Rodrigo Antuan García Barrera

Expediente 1133/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1133/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Antuan García Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visa la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental en términos del artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Antuan García Barrera, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1133/2022, y fórmese expediente. DESECHAMIENTO En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. El juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, en virtud de que el escrito de demanda que se provee no cuenta con la firma electrónica de los promoventes ni su evidencia criptográfica, lo anterior tomando en consideración que la demanda de amparo en comento fue presentada mediante el sistema integral de seguimiento de expedientes, lo que actualiza la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley Reglamentaria, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Las causas de improcedencia no se limitan a las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus primeras XXII fracciones, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la propia ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6 de la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo sólo es procedente si es promovido por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5, fracción I3 de dicha ley, a través de su representante legal, por su apoderado, por su defensor o de cualquier persona, siempre que la ley de la materia así lo permita. Respecto a la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3º, de la ley de la materia, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso aI sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Ahora, la ausencia de aquélla (firma electrónica) en la demanda de amparo presentada a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, origina su desechamiento, conforme con el criterio jurisprudencial P./J. 8/2019 (10a.) pronunciado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, tomo I, Abril de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". El criterio anterior es obligatorio para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, sí la demanda de amparo carece de la firma electrónica, así como de la evidencia criptográfica correspondiente, el juicio de amparo indirecto que se intenta es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia en análisis. No es óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso hubiere referido que se encuentran recluido; sin embargo, dado que lo hace por su propio derecho, ello revela la inexistencia de algún impedimento material que le impida promoverlo sin el requisito antes mencionado, máxime que tampoco precisa antecedente que sea susceptible de ubicar dicho acto en los términos del artículo 22 constitucional; todo lo cual conduce a concluir que lo procedente es desechar de plano la demanda, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA VÍA EXHORTO. Ahora, en razón de que el quejoso refiere estar interno en el módulo diamante de alta seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO) Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, con domicilio en Morelos S/N, Zacatepec, Iztapalapa, 09560, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, se sirva comisionar a quien corresponda, notifique el presente acuerdo al citado quejoso en el centro penitenciario en el que se encuentra. Del mismo modo, con apoyo en el precepto 21 de la ley de la materia, se le faculta para que en caso de ser necesario habilite horas y días inhábiles para el desahogo de la citada diligencia. Hecho que sea, se sirva devolver el comunicado oficial con las constancias relativas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL QUEJOSO (MEDIANTE EXHORTO).

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