Rodrigo de Jesus Novelo Cocom
Expediente 1187/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rodrigo de Jesus Novelo Cocom
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Finalmente, se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito de ampliación de demanda, un dispositivo electrónico consistente en una memoria USB, por tanto, prevéngasele para que acuda a este Tribunal, con identificación oficial, a fin de recoger dicho dispositivo que anexó, en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, será destruido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y razón levantada por el Actuario de la adscripción, en la que asentó que no le fue posible notificar a la parte quejosa el proveído de doce de septiembre pasado, por los motivos que expone en la misma. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele la notificación del proveído citado, y las posteriores notificaciones que deban hacerse de manera personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director de Contraloría del Ayuntamiento de Umán, Yucatán; sin que sea el caso poner a la vista de las partes, ya que el doce de los corrientes, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado respecto a la ampliación de la demanda rendido por la Titular del Área Investigadora de la Dirección de la Contraloría del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, y anexo que adjuntó, del que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo inicial, la omisión de acordar el escrito de cumplimiento de prevención presentado el dieciocho de mayo del año en curso, relacionado con el expediente administrativo de origen respecto a la queja DCM/PARA/03-DC/22. Respecto a la demanda inicial, la autoridad responsable, Director de la Contraloría del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, rindió su informe justificado negando la existencia del referido acto reclamado, argumentando que el veintinueve de junio del presente año, dio respuesta al quejoso, ya que tuvo por no cumplida la prevención antes referida, dentro del expediente administrativo de origen respecto a la queja DCM/PARA/03-DC/22. Derivado del contenido del referido informe justificado, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa de manera personal para que manifestara lo que a su derecho conviniera en cuanto a dicha respuesta. Posteriormente, el veintitrés de agosto anterior, se tuvo por agregado el escrito por el que la parte quejosa amplió su demanda de amparo e hizo consistir como nuevo acto reclamado, el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, en el que, medularmente, se tuvo por no cumplida la prevención efectuada al aquí quejoso, ordenándose archivar el expediente administrativo de origen DCM/PARA/03-DC/22; por lo que se solicitó a la responsable su correspondiente informe justificado en relación con la ampliación de la demanda de amparo. En ese orden de ideas, la autoridad responsable Director de la Contraloría del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, adjuntó a su informe justificado de cuenta, el auto de uno de septiembre del año en curso, en el que revocó el referido acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés y tuvo por cumplida la prevención efectuada al aquí quejoso, de fecha once de agosto del presente año; ordenando admitir a trámite la queja administrativa presentada por el aquí quejoso, en autos del expediente administrativo de origen DCM/PARA/03-DC/22. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, pues por determinación de uno de septiembre del año en curso, revocó el referido acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés y tuvo por cumplida la prevención efectuada al aquí quejoso, de fecha once de agosto del presente año y ordenó admitir a trámite la queja administrativa presentada por el aquí quejoso, en autos del expediente administrativo de origen DCM/PARA/03-DC/22. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse, a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
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