Rodrigo Cortes Sereno

Expediente 41/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
41/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Cortes Sereno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve el presente expediente, un tomo y remite testimonio de la resolución donde revocó la resolución en la que se había concedió la protección constitucional, y en su lugar negó el amparo. Acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se había concedido la protección constitucional y la superioridad revocó para negarla. El cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se concedió la medida cautelar. Si bien en auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se dijo "fórmese por duplicado el incidente de suspensión", lo cierto es que ello no ocurrió materialmente, atendiendo a lo previsto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio consejo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el tomo entregado, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguense los escritos del quejoso y del apoderado del tercero interesado; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia; remítase el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como los escritos de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL VEINTISIETE DE MARZO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: " VISTOS para resolver el juicio de amparo 41/2023, promovido por..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 27 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se turnó a este órgano federal, donde se admitió el veinte del mismo mes y año. En ese acuerdo se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió los informes justificados; señaló a la parte tercera interesada y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Las autoridades rindieron sus informes, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención, la parte tercera interesada fue emplazada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México; y reclama todos los actos tendientes a ejecutar una orden de lanzamiento respecto del departamento..., Ciudad de México, el cual cuenta con tres cajones de estacionamiento y una bodega privativa, del que afirma ser propietario. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron los actos que se les atribuyen, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural que se remitieron y tienen valor probatorio pleno, conforme a los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable: 1. El veintisiete de mayo de dos mil quince..., demandó en la vía ordinaria civil a..., y..., la nulidad de un contrato de arrendamiento. 2. El cinco de agosto de dos mil veinte, el juez responsable dictó sentencia definitiva que concluyó así: "RESUELVE: PRIMERO.- Ha sido procedente la vía elegida en este juicio en la que el actor acreditó la acción ejercitada en el juicio principal, y los codemandados..., no justificó sus excepciones y defensas y su objeción de documentos es improcedente, la codemandada..., se constituyó en rebeldía y la reconvención hecha valer por..., fue improcedente, así como improcedentes sus excepciones y defensas y su objeción de documentos es improcedente y por lo que hace al Tercero Llamado a Juicio Notario número..., Estado de Hidalgo, Licenciado..., fueron procedentes sus excepciones hechas valer contra el actor reconvencionista. SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de fecha 1º de junio del 2014, para todos los efectos legales a que haya lugar, suscrito por el señor..., y/o..., con el carácter de arrendador y la C...., con el carácter de Arrendataria, respecto del Departamento GH-2 del Edificio Torre 'B', ubicado en la Avenida..., ésta última designado (sic) por los propios demandados en forma unilateral, Delegación Miguel Hidalgo, CP 11560, de esta Ciudad, ordenándose la ENTREGA FÍSICA del inmueble materia de este juicio a la parte actora..., dentro del término de cinco días contados a partir de que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable y como consecuencia de ello, tomando en consideración que el contrato de arrendamiento data de fecha 1 de junio del 2014, en el que se pactó el pago de la renta por la cantidad de $..., M.N.) MENSUALES, se condena a..., a pagar a la parte actora, la cantidad de $..., M.N.) MENSUALES, reclamadas a partir del día 1º de junio del 2014, y hasta la entrega del inmueble fecha del contrato DE ARRENDAMIENTO (sic) cuya nulidad se declaró a partir del día 1º de junio del 2014, lo que deberá hacer dentro de cinco días contados a partir de que esta sentencia cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable. TERCERO. Se condena a..., a pagar al actor..., el interés legal a razón del 9% anual, de la cantidad reclamada a partir de la fecha de celebración del contrato de arrendamiento el cual fue declarado nulo y hasta el pago del adeudo, lo que se liquidará en ejecución de sentencia. CUARTO.- Se absuelve a..., de las prestaciones hechas valer en la reconvención interpuesta por el tercero llamado a juicio..., QUINTO.- No ha lugar a hacer condena en costas ni en la acción hecha valer en el juicio principal ni en la acción reconvencional. SEXTO. La presente resolución se dicta dentro del término ampliado que establece el artículo 87 del Código Procesal Civil, dado el el (sic) volumen del expediente y los documentos. Notifíquese. [.]" 3. El trece de noviembre de dos mil veinte, dicho fallo causó ejecutoria. 4. El once de enero de dos mil veintitrés, se turnaron los autos al Actuario responsable para llevar a cabo el lanzamiento de la parte demandada, del inmueble materia de la litis. La falta de llamamiento y lo actuado en este procedimiento constituyen el reclamo. QUINTO. Conceptos de violación. El peticionario refiere esencialmente que se violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Federal, pues se está afectando su derecho de propiedad sin haber sido llamado al juicio natural. El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Imperativo que consagra los lineamientos mínimos a observarse para que el acto de autoridad trascienda en la esfera jurídica de los gobernados, como un acto privativo de derecho. Por acto de privación debe entenderse aquel que tiene como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho, aunque no todo acto de autoridad provoca esos efectos, no obstante la afectación que producen. Existen actos que restringen el ejercicio de un derecho en forma provisional o preventiva, pero no tienen la finalidad de privar en definitiva al titular de su goce, sino que se trata de medidas provisionales establecidas por el legislador para proteger determinados bienes jurídicos, en tanto se decide si procede o no tal privación. Por lo que, no basta que un acto de autoridad produzca una afectación en el ámbito jurídico para que se repute "acto de privación" en los términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, puesto que para ello es menester que el menoscabo tengan carácter definitivo. Si la privación de un bien material o inmaterial, bajo los aspectos indicados, es la finalidad connatural perseguida por un acto de autoridad, éste asumirá el carácter de privativo; por el contrario, si cualquier acto autoritario por su propia índole, sólo tiende a la restricción provisional como medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia. En tal virtud, el mandato constitucional invocado exige el respeto del derecho de audiencia y defensa como requisito para ordenar actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos (actos de privación), en tanto que, los actos que no produzcan esos efectos estarán regulados sólo por el artículo 16, párrafo primero, de la propia Ley Fundamental. De lo expuesto, se colige que conforme a la Constitución Federal y al sentido esencial de su artículo 14, los actos de privación deben estar precedidos del respeto a tales garantías, lo cual se satisface cuando al gobernado se le notifica el inicio del procedimiento seguido en su contra o como en la especie, en el que estén involucrados sus derechos, así como sus consecuencias y, para ello se le concede la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como de alegar lo que estime conducente, para finalmente, dirimir la controversia mediante una resolución. El sistema jurídico mexicano por regla general, protege a las personas contra actos que impliquen privación o menoscabo que pretenda llevar cualquier autoridad respecto de la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles o derechos del individuo, sin previa audiencia. La distinción entre los actos privativos y los de molestia la definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de la Novena Época, de registro 200080, Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Tesis 71, Página 100, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." A la luz de lo anterior, se entiende que respecto de un bien del cual el impetrante ostenta la propiedad, sin ser parte formal o material, evidentemente importa la necesidad de escuchar en defensa al afectado con título suficiente, a fin de cumplir con las formalidades esenciales previas, acorde con el imperativo inserto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, interpretado en la jurisprudencia 218 del Tribunal Pleno, registro 900218, Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Novena Época, Página 260: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 Constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesión o derechos y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Esas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Por otro lado, la acción de amparo consiste en demostrar la existencia de un perjuicio o afectación de un derecho humano legítimamente tutelado, que haya sido violado por un acto de autoridad, lo que constituye el interés jurídico que faculta al gobernado para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la jurisprudencia de la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Entonces, para la procedencia de la acción constitucional de amparo en el supuesto de que el quejoso se ostenta como tercero extraño, como ocurre en el particular, es un presupuesto necesario acreditar la afectación de los derechos invocados, con motivo de los actos reclamados. En este tenor, si el quejoso es tercero extraño auténtico al juicio natural (por no formar parte de la relación jurídico procesal), está obligado a probar el derecho que dice tener sobre el inmueble afectado por la controversia; por lo que en el juicio de amparo que se promueve contra los actos que perturben la propiedad, procede determinar tanto si está o no probada la existencia de ese derecho, así como si hay violación al mismo, por medio de los actos de autoridad. Ahora bien, el quejoso exhibió diversas documentales con su demanda, las cuales fueron objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio por la parte tercera interesada, quien refirió que el fedatario público que intervino se prestó para la simulación de actos, lo cual no surte efectos frente a terceros; además que al carecer de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no puede surtir efectos contra terceros. Aspectos que serán considerados al efectuar el análisis de los documentos exhibidos. En apoyo a lo anterior, se cita por analogía, la tesis VI.2o.C.289 K, de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil del Sexto Circuito, en Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio." En la especie, la acción de amparo es procedente y fundada, pues existe una violación al derecho de propiedad del quejoso, al haberse emitido y ejecutado mandamientos en perjuicio suyo sin ser parte en el proceso de origen, ni tener intereses propios en la contienda. Lo anterior es así, pues el peticionario comparece a la instancia como tercero extraño al juicio ordinario civil donde se ordenó la entrega del inmueble al tercero interesado. Los elementos con que se acredita dicha afectación, así como la propiedad del bien inmueble que se pretende defender en esta instancia obran en el presente juicio, y son los siguientes: - Contrato de compraventa del inmueble identificado como departamento ..., ubicado en el desarrollo "Residencial Horacio", ubicado en la Avenida..., Ciudad de México; - Instrumento notarial 31,791, pasado ante la Fe del Notario Público número 58 del Estado de México, que contiene la ratificación de contenido y firma del pacto de voluntades aludido. Dichas probanzas, adminiculadas y valoradas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo; y 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, son suficientes para tener por acreditado el derecho que tiene respecto del bien inmueble objeto del lanzamiento en el juicio ordinario civil donde no figura como parte el quejoso. Ello obedece a que de dichos documentos deviene el derecho de propiedad que detenta..., respecto del departamento..., ubicado en el desarrollo..., Ciudad de México. Afirmación anterior, que se acredita en términos de las copias certificadas del contrato de compraventa respecto del inmueble del cual se decretó la orden de lanzamiento que constituye el origen del acto reclamado. Ello es así, pues al tratarse de un pacto de voluntades cuya ratificación de contenido y firma se efectuó ante un Notario Público el cuatro de mayo de dos mil quince (antes del inicio del juicio de origen, cuya demanda se presentó el veintisiete del mismo mes y año); es viable afirmar que, contrario a lo alegado por el tercero interesado en su objeción de alcance y valor probatorio, el documento tiene fecha cierta. Es así, pues la parte tercera interesada únicamente afirmó que se trata de una simulación de actos, pero sin ofrecer pruebas que acrediten esa circunstancia. Por analogía, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, de la Novena Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Civil, que dice: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Consecuentemente, es dable afirmar que la orden de lanzamiento decretada en el juicio ordinario civil de origen, ocasiona una afectación en la esfera jurídica del quejoso, pues sin ser parte en dicho procedimiento, existe una intromisión injustificada en el derecho de propiedad respecto del predio que defiende, lo que constituye un acto de molestia que no cumple con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional. Elementos anteriores, que son suficientes para determinar la existencia de una afectación directa en la esfera de derechos fundamentales del quejoso, derivados del aseguramiento ordenado y ejecutado en su propiedad. Ello, pues se probó que los actos reclamados repercuten de manera directa e inmediata su esfera de derechos; pues el inmueble sobre el cual se decretó el lanzamiento, es el mismo que defiende en esta instancia, y del cual conforme a la copia certificada del contrato de compraventa exhibido por el peticionario, tiene el pleno dominio. Así, existen elementos suficientes para establecer que para efectos del amparo, el accionante tiene un interés jurídico que se ve afectado el proceso natural y del que no es parte dentro del juicio. Lo anterior es así, en tanto que se probó: - La calidad del quejoso ..., como tercero extraño auténtico al juicio de origen (al no ser parte en el proceso natural); y - La existencia de un procedimiento donde se decretó el lanzamiento del departamento..., ubicado en el desarrollo..., Ciudad de México. Consideraciones que surten efectos única y exclusivamente en el presente juicio de amparo; sin prejuzgar sobre la eficacia probatoria de las documentales para acreditar a plenitud la propiedad, identidad o delimitación del inmueble materia de la litis constitucional, ni la temporalidad del derecho relativo, mucho menos impone directriz o lineamiento de observancia para la autoridad ordinaria sobre su jurisdicción. Lo anterior, dado que el tener por acreditado el interés jurídico no implica prejuzgar sobre la eficacia de los derechos invocados por el quejoso, sino que su valoración únicamente es para efectos de este juicio, por lo que la ponderación y análisis correspondiente será labor del juez de origen. Se cita la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "PROPIEDAD. ALCANCE DE SU PROTECCION MEDIANTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. Cuando la litis a resolver en el amparo no tiene por objeto dirimir una disputa de propiedad fincada en la exhibición de títulos de dominio contradictorios, sino únicamente establecer si se transgredió o no la garantía de audiencia del quejoso, quien se dice propietario del inmueble correspondiente y tercero extraño al procedimiento de donde emana el acto reclamado, para lo cual exhibe un título apto tendiente a demostrar ese derecho, es incuestionable la procedencia del amparo indirecto, precisamente porque el artículo 14 constitucional prevé la falta de audiencia como una violación directa a la Carta Magna. En esas circunstancias, la concesión del amparo sólo tiene el efecto de que se mantenga al quejoso en el goce del derecho que dice tener, mientras se resuelve en el juicio civil correspondiente si tal derecho debe o no subsistir, lo que implica que en el juicio de amparo no se prejuzga sobre los vicios legales que pudiera tener el mencionado título." Así, la presente determinación es una decisión que tiene efectos exclusivamente para defender el derecho de audiencia del quejoso, de cara a los efectos del acto reclamado, pero de ninguna manera incide en los derechos respecto del bien litigioso, pues ello es competencia de las autoridades del fuero común. En ese sentido, también resulta aplicable por analogía en lo conducente la tesis de jurisprudencia, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En congruencia con lo anterior, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que el efecto de que sin dejar insubsistente alguna actuación dentro del proceso de origen, el juez responsable Respete el derecho de audiencia de ..., dentro del juicio ordinario civil primigenio. Se cita al respecto, la tesis I.3o.C.208 C (10a.), de la Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materias Común, Civil, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO ACREDITA LA PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE EN LITIGIO CON JUSTO TÍTULO. El tercero extraño que promueve juicio de amparo indirecto sobre un bien en litigio del que manifiesta tener derecho de propiedad, debe demostrar que tiene interés jurídico para ello a través de algún título traslativo de dominio, como la compra, venta o donación, por lo que no basta la mera detentación de hecho sin causa o título jurídico alguno. Acreditado dicho interés y en virtud de que su posición es distinta a la de los sujetos de la controversia, los efectos del amparo no son que se le llame a juicio natural, al no ser parte, sino reintegrarlo en sus derechos afectados, que son los bienes en litigio, es decir, que su propiedad o posesión prevalezca a salvo, sin que de modo alguno deba declararse la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural para que sea integrado a la controversia." Lo anterior se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al actuario responsable. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 88, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." No se aborda el estudio de los alegatos formulados, porque no forman parte de la litis en el amparo. Sirve para apoyar lo anterior la tesis P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerado segundo, por las razones y para los efectos expuestos en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.".

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