Rodrigo Degante Flores
Expediente 938/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 938/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rodrigo Degante Flores
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la misiva de cuenta, signada por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito; por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria de catorce de abril de dos mil veintiuno, pronunciada por dicho Tribunal, en los autos del recurso de queja 2/2021, en el cual se resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." De lo anterior, este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar y como lo solicita el Tribunal Colegiado, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo, por encontrarse total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; a la parte quejosa mediante lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por ---------------, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 938/2020-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues, las causales previstas en el artículo 61 y 62, de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. En ese sentido, de un análisis integro a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente sumario consiste esencialmente: En el proveído de dos de octubre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 1538/2018, por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, mediante el cual le impuso al quejoso --------------, una multa consistente en veinte unidades de medida y actualización; y, su ejecución. Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII.- La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;" A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." De lo anterior, se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo, es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61, de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero, de la fracción XIV, del precepto 61, de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22, constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo. f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo, de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo). Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en este asunto, los actos que aquí se reclaman, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, en razón a que cuando se reclaman infracciones de legalidad reguladas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues, tal como se advierte de la demanda de amparo, el quejoso es parte formal en el juicio de origen, a saber, juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar 1538/2018; de ahí, su obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Establecido lo anterior, se advierte que contra el acto reclamado que impugna el inconforme, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que expone: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables." Ello se afirma, con los preceptos legales 1.192, 1.360, 1.366, 1.377 y 1.378, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que en su orden, establecen: "Artículo 1.192.- Las resoluciones judiciales son: I. Decretos, cuando sean simples determinaciones de trámite; II. Autos, son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; III. Sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien decidan alguna cuestión procesal entre partes; IV. Sentencias definitivas, cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. . Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. . Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables. . Artículo 1.366. La apelación tiene por objeto que el Tribunal de Alzada, revoque o modifique la resolución impugnada, en los puntos relativos a los agravios, los que de no prosperar motivarán su confirmación. Artículo 1.377. Las sentencias definitivas son apelables con efecto suspensivo, salvo cuando la ley determine lo contrario. Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario." Así, de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite considerar que los decretos son simples determinaciones de trámite; que los autos son decisiones que tienden al impulso y desarrollo del procedimiento; que son sentencias o autos interlocutorios, cuando deciden un incidente promovido antes o después de la sentencia definitiva, o bien, decidan alguna cuestión procesal entre partes y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del litigio en lo principal. Asimismo, como dato relevante se advierte que la procedencia del recurso de apelación es de naturaleza casuística, ya que el artículo 1.378, del citado ordenamiento legal, estatuye que serán apelables los autos que de manera específica señala el propio código adjetivo civil local. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.1o.C.T.114 C, del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 364, Tomo IV, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, Novena Época, con el registro 199850, de epígrafe: "APELACION EN MATERIA CIVIL. SU PROCEDENCIA ES DE NATURALEZA CASUISTICA (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Del artículo 432 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se advierte que necesariamente deben estar previstos en la legislación los casos en que son apelables las sentencias interlocutorias y los autos, precisión que evidencia el sistema legal récord del recurso de apelación, el cual queda dentro de la regla genérica, que establece la procedencia de alguno de los recursos o medios de defensa que fija el Código contra todo acto de procedimiento susceptible de producir un perjuicio a las partes; ejemplo de ello, lo es la norma contenida en el artículo 419 de la legislación en cita. De esa manera, es claro que la sistemática legal aludida, tratándose del recurso de apelación, necesariamente tiene que ser casuística, pues sólo cuando el Código lo dispone puede impugnarse en apelación una interlocutoria o auto, si además, lo fuere la sentencia definitiva en términos de lo previsto por el citado artículo 432." Por tanto, como ya se adujó, el artículo 1.362, del código procesal civil citado establece la existencia del recurso de revocación contemplado para resoluciones de los tribunales en los procedimientos civiles, procedente contra decretos y autos dictados en la instancia, que no son apelables, lo cual implica una procedencia genérica establecida por el legislador. En ese contexto, la revocación procede por exclusión respecto de los autos y decretos que no sean apelables, tal como lo establece la tesis aislada del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 573, Volumen 217-228, Sexta Parte, en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, con el registro 247290, que señala: "REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." En ese orden de ideas, si el acuerdo de dos de octubre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente 1538/2018, por el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, mediante el cual le impuso a la quejosa Rodrigo Degante Flores, una multa consistente en veinte unidades de medida y actualización; no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, resulta factible concluir que se trata de un auto susceptible de ser revocado, por lo que es incuestionable que prosperaba el recurso de revocación. De tal manera, que dicho medio de defensa, consiste en que el propio juez a través del medio de impugnación en comento, determine sobre la subsistencia total o parcial de la determinación reclamada de la que se duele el quejoso, para que por ese medio de defensa, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Del análisis de los preceptos legales invocados antes aludidos, se cumple con el primero de los requisitos, pues, el acto emana de un tribunal judicial. El segundo y tercero de los requisitos, también se presenta en el caso a estudio, si se tiene en consideración el contenido del artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, del cual se advierte la procedencia de un medio de impugnación que debió hacer valer la parte quejosa en el procedimiento de origen (recurso de revocación), previo a la promoción del juicio de amparo. Por tanto, resulta inconcuso la procedencia de un recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, a saber, el recurso de revocación contemplado en el artículo 1.362, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, con lo cual se colma el cuarto de los requisitos precisados en párrafos precedentes; de ahí que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote los recursos ordinarios previstos por la Ley que rige la controversia de origen, los cuales se encuentran a su alcance, dado que como ya se dijo, se trata de una de las partes formales dentro del juicio civil subyacente. Por otro lado, el acto impugnado no es de imposible reparación, ni constituye una excepción al principio de definitividad; por ende, la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario previsto en la legislación de la materia (recurso de revocación). Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J.44/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." De igual modo, es aplicable la jurisprudencia I.3o.C.J/39, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1214, del tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Agosto de 2007, Novena Época, con número de registro 171803, que refiere: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Por lo anterior, es que se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con el ordinal 113, de la misma Ley, por lo cual, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ----------------, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. Lo anterior, con independencia de que el ahora quejoso promueva la demanda en ejercicio de la patria potestad de su menor hija, ya que su demanda se centra en una multa que le fue impuesta a él, lo que en modo alguno influye en la infante. Por otro lado, si bien, interpuso recurso de revocación en el juicio de origen, este fue en contra de un diverso auto, es decir, el de siete de octubre último, medio de impugnación que fue resuelto por el Juez natural el diez de octubre del año en curso, donde decreto que era improcedente la regularización del procedimiento, a efecto de que no le fuera impuesta la multa. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Avenida -------------------------------------------- , Municipio de Cuautitlán México, Estado de México. Por tanto, en términos del último párrafo, del numeral 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones requeridas en el sumario en días y horas inhábiles. Se tienen como autorizados de la parte quejosa a los profesionistas ---------, ------------- y --------------, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, ya que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene a la parte quejosa proporcionando su número telefónico ------------ y el correo electrónico @hotmail.com, ello, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, artículo 22, para el caso de que sea necesario entablar el contacto respectivo. En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Abel Mejía Campos, siendo el número 55 53870500, extensión 1388, para la atención del presente asunto, se precisa que el horario de atención vía telefónica es a partir de nueve a quince horas, de lunes a viernes. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Y, de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes
- Rodrigo Alejandro Rojas979/2022
- Rodrigo Alfonso Arriaga Quintanilla1139/2018
- Rodrigo Álvarez Cordero1660/2016
- Rodrigo Antonio Rodríguez Cárdenas592/2022
- Rodrigo Arturo Ruiz Jiménez241/2019
- Rodrigo Campuzano Barón966/2023
- Rodrigo Dimas Monroy758/2022
- Rodrigo Esparza Salyano196/2020
- Rodrigo Esparza Salyano422/2020
- Rodrigo Esparza Salyano816/2020
- Rodrigo Espinoza Cervantes121/2018
- Rodrigo García Garduño1224/2019