Rodrigo Chavarria Cervantes

Expediente 2135/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2135/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/01/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Chavarria Cervantes

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio enviado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le devolvió la demanda de amparo y anexos, que motivó la apertura del presente cuadernillo, e informa que no insiste en declinar la competencia planteada, en virtud de que la autoridad competente para conocer y resolver el asunto corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por Rodrigo Chavarría Cervantes, al considerar que corresponde a un Juez de Distrito de este circuito conocer de la demanda de que se trata. Acúsese recibo de estilo. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Rodrigo Chavarría Cervantes, contra actos del Magistrado de la cuarta Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 2135/2021. NO SE ACEPTA COMPETENCIA El análisis de la demanda de amparo génesis de la competencia cuyo estudio se realizó dentro del acuerdo transcrito en el oficio de cuenta permite saber que es acto reclamado la resolución dictada el doce de mayo de dos mil nueve, por el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Victoria, al resolver el toca penal 932/2005, incluida su ejecución. El proprio análisis pone de manifiesto tres cosas: a) que aquél fallo contiene una sanción privativa de la libertad contra el quejoso; b) que por la naturaleza misma de la pena, esta lleva consigo una ejecución material, y; c) que este actuar ejecutivo se está materializando en el Centro de Ejecución de Altamira, Tamaulipas, donde el accionante de amparo se encuentra recluido. El órgano requirente, para colegir en la forma en que lo hizo, sostiene que como la ejecución del fallo tildado de ilegal, aunado a que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Altamira, Tamaulipas, carecía de competencia legal para tramitar y resolver el asunto relacionado con la demanda en cuestión, estimando que el competente para su conocimiento era un Juez de Distrito donde se está ejecutando la afectación de los derechos del peticionario del amparo, o sea, en el lugar donde se encuentra recluido, apoyándose en los numerales 107, fracción VII, y 37 de la Ley reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, así como en los criterios jurisprudenciales intitulados: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE" y "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 298/2020-V LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO". Ahora, este Juzgador no comparte del todo el criterio (por el lugar de reclusión del quejoso) adoptado por el Juez declinante y, por ende, no acepta la competencia declinada. En efecto, la razón de peso para considerar que el Juez declinante carece de competencia legal para conocer de la demanda materia de incompetencia, es por razón de territorio, esto es, porque el quejoso, quien reclama la resolución dictada en el Toca Penal 932/2005 por el Magistrado responsable, se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Altamira, Tamaulipas. Para ello, se fundó en lo preceptuado por los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, los cuales interpretados en forma armónica llevan a considerar que para determinar la competencia del Juez de Distrito, es menester que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual debe entenderse bajo el principio de que dicho acto sea de los que requiere ejecución. En esa línea interpretativa, el mencionado Juzgador convino en el sentido de que la resolución reclamada tiene consigo una ejecución material que se traslada hasta el lugar donde el quejoso se encuentra privado de su libertad, es decir, en el precitado centro de ejecución. Desde luego, que hasta este momento se comparte el criterio del supracitado Juzgador, pues no hay nada que cuestionar cuando como aquí sucede, el fallo reclamado tiene por consecuencia material que el sentenciado (quejoso) compurgue una pena de prisión, en el correspondiente centro penitenciario, donde para el caso actual ello está sucediendo en el multicitado reclusorio. Sin embargo, donde ya no se comulga con lo estimado por el Juez declinante, es en la parte que tiene que ver con la materialización de la ejecución de la resolución reclamada, al considerar que la misma se está llevando a cabo dentro del territorio donde esta potestad ejerce jurisdicción, pasando por alto que el tantas veces mencionado centro de ejecución se encuentra en una zona geográfica que no pertenece a este órgano de control constitucional, sino a la distinta de los Juzgados de Distrito, con sede en Tampico, Tamaulipas. Si es así, es innegable que las consecuencias del acto reclamado tienen ejecución en un lugar distinto del que corresponde a la jurisdicción de este Juzgado Federal, por tanto, quien aquí se pronuncia carece de competencia para conocer y resolver el presente asunto, pues la competencia, en el caso concreto, recae en un Juzgador con jurisdicción en el sitio donde se esté ejecutando la resolución aquí reclamada. Apoya lo anterior, en lo conducente y por su sentido jurídico, la tesis 3ª. XVIII/92, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, página diecinueve del Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, del rubro y texto: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN DONDE SE DA TAL EJECUCIÓN. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto." De igual forma, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Séptima Parte, Séptima Época, página 88, con registro 245025.del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En esa tesitura, como se adelantó, no se acepta la cuestionada competencia y, en consecuencia; con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, devuélvase la demanda y anexos al Juez requirente, para los efectos legales a que haya a lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; por autorizados las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Dante Francisco Ortega Molina y Francisco Cervantes Rosales, en virtud de que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de igual forma, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas pasantes en derecho que indica. Asimismo, para efectos de comunicación, se toma nota del correo electrónico ortegadante@hotmail.com, que proporciona; lo anterior, sin que ello implique la realización de notificaciones mediante dicho medio al no contemplarlo así la ley de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Atento a la Circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por la que se informó que el citado Pleno en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, determinó que no existe impedimento para que se permita imponerse de acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras fotográficas y lectores ópticos. Razón por la cual, las partes, así como sus autorizados, pueden imponerse de los autos mediante el uso de aparatos electrónicos (cámaras, grabadoras o lectores ópticos), para ello, previamente deberá verificarse si las constancias a reproducir no contienen información considerada como reservada o confidencial. Cabe mencionar que al reproducir las documentales que se soliciten a través de los mencionados medios electrónicos deberá levantarse la constancia respectiva.

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