Rodrigo Alejandro Nieto Domingo

Expediente 1620/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1620/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Rodrigo Alejandro Nieto Domingo

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; catorce de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiséis de octubre dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES Y ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese contexto, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el escrito signado por el quejoso Rodrigo Alejandro Nieto Domínguez, mediante el cual, en atención al proveído de dieciocho del mes y año en curso, desahoga la prevención de dicha data; por lo que, manifiesta que el acto reclamado lo constituye para las autoridades ordenadoras, esto es, el Instituto de Salud del Estado de México, y la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM) la orden de clausura del local comercial número 3, ubicado en calle de cinco de mayo, número siete, Colonia Benito Juárez, Código Postal 52743, Ocoyoacac, Estado de México; y de las diversas ejecutoras, Jurisdicción de Regulación Sanitaria de San Mateo Atenco, y Coordinación de Regulación Sanitaria, la ejecución de dicha orden; asimismo, en atención al segundo requerimiento, bajo protesta de decir verdad indica que tuvo conocimiento del acto que reclama en la presente vía el nueve de septiembre del año en curso; finalmente, anexa impresión de la fotografía del Aviso de Requerimiento pegado en el local de la ubicación anteriormente citada. En consecuencia, téngase por desahogada en tiempo y forma la prevención de que fue objeto. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa manifestó que señala como acto reclamado: La orden de clausura del local comercial número tres, ubicado en calle de cinco de mayo, número siete, Colonia Benito Juárez, Código Postal 52743, Ocoyoacac, Estado de México; y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretenden impugnar los quejosos y no solamente lo que en apariencia indicaron. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Ahora bien, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior y después del análisis del escrito inicial de demanda y ocurso aclaratorio, este órgano jurisdiccional estima que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que la orden de clausura reclamada por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente, al manifestar expresamente que tuvo conocimiento de la misma el nueve de septiembre del año en curso, En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que el quejoso acude a esta vía constitucional para reclamar la orden de clausura del local comercial número tres, ubicado en calle de cinco de mayo, número siete, Colonia Benito Juárez, Código Postal 52743, Ocoyoacac, Estado de México; y su ejecución; orden respecto de la cual el impetrante tuvo conocimiento el nueve de septiembre del año en curso, por así manifestarlo bajo protesta de decir en el escrito aclaratorio. En ese entendido, al desahogar la prevención, el impetrante manifestó que el acto que reclama en esta vía es la orden de clausura del local comercial ubicado en el domicilio que ha quedado precisado con anterioridad; siendo que tuvo conocimiento de dicha orden, el nueve de septiembre del año en curso. Por lo que dicha manifestación inmersa en el líbelo que se provee, debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo contra la orden de clausurar reclamada, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente del que tuvo conocimiento de la misma, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, el peticionario de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el impetrante tuvo conocimiento de la orden de clausura combatida el nueve de septiembre del año en curso, el plazo para presentar su demanda transcurrió del doce de septiembre al cinco de octubre de dos mil veintidós, sin considerar los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el quince de septiembre del año en curso, de conformidad con la circular 5/2022 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, si la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el catorce de octubre de dos mil veintidós, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, el plazo para su presentación ocurrió en exceso. Por tales motivos, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo y, por esa causa, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Rodrigo Alejandro Nieto Dominguez, por propio derecho, contra actos del Instituto de Salud del Estado de México, y otras autoridades. Es aplicable por analogía jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, agosto de 1995, tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 204707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Adicional a lo anterior, no se soslaya que en cumplimiento al requerimiento de prevención realizado por este órgano jurisdiccional, el quejoso adjuntó la impresión de la fotografía del aviso de requerimiento; sin embargo, el que suscribe estima que dicho documento no causa agravio personal y directo al aquí impetrante; toda vez que del contenido del aviso de referencia, se obtiene que se exhortó al propietario del establecimiento para que en un término de tres días compareciera a la oficina de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria, o bien, a la oficina central de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, a fin de acreditar el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley General para el Control de Tabaco y su reglamento, apercibido que de no acudir, se haría uso de las medidas de seguridad, de apremio y disciplinarias previstas en la normatividad aplicable. Lo anterior, dado que la responsable haría uso de las medidas de seguridad, apremio y disciplinarias solo en caso del incumplimiento de la comparecencia del propietario del local comercial; en consecuencia, ello dependerá de la contumacia del quejoso para que deriven consecuencias traducidas en actos de autoridad previstos en el Aviso de requerimiento de que se trata. Por ende, resulta claro que el aviso de requerimiento, en ninguna forma le causa perjuicio alguno en su esfera jurídica, pues dependerá de la conducta del aquí quejoso que se decrete (en una acción futura) el uso de las medidas de seguridad, de apremio y disciplinarias mencionadas en tal documento, por su incomparecencia ante las autoridades que le mencionaron. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil veintidós. EXHORTO. Visto el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por el que devuelve diligenciado el exhorto 65/2021-IV (orden 65/2021) del orden estadístico de este Juzgado, el cual fue remitido para notificar a la autoridad Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciocho, con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila y al quejoso José Luis Hayashi Picos, el auto de doce de abril del dos mil veintiuno, mismo que según se advierte de las constancias remitidas, fue notificado personalmente a dicho quejoso y autoridad en trece de abril de dos mil veintiuno; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, dése de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

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