Rodrigo Ceballos Magaña

Expediente 169/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
169/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Rodrigo Ceballos Magaña

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta se advierte que los oficios remitidos por la Directora Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz con sede en esta ciudad, no guardan relación con este juicio de amparo, ni con algún otro expediente de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, después de realizar una búsqueda en la página electrónica http://10.100.125.32/sise/Consultas/ Buscar Partes OrganosII.aspx, se advierte que el juicio de amparo 169/2017 al que van dirigidos los oficios remitidos por la autoridad mencionada, pertenecen al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para lo cual se anexa copia del resultado de la búsqueda realizada en dicha página. Acorde con lo anterior, remítanse los oficios y anexos mencionados al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; previa copia simple que se obtenga de los mismos.

  2. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA RODRIGO CEBALLOS MAGAÑA, EL ACUERDO QUE DICE: Rodrigo Ceballos Magaña promueve juicio de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en esa ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 169/2017 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma Ley. El artículo 107, fracción V, establece que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. La interpretación a contrario sensu del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Cabe destacar que jurisprudencialmente se ha considerado que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, únicamente cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, o bien, cuando se afecta en grado predominante o superior algún derecho adjetivo, mas no en los casos en que se afecte de forma simple derechos adjetivos o procesales. Por tanto, si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales, aun cuando no obtenga una sentencia favorable, tiene su derecho expedito para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como acto reclamado el siguiente: La resolución de diez de enero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ordinario civil 141/2016/III del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, mediante la cual revocó el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, y se tuvo por rendido, en alcance, el informe de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, relativo a la documental de informes ofrecida por el promovente. Cabe destacar que de los antecedentes del acto reclamado se observa que el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, la Oficialía de Partes rindió el informe que le fue requerido y el veintisiete de los mismos mes y año, rindió en alcance un diverso informe, mismo que por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, tuvo por no rendido. Por otra parte, el promovente en sus conceptos de violación, manifestó que la prueba de informes ofrecida, fue con el propósito de demostrar la prescripción de la acción del actor, en el juicio ordinario civil 141/2016/III. CONCLUSIÓN De lo anterior se concluye que el acto aquí reclamado, por su naturaleza y característica procesal, no constituye un acto de imposible reparación, pues no implica que el aquí quejoso vaya a obtener una resolución desfavorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, porque los tribunales de justicia tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuran o no sus elementos y de causarle algún perjuicio, éste se manifestará hasta que la autoridad señalada como responsable, emita la resolución correspondiente. Tiene aplicación la tesis siguiente: No. Registro: 224,883 Tesis aislada Materia(s): Civil, Común Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990 Tesis: Página: 439 ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN (DESECHAMIENTO DE PRUEBAS Y DE RECURSOS). La ejecución de imposible reparación a que alude el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, como requisito para que proceda el amparo indirecto contra actos en juicio, no puede hacerse derivar del solo hecho de que un acto sea o no reparable en la sentencia, en virtud de que exista la posibilidad o imposibilidad de que la autoridad responsable vuelva a ocuparse de la cuestión, puesto que con esa interpretación se daría cabida al juicio de amparo contra todos y cada uno de los autos, resoluciones y trámites que causan estado o quedan firmes dentro de la secuela del procedimiento, lo que sería contrario a la finalidad y espíritu del juicio constitucional, que busca la reparación de perjuicios reales y efectivos. El proceso no es un fin en sí mismo considerado, sino un medio para obtener el reconocimiento de los derechos, y las actuaciones que están relacionadas con el esclarecimiento de esos derechos discutidos en el juicio, como lo son, entre otras, las que se refieren a la recepción de las pruebas y a los recursos intentados a propósito de ellas, y en general las que sirven para preparar o conformar el material lógico en que la sentencia habrá de descansar, no tienen otro objeto que el antes apuntado, o sea, el de que se reconozca el derecho del interesado. Por lo mismo, mientras que en la sentencia final no se desconozca este derecho, no cabe afirmar que se haya ocasionado perjuicio, el que solamente existirá cuando el fallo, por la falta de la prueba rechazada o por haberse desechado el recurso, sea desfavorable a los intereses de la parte respectiva. Tan es así, que los actos violatorios del procedimiento que menciona el artículo 159 de la Ley de Amparo, en concreto la negativa firme de una prueba o de un recurso, no pueden ciertamente ser revocados o modificados en la sentencia definitiva, que se circunscribe a examinar y resolver la materia del litigio a través del estudio de las pruebas y análisis de las acciones y excepciones, y sin embargo, conforme a los artículos 158 y 161, esos actos deben ser atacados hasta que se pida el amparo contra la sentencia, lo que claramente está indicado que es ésta misma la que, en el sistema del juicio de garantías, se considera viene a producir el perjuicio necesario para que proceda el amparo, y no por sí solos, o de manera destacada, los actos de la naturaleza indicada, así se trate de situaciones consumadas dentro del procedimiento. Por lo tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se faculta como su autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Rodolfo Palacios Ortiz, por no contar con su cédula registrada en Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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