Rodrigo Capuchino Hernandez
Expediente 960/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 960/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rodrigo Capuchino Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 0. Agréguese a los autos el escrito signado por ......, defensora pública, mediante el cual atiende el requerimiento de catorce de diciembre pasado, y envía la cédula de asesoría practicada al quejoso .... e informa que el justiciable le señaló que no requería de sus servicios. En virtud de lo anterior, y vista la certificación de cuenta se advierte que no desahogó la prevención; en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO En ese tenor, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la materia, que dispone: ...El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: "(.) IV.- ACTOS RECLAMADOS.- LA DETERMINACIÓN EMITIDA POR EL LICENCIADO HUMBERTO IVAN AYALA SUÁREZ JUEZ VIGÉSIMO SEGUNDO PENAL ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITO A LA UNIDAD DE GESTIÓN DOS, CONSISTENTE EN LA ORDEN DE TRASLADO (.)" En el caso este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: ...La fracción transcrita alude a uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad, el cual atañe a la obligación asignada a la parte quejosa de agotar los medios ordinarios de defensa que tenga el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo que por naturaleza es medio extraordinario de defensa. Así, por disposición legal expresa en la norma preindicada, el juicio de amparo es improcedente respecto de las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, teniendo como excepciones al citado principio, las siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En ese orden, es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En virtud de lo anterior, si el traslado fue determinado por una autoridad judicial que es regulado en el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: ...De lo anterior, se observa que respecto de esa resolución judicial, procede medio de defensa legal con el que puede ser combatida; el recurso de apelación. Asimismo, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconforme con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tal persona cuenta con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Aspectos de definitividad que indudablemente inciden en la improcedencia de la demanda que dio origen al presente juicio. Ello, dado que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, con motivo de una resolución judicial, cuenta con una regulación específica y medio de defensa para controvertirla en la Ley Nacional de Ejecución Penal. De esta forma, si el mandamiento de que se trata está regulado en la citada ley y, en ella se encuentran previstos medios de impugnación para sujetar a revisión el actuar de quien hubiere realizado o autorizado el traslado - apelación-, resulta evidente que el recluido no queda sin defensa ante la ejecución de aquél. De lo anterior, se concluye que el justiciable debe agotar el indicado medio de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas del procedimiento judicial; previo a instar la acción de amparo, lo que no realizó en lo particular, ya que no desahogó la prevención que se le formuló el veintidós de noviembre pasado, en el sentido de que informara si contra el acto reclamado interpuso algún recurso; y de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, no se advierte que lo haya realizado, por lo que el impetrante acudió directamente a la sede constitucional a ventilar su reclamo. ....En consecuencia, acorde a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 113 de la misma legislación, SE DESECHA LA DEMANDA.
- Principal
MESA 0. Agréguese el oficio remitido vía interconexión por la licenciada ..., defensora pública designada para representar al quejoso .... (cargo que acredita con las copias que anexa de la cédula profesional y credencial laboral); en atención a su contenido, se le tiene aceptando y protestando el cargo conferido en este juicio de amparo. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De igual manera, se tiene el correo electrónico que proporciona, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva, se requiere a la profesionista para que acredite ante este juzgado, la asesoría jurídica que proporcione al justiciable, acorde con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a lo previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Lo cual podrá realizar vía correo electrónico institucional a la dirección 10jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx, o puede hacer uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la ley de la materia.
- Principal
MESA 0. Agréguese a los autos el oficio del Director de la Defensoría Pública en la Ciudad de México, mediante el cual, informa que la licenciada ********************, ha sido designada para asesorar jurídicamente al quejoso. En consecuencia, requiérasele para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, proteste y acepte el cargo conferido; lo que podrá hacer mediante oficio, en el que, deberá adjuntar copia simple de la cédula profesional y credencial que lo acredite como servidor público; asimismo, se le exhorta para que transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
MESA O. Quejoso solicita se le designe un defensor publico... se ordena girar el oficio correspondiente para tal designación.
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