Rodrigo Augusto Solis Cano
Expediente 484/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 85 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 85
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rodrigo Augusto Solis Cano
- Agente del Ministerio Público Adscrita A la Fiscalía General del Estado de Puebla (Ingrid Janette Limón Condado)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 85.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los presentes autos el oficio 24125/2022, signado electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, visto su contenido se provee: Con fundamento en el artículo 3 párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye al oficial judicial "A", para que habilite la disponibilidad del expediente electrónico del juicio de amparo ********************, del ordinal de este Juzgado, a efecto de que se vincule con el diverso juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por tanto, hágase del conocimiento del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la presente determinación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL OFICIAL JUDICIAL "A" ADSCRITO A ESTE JUZGADO ADSCRITO A ESTE JUZGADO, POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN INTERNA; POR OFICIO AL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA Y CÚMPLASE.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Martha Graciela Lemus Barajas, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Oomr. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado a nombre de Rodrigo Solís Cano, por medio del cual, se solicita copias certificadas de todos y cada uno de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y, se autoriza para que a su nombre y representación las reciban, a las personas que se indica en el libelo de cuenta. Al respecto, dígase al ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, por no ser parte en el presente juicio, acorde a lo establecido en el artículo 6°, de la Ley de Amparo, toda vez que por resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se determinó que la firma que calza la demanda de amparo -que dio origen al presente juicio-, no fue estampada del puño y letra de quien figuró como quejoso "Rodrigo Augusto Solís Cano", pues quedó demostrado -a través de la prueba pericial en materia de grafoscopía- que tal signatura es apócrifa; por ende, ante la falta de voluntad del quejoso para instar y proseguir el presente sumario constitucional, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en este sumario constitucional, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, 6°, párrafo primero y 15, todos de la Ley de Amparo. Aunado a lo antes expuesto, quien se ostentó como quejoso en el presente juicio, fue Rodrigo Augusto Solís Cano y no Rodrigo Solís Cano, como se signa el ocurso de cuenta. Notifíquese personalmente a quien se ostentó como quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, al resultar innecesaria la conservación de las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público: Ingrid Janette Limón Condado, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla (anexo I), se ordena devolverlas a su lugar de origen; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la autoridad en mención es local, por lo que el actuario de la adscripción encargado de practicar dicha diligencia, tendrá que verificar que la autoridad en cita asiente su recepción. Notifíquese personalmente a quien se ostentó como quejoso en el lugar de su reclusión; por lista a su defensora pública y a las autoridades responsables particulares; y, por oficio al resto de las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE AUTORIDAD RESPONSABLE Rafael Cortés Medellín (en su momento) EL ACUERDO DE 31 DE mayo DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. DEFENSORA PÚBLICA DESAHOGA VISTA OTORGADA. Agréguese a los autos el escrito signado por Guicela Ortiz Torres, defensora pública del quejoso Rodrigo Augusto Solís Cano, por medio del cual desahoga la vista concedida en auto de veinte de mayo del actual año, respecto del dictamen en materia de grafoscopía rendido por la perito oficial designada por este juzgado; y, solicita que se dicte la resolución que en derecho corresponda. En tales condiciones toda vez que ha trascurrido el término de tres días concedido al resto de las partes en el citado auto de veinte de mayo del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto al dictamen pericial indicado, sin que lo hayan hecho, se estima oportuno proveer lo siguiente: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de un análisis integral de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que mediante escrito presentado -aparentemente- por el quejoso el veintinueve de junio de dos mil veintiuno (fojas 107 a 110), dicho sujeto procesal ofreció como pruebas de su parte para acreditar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, entre otras: i) la ratificación de contenido y firma de los ocursos que adjuntó a ese libelo; y, ii) el informe que se sirviera remitir el representante legal del "Hotel Kioto", respecto a los tópicos destacados en el propio escrito. Al respecto, en auto de treinta de junio del mismo año (fojas 111 y 112) este juzgado de Distrito reservó proveer lo conducente a dichos medios de convicción hasta en tanto obraran la totalidad de informes justificados de las autoridades responsables. Ahora bien, no obstante que esa condición ya se cumplió [dado que en autos ya obran la totalidad de informes de ley], lo cierto es que esta autoridad federal estima innecesario pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas señaladas, pues de las constancias que integran este sumario, se estima actualizada una causal de improcedencia que implicará el sobreseimiento en el juicio, como más adelante se explicará. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Precisado lo anterior, con base en las constancias que obran en autos y, específicamente, en la prueba pericial en grafoscopía ordenada por este juzgado Federal -y desahogada por la perita oficial designada-, se advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5° de la Ley de Amparo-, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Del estado de autos, se advierte que el tres de marzo de dos mil veintidós (fojas 507 a 511), este juzgador, a simple vista, advirtió la existencia de diferencias notorias entre la firma que calza la demanda de amparo, y las diversas que estampó el peticionario de amparo ante la presencia judicial de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, en las diligencias en las que fue notificado personalmente -en el lugar de su reclusión- de acuerdos dictados en este sumario [por ejemplo, en las diligencias de notificación de los acuerdos de siete, veintidós y veintitrés de junio de dos mil veintiuno; dos y catorce de febrero de dos mil veintidós], así como en la diligencia de reconocimiento de firma de doce de julio de dos mil veintiuno -en donde reconoció como suya la firma que calza el escrito presentado el seis de los referidos mes y año-, tal como se advierte de las siguientes reproducciones: 1. Demanda de Amparo 2. Diligencia de notificación del auto de siete de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo el nueve siguiente. 3. Diligencia de notificación del auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo el veintitrés siguiente. 4. Diligencia de notificación del auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo el veinticinco siguiente. / 5. Diligencia de Reconocimiento de firma, llevada a cabo el doce de julio de dos mil veintiuno 6. Diligencia de notificación del auto de dos de febrero de dos mil veintidós, llevada a cabo el ocho siguiente. 7. Diligencia de notificación de auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, llevada a cabo el quince siguiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la ley de la materia, se estimó viable requerir al quejoso para que manifestara si reconocía o no el contenido de la demanda de amparo y la firma que calza el documento; lo que se llevó a cabo mediante diligencia desahogada el once de marzo de dos mil veintidós, en el Centro Penitenciario de Puebla, ante la actuaria judicial de la adscripción y en presencia de la defensora pública del peticionario de amparo (foja 515). En dicha diligencia, ante el cuestionamiento directo realizado por la fedataria judicial, el quejoso Rodrigo Augusto Solís Cano manifestó: "Sí reconozco el contenido, la firma y la elaboración de cada uno de mis escritos.". Luego, el catorce de marzo del año en curso (fojas 518 a 526), tomando en consideración que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa en un juicio de amparo se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, yante la presunta disparidad de firmas, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se consideró necesario el desahogo de una prueba pericial en materia de grafoscopía, a fin de indagar acerca de la autenticidad de la firma contenida en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 338/2016, estableció que cuando el juzgador aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, éste estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad, pues, por un lado señaló que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, indicó que dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. De igual forma, se hizo saber que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, ha considerado innecesaria la apertura oficiosa del incidente de falsedad de firma cuando se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía con el fin de verificar la autenticidad de la firma plasmada en la demanda de amparo, pues al resolver la contradicción de tesis 218/2020, determinó que no se trata de una prueba colegiada que requiera la participación de los peritos propuestos por las partes para ser integrada. Lo anterior, pues indicó que en atención a los principios de celeridad y economía procesal que caracterizan al juicio de amparo como un procedimiento sumario, así como a la mecánica para el trámite y desahogo de la prueba pericial regulados en la Ley de Amparo, para el desahogo de la prueba pericial en materia grafoscópica para dilucidar la autenticidad de la firma del promovente del amparo, basta con el desahogo del peritaje oficial para que el órgano jurisdiccional se informe suficientemente para determinar la autenticidad o falsedad de la firma cuestionada, por lo cual resulta innecesaria la apertura oficiosa del incidente respectivo, sin que ello signifique que la parte quejosa quede en un estado de indefensión, pues no hay impedimento alguno para que designe un perito de su parte y promueva el incidente respectivo si así lo estima pertinente; de lo contrario, sólo se retrasaría la solución del juicio, en detrimento del principio de justicia expedita previsto en el artículo 17 constitucional. Así, en el mencionado auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, se hizo saber a las partes que se tendrían como firmas indubitables, para el cotejo respecto de la firma plasmada en el escrito de demanda (dubitable), las firmas que estampó el peticionario de amparo ante la presencia judicial de los actuarios adscritos a este juzgado, en las diligencias en las que fue notificado personalmente -en el lugar de su reclusión- de los acuerdos dictados en este sumario, así como la signatura hecha por el quejoso en la diligencia de reconocimiento de firma, desahogada el once de marzo del año en curso, en donde reconoció como suya la firma que calza el escrito inicial de demanda. Al respecto, se indicó que las aludidas firmas se establecieron como indubitables, de conformidad con el artículo 140, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria de la Ley de Amparo-, en virtud de que aquéllas fueron estampadas en presencia de funcionarios revestidos con fe pública -actuarios adscritos a este órgano de control constitucional-; de modo que existía la certeza que los indicados signos gráficos se estamparon ante ellos y que la autoría de quien los realizó no estaría a discusión. Luego, a pesar de la fijación de las aludidas firmas indubitables, en virtud de una solicitud formulada por Aleyda García Cabrera, perita en materia de grafoscopía designada por este órgano jurisdiccional, por acuerdo dictado el dos de mayo de dos mil veintidós, se ordenó desahogar una diligencia de muestra de escritura y firmas ante la presencia judicial; ello, con el objeto de que la citada experta contara con mayores elementos para dictaminar. Posteriormente, el nueve de mayo de dos mil veintidós (fojas 612 a 616) se llevó a cabo la diligencia de muestra de escritura y firmas realizada por el ahora quejoso ante la presencia de la actuaria judicial adscrita, la perita en grafoscopía y la defensora pública de aquél, al tenor del acta levantada en la aludida fecha. Entonces, con base en tales elementos, la mencionada experta en la materia Aleyda García Cabrera, emitió su dictamen número de folio 4489/2022, el cual presentó -vía electrónica- el doce de mayo de dos mil veintidós (fojas 626 a 634). Ahora bien, a efecto de analizar el contenido del dictamen rendido por la perito oficial, cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada -de contenido idéntico al de los artículos 119 y 120 de la ley de la materia-, estableció que la prueba pericial sería calificada por el juez según su prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino libre. En ese sentido, la perito oficial, al emitir su dictamen, expuso y concluyó que la firma que obra al calce del escrito de demanda -que dio origen a este juicio- no corresponde por su ejecución al quejoso Rodrigo Augusto Solís Cano; ello, con base en las razones de índole técnica explicadas en el propio dictamen. Al respecto, del dictamen citado, se advierte que la experta describió el documento cuestionado y los documentos base de cotejo, como se reproduce a continuación: Descripción del documento cuestionado. Es motivo del presente estudio: 1.--Tipo de documento: Escrito de demanda de amparo. -- Fecha: 24 de mayo del 2021 -- Presentada en fecha: 25 MAYO 2021 -- Obra de foja 2 a 19 -- Firma al calce sobre una línea negra y el texto que a la letra dice "Rodrigo Augusto Solís Cano". Descripción de los documentos base de cotejo. A --Tipo de documento: Notificación -- Fecha: quince de marzo de dos mil veintidós -- Firma sobre el texto que a la letra dice "Rodrigo Augusto Solís Cano" B --Tipo de documento: Notificación -- Fecha: veintinueve de octubre de dos mil veintidós -- Firma sobre el texto que a la letra dice "Rodrigo Augusto Solís Cano" C --Tipo de documento: Notificación -- Fecha: 14 de julio de dos mil veintidós -- Firma sobre el texto que a la letra dice "Rodrigo Augusto Solís Cano" (.) D.--Tipo de documento: Muestra de escritura y firmas -- A nombre de Rodrigo Augusto Solís Cano -- De fecha nueve de mayo de dos mil veintidós -- Constante de cuatro hojas útiles por su anverso, tamaño oficio. Además, refirió que si bien existen otras diligencias donde obran firmas del quejoso, únicamente tomó en cuenta las antes descritas por ser homólogas a la firma cuestionada; dado que advirtió que el quejoso presenta más de un diseño de firma. Enseguida, indicó la especialista que observó reiterada y metodológicamente tanto las firmas base de cotejo, como la firma cuestionada, con el fin de identificar sus características de orden general y sus particularidades gráficas; observando, de acuerdo con la ubicación de los elementos gráficos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siguiendo el desarrollo de cada uno de sus elementos gráficos con el auxilio de una lupa de 30X y 60X con luz blanca, trasluz, luz rasante; y, una cámara fotográfica, Marca Canon, Modelo EOS T7, con lente Ef-S 1855 mm y lente macro EFS 60mm. Con lo anterior, al realizar un análisis comparativo entre los elementos indubitables y dubitables, la perita oficial advirtió lo siguiente: En cuanto sus características del orden general: CARACS. DE ORDEN GENERAL FIRMAS BASE DE COTEJO FIRMA CUESTIONADA Inclinación Ligeramente a la derecha Erguida Dirección Horizontal Horizontal Alineamiento básico Recto Recto Presión muscular Mixta Mixta Tensión de línea Media Firme Velocidad escritural Rápida Media Habilidad escritural Buena Media Por lo que se refiere a gestos gráficos: PARTICULARIDADES GRÁFICAS FIRMAS BASE DE COTEJO FIRMA CUESTIONADA Primer momento gráfico 1.- Rasgo inicial en gancho 2.- Rasgo final en arpón 1.- Rasgo inicial redondo 2.- Rasgo final redondo Segundo momento gráfico 3.- Trazos en columpio con ángulo o ligeramente angulosos 4.- Gaza posterior con poca o nula luz virtual 5.- Base de la gaza del trazo posterior por arriba de la base de la gaza anterior 6.- Rasgo final en arpón 3.- Trazos en columpio curvos 4.- Gaza posterior con luz virtual 5.- Base de la gaza del trazo posterior por abajo de la base de la gaza anterior 6.- Rasgo final redondo Trazo horizontal superior 7.- Rasgo inicial en arpón 8.- Rasgo final desvaneciente 7.- Rasgo inicial en arpón 8.- Rasgo final en arpón Trazo a manera de "C" 9.- Trazo apoyado 9.- Trazo brisado Trazo horizontal inferior 10.- Trazo regresivo 10.- Trazo no regresivo De lo anterior, se advierte que la experta realizó una descripción comparativa de la firma que calza el escrito de demanda de amparo y las estampadas en los documentos que tomó como base al realizar el comparativo -indubitables-; ello, al confrontar y comparar gráficamente las mismas. Así, del estudio efectuado la especialista indicó que entre las firmas base de cotejo y la firma cuestionada, existen notables y significativas DIFERENCIAS. De ahí, que lo expresado por la perita oficial otorga convicción en este juzgador, pues corrobora lo que a simple vista se advirtió oficiosamente, es decir, que la firma cuestionada es diferente de las auténticas. En efecto, la experta en la materia confirmó que de una comparación entre la firma dubitable y las indubitables, se aprecian diferencias notables y significativas en sus características generales y en sus gestos gráficos, es decir, que no corresponden a un mismo origen gráfico, no tienen la misma inclinación, tensión, velocidad y habilidad escritural; sus rasgos iniciales, secundarios y finales, son diferentes; y, los trazos tampoco son iguales. Debe decirse que el dictamen pericial es un auxiliar eficaz para el funcionario que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico, quien debe resolver conflictos que presentan aspectos complejos que exigen una preparación especializada de la cual carece. Por tanto, para que pueda ser estimado, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en éste se indique ha de ser accesible o entendible para la autoridad del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano. Por tales motivos, se colige que las firmas tanto dubitable como indubitables, no comparten elementos gráficos generales y particulares, situación que resultó apreciable para este juzgador mediante los sentidos al comparar las firmas referidas, y fue probado con la opinión de la experta en la materia; lo que lleva a determinar que la firma dubitada que calza la demanda de amparo no fue estampada por el quejoso Rodrigo Augusto Solís Cano. En ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia que deriva de relacionar lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, 6° párrafo primero, y 15 de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación de los citados artículos, se obtiene que el juicio de amparo: a) Tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que, en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. b) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; c) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, d) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Asimismo, conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. Ahora bien, en la especie, se cumple con el primero de los requisitos, pero no con el segundo; pues si bien la acción constitucional se instó contra actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como lo son la tortura y la desaparición forzada de persona, lo cierto es que el agraviado no se encontraba imposibilitado para promover directamente el amparo, pues según lo narrado en la propia demanda, los hechos que dieron origen a los actos reclamados acontecieron en marzo de dos mil catorce, mientras que el escrito inicial se presentó el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior, toda vez que la prueba pericial desahogada en autos aportó que la firma plasmada en la demanda de amparo es apócrifa, por no provenir del puño y letra del quejoso Rodrigo Augusto Solís Cano, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el amparo. Ello es así, pues aun cuando los actos reclamados afectan la esfera jurídica de quien aparece como promovente en la demanda, al no haber externado su voluntad de acudir al juicio de derechos fundamentales -mediante su firma-, se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe sobreseerse en el juicio. En tales condiciones, el juicio de amparo es improcedente cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, y es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho. Por tanto, al haber quedado demostrada -a través de la pericial relativa- la falta de voluntad del quejoso para instar y proseguir este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinticuatro minutos del siete de junio de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO POR HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO. El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. En ese sentido, de autos se advierte, en específico de la diligencia de once de marzo de dos mil veintidós, que el quejoso Rodrigo Augusto Solís Cano reconoció como suya la firma que calza el escrito inicial de demanda, no obstante que en la propia diligencia fue prevenido que, de no conducirse con la verdad, se actualizaría el delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal; asimismo, se le hizo saber que este juzgado federal se encontraba facultado para ordenar de oficio el peritaje correspondiente para dilucidar dicha situación y, de ser el caso, se procedería a realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial federal competente para iniciar la investigación criminal. Esto es así, pues afirmar hechos falsos, como manifestar haber suscrito la demanda cuando no fue así o presentar documentos con firmas falsificadas ante este órgano jurisdiccional, constituye un delito federal. Luego, se tiene que de la pericial en grafoscopía desahogada en autos, se concluyó que la firma que obra en la demanda de amparo es apócrifa, es decir, que no proviene del puño y letra de Rodrigo Augusto Solís Cano, lo cual significa que pudo haber afirmado hechos falsos ante esta autoridad. Por tanto, una vez que quede firme la presente determinación, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que inicie una investigación penal en contra de dicho sujeto, por los hechos antes aludidos y por los que pudieran derivar de su participación procesal en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a quien se ostentó como quejoso (en el lugar de su reclusión), a su defensora pública y a las autoridades responsables particulares; y, por oficio al resto de las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción..."
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