Rodrigo Alejandro Pacheco Herrera

Expediente 896/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 22 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
896/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Alejandro Pacheco Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual informa que por oficio de diez de febrero del año en curso se puso a disposición de la parte quejosa el cheque número ******************** correspondiente, emitido a favor de la parte quejosa en las instalaciones de la Tesorería Municipal ubicadas en Miguel Blanco 901, colonia Centro de Guadalajara, Jalisco, por el concepto de devolución de impuestos. Por tal motivo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el comunicado de mérito, para que dentro del término de tres días, a que alude el numeral 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, se presente ante la autoridad responsable, a recoger el cheque que ampara la cantidad que resultó a su favor, y una vez hecho lo anterior lo comunique a este Órgano de Control Constitucional, apercibida de que de no hacerlo, este juzgado de distrito se pronunciara respecto del cumplimiento dado al fallo protector, únicamente con las constancias que obren en los presentes autos. Independientemente de lo anterior, requiérase a la Tesorería Municipal de Guadalajara, Jalisco, para que una vez que el quejoso acuda a dicha dependencia a recoger el cheque que acredite la devolución de las cantidades correspondientes a favor de la parte quejosa, en el término de veinticuatro horas, lo haga del conocimiento de este Juzgado Federal, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, desde el once de octubre de la presente anualidad, no ha informado a este órgano jurisdiccional las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector, a pesar de haber sido requerida, lo que evidencia la conducta contumaz de la responsable en acatar la sentencia de amparo. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192, 194, 195 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria emitida en autos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en términos del numeral 258 de la ley en cita, por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que el amparo se concedió para los efectos siguientes: ".Como en el caso concreto los actos reclamados son de carácter positivo, para que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, acorde con lo dispuesto en el diverso artículo 77, fracción I, de la citada ley, la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, deberá: a) Desincorporar de la esfera jurídica del quejoso, la obligación tributaria de pagar los derechos establecido en el artículo 44, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, tanto en su aplicación presente como en la futura; esto desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo en la ley de ingresos municipal de referencia para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, para que, de esa manera, se restituya a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidas en su perjuicio. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 del tomo X, noviembre de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE" PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." b) En esas condiciones, en relación con el precepto 44, fracción VII, de la ley de ingresos citada, como el amparo se concedió sólo respecto de la norma impugnada que prevén la tarifa del tributo reclamado (equidad y proporcionalidad tributaria) y no respecto de los numerales que establecen otros elementos esenciales de la contribución -pues no se hizo valer concepto de violación en ese sentido- la concesión del amparo no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago en su totalidad de los derechos mencionados, sino sólo desincorporar de su esfera jurídica la obligación de la parte declarada inconstitucional, por lo que deberá hacerse extensiva al acto de aplicación, consistente en el pago del refrendo de licencia municipal, en el cual le fueron aplicados los numerales materia de estudio en el presente juicio de garantías debiendo devolver debidamente actualizadas, la cantidades que resulten de la diferencia de aplicar la tarifa mínima contenida en el artículo 44 bis, fracción VIII, esto es, la cantidad de $6,292.00 (seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional), del ordenamiento legal en cita. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VIII.2o.P.A.92 A, con número de registro 164390, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1895, que establece: "BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAHUALILO, DURANGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2009, QUE PREVÉ EL DERECHO POR LA EXPEDICIÓN DEL REFRENDO DE LA LICENCIA PARA EL COMERCIO DE AQUÉLLAS, NO ES PARA QUE SE DEVUELVA EL MONTO TOTAL DE LO QUE PREVIAMENTE SE ENTERÓ POR DICHO CONCEPTO, SINO ÚNICAMENTE PARA QUE SE REALICE EL CÁLCULO CON BASE EN LA TARIFA MÍNIMA Y, EN CASO DE EXISTIR EXCEDENTE, SE LE RESTITUYA AL PARTICULAR. Si un Juez de Distrito determina que el artículo 40 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlahualilo, Durango, para el ejercicio fiscal del 2009, que prevé el derecho por la expedición del refrendo de la licencia para el comercio de bebidas con contenido alcohólico es inconstitucional por contravenir la garantía de legalidad tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque contempla una tarifa de 142 hasta 200 días de salario mínimo diario, sin establecer los mecanismos o criterios con base en los cuales la autoridad municipal debe determinar el monto exacto que el contribuyente debe erogar cuando la autoridad le preste dicho servicio, dejándolo al arbitrio de aquélla, el efecto de la concesión del amparo contra el citado dispositivo no es para que se devuelva el monto total de lo que previamente se enteró por dicho concepto, sino únicamente para que se realice el cálculo con base en la tarifa mínima de 142 días de salario mínimo diario y, en caso de existir excedente, se le restituya al particular, dado que con dicho proceder se desincorpora de su esfera jurídica la parte normativa declarada inconstitucional, es decir, la tarifa superior a la mínima que contempla dicho precepto y no esta última, toda vez que al estar establecida en la ley, no genera incertidumbre jurídica en el gobernado, pues la autoridad municipal en todos los casos necesariamente tendrá que aplicarla, lo que permite al contribuyente conocer de antemano el monto exacto de lo que debe pagar." Además, resulta ilustrativa la jurisprudencia P.J. 18/2003 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 17, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás."

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele en vías de cumplimiento, en el entendido de que este Juzgado está a la espera del cumplimiento total de la sentencia dictada en autos.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, a través del cual solicita copias de diversas constancias que obran en el expediente, con el fin de estar en condiciones de dar cumplimiento al fallo protector, por ello, en atención a su solicitud, remítase copia de las constancias que manifiesta para los efectos legales que haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia dictada en autos, e informe a este Juzgado de Distrito, y remita copias certificadas para acreditar su dicho, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 193, en relación al diverso numeral 258, todos de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos del presente juicio de garantías al Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en turno, a efecto de que dé trámite al incidente de inejecución de sentencia, el cual podrá culminar con la separación de puesto y su consignación.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,821 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano