Rodrigo Arturo Ledesma Bouchan

Expediente 141/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
141/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • César Miguel Uribe Zurita
  • Rodrigo Arturo Ledesma Bouchan
  • Abraham Vázquez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Amparo en revisión

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, acusa recibo del oficio del índice de este Tribunal Federal, por el que se le remitió testimonio de la resolución dictada en el presente recurso, así como la totalidad de las constancias inherentes al recurso de revisión en que se actúa...agréguese a los autos el oficio de mérito para que surta los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que este asunto se resolvió en el sentido de modificar la sentencia impugnada y sobreseer en el juicio de amparo, asimismo se remitió el testimonio de dicha resolución, así como las constancias relativas al presente asunto a la autoridad recurrida, cuyo acuse de recibo se acuerda por este auto; en consecuencia, archívese este recurso como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno...se concluye que este expediente es susceptible de ser DESTRUIBLE, pues no contiene relevancia documental, ni documentos originales.

  2. Amparo en revisión

    I. SE MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA. II. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.

  3. Amparo en revisión

    Se tiene por recibido del escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso, desahoga la vista ordenada en auto de once de agosto de dos mil veintidós.agréguese a los autos el escrito que se provee, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la vista ordenada, respecto a las causales de improcedencia advertidas por este Órgano Jurisdiccional. Finalmente, en cumplimiento al citado proveído, devuélvase el presente asunto a la ponencia del Magistrado Fernando Sánchez Calderón, para los efectos legales procedentes.

  4. Amparo en revisión

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el presente asunto en sesión celebrada el diez de agosto de dos mil veintidós, se dejó en lista por los integrantes del Pleno de este Tribunal Colegiado, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el numeral referido en el párrafo que antecede, dése vista a la parte recurrente Rodrigo Arturo Ledesma Arcos y/o Rodrigo Arturo Ledesma Bouchan, por medio de su autorizado en términos amplios Elliot Manuel Yerena Vizcaya, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación por lista electrónica del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la causal de improcedencia que este Órgano Jurisdiccional advirtió actualizada de manera oficiosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, P./J.5/2015, (10), página 8, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." Así, se transcriben las consideraciones en que sustenta dicho criterio y que son del tenor siguiente: "CUARTO. Causal de improcedencia que conduce al sobreseimiento en el juicio de amparo. Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte la actualización de diversa causa de improcedencia a la decretada por la autoridad federal recurrida, respecto de los actos reclamados consistentes en los autos de ocho (en relación con la medida provisional relativa al otorgamiento de la guarda y custodia del menor ahí involucrado en favor de su progenitora), veinte, veintitrés y treinta todos de abril de dos mil veintiuno, emitidos por el Juez Quinto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en el expediente 282/2021, lo que conduce a modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo. En ese sentido, no es jurídicamente posible analizar los agravios, enderezados contra el sobreseimiento y la negativa del amparo decretados por el juez de distrito respecto de tales actos reclamados, toda vez que se advierte actualizada, de oficio, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 122/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 28, que establece: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme. También cabe citar la jurisprudencia 3a./J. 29/93 , emitida por la otrora Tercera Sala de nuestro más alto Tribunal de Justicia, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 72, Diciembre de 1993, página 39, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISION DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS ANALIZADOS POR EL INFERIOR. Si bien es cierto que cuando un Juez de Distrito desestima una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, si en la revisión no se formula ningún agravio el pronunciamiento debe tenerse firme, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia son de orden público y deben estudiarse de oficio. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" De la porción normativa citada, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud del cambio de situación jurídica del acto reclamado, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio, sin afectar la nueva situación jurídica. Por regla general, esta causa de improcedencia se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo, la tesis aislada 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, Novena Época, Registro digital: 199808, del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.". En el caso, la Secretaria del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, remitió copia autorizada electrónicamente por el titular de ese órgano jurisdiccional de la audiencia inicial celebrada el trece de junio de dos mil veintidós, en la controversia del orden familiar 282/2021, de su índice, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2 de la Ley de Amparo, audiencia de la que se advierte que entre otras, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: a) Se proveyó respecto de las pruebas ofertadas por Rodrigo Arturo Ledesma Ruchan. b) Se proveyó respecto de las pruebas ofertadas por Lorena Galán Suberza. c) Oficiosamente se ordenó el desahogo de las pruebas periciales en materia de psicología y trabajo social a cargo de las partes; y d) Se realizó la revisión de las medidas provisionales en los siguientes términos: "JUEZ ACUERDA.- De conformidad en lo previsto por los artículos 5.1 5,3 bis, 5.16, 5.44, 5.45 5,50 fracción V, 5.58 del código de procedimientos civiles, en relación con los diversos 4.126 4.127 4.130 4.135 4.136 4.145 4.203 4.205 del código civil vigente para el Estado de México, atendido a las manifestaciones de las partes, a las constancias de autos, y a los escritos registrados con el número de promoción 12008/2022 y 11900/2022 recibidos en la Oficialía de partes de este Juzgado y suscrito por el señor ARTURO LEDESMA ARCOS en su carácter de apoderado legal del señor RODRIGO ARTURO LEDESMA BOUCHAN, se tienen por hechas las manifestaciones de las partes pronunciadas en la apertura de la etapa que nos ocupa, así como las expuestas en los escritos de cuenta, las cuales se tiene por aquí reproducidas como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, y tomando en consideración las mismas así como las constancias de asuntos y los documentos que obran allegados al sumario, tomando en consideración que la cónyuge solicitante LORENA GALAN SUBERZA, y parte demandada en la presente controversia únicamente manifiesta su conformidad con las medidas provisionales que se encuentran decretadas en autos, y que la parte contraria señor RODRIGO LEDESMA BOUCHAN manifiestan conforme a los argumentos expuestos en sus escrito presentados los motivos por los cuales considera que debe ser modificada la medida provisional referente a la guarda y custodia del niño hijo de las partes, manifestaciones de las cuales se desprende y confesión expresa en el sentido de que no pudo ver y convivir con su hijo por un periodo mayo a nueve meses, lo que se corrobora con las constancias de autos, y la necesidad de que en su momento se determinará un régimen de visitas y convivencias supervisada. en el centro de Convivencias del poder judicial del Estado de México, con residencia en Ecatepec de Morelos, atendiendo al interés superior del niño involucrado en la presente controversia y de la obligación que tiene este juzgador de velar y salvaguardar en todo tiempo los derechos de los niños involucrados en las controversias judiciales así como garantizar la protección y prevalecer el interés superior de estos, de conformidad en lo previsto por los artículos 4 de constitucional y 3.1, 7.1, 8.1, 9.1. 16.1, 19.1 y 27.1 de la convención sobre los derechos del niño, así como 2, 6 y 9 de la Declaración de los Derechos del niño y los preceptos ya invocados del código civil adjetivo, a juicio de este juzgador los argumentos expuestos por la parte actora y cónyuge citado en la presente controversia, resultan insuficientes para modificar las medidas provisionales decretadas en autos, pues como ha quedado establecido, el niño hijo de las partes ha permaneciendo bajo la custodia de su progenitora por mayor tiempo, por lo que un cambio radical en el ambiente en el cual se encuentra habitando, y atendiendo a la edad del niño, podría resultar perjudicial para su sano integral desarrollo aunado a que no se encuentra justificado con documento fehaciente que dicho niño corra riesgo alguno bajo el cuidado de su progenitora, conforme a las medidas provisionales que han sido decretadas en autos, este órgano jurisdiccional considera que se encuentra garantizado por el momento lo referente a los derechos primordiales del niño, entre ellos al derecho a una familia y al convivencia con todos los miembros de su familia, conforme a la mediada decretada en proveído de fecha 14 de noviembre de 2021, en consecuencia considera pertinente confirmar las medidas provisionales decretadas en autos, en proveído de techa ocho de abril de dos mil veintiuno, y diecisiete de noviembre de 2021, referentes a la guarda y custodia provisional, pensión alimenticia provisional y régimen de visitas y convivencia provisional decretados en favor del niño de identidad reservada e iniciales C.R.L.G, tomando en consideración que no existen ninguna variación considerable en relación a las circunstancias bajo las cuales fueron decretadas dichas medidas en el entendido de que las mismas deberán de perdurar durante el tiempo que ocupe el presente procedimiento y solo podrán ser modificadas en sentencia definitiva,." De la referida audiencia inicial, se observa que el juez responsable confirmó la guarda y custodia del menor de edad en favor de la madre, determinación que, actualiza un cambio de situación jurídica, la cual hace improcedente el presente juicio de amparo. En efecto, la determinación reclamada emana de las medidas provisionales decretadas en la solicitud de divorció incausado tramitada por Lorena Galán Suberza, registrada con el número de expediente 282/2021, del índice del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México; sin embargo, como se evidenció, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo indirecto se tuvo conocimiento de una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud de los actos que reclamó en el amparo, a saber, la emitida en la audiencia inicial celebrada el trece de junio de dos mil veintiuno. Ello, puesto que en la citada audiencia inicial se confirmó la guarda y custodia del menor de edad en favor de la madre, de este modo, no puede decidirse sobre las determinaciones reclamadas (guarda y custodia provisional -auto de ocho de abril-, petición de desahogo de pruebas periciales en materia de psicología y trabajo social, negativa de modificación de guarda y custodia -autos de veinte y veintitrés de abril-, así como de la inadmisión del recurso de apelación interpuesto contra la decisión de veintitrés de abril - auto de treinta de abril-, todos de dos mil veintiuno), sin afectar la nueva situación jurídica, debido a la autonomía e independencia que existe entre las determinaciones reclamadas, y la emitida en la audiencia inicial, en la cual, la juez no se limitó a confirmar la medida precautoria, sino que expuso las razones que consideró suficientes para que el infante permanezca al cuidado de su madre. Esto es, como la determinación sobre guarda y custodia provisional, la solicitud de desahogo de pruebas para proveer sobre la modificación de la guarda y custodia, la negativa a modificar esta medida cautelar, así como la inadmisión del recurso de apelación cuya materia era el auto que negó la modificación de guarda y custodia decretada en favor de la madre del menor involucrado, fueron sustituidos procesalmente por las determinación adoptada en la audiencia inicial celebrada en la controversia de origen, en la cual, como se señaló, se confirmó dicha medida cautelar del menor de edad en favor de la tercera interesada; en consecuencia, se actualiza un cambio de situación jurídica que hace improcedente el juicio de amparo, pues no puede decidirse sobre la legalidad de tales actos sin afectar la decisión a que se ha hecho referencia; por tanto, no resulta jurídicamente posible analizar su constitucionalidad. Además, tampoco se puede soslayar que en la audiencia inicial el juez natural ya proveyó respecto de las pruebas ofertadas por el ahora recurrente, e incluso ordenó el desahogo oficioso de las periciales en materia de psicología y trabajo social en las partes. En ese sentido, en el supuesto de que se concediera el amparo, la ejecutoria relativa no tendría un efecto práctico, debido a que, tales determinaciones fueron sustituidas procesalmente por las emitidas en la audiencia inicial celebrada ya en la etapa contenciosa de la controversia de origen, en la cual el juez responsable expresó las razones que consideró suficientes para justificar que el infante permanezca al lado de su madre durante la secuela procesal, asimismo proveyó respecto de las pruebas de Rodrigo Arturo Ledesma Ruchan, y ordenó el desahogo oficioso de las periciales en materia de psicología y trabajo social en las partes, lo que denota la autonomía que existe entre tales determinaciones. Así, al actualizarse fehacientemente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe modificarse la sentencia recurrida y confirmarse el sobreseimiento, pero por las razones asentadas en esta ejecutoria. No es óbice a lo anterior, el hecho de que para emitir la presente determinación se tomaron en cuenta actuaciones que fueron remitidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, ya que, si bien las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional de conformidad con lo previsto en los artículos 119, párrafo segundo, 123 y 124 de la Ley de Amparo; lo cierto es que esta regla no opera cuando se actualiza uno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 63 de la Ley de Amparo. Resultan aplicables a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, que a la letra dicen: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." En esas condiciones, resulta importante destacar que la fracción IV, del artículo 11, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia n los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19, a la letra dice: "Artículo 11. Para la emisión y notificación de sentencias y resoluciones se observará lo siguiente: (.) IV. Si durante la discusión del asunto se advierte de oficio la posible actualización de una causal de sobreseimiento, el tribunal publicará en lista electrónica la vista prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo respectivo para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada.". En consecuencia, se ordena al actuario judicial adscrito a este Tribunal Colegiado que corresponda el trámite del presente asunto, que publique en lista electrónica la vista aquí decretada, prevista en el artículo 64 de la Ley de Amparo, señalando el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto para su desahogo e instruyendo que el mismo se realice mediante el Portal de Servicios en Línea o, cuando bajo protesta de decir verdad se manifieste carecer de acceso al mismo, mediante correo electrónico con el documento que contenga la firma digitalizada correspondiente; en ese sentido, se instruye al citado actuario judicial para que también inserte de manera literal el presente párrafo en la lista electrónica respectiva. Transcurrido dicho plazo, devuélvanse los autos la ponencia del Magistrado Fernando Sánchez Calderón, para los efectos que en derecho corresponda.

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