Rodrigo Andrés Lavalle Saldaña
Expediente 1250/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/12/2015
Partes del expediente
- Rodrigo Andrés Lavalle Saldaña
- Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Juez Tercero de lo Familiar de la ciudad de Puebla, no ha acusado recibo de la copia certificada del expediente 184/2011, misma que le fue remitida mediante oficio 6765/2015-I, el cual fue recibido en esa oficina el diez de septiembre de dos mil quince, gírese atento oficio a dicha autoridad, para que de no tener inconveniente alguno informe lo conducente; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá por una multa por el equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con la fracción I del artículo 237, en relación con los diversos 238 y 259 de la nueva Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de noviembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Juez Tercero de lo Familiar de la ciudad de Puebla, no ha acusado recibo de la copia certificada del expediente 184/2011, misma que le fue remitida mediante oficio 6765/2015-I, el cual fue recibido en esa oficina el diez de septiembre de dos mil quince, gírese atento oficio a dicha autoridad, para que de no tener inconveniente alguno informe lo conducente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la nueva Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil quince, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los cuadernos del incidente de suspensión, serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. Finalmente, devuélvase al Juez Tercero de lo Familiar de la ciudad de Puebla la copia certificada del expediente 184/2011 de su estadística, con la que se formó el ANEXO I del juicio en que se actúa, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Rodrigo Andrés Lavalle Saldaña acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, consistente en la omisión de resolver la planilla de liquidación de sentencia formulada en el expediente 184/2011. Ahora bien, la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado pero aclaró que el veinticuatro de abril de dos mil quince, resolvió la planilla de liquidación de sentencia formulada por Rosa Alejandra Peña Luna dentro del expediente 184/2011, y que con fecha nueve de julio del presente año, turnó los autos al Diligenciario de su adscripción para que realizara la notificación respectiva. Para corroborar lo anterior, el juez del conocimiento remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente 184/2011, de su índice, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte la existencia de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil quince, en que se pronunció sobre la planilla de liquidación de sentencia formulada en ese juicio (fojas 296 a 305 del anexo I). Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla resolviera la planilla de liquidación de sentencia formulada en el expediente 184/2011; aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veinticuatro de abril de dos mil quince se emitió dicha resolución. Al respecto, debe indicarse que, si bien, la autoridad responsable no remitió las constancias que acrediten la notificación a la parte quejosa de la referida determinación, lo cierto es que es aquélla pudo imponerse de su contenido en el momento en que este órgano de amparo, por acuerdo de once de agosto de dos mil catorce, le dio vista con las constancias que la referida autoridad remitió en apoyo a su informe justificado; de donde se sigue que el impetrante de garantías conoce su contenido. Resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del uno de septiembre de dos mil quince, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE.
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