Rodrigo Benito Messenguer Castillo

Expediente 645/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
645/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2020

Partes del expediente

  • Rodrigo Benito Messenguer Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos, agréguese a los presentes autos, el oficio de cuenta enviado por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional el auto del veintiocho de agosto de dos mil veinte en el cual aceptó la competencia declinada por este Juzgado para conocer de la demanda de amparo relativa al presente asunto, la cual registró bajo el toca 830/2020-II de su estadística. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito, y de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y tomando en consideración que en el cuaderno de antecedentes en que se actúa no obran agregados documentos originales, se determina que es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el tres de los actuales entró en vigor el "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19" aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria del veintiocho de julio de dos mil veinte, en específico los artículos 1° y 2°, fracción II, a través de los cuales se establecen reglas para la reanudación en su totalidad de las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, permaneciendo las medidas de seguridad tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, así como el levantamiento de la suspensión de plazos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. En ese sentido, vista la demanda de cuenta, promovida por Rodrigo Benito Messenguer Castillo, por su propio derecho, en contra de actos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XIII, 127 fracción I, V, VI y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 645/2020. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del presente asunto, en principio debe señalarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte promovente señala como actos reclamados los siguientes: Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro a la letra dice "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Una vez precisados el acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si este Juzgado de Distrito tiene o no competencia legal para conocer del presente asunto, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época TRÁMITE 3 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, cuyo rubro es: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Por territorio; b) Por materia; c) Por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.14o.C.8 K, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 183,506, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO." También sirve de apoyo el razonamiento que se contiene en la jurisprudencia P./J. 83/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. En ese orden de ideas, tratándose del juicio de amparo, la competencia por razón de materia se regula en los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, como se puede advertir de los artículos 52 y 55 de la citada ley, establecen la competencia para los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, respectivamente, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.] Artículo 55. Los Jueces de Distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden. II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De los preceptos reproducidos se constata que a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa les corresponde conocer del amparo presentado contra los actos provenientes de un acto de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales, o de aquellos actos de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido este; refutando leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o bien para oponerse a actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido; además de las denuncias por incumplimiento a declaratorias de inconstitucionalidad respecto de normas de carácter administrativo. Por su parte, los Jueces de Distrito en Materia Laboral tienen a su cargo la incoación, trámite y resolución de los amparos que se promueven para reclamar resoluciones del orden laboral o de actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste; impugnando leyes y disposiciones de observancia general en materia laboral, y de cualquier asunto de competencia de los Juzgados de Distrito en materia de amparo que no sea competencia de los Juzgados de Distrito en materia administrativa, civil o penal, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias de inconstitucionalidad respecto de leyes en materia de trabajo. Como se ve, estos numerales distribuyen la competencia con base en dos elementos fundamentales: la naturaleza del acto reclamado y el carácter de la autoridad responsable. La naturaleza del acto controvertido, como criterio de asignación de competencia, toma en consideración la creciente necesidad de conocimientos especializados respecto de las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate. De acuerdo con esto, la esencia del acto reclamado cobrará mayor relevancia para definir la atribución específica de los juzgados de distrito, porque de ese modo se logra que la litis constitucional sea decidida por el órgano jurisdiccional más afín por razón de materia. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito, se debe atender a la naturaleza del acto y no a la relación jurídica sustancial de las partes, pues tal aspecto será materia del fondo del asunto, por lo que para efectos de fijar la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto, deben analizarse, como se dijo, las prestaciones reclamadas, los hechos narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cuestiones, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos resulta ser el adecuado para conocer del asunto respectivo, como serían en este caso, el que deba analizar el presente juicio. Ahora bien, conviene tener presente que toda controversia que apunte a la preservación de derechos laborales, se encuentra enmarcada en los objetivos del derecho del trabajo y; en consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo, el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación laboral y sus conflictos. Atendiendo a los criterios para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, se considera que el acto reclamado es de naturaleza laboral, en atención a lo siguiente: la parte quejosa se duele de la emisión de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, para el personal del Ministerio Público, Policía Judicial y Rama de Servicios Periciales y apoyo al Ministerio Público y nuevo sistema de Justicia Penal, todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como su aplicación. or lo cual, este órgano jurisdiccional observa que los actos reclamados son de naturaleza eminentemente laboral, toda vez que se está en presencia de un conflicto entre el quejoso y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo, ya que la naturaleza de las funciones que desempeña el quejoso con motivo del puesto que ostenta en la citada Fiscalía no encuadran en el supuesto normativo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal. En efecto, no podrían analizarse los actos reclamados que ahora se combaten de manera aislada respecto del quejoso en cita, esto es, bajo la óptica de un asunto de carácter administrativo, sino que para analizar su constitucionalidad el juzgador del conocimiento requiere necesariamente verificar el cumplimiento de normas de carácter netamente laboral. Al respeto, resulta pertinente citar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. (.)" En lo que interesa, se advierte que el dispositivo constitucional citado establece que las relaciones del Estado con sus servidores públicos es de naturaleza laboral reguladas por la ley de la materia; empero, que esta regla general es inaplicable cuando se trata de Militares, Marinos, personal del servicio exterior, Agentes del Ministerio Público, Peritos, y los miembros de instituciones policiales, pues para estos funcionarios, prevé un régimen de excepción al indicar que la relación con éstos habrá de regirse por sus propias leyes y no por las laborales. Lo anterior es así, en atención a que el Máximo Tribunal del país ya determinó que por tratarse de un caso de excepción, la fracción XIII, párrafo primero, del citado numeral, debe interpretarse de manera restrictiva, concluyendo que este supuesto se actualiza sólo respecto de aquellos servidores previstos en dicho apartado, sin que pueda incluirse algún otro, tal como se ve de la siguiente transcripción: esta Segunda Sala considera que la interpretación auténtica del apartado B del artículo 123 constitucional, esto es, la interpretación derivada expresamente de la exposición de motivos de las reformas que configuran su contenido, arroja en primer lugar, que el derecho laboral burocrático fue consagrado en nuestra Constitución para otorgar una protección a todos los trabajadores del Estado, como regla general plasmada en el primer párrafo de dicho apartado; y que por excepción, los servidores públicos que desempeñen funciones que por su importancia, incidan en el orden, la estabilidad y defensa de la nación, pueden considerarse excluidos de ese régimen burocrático y, por ende, encuadrados en la fracción XIII del apartado B de dicho precepto constitucional. 46. Asimismo, y por su carácter excepcional, dicha fracción debe interpretarse restrictivamente, tan es así, que en aquellos casos en los que el Constituyente ha considerado que cierta función de determinados servidores públicos incide de manera importante en el orden, la estabilidad y defensa de la nación, o en su imagen externa, ha reformado el precepto constitucional en cita, para incluirlos expresa y nominalmente, de lo que se deriva que la calificación de la importancia de esas funciones públicas, únicamente la determina el Constituyente. 47. A partir de todos los argumentos anteriores, a juicio de esta Segunda Sala, debe sostenerse el criterio según el cual, el régimen jurídico administrativo que rige las relaciones relacionadas con la prestación de servicios de los servidores públicos, aunque es conceptualmente originario a dichas relaciones, dentro de nuestro marco constitucional es un régimen de excepción, pues salvo los servidores públicos expresa y limitativamente enumerados en la fracción XIII en cita, todos los demás funcionarios públicos, cuya relación de prestación de servicios deba regirse por el apartado B del artículo 123 constitucional, deben estar protegidos por el derecho laboral configurado en las demás fracciones de dicho apartado." Consideraciones que se encuentran insertas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 89/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el página 1249, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "SECRETARIOS Y ACTUARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE JALISCO. EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN LOCAL ES COMPETENTE PARA CONOCER SOBRE DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LA FISCALÍA GENERAL (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA) QUE VERSEN SOBRE SU RELACIÓN JURÍDICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. De la interpretación de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a luz de la exposición de motivos de la reforma que le dio origen, se advierte que el régimen jurídico administrativo al que este precepto constitucional se refiere, es excepcional y rige únicamente a aquellos servidores públicos que han sido enumerados expresa y limitativamente en esa fracción, por desempeñar funciones de tal importancia que inciden en el orden, la estabilidad y la defensa de la nación, o en su imagen externa; por lo tanto, los demás funcionarios públicos sujetos al apartado B del artículo 123 constitucional, deben estar protegidos por el derecho laboral configurado en las demás fracciones del aludido apartado. Conforme a lo anterior, el hecho de que la legislación del Estado de Jalisco disponga que los secretarios y actuarios del Ministerio Público deben regirse por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, en el que no se encuentran expresamente contemplados, no debe ser obstáculo para que sean protegidos por el derecho burocrático y, por ende, su relación jurídica con el Estado, que tenga por objeto la prestación de sus servicios, debe considerarse de naturaleza laboral. En consecuencia, para conocer de una demanda promovida contra la Fiscalía General (antes Procuraduría General de Justicia) del Estado de Jalisco, en la que se planteen pretensiones que versen sobre el nombramiento, o bien, la prestación de servicios de los secretarios o actuarios del Ministerio Público adscritos a dicha Fiscalía, cuestiones que son de naturaleza laboral, es competente el Tribunal de Arbitraje y Escalafón local. Por otro lado, es conveniente puntualizar que la superioridad determinó que los "miembros de las instituciones policiales", son aquellos que realizan efectivamente las funciones de policía, o bien, que éstas sean similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública, como se ve, en lo conducente, de la jurisprudencia 2a./J. 67/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 957, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Bajo este contexto y tomando en consideración que las constancias que fueron remitidas por el promovente se advierte que Rodrigo Benito Messenguer Castillo, ostenta el cargo de Auxiliar de Bodega; por tanto, no se trata de un "Militar", "Marino", "personal del servicio exterior", "Agente del Ministerio Público", o "Perito"; entonces, lo procedente es corroborar que las funciones encomendadas a quienes ocupan dichos cargos dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no son policiacas o similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables puedan tener la naturaleza administrativa, pues los actos impugnados, como han quedado apuntados, son eminentemente laborales, por lo que es claro que debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación antes transcrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diez, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 205-216 Primera Parte, Séptima ...n tales condiciones, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara que no es legalmente competente, por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rodrigo Benito Messenguer Castillo, por propio derecho, en contra de los actos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y otras autoridades, en virtud de que la naturaleza de los actos reclamados por esta vía, tiene su origen en una litis de carácter laboral y, por tanto, tiene que analizarse bajo la óptica de disposiciones jurídicas aplicables en esa materia. La presente determinación respeta el principio de especialización que justifica la creación de órganos jurisdiccionales especializados y, por ello, el artículo 17, constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en la impartición de justicia, dado que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho, quienes, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. En consecuencia, de conformidad con los artículos 52 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en cumplimiento al primer párrafo del artículo 48, de la Ley de Amparo, líbrese atento oficio al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, acompañándole de escrito inicial de demanda y sus anexos originales glosados, con el objeto de informarle la presente resolución, y para que tenga a bien determinar si acepta la competencia propuesta, solicitándole que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo y comunique su determinación. Ahora bien, con las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, no ha lugar a notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". En otro contexto, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que refirió en el proemio del ocurso que se acuerda y tomando en consideración la certificación secretarial que antecede, se tiene como sus autorizados en amplios términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Humberto Terrazas Habana, María Luisa Campos Aragón, Lucia Valadez Nolasco, Daniel Alejandro López Luna, Dulce Jocelyn Sánchez Macias, Tanea Elizabeth Ramírez Martínez. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.1 En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo, así como notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ cumpliendo con los requisitos que establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince. Por otro lado, se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Por otra parte, no ha lugar de acordar de conformidad lo solicitado en su petitorio octavo, toda vez que no anexa el acuse del registro de usuario. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFÍQUESE.

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