Rodrigo Duirón Rodríguez

Expediente 609/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 42 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
609/2016
Año
2016
Actuaciones
42
Última actuación
05/09/2017

Partes del expediente

  • Rodrigo Duirón Rodríguez
  • Rodrigo Duirón Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete; consecuentemente y con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por , ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del seis de septiembre de dos mil veintidós, por encontrarse en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En consecuencia, dese el destino final a los cuadernos incidentales, sin que sea necesario ordenar su engrose al cuaderno principal. Así mismo, de conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá depurarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar de manera provisional y definitiva. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá destruir una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva, esto es, a partir del seis de marzo de dos mil dieciocho. En términos del capítulo tercero, punto decimoprimero segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 15410 y 15411

  2. Principal

    Se notifica por lista en los Estrados de este Juzgado, y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación a la parte quejosa Rodrigo Durón Rodriguez, la resolución de catorce de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 609/2016- I; que dice: "...Mexicali, Baja California, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que por auto de doce de julio de dos mil diecisiete, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada *************, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos y se requirió la parte quejosa para efectos de que en el término de veinte días, acudiera al local de este juzgado a recoger los mismos, para realizar la publicación respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, o en su caso, manifestara su imposibilidad de pagarlos con el apercibimiento que de no hacerlo así, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio de amparo, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), última parte, ambos de la Ley de Amparo. Dicho proveído le fue notificado a la parte quejosa personalmente el trece de julio de dos mil diecisiete (foja 974), sin que dentro de dicho término compareciera a recoger los edictos ordenados, ni haya comparecido a manifestar su imposibilidad económica para solventar los gastos para su expedición. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Página: 27, de rubro y texto, siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Por lo que en estricto acatamiento a la ley y del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción II del numeral 63 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso dispositivo 27, fracción III, inciso b), última parte, del citado ordenamiento. Se afirma lo anterior, en virtud de que el emplazamiento a la tercera interesada constituye un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento de amparo, conforme a los artículos 5, fracción III, inciso b) y 26, fracción I, inciso b) de la ley de la materia, y hace que el juzgador federal no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional si aquél no se ha realizado; por ende, se actualiza la citada causal de sobreseimiento, pues con la no publicación de los referidos edictos ordenados en autos, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, lo que no es atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la agraviada, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al árbitro de una de las partes, en este caso del quejoso. Al respecto, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; concluyó, que habiéndose agotado el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y que el juzgador ordene su emplazamiento a través de edictos a costa de la parte quejosa, y ésta no los recoja para proceder a su publicación, puede decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando la promovente del juicio no manifieste que está imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza, pues de existir tal manifestación el juzgador deberá analizarla en relación con los elementos que consten en autos de los que deriven indicios suficientes que demuestren que en efecto, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; desde luego, atendiendo las particularidades del caso, a efecto de solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado sea a su costa. De esa forma, si en el caso el quejoso a pesar de haber sido notificada para que compareciera a recoger los edictos, no asistió a hacerlo, ni manifestó que estuviera imposibilitada para cubrir los gastos para su expedición, es inconcuso que este juzgador no estuvo en condiciones de ponderar si los mismos debían ser sufragados por el Consejo de la Judicatura Federal. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de sobreseimiento aludida, se impone sobreseer fuera de audiencia constitucional el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por identidad jurídica y por no contravenir los postulados de la actual ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 22/2015 (10a.), visible en la página 24, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto del siguiente tenor literal: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos "a costa del quejoso" corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo." Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil diecisiete. En cumplimiento al presente proveído, se giran los siguientes oficios: 14432 y 14433..."; lo anterior en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso b, del artículo 27 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas diez minutos del once de agosto de 2017, su verificativo.

  4. Principal

    ...Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, enviado por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Felipe, Baja California, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho civil 89/2017 de su índice; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo a la autoridad signante. Ahora bien, revisadas que son las actuaciones que obran en el despacho en mención, específicamente la razón de veintidós de junio de dos mil diecisiete, suscrita por el Secretario Actuario de dicho Juzgado, se desprende que se constituyó en el domicilio ubicado en ***** número ****, con residencia en San Felipe, donde fue recibido por una persona que dijo llamarse ******, a quien preguntó si dicho domicilio correspondía a la tercera interesada ***, a lo cual manifestó que no, que ahí se encontraba una sucursal de reparto de la *********, Sociedad Anónima de Capital Variable, y señala que el domicilio actual de la tercera interesada en mención es en Carretera a San Felipe número *****, kilometro ****, de la colonia *************, con número de oficina ************* de esta ciudad. En consecuencia, proceda el Actuario adscrito a este juzgado a llevar a cabo el emplazamiento respectivo al presente juicio de amparo de la tercera interesada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el domicilio citado; corriéndole traslado con copia de la demanda y requiriéndolo para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de su legal notificación, señale domicilio ante este juzgado para oír y recibir notificaciones, haciéndole de su conocimiento que se señalaron las nueve horas con diez minutos del diez de julio de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva.

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