los conceptos de violación, se niega a Rodrigo Eduardo Chapa Zavala el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado del Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Ciudad, Victoria, Tamaulipas, consistente en la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, dictada en el toca 34/2019 de su orden cronológico. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 74, fracción I, 104 y 117 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 449/2019-IV promovido por Rodrigo Eduardo Chapa Zavala, respecto del acto atribuido al Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en Matamoros, Tamaulipas, consistente en la resolución incidental de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, correspondiente al juicio sucesorio intestamentario 1102/2016. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodrigo Eduardo Chapa Zavala, en relación al acto que reclamó del Magistrado de la Séptima Sala Unitaria en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consistente la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, relativa al toca 34/2019. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hoy dieciocho de octubre de dos mil diecinueve de octubre de dos mil diecinueve en que terminó su engrose, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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