Rodrigo Correa Castillo
Expediente 394/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2016
Partes del expediente
- Rodrigo Correa Castillo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que dentro del plazo de cinco días previsto en la Ley de Amparo, las partes no recurrieron el auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis (folios 19 a 25), mediante el cual se desechó la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la dicha legislación, se declara que dicha determinación ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atento a la certificación de cuenta, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) En conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, en razón de que se conservarán la demanda y del auto definitivo. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2º; intégrese a los autos la razón actuarial de cuenta, en la que se hace constar la imposibilidad legal y material para notificar el acuerdo de treinta de marzo del año en curso, al quejoso, por los motivos expuestos por la funcionaria adscrita a este juzgado federal. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícese la notificación referida, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal al impetrante de la demanda, por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto, dentro de la zona conurbada en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SE NOTIFICA AL A QUEJOSA EL AUTO DE treinta de marzo de dos mil dieciséis: "Radicación. Visto el escrito de demanda de amparo de cuenta, promovido por Rodrigo Correa Castillo, contra actos que le atribuye al Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otra autoridad, consistente en el proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ordinario civil 685/2015, del índice de la autoridad responsable, el cual admitió a trámite la demanda promovida por Cesar Villa Mejía, en la que reclama el saneamiento por evicción del bien objeto materia de contrato de compraventa celebrado el día veintidós de junio de dos mil catorce y su notificación, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese el expediente bajo el número que le corresponda. Desechamiento. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, de ahí que proceda el DESECHAMIENTO de la presente demanda de amparo. Lo anterior, se afirma en virtud de que el acto reclamado en el presente caso tiene como consecuencia una violación procesal en un juicio de saneamiento por evicción seguido ante el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y su notificación, determinación que tiene únicamente efectos de carácter procesal y que carece de ejecución irreparable, el cual sólo podrá impugnarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda en contra de la sentencia que al respecto se dicte en dicho procedimiento, es decir, que tal violación procesal deberá ser reclamada mediante la vía de amparo directo que se promueva en caso que la sentencia definitiva en el procedimiento natural fuera desfavorable a la parte quejosa. En ese sentido, debe precisarse según se deriva de la demanda de amparo, la parte quejosa se inconforma en la presente instancia constitucional, contra el proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ordinario civil 685/2015, del índice de la autoridad responsable, el cual admitió a trámite la demanda promovida por Cesar Villa Mejía, en la que reclama el saneamiento por evicción del bien objeto materia de contrato de compraventa celebrado el día veintidós de junio de dos mil catorce y su notificación. Al respecto, los artículos 107, fracción V de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En ese sentido, si el acto reclamado en el presente asunto lo constituye el proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, emitido en el juicio ordinario civil 685/2015, del índice de la autoridad responsable, el cual admitió a trámite la demanda promovida por Cesar Villa Mejía, en la que reclama el saneamiento por evicción del bien objeto materia de contrato de compraventa celebrado el día veintidós de junio de dos mil catorce y su notificación, debe decirse que las consecuencias de dicha determinación, no se tratan de aquéllas que tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos consagrados en la Carta Magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio ordinario civil del que derivan los actos reclamados, por haberse consumado la violación del derecho de que se trate. En efecto, se afirma lo anterior, toda vez que el acto que la parte quejosa pretende combatir por esta vía, no se trata de actos contra el cual proceda el amparo indirecto ante un Juez de Distrito, debe decirse que determinaciones como las reclamadas no revisten el carácter de actos de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto, esto debido a que sus consecuencias no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de sus prerrogativas otorgadas, como son la libertad, propiedad o posesión entre otros, es decir, dichas resoluciones sólo tienen consecuencias o producen efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados con el solo hecho de que obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia VI.2º.C. J/175, cuyo rubro y texto señalan: DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso. De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.5º.c. J/29, cuyo epígrafe y texto señalan: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione. Finalmente, se cita por las razones que la informan, la jurisprudencia 1086, cuyo contenido estatuye: VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías. De ahí que se estime que los actos reclamados no encuadran en la hipótesis normativa que prevé el numeral 107, fracción V, de la Ley de la Materia, y por ende, al tratarse de violaciones de carácter procesal, éstas deben ser combatidas cuando se impugne la sentencia definitiva, a través de juicio de amparo directo. En esas condiciones, al haberse actualizado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia en cita, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de ubicarse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu. No obstante, que también reclama la parte quejosa la orden y correspondiente notificación practicada en su domicilio derivados del referido proveído en atención al proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, pues como se mencionó en líneas precedentes ello no constituye una violación procesal, lo cual puede ser aducido en el juicio que tenga a bien promover una vez que se realicen las etapas y en caso de que se dicte la sentencia sea contraproducente a sus intereses Para culminar este proveído, es conveniente dejar definido que para su emisión se tomó como directriz el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir el amparo directo en revisión 3103/2012, el pasado veintiocho de noviembre de dos mil doce, en tanto que en la ejecutoria de que se trata, se sostuvo, en líneas generales, que incluso con la existencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, de junio de dos mil once, no es dable asumir que a través del juicio de amparo sea posible dolerse de cualquier acto o ley, sin que se verifiquen ciertos supuestos que permitan el inicio de un medio de defensa, como lo es el hecho de que la demanda de amparo se formule atendiendo a las formalidades procesales, las cuales son la vía que hace posible arribar a una adecuada determinación; así, concluyó la Primera Sala, que estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido por la Constitución, respecto de los aspectos de procedencia del juicio de amparo, declarando procedente lo improcedente. De la ejecutoria en cuestión derivó la tesis 1ª LXXXIV/2013 (10ª), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 890, que es del tenor siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada determinación, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable a lo anteriormente expuesto la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, materia Constitucional, registro 2004748, cuyo contenido es: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. En el mismo sentido, se tomó en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Trabajadores Cesados del Congreso Aguado Alfaro y otros), contra Perú, adujo: Consideraciones de la Corte 102. El artículo 1.1 de la Convención dispone: 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 103. El artículo 2 de la Convención establece que: Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 104. El artículo 8 de la Convención dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el culpable no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; h. derecho de recurrir de falo ante juez o tribunal superior. 105. El artículo 25 de la Convención señala que: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 106. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1) , todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1) 64. [64 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 8, párr. 110; Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 127, y Caso Ximenes López, supra nota 9, párr. 175.] 107. El Tribunal recuerda que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene por fin proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado. En la jurisdicción internacional las partes y la materia de la controversia son, por definición, distintas de las de la jurisdicción interna65. [65 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 365; Caso de la 'Masacre de Mapiripán', Sentencia del 15 de Septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 211, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 56.] Al establecer si el Estado es responsable internacionalmente por la alegada violación a los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, el aspecto sustancial de la controversia ante la Corte no es si en el ámbito interno no se emitieron sentencias o resoluciones administrativas, o si se aplicaron o no determinadas disposiciones de derecho interno, en relación con las violaciones que se alega fueron cometidas en perjuicio de las presuntas víctimas de los hechos, sino si los procesos internos permitieron que se les garantizara un verdadero acceso a la justicia, conforme a los estándares previstos en la Convención Americana, para determinar los derechos que estaban en controversia66. [66 Cfr. Caso de las Masacres de Ituango, supra nota 65, párr 339; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 6, párr. 206, y Caso de la 'Masacre de Mapiripán', supra nota 65, párr. 211.] [.] 122. La Corte ha interpretado que los términos del artículo 25.1 de la Convención Americana implican la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales [. y] que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que esté reconocidos por la Constitución o por la ley. 123. Asimismo, este Tribunal ha considerado que los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 [de la Convención] y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. 124. Además de cuestionar los fundamentos de la decisión del Tribunal Constitucional que declaró la improcedencia del amparo, la Comisión alegó, basándose en sus precedentes, que las presuntas víctimas tenían el derecho de que las autoridades judiciales entraran a resolver sobre el fondo del asunto. Por su parte, el Estado citó otros informes de fondo dictados por la Comisión Interamericana y alegó que aunque en esos otros casos los tribunales de justicia no llegaron a pronunciarse sobre el fondo del asunto por razones de procedimiento, aquélla no consideró que el Estado hubiese vulnerado el derecho a un recurso efectivo. 125. En ese sentido, la Corte ha entendido que para que exista un recurso efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No obstante, el hecho de que determinado recurso sea resuelto en contra de quien lo intenta, no conlleva necesariamente una violación del derecho a la protección judicial. 126. La Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estado deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto plateado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. [.] 128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 'de convencionalidad' ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. [.] Como se ve en los parágrafos 126 y 128 del referido fallo, la Corte Interamericana reconoció que los Estados parte cumplen con establecer un recurso judicial efectivo, cuando el recurso interno está disponible para el interesado, sin embargo, esto no lleva a "considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado". Asimismo, la Corte Interamericana dejó establecido que si bien los poderes judiciales de los Estados que ratificaron la Convención Americana de Derechos Humanos, están obligados no sólo a ejercer un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex-officio, "esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones." Criterio que si bien emanó de un conflicto de índole laboral, lo cierto es que, por lo que hace a la verificación de los presupuestos formales de procedencia de los medios impugnativos internos de cada Estado, se erige cuando una tesis temática en materia común, jurídicamente apta para justificar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, precisamente que los tribunales internos no deben resolver invariablemente los asuntos en cuanto al fondo, cuando no se superen los requisitos internos de procedencia y/o indivisibilidad. En suma, queda demostrado que no se ignoró, al desechar la presente demanda, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once. Además también este órgano jurisdiccional considera que cuando se desecha una demanda de amparo, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su libelo constitucional, a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia. Ahora, el anterior desechamiento de la demanda de amparo no implica que se le esté denegando la impartición de justicia al impetrante de amparo, lo anterior en atención a lo expuesto la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Domicilio. En ese orden, conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a la persona que tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué el trámite respectivo. Se habilitan días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Transparencia. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1º, 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1º, 3º, 5º, 7º y 8º del Reglamento conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida que ello no impida conocer el criterio sostenido; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo."
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha logrado la primera notificación del presente asunto al tercero interesado Héctor de la Torre Rivera; asimismo, en proveído de ocho de marzo del año en curso, se ordenó remitir oficios a diversas dependencias, a fin de agotar los medios de localización establecidos por el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; en consecuencia, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional prevista para este día; por lo que se difiere y se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil dieciséis, para su verificativo.
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