Rodrigo Edmundo Sosa Garibay

Expediente 291/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 49 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
291/2018
Año
2018
Actuaciones
49
Última actuación
08/01/2019

Partes del expediente

  • Rodrigo Edmundo Sosa Garibay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo número 291/2018-VIII promovido por *******************; en tales circunstancias, ... se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria, por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Lo anterior, sin perjuicio de que aún no se reciban las constancias de notificación realizadas a las autoridades responsables foráneas, atendiendo al hecho de que el sobreseimiento decretado dejó las cosas en el estado que guardaban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, por lo que a quien afectó el resultado de la misma fue únicamente al quejoso. Asimismo, ... se concluye que es susceptible de destrucción. ...procédase a la destrucción de este expediente. Finalmente, dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    se resuelve: Único.- Se Sobresee en el juicio de amparo indirecto número 291/2018-VIII, promovido por **************************, contra los actos que reclama de las autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones vertidas en el cuerpo de la presente resolución constitucional.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de amparo 291/2018-VIII, los oficios mediante los cuales las autoridades responsables Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México y Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal en Naucalpan, en el Estado de México, rinden su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y hágase relación de los mismos en la audiencia constitucional. Además, se tiene a la autoridad responsable Director General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal en Naucalpan, en el Estado de México, designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que señala en su informe justificado. Asimismo, respecto a la petición de la autoridad antes mencionada, en cuanto a la solicitud de que le sea autorizado el uso de medios electrónicos durante las consultas que realicen los abogados autorizados dentro del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º; dígasele que de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le autoriza el uso de dichos aparatos electrónicos. Lo anterior, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de Acuerdos correspondiente, asimismo, hágasele saber que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento de este órgano jurisdiccional, al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un servidor público en las labores que esencialmente debe prestar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de epígrafe y contenido: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." En otro contexto, se desprende que a la fecha no se ha recibido en este Órgano Jurisdiccional el informe justificado requerido a la autoridad responsable Comisario General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tlalnepantla, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en que se consagra que toda persona tiene derecho que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las respectivas leyes, así como en lo dispuesto por el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad para que de inmediato remita su informe justificado vía fax al teléfono (81)-80-47-01-00, extensión 1125, para confirmar a la extensión 1124, vía correo electrónico oficial jeronimo.garcia.gomez@correo.cjf.gob.mx, o bien vía telegráfica. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero siguiente, equivalente a la cantidad de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). En la inteligencia que los actos reclamados se hicieron consistir en "la orden de aprehensión, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia y retención".

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de amparo 291/2018-VIII, el oficio mediante el cual la autoridad responsable Jueza Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y hágase relación del mismo en la audiencia constitucional.

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