Rodrigo Antuan García Barrera

Expediente 982/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
982/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Antuan García Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), proveniente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto local 559/2022-B4, con número de orden 563/2022, girado en este juicio de amparo, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, el actuario de su adscripción notificara personalmente al quejoso Rodrigo Antuan García Barrera, el auto dictado el veintisiete de diciembre del año pasado. Sin que sea el caso acusar el recibo correspondiente dado que el mismo se genera con el envío en el sistema antes referido. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, sin que sea el caso acusar el recibo de estilo en virtud que el mismo se genera automáticamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en atención a su contenido, téngasele informando que mediante acuerdo de dieciséis de diciembre del año en curso, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Rodrigo Antuan García Barrera, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y otras autoridades, y al efecto quedó registrada bajo el progresivo 1101/2022, de su estadística; de lo que se toma nota. Así entonces, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; archívese el presente asunto como totalmente concluido...

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Rodrigo Antuan García Barrera contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente número 982/2022-B4. Ahora bien del contenido del ocurso constitucional se aprecia que el agraviado reclama la orden de traslado del centro de reclusión donde se encuentra interno, esto es en módulo de Alta seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO) Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México a uno diverso, por lo que solicita se le conceda la suspensión de plano de dicha orden; sin embargo, no ha lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano respecto de dicho acto, en virtud que éste no se encuentra previsto en el numeral 15 de la Ley de Amparo ni en el 22 constitucional además que tampoco se encuentra contemplado entre los supuestos urgentes establecidos en el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales vigente. En tal contexto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, atendiendo a la facultad exclusiva del suscrito, quien tomando en consideración la naturaleza del acto y no el enfoque subjetivo de las partes es el único facultado para decidir si se está o no ante la presencia de un acto que obligue a decretar la suspensión de oficio, se estima que en la especie no se surte tal hipótesis, por lo que no ha lugar proveer sobre la suspensión de plano del acto de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo."1 Así como también, la tesis que establece: 1 Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio."2 Sin que en el caso, se contravenga el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro siguiente3: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA 2 Tesis VI. 1o.a. 19 K, sustentada por el Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1458, del tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. 3 Tesis: 1a./J. 58/2016 (10a.), difundida en la página 865, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA."; lo anterior es así, pues al emitirse los criterios que contendieron en la contradicción de tesis de referencia, aun no se encontraba vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal; de ahí que, al resolverse tal contradicción, bajo el supuesto que los actos a que alude se emiten fuera de procedimiento, no resulta aplicable al caso concreto, toda vez que la legislación actualmente vigente de referencia prevé el procedimiento que debe llevar a cabo la autoridad administrativa, incluso la determinación que se emita puede ser recurrida en términos del mismo ordenamiento. Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda se advierte que el promovente señaló como autoridades responsables a las siguientes: "III. La autoridad o autoridades responsables. 1. Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. 2. Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. 3. Titular del Módulo diamante de Alta Seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO) Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. 4. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 5. Titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 6. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México. 7. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. 8. Guardia Nacional. Luego, del capítulo relativo al acto reclamado se advierte que le atribuye a dichas autoridades: ".el ataque indirecto a mi libertad personal fuera de procedimiento, consistente en la orden administrativa de traslado y la ejecución del mismo, dictada por autoridades penitenciarias de carácter administrativo, en mi contra, del módulo diamante de Alta seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO) Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México a otro Centro Federal y de Readaptación Social a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México..." Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente en el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, una vez precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer que, conforme a las características y naturaleza de BERNADETTE BALLESTEROS SESMA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.4b 08/02/23 17:04:38 los actos aquí reclamados, la hipótesis de competencia aplicable es la señalada en el inciso a), específicamente en lo relativo a que será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se deba tener ejecución, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto impugnado. Ahora bien, el promovente del amparo en el proemio de su escrito de demanda, manifiesta encontrarse privado de la libertad en el módulo de Alta seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO) Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. De lo anterior se advierte que el lugar donde se pretenden ejecutar los actos reclamados relativos al traslado del módulo de Alta seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO) Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, a un diverso centro penitenciario federal, está situado en la capital del país, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el penal antes indicado según lo manifestó expresamente. Precisado lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, pues, como se dijo, el ocursante reclama el traslado del multicitado centro de reinserción social, con sede en la Ciudad de México, a uno diverso, lo que llevará a cabo en la Ciudad de México. En ese sentido, como se expuso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, el cual determina que la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; esto es, el lugar en el que el quejoso esta privado de su libertad, y donde afirma se pretende ejecutar la referida orden de traslado. Cobra aplicación el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de título: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES."4 Así como el diverso criterio jurisprudencial5 que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto 4 Consultable en el registro electrónico 200781. 5 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, consultable en el registro electrónico 2020828. promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 primer párrafo de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado de distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Rodrigo Antuan García Barrera, contra actos del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y otras autoridades; y estima que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Rodrigo Antuan García Barrera; por tanto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, se ordena remitir el expediente original con once copias de la demanda, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, autoridad que se estima legalmente competente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y con copia de la demanda de amparo y del presente proveído con evidencia criptográfica, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora, toda vez que el agraviado se encuentra recluido en el módulo de Alta seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO) Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, y señaló dicho lugar para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que deriven del presente asunto, deberán practicársele en forma personal al promovente del amparo, en términos del numeral antes invocado. Con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 297, fracción II, 298 y 299, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a la persona designada por el juzgado exhortado, para que una vez constituido en el módulo de Alta seguridad en el Centro Varonil de Reinserción Social (CEVARESO) Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, a que se hace referencia, le notifique al impetrante de mérito este auto. En el entendido de que el Juez exhortado tiene amplias facultades para valorar si el desahogo de la diligencia encomendada se encuentra apegada a derecho y a los lineamientos de la Ley de Amparo, a fin de que si lo considera pertinente, ordene de nuevo su diligenciación. Se autoriza al Juez exhortado a habilitar días y horas inhábiles en términos del artículo 21, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, y a fin de evitar dilaciones en el trámite del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, envíese la presente comunicación oficial por la vía electrónica (interconexión). Hecho que sea lo anterior, se solicita devuelva a la brevedad posible las constancias que acrediten haber realizado la diligencia solicitada, en términos del artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 citado en párrafos supra. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 10,591 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano