Rodrigo Cortes Enciso

Expediente 1813/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1813/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Rodrigo Cortes Enciso

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso Rodrigo Cortes Enciso, dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Cortes Enciso, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1813/2016-I. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, es menester de esta autoridad federal verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto legal invocado refiere: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En estas condiciones, de la lectura integral de la demanda que nos ocupa, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento de plano, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, por las razones que a continuación se indican. En el escrito inicial de demanda el solicitante de amparo señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: "I) AL C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA. II) A LA C. JUEZA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE TOLUCA. III) AL C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO DE JUICIOS DE TOLUCA CON DOMICILIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ. B.- SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A: I) AL C. DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. II) AL C. JEFE DE VIGILANCIA DE ESTE MISMO CENTRO CON EL MISMO DOMICILIO LEGAL." IV) ACTO RECLAMADO LA PRETENSIÓN DE TRASLADO A OTRO CENTRO PENITENCIARIO." En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, ambos de la ley de la materia interpretados a contrario sensu prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior se destaca que uno de los principios fundamentales por los cuales se rige el juicio de garantías, es el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" que se consagra en el dispositivo invocado en segundo lugar, al estatuir que el juicio, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, dado que la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, lo cual constituye una formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas las consecuencias legales. Así, del análisis integral del ocurso de que se trata, es de advertirse que carece de firma autógrafa de la persona que pretende promover el juicio de amparo, pues éste se presentó "sin firma autógrafa", el cual no se puede considerar como original sino como un simple papel ya que la firma expresa la voluntad del promovente y la autenticidad de la promoción que se presenta ante las autoridades; lo que se traduce en que al carecer de firma autógrafa de la persona a quien supuesta o realmente se le causó un agravio, se pone de manifiesto que no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, toda vez que de admitirla y tramitarla, se fomentaría la práctica viciosa de cualquier persona para que, con cualquier firma en copia o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expedición de la voluntad de promover la instancia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 181-186, Quinta Parte, Página: 71, que reza: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Además, la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, de manera que si la demanda de amparo no cuenta con ella como en el caso acontece, ya que de la certificación realizada se advierte que tanto la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con sede en esta ciudad, como la Oficialía de Partes de este Juzgado asentaron que la demanda no se encuentra firmada; por ende, se considera que el solicitante del amparo Rodrigo Cortes Enciso, por propio derecho no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional, en esas condiciones la demanda es improcedente. Es aplicable en lo conducente, la tesis número VI. 2o. 692 K, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes." Por ello, al no encontrarse signado el escrito de demanda de amparo en cuestión, con la firma de quien aparece como promovente, se estima que ésta no incorporó expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Rodrigo Cortes Enciso, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113 de la propia normatividad legal. Apoya a lo anterior la tesis número VI.1o.151 K, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) y c), de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso las notificaciones del presente asunto en el lugar donde se encuentra recluido; es decir, en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Finalmente, en ese orden se requiere al Director del Centro Preventivo y Readaptación Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México, para que brinde las medidas de seguridad necesarias a efecto de que el actuario judicial de esta adscripción pueda realizar la diligencia de notificación. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.

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