Rodrigo del Río Cordero

Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
730/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo del Río Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Agréguense para que obre como corresponda el oficio de cuenta del Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese por lista a las partes con excepción de las autoridades responsables.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por **********. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es depurable, ya que le fue concedida la suspensión definitiva a la quejosa, de conformidad con el artículo, al Capítulo Octavo, artículo 18, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de marzo de dos mil veintidós. Por otra parte, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, requiriéndole el acuse de recibo de estilo dentro del término de tres días legalmente computados, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apercibida que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el plazo que se concede, se le aplicará una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización de conformidad al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el diverso numeral 237 fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  3. Incidental

    México, Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del incidente de suspensión en que se actúa, y testimonio de la ejecutoria dictada en el R.C. 3/2022, en la que revoca la interlocutoria de once de octubre de dos mil veintiuno, y concede la suspensión definitiva solicitada por la quejosa; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente a la superioridad y hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Por lo que hace a la concesión de la medida suspensional decretada, es conveniente transcribir lo que el tribunal oficiante determinó: "(.)QUINTO. En esencia el recurrente aduce: a) Que la resolución impugnada es incorrecta, ya que el juez federal de manera equivocada niega la suspensión que solicitó, al valorar erróneamente el contrato de comodato que exhibió en el juicio constitucional, celebrado el quince de diciembre de dos mil diecinueve entre el impugnante como comodatario y ******* como comodante, respecto del inmueble ubicado en la calle ********; y, b) Que el juez de amparo de manera inexacta determinó que fue omiso en aportar algún medio de prueba idónea que demostrara de manera presuntiva el interés que dice tener sobre el sobre el inmueble que defiende. Agravio que resulta fundado. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 101/2008, determinó que como requisito para otorgar la suspensión del actor reclamado en el juicio de amparo en la vía directa solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés de forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que, tratándose de actos tendientes a privarlo de la posesión, corresponde a él la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Ello, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Por tanto, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades de qué efectivamente tiene una cusa legal y que realmente posee el bien. Criterio que se ve plasmado en la jurisprudencia 1a./J.4/2009, registro digital 167346, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1 romo XXIX, Abril de 2009, página 515 que ordena: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. (.)" De ahí que, no haya sido correcto que se negara al quejoso el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el presente juicio. Por tanto, contrario a lo determinado en la sentencia que se revisa, el contrato de comodato exhibido por el recurrente que obra en autos en el cuaderno incidental relativo al juicio constitucional 730/2021-V, es suficiente para acreditar de manera indiciaria o presuntiva que es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución, siendo además que se cumplen con los presupuestos de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que hacen procedente otorgar la concesión de la medida cautelar. Tal determinación resulta de esa manera, pues la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio especial hipotecario ******/2017, y se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la ley de la materia, es decir, la quejosa solicitó la medida cautelar; no se seguí perjuicio al interés social y tampoco se contravenían disposiciones de orden público. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6º.C.J/45 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este Órgano comparte, que aparece publicada en la página 1361 del Tomo XIX, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Abril de 2004, registro digital 181644, que señala: "SUSPESIÓN PEDIDA POR TERCEROS EXTRAÑOS. PARA SU PROCEDENCIA BASTA CON EL ACREDITAMIENTO DE UN INTERÉS PRESUNTIVO. (.)" Ahora bien, al ser procedente la suspensión, para que ella surta sus efectos, con fundamento en el numeral 132 de la Ley de Amparo, es necesario fijar un monto que deberá otorgar el quejoso como garantía por los daños y perjuicios que sufriría la tercera interesada, si no obtuviera sentencia favorable. Así, tratándose de la suspensión que pueda tener como efecto impedir la entrega física y material de un inmueble, el parámetro de cuantificación que debe tomarse en cuenta para fijar los posibles daños y perjuicios que con ello podrían generarse a la parte tercera interesada, es la rentabilidad que tendría ese bien inmueble durante el tiempo que tardaría en resolverse el juicio de amparo. Por lo que, se puede fijar la garantía tomando el valor aproximado de la renta de los inmuebles similares que se encuentren en el lugar del controvertido, esto es, en el fraccionamiento Bosques de las Lomas, colonia las Lomas, alcaldía Cuajimalpa de Morelos en esta Ciudad de México. A efecto de dilucidar lo anterior, debe tenerse presente que el numeral citado líneas que preceden, impone al juzgador la obligación de motivar cuidadosamente su decisión discrecional, al fijar el monto de una garantía con apoyo en dicha norma; mientras que los diversos numerales 113 y 147 de esa misma ley establecen que debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, cuidando que no se afecten derechos de terceros, evitando que se les ocasionen perjuicios con la medida cautelar hasta donde sea posible. De lo que se sigue, que si el derecho que el quejoso estima violado en su perjuicio solamente el de posesión, derivado de la orden de lanzamiento del inmueble controvertido, la posible afectación a la parte tercera interesada con concesión de la medida cautelar está vinculada exclusivamente a los perjuicios y no otro. De manera, que para fijar el monto de la garantía con el motivo del otorgamiento de la suspensión definitiva no puede tomarse en cuenta como elemento objetivo la cantidad que bajo protesta de decir verdad, señaló el quejoso, por la que se aprobó el remate y se adjudicó el inmueble litigioso, en tanto que la materia de acto reclamado no versa sobre ese monto, ni tampoco respecto de la condena decretada en el juicio de origen, sino sobre la orden de lanzamiento de la propiedad, con lo que únicamente se impide poner a la parte tercera interesada en posesión de aquél como fue ordenado en autos. Lo que se traduce únicamente en la afectación a su derecho de posesión; por lo que el parámetro para la cuantificación de los posibles daños y perjuicios que pudieran generarse a la tercera interesada, consiste en la rentabilidad que tenga ese bien inmueble durante el tiempo que tarde en resolverse el juicio de amparo, para lo cual deben tenerse en cuenta los elementos objetivos que se puedan advertir de las constancias de autos. Por cuanto hace a los daños, este Tribunal Colegiado estima que no puede existir una pérdida en el patrimonio de la parte tercera interesada, porque los efectos de la suspensión no provocan que se vea privada de alguna cantidad o derecho respecto de su patrimonio, sino que únicamente se impide la ejecución de la orden de lanzamiento, hecho que no importa la negación de su derecho. Así, este tribunal procede a determina el monto de la garantía a exhibir, con base en los datos objetivos que obran en las constancias que fueron enviadas. Respecto a los perjuicios, debe señalarse que el otorgamiento de la suspensión implica para la parte tercera interesada que no pueda disponer del bien inmueble litigioso, ni obtener una ganancia lícita derivada de esa posesión, como en el caso en que pudiera rentarlo a otras personas, por lo que la afectación que resiente es precisamente la falta de obtención de esa ganancia, identificada como renta. En la especie se tiene que los elementos objetivos que se desprende de las constancias que fueron enviadas a este tribunal y de diversas páginas electrónicas de internet (que resultan hechos notorios) son que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de lanzar al recurrente del inmueble ubicado en Bosques de ******. Asimismo, constituye un hecho notorio para este Tribunal Colegiado, que prueba de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los precios de las rentas mensuales de las casas que se ubican en esa zona de donde se puede obtener un comparativo entre las publicaciones disponibles en internet, son las páginas siguientes:  https://www.inmuebles24.com/casas-o-dupl ex-o-casa- en-condominio-en-renta-en-bosgues-de-laslo mas-pagína-2. html  https://propiedades.com/bosques-de-laslomas/ casas-renta  https://casas.mitula.mx/searchRE/op-2/tipo- Casa/q-bosques-de-las-lomas-cuajimalpa-ciudad-demexico https://inmuebles.mercadolibre.com.mx/casas/re nta/distr ito-federal/casa-renta-bosgues-de-las-lomasbosques- de-palmitos Nolndex True#applied filter id%3DPROPERTY TYPE%2 6applied filter name%3Dlnmuebl e%26applied filter order%302%26 applied value id%30242060%26applied value name%30Casas%2 6applied value order%3D 1%26applied value results%3051%26is custom%3Dfalse Las rentas oscilan, como máximo y mínimo, las que se ilustran en el siguiente cuadro: (.) De manera que al tomar en cuenta los precios mínimos y máximos del comparativo, haciendo un promedio entre las cantidades anteriores, es decir sumar los diferentes montos desde el mayor al menor dividido entre las seis frecuencias que no se repiten, da un promedio de $126,333.33 (ciento veintiséis mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional). Promedio que redondeado, se obtiene una renta mensual de $126,000.00 (ciento veintiséis mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se multiplica por los seis meses, que es el tiempo probable para resolver el juicio da como resultado final la cantidad de $756,000.00 (setecientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional), como monto de la caución a exhibir. Ello, dado que para fijar el monto de la garantía, debe atenderse al tiempo probable desde el inicio del juicio de amparo directo hasta su solución, incluyendo ambas instancias que integran la vía directa, el cual se debe dividir entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un toral calculado en meses, que serán los que el juzgado debe considerar como plazo tentativo para la conclusión del juicio. En el caso, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civ.il en el Distrito Federal, reportó como tiempo aproximado para la resolución de los juicios de amparo indirecto, el equivalente a (118.07) ciento dieciocho punto siete; en tanto que para este Décimo Tribunal Colegiado es de (51.01) cincuenta y uno punto cero uno el promedio de ambos, que sumados nos da un total promedio de (169.08) ciento sesenta y nueve, que divididos entre (30) treinta por imperativo jurisprudencial, no da un total de (5.6) cinco punto seis, que es el tiempo probable para la resolución del asunto que se tomará en consideración, lo que se traduce en cinco meses y seis días aproximadamente, que si tomamos en cuenta que desde el año dos mil veinte y lo que va del presente se han vistos afectados por la contingencia por el virus COVID-19, la forma de trabajo de los órganos jurisdiccional, lo que se ha visto en la necesidad de modificar la forma de trabajo y adaptarse al nuevo esquema implementado para ello por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que conlleva mayor tiempo en el despacho de los asuntos pero siempre respetando los tiempos legales para ello es procedente estimar el tiempo de seis meses para la resolución del asunto. En tales condiciones, ante lo esencialmente fundado del motivo de diseño, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y otorgar la suspensión definitiva solicitada. (.)" En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que, de no existir inconveniente legal alguno, dentro del término de tres días, se sirva comunicar el cumplimiento que dé a la presente resolución. Ahora bien, para que surta efectos la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días exhiba una garantía por la cantidad de $756,000.00 (setecientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 moneda nacional), en los términos decretados por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, a efecto de que siga surtiendo efectos la suspensión decretada. NOTIFÍQUESE por oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las demás partes y por oficio al tribunal oficiante.

  4. Incidental

    México, Ciudad de México, a diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron para la substanciación del recurso interpuesto; asimismo, se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por el quejoso contra la resolución interlocutoria dictada en el presente asunto, mismo que se registró con el número de expediente R.C. 3/2022. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

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