Rodrigo Antuan García Barrera
Expediente 1398/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1398/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rodrigo Antuan García Barrera
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Devuelve exhorto diligenciado. Agréguese a los autos el oficio enviado vía electrónica, por el Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 852/2022 número de orden 932/2022, de su estadística, derivado del diverso 627/2022-II, del índice de este Juzgado, que se remitió para notificar al quejoso Rodrigo Antuan García Barrera. En consecuencia, dese de baja el exhorto de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Sin que haya lugar a acusar de recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera al momento de recibirlo a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Acepta competencia. Agréguese el oficio signado por el Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa y se avoca al conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número ********************de su índice. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el citado artículo en su penúltimo párrafo. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/6055/2022 de la misma fecha, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, seis de diciembre de dos mil veintidós.****************************************Radicación de demanda.****************************************Vista la demanda de amparo que promueve********************por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1398/2022-II.****************************************Ahora, del contenido de la demanda, se advierte que se destaca como acto reclamado la ordena administrativa de traslado del módulo diamante de Alta Seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México a otro Centro Federal y de Readaptación Social y su ejecución, reclamados a las autoridades responsables los siguientes:****************************************************************************************************Incompetencia legal.****************************************Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser examinada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen en el juicio de amparo, se procede al estudio correspondiente.****************************************Precisado lo anterior, a fin de establecer la competencia del conocimiento del presente asunto, se estima pertinente señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece los supuestos para determinar la competencia de los juzgados de distrito, a saber:****************************************Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.****************************************Excepcionalmente, cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces jurisdiccionales; así, la competencia la determina el lugar de la presentación de la demanda y; ****************************************Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda respectiva.****************************************Atento a lo anterior, resulta evidente que la autoridad competente para conocer de un juicio de amparo indirecto es el juez del lugar en cuya jurisdicción debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o en donde se haya presentado la demanda respectiva cuando el acto reclamado no revista ejecución material.****************************************Al respecto, el quejoso hace referencia a que actualmente se encuentran recluido en el módulo diamante de Alta Seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México; por tanto, se estima que este Juzgado Federal con residencia en Apizaco, Tlaxcala, carece de competencia legal para conocer de este asunto.****************************************Lo anterior es así, toda vez que conforme a la lectura de la demanda de amparo, se tiene cierta la noticia sobre el lugar donde comenzará la ejecución del acto reclamado -Ciudad de México-, pero no del sitio donde continuará ejecutándose, por lo que es patente que conforme al criterio 1ª./J.64/2019 (10ª.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la competencia se actualiza a favor del juez de distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, como lo establece dicho criterio:**************************************** "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO."****************************************La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará (Epoca: Décima Época, Registro: 2020828, Instancia Primera Sala, Tipo de tesis: jurisprudencia, Fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Materia (s) Común, Página: 899)."****************************************Ahora bien, toda vez que el quejoso señalaron únicamente autoridades con residencia en la Ciudad de México, conforme a la regla prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente el Juez de Distrito, en turno, con residencia en el lugar donde los quejosos se encuentran recluidos, por lo que se estima que quien debe conocer de la demanda de amparo es el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO.****************************************Respecto a la materia que deberá conocer del presente asunto, se toma en consideración la tesis P./J. 18/2012 (10a.), emitida por el Pleno del máximo tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con datos de identificación libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, página 17, de rubro y texto: **************************************** "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada.********************Así como la diversa tesis XXIV.2o. J/1 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con datos de identificación: libro 27, febrero de 2016, tomo III, página 1982, de texto y rubro: ********************"FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado.****************************************En consecuencia, remítanse los presentes autos, al citado juzgado, y fórmese cuaderno de antecedentes; asimismo, solicítese al Juez de Distrito que reciba el juicio de mérito, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva acusar de recibo.****************************************Se ordena girar exhorto.****************************************Ahora, toda vez que el quejoso********************se encuentra recluido en el módulo diamante de Alta Seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México; el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda notificar el contenido íntegro del presente proveído a los quejosos antes señalados.****************************************Por otra parte, en atención al principio de economía procesal, se autoriza al Juez exhortado para que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles si lo estima pertinente para el adecuado despacho del presente asunto.********************Asimismo, se le solicita de la manera más atenta al momento de la devolución de la citada comunicación oficial, se sirva remitir únicamente la diligencia encomendada, ello a fin de tener un mejor manejo del presente expediente.****************************************Habilitación de días y horas inhábiles.****************************************En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ****************************************Autorización para firmar oficios.****************************************Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ****************************************Supresión de datos.****************************************Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión.****************************************En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.****************************************Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea.****************************************No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.****************************************En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************Notifíquese; y por exhorto a al quejoso********************en el lugar de su reclusión. ****************************************Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Karen Aguas Pérez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.AIHH*
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