Rodrigo Calleja Guerrero
Expediente 399/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rodrigo Calleja Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la tercero interesada; en su atención, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita por duplicado, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 399/2018-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que el Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I al IX; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 399/2018-III, promovido por RODRIGO CALLEJA GUERRERO, constante de ciento cincuenta y cinco fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y nueve anexos. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 399/2018-lll del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 340/2018-lll del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Rodrigo Calleja Guerrero, por propio derecho, en contra de actos de la juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciocho (fojas 2 a 20), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Rodrigo Calleja Guerrero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcribe: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- ? JUEZ SÉPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio ampliamente conocido. ? SECRETARIO DE ACUERDOS ADSCRITO A LA TERCERA SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, con domicilio ampliamente conocido. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. EL SENTENCIA (sic) INTERLOCUTORIA DE FECHA 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, DICTADA DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 90/2012, RADICADO EN LA TERCERA SECRETARIA DEL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, SOBRE EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR EL SUSCRITO EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. Dicho acto le es atribuido a ambas autoridades, toda vez que son quienes firman la sentencia que se combate, al fungir una en su carácter de juez y otro en su carácter de secretario de acuerdos". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, cuyo titular, mediante proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 30 a 34) la registró con el número 340/2018-lll, desechó parcialmente la demanda respecto del Secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y la admitió a trámite únicamente respecto del acto atribuido a la Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; reconoció como tercera interesada a Blanca Olivia Nájera Guerrero, a quien emplazó a juicio el veinte de marzo de dos mil dieciocho (fojas 40 y 41); le designó representante legal al menor A. C. N., quien aceptó el cargo conferido en acta de dos de mayo de dos mil dieciocho y formuló alegatos (fojas 129 y 135 a 137, respectivamente); de igual manera, se emplazó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Finalmente, a las once horas con treinta y cuatro minutos del día veintiuno de junio de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que obra a foja 138 del juicio de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 139), el juez federal auxiliado ordenó la remisión del expediente del juicio de amparo 399/2018-IIl de su índice, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento a la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en el dictado de sentencias de juicios de amparo indirecto; así, este juzgado federal se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 340/2018-III; por tanto, al haber iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, residente en Guanajuato, Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto que se pretende ejecutar en Cuernavaca, Morelos, lugar en el que ejerce jurisdicción el juzgado auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado, lo constituye: La resolución de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 90/2012 sobre divorcio necesario, promovido por Blanca Olivia Nájera Guerrero en contra de Rodrigo Calleja Guerrero, en la cual la responsable declara infundado el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete. Acto reclamado de la siguiente autoridad responsable: Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (foja 57) al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. En consecuencia, debe tenerse por cierto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En adición a lo anterior, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que la autoridad responsable, Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, acompañó a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente 90/2012 relativo al divorcio necesario promovido por Blanca Olivia Nájera Guerrero en contra de Rodrigo Calleja Guerrero; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por escrito presentado el diez de enero de dos mil once ante la Oficialía de Partes Común del Primer Distrito Judicial, Blanca Olivia Nájera Guerrero, demandó el divorcio necesario a Rodrigo Calleja Guerrero, entre otras prestaciones (fojas 3 a 14 del tomo I de pruebas). 2. En auto de la misma fecha, la juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda la que registró con el número 17/2011, y ordenó emplazar al demandado (fojas 24 y 25 del tomo I de pruebas). 3. Por resolución de veintitrés de enero de dos mil doce, dictada en autos del toca civil 1901/2011-5-15 se declaró fundada la excusa planteada por la juez Sexto Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, y correspondió continuar conociendo del juicio a la juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, residente en Cuernavaca que se registró bajo el número de expediente 90/2012 (fojas 551 a 556 del tomo I de pruebas). 4. Seguido el trámite del expediente de origen, el veintisiete de abril de dos mil doce, se dictó resolución en que por una parte se declaró que la actora acreditó algunas de las pretensiones ahí relatadas y respecto de otras se absolvió al demandado; se declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a la actora y demandado; se dejó a la actora en aptitud legal y libertad de contraer nuevas nupcias; la guardia y custodia de los menores A. M. C. N. y A. C. N. a cargo de la actora; se determinó como pensión alimenticia definitiva en favor de los hijos menores de edad, la cantidad de veinte mil pesos mensuales y cinco mil pesos en favor de la actora; y se condenó al demandado al pago del cincuenta por ciento de los bienes de su propiedad obtenidos durante el matrimonio como indemnización (fojas 14 a 59, tomo II de pruebas). 5. Inconforme con esa determinación, el demandado interpuso recurso de apelación correspondiendo el número de toca civil 875/12-16, que el diez de septiembre de dos mil doce, fue modificada en los resolutivos noveno y décimo primero por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, residente en Cuernavaca, Morelos (fojas 74 a 91, del tomo II del cuaderno de pruebas); resolución que fue combatida por la actora principal mediante el juicio de amparo directo 750/2012, resuelto por el otrora Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, concediendo el amparo, cuyo cumplimiento se realizó por la sala respectiva el veintidós de abril de dos mil trece (foja 107 a 126 del tomo II de pruebas); resolución con la cual se inconformó el quejoso Rodrigo Calleja Guerrero, al promover el juicio de amparo directo 780/2013, el que fue resuelto por el citado tribunal colegiado, negándole el amparo en sentencia de dieciséis de octubre de dos mil catorce (fojas 230 a 248 del tomo II de pruebas). 6. En etapa de ejecución de sentencia, mediante escrito presentado por la tercero interesada Blanca Olivia Nájera Guerrero el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el incumplimiento del quejoso Rodrigo Calleja Guerrero de sus obligaciones alimentarias, solicitó se aplicara en su contra la medida de apremio consistente en el arresto, establecida en el artículo 124 del Código Procesal Familiar (fojas 479 y 480, del tomo II del cuaderno de pruebas); lo que fue atendido en auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, requiriendo al demandado aquí quejoso, para que en el plazo de cinco días, exhibiera la pensión alimenticia a la que fue condenado y acreditara estar al corriente con los pagos, apercibido que de no hacerlo, se aplicarían en su contra los medios de apremio establecidos en el mencionado precepto (foja 481, del tomo II de pruebas). 7. En contra de esta última determinación, el ahora quejoso interpuso recurso de revocación mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 490 a 497, del tomo II de pruebas), el cual se resolvió el nueve de febrero de dos mil dieciocho, declarando infundado tal medio de impugnación (fojas 2 a 6 del tomo III de pruebas). Esta última resolución es la que constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia del juicio. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En efecto, quien esto resuelve advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, lo cual indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución [.]." De acuerdo con lo establecido en los referidos preceptos legales, el juicio de amparo indirecto será procedente únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total del fallo, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese entendido, si el acto reclamado no constituye la última resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado en el juicio natural o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, no es procedente el amparo, de acuerdo al segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior así, puesto que los actos relativos a preparar y lograr la ejecución del fallo no pueden ser conceptuados como determinaciones judiciales en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de mismo, o se declare la imposibilidad material o jurídica para realizarlo, y por tanto, no pueden estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo. Es necesario reiterar que la resolución reclamada es un acto tendente a ejecutar la sentencia condenatoria dictada en el juicio de origen, dado que en dicha determinación la juez responsable requirió al quejoso el pago de las cantidades adeudadas por concepto de la pensión alimenticia impuesta en su contra, y que acreditara estar al corriente con los pagos, ello con la finalidad de continuar con el cumplimiento de la sentencia firme (dictada en cumplimiento a lo resuelto en el juicio de amparo directo 750/2012, resuelto por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito), donde se le condenó al pago de la cantidad de $5,000 (cinco mil pesos 00/100 m. n.) mensuales, que debería depositar quincenalmente ante el órgano jurisdiccional de origen, mediante certificado de entero expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, cuya cumplimentación se encuentra pendiente. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de los actos reclamados, así como de la etapa del juicio de origen en que se encuentra, se evidencia que la resolución que el quejoso considera le irroga un perjuicio, no puede ser considerada como la última resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia ante la responsable, toda vez que, tal y como se advierte de los antecedentes del acto reclamado precisados en el considerando que antecede y del análisis acucioso de las constancias del juicio de origen que remitió la responsable para sustentar sus afirmaciones, no se desprende de autos del juicio natural, algún proveído en el que se haya aprobado o reconocido el cumplimiento total de lo sentenciado; tampoco se evidencia que se haya emitido algún pronunciamiento con el fin de declarar la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la sentencia, ni que se haya ordenado el archivo del expediente; ni mucho menos el otorgamiento en forma definitiva de alguna escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados; máxime si en el caso el acto reclamado no es parte de un procedimiento de remate. Por lo tanto, la resolución de nueve de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el juicio 90/2012 del índice de la responsable, no constituye la última resolución emitida en la etapa de ejecución del referido juicio. Es importante resaltar, que las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencia, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta que al existir una sentencia ejecutoria debe evitarse obstaculizar el procedimiento tendente a cumplimentarla; máxime que la que se intenta cumplir en el juicio de origen, ya fue analizada en instancia constitucional en dos ocasiones (juicios de amparo directo 750/2012 y 780/2013, ambos del índice del otrora Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito), de ahí que el juicio de amparo indirecto solo proceda contra la última resolución. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis II.2o.C.389 C , emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." De igual forma, en lo conducente, la jurisprudencia 32/2001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." (Lo resaltado y enmarcado no es de origen)". Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis VIII/98 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." En consecuencia, el disconforme Rodrigo Calleja Guerrero, debe esperar a que se dicte la aludida resolución con la que culmine el aludido procedimiento de ejecución de sentencia, pues solamente así estará en aptitud de promover el amparo contra las determinaciones que considere le generan un perjuicio por parte de la responsable y las diversas que ocurrieran en esa etapa, que lo hayan dejado sin defensa y trasciendan al resultado. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, impidiendo tal circunstancia el estudio y análisis del concepto de violación hecho valer. Siendo aplicable la jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, en relación con los alegatos formulados por la tercero interesada, resta señalar que estos no forman parte de la litis, por lo que no existe obligación de dar respuesta a ellos, aunado a que el sentido de lo resuelto comulga con lo peticionado. Sustenta tal consideración, la jurisprudencia 27/94 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rodrigo Calleja Guerrero, por propio derecho, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de esta resolución; de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el juez José Alfredo Sánchez García, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido del secretario Cuauhtémoc Fuentes Rodríguez, que firma y da fe, hoy dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte REPRESENTANTE ESPECIAL, la resolución de dieciséis y auto de veintiuno de agosto del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 399/2018-III, promovido por RODRIGO CALLEJA GUERRERO, constante de ciento cincuenta y cinco fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, en la que determinó sobreseer en el juicio; así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la resolución referida y nueve anexos. Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rodrigo Calleja Guerrero, por propio derecho, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de esta resolución; de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia.
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