Rodrigo Alejandro Cantú Martínez
Expediente 916/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/08/2018
Partes del expediente
- Rodrigo Alejandro Cantú Martínez
Actuaciones
- Principal
- Vista la certificación que antecede se desprende . . . se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO . . . archívese este asunto como total y legalmente concluido . . .
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
CITATORIO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE PROMOVENTE EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 06/08/2018, QUE CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE 02/08/2018 Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "....Querétaro, Querétaro, dos de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por RODRIGO ALEJANDRO CANTÚ MARTÍNEZ, apoderado legal de la persona moral ANIBAL MOTORS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, contra actos del Notificador y Ejecutor adscrito al Departamento de Notificación Cobranza y Ejecución de la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Municipio de Querétaro, y otras autoridades; en tal virtud, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 916/2018-V, que es el que le corresponde. En principio, cabe decir que se tiene por acredita la personalidad Rodrigo Alejandro Cantú Martínez, para los efectos del juicio en que se actúa, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo; pues si bien, tal apoderado legal pretende acreditar el carácter con que promueve, con copia simple de la escritura pública número 29,786, pasada ante la fe del Notario Público Número 12 de este Distrito Judicial -lo que constituye sólo un indicio-; empero, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, en el Libro de Gobierno correspondiente a Juicios de Amparo de este Juzgado Federal, se encuentra registrado el juicio de amparo 447/2018-V, promovido también por Rodrigo Alejandro Cantú Martínez, en su carácter de apoderado legal de la también aquí moral quejosa Anibal Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que se tuvo por acreditada su personalidad con copia certificada del instrumento notarial antes referido; lo cual, con fundamento en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, constituye un hecho notorio. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, se ordena el cotejo y compulsa de las copias de la escritura pública número 29,786 veintinueve mil setecientos ochenta y seis, que el promovente exhibe en presente sumario, con las que obran en el diverso expediente 447/2018-V del índice de este juzgado, para ser agregadas al juicio de amparo en que se actúa, debidamente certificadas. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda, pues en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. Del escrito inicial de demanda, se desprende que el acto reclamado por la parte promovente, consiste en: Mandamiento de ejecución número 630/80/655/2018, a través del cual el Departamento de Notificación, Cobranza y Ejecución de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, pretende requerir el pago de la multa impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor a la moral quejosa, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.), dentro del procedimiento PFC.QRO.C.1-000080/2018(450). En la especie, a juicio de este órgano federal se actualiza la causa de improcedencia a que alude la fracción XX, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República, que disponen lo siguiente: El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal de la República, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." Por su parte, el artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". La lectura de la porción normativa trascrita permite advertir la improcedencia del sumario constitucional cuando se pretenda contra actos de autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que la interposición de aquéllos se suspendan los efectos de los actos con idénticos alcances a la suspensión que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los establecidos para obtener la suspensión definitiva, ni en plazo mayor que el establecido para otorgar la provisional, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido o no. Conforme con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia en comento, se deben satisfacer los siguientes requisitos, a saber: 1) que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas. 2) que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa. 3) que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. 4) que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado. 5) que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, sin importar si el acto en si mismo sea o no susceptible de ser suspendido. 6) que no exista excepción al principio de definitividad. Establecido lo anterior, conforme los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, señala la parte quejosa en su demanda de amparo, es posible determinar que los actos que se tildan conculcatorios de derechos, lo constituye el mandamiento de ejecución a fin de obtener el pago de una multa que le impuesta; y por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia en estudio. Se explica. Los actos reclamados integrantes del procedimiento administrativo de ejecución, fueron emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por el Departamento de Notificación, Cobranza y Ejecución de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro (requisito 1). Asimismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 4°, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro , los referidos actos administrativos son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del juicio contencioso administrativo estatal ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. En efecto, conforme al artículo 58 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro , la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de los actos impugnados o declarar la nulidad de los actos (requisitos 2 y 3). Igualmente, el Título Segundo, Capítulo Tercero, que comprende de los artículos 27 a 33 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro , establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio de nulidad y no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados (requisitos 4 y 5). Tampoco se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad, como se verá a continuación (requisito 6): a) En principio, porque el acto reclamado, no carece de fundamentación, pues de lectura de la copia que del mismo se exhibió, se desprende que las responsables de su emisión, se apoyaron en lo previsto por diversos artículos de los ordenamientos legales siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro y Código Fiscal del Estado de Querétaro. Ante ello, debe señalarse que la indebida fundamentación de los actos reclamados no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Son aplicables al respecto, por analogía, la jurisprudencia I.6o.C. J/52 de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia Común, Novena Época, Registro 173565, página: 2127, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Así como la tesis aislada I.3o.A.128 K de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Abril de 1994, Materia Común, Registro 212868, página 375, que dice lo siguiente: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia." a) Del mismo modo, los actos reclamados no afectan a personas extrañas al procedimiento del cual emanan, pues de la relatoría que la propia promovente del amparo expone en su escrito de demanda, se desprende, que el mandamiento de ejecución se inició en su contra a fin de hacer efectiva la multa que le fue impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor a la moral quejosa, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.), dentro del procedimiento PFC.QRO.C.1-000080/2018(450); en contra de la cual, como se precisó en la certificación secretarial de cuenta, promovió el diverso juicio de amparo 447/2018-V, del índice de este juzgado; y lo cual se tiene como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 de la Ley supletoria. En consecuencia, como se anticipó, en el caso no se actualiza la excepción al principio de definitividad en comento (el quejoso no es una persona extraña al procedimiento del que derivan los actos reclamados); pues es evidente que sí tuvo conocimiento de la exigibilidad del cobro del crédito fiscal en su contra al derivar, como ya se dijo, de senda multa decretada en el procedimiento PFC.QRO.C.1-000080/2018(450) del índice de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el que se le sancionó. Resulta aplicable, de manera analógica, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Materia Común, Registro 2000293, página 1627, que reza: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Al igual que la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo, Materia Común, Registro 2004274, página 729, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por tanto, en el caso se actualiza el supuesto previsto en la última parte de la jurisprudencia que enseguida se transcribe, pues al haberse desvirtuado plenamente la calidad de tercero extraño con que acudió al presente juicio, este último se torna improcedente. Orienta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Común, Registro 2003074, Página 1242, que dice lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, ha establecido que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, ya que el quejoso debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva; sin embargo, cuando reclama un acto dictado dentro del citado procedimiento, alegando que desconoce el crédito fiscal que la autoridad pretende hacerle efectivo, se actualiza una excepción a la regla general mencionada, toda vez que comparece como persona extraña a la controversia, ya sea por no haber figurado como parte en el procedimiento de origen, por no haber sido llamado o por no habérsele notificado la resolución determinante del crédito fiscal, lo que hace innecesario que espere al dictado de la resolución final en la secuela ejecutiva para impugnar los actos intraprocesales en amparo, así como interponer los medios ordinarios de defensa procedentes contra el acto reclamado, al actualizarse la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción V del precepto citado; lo anterior, siempre que no se desvirtúe plenamente el carácter de tercero extraño con el que compareció, ya que en tal supuesto el juicio será improcedente." c) Asimismo, los actos reclamados dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, no son de imposible reparación, ya que pueden ser nulificados en la vía contenciosa y, en el evento de que lo fueran, la parte quejosa está obligada a agotar el principio en análisis. Es aplicable al respecto, análogamente, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, Registro 2005039, página 350, que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otros requisitos de procedencia del juicio de amparo." d) De la misma manera, no se está frente a actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevea la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. Pues como ya se dijo, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, establece, regula y permite la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso. e) Igualmente, para la suspensión de los actos reclamados (con independencia de que sean o no suspendibles), la ley que rige el juicio contencioso administrativo, no exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. f) Además, el medio de defensa legal, por virtud del cual se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, está previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, y no en un reglamento. g) Tampoco se está frente a actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, ya que los que son materia de análisis en el presente asunto, son de naturaleza administrativa - específicamente, en materia fiscal-, no penal, por lo que es evidente que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, ni mucho menos reclama el quejoso alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 de la Carta Magna. h) Del mismo modo, los actos reclamados no importan peligro de privación a la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues con independencia de que el quejo no reprocha alguna de las conductas citadas, de autos tampoco se advierte su existencia. i) Asimismo, la parte quejosa no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos o normas administrativas de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, sino únicamente actos realizados durante el procedimiento administrativo de ejecución. j) Finalmente, la promovente tampoco alega, de manera exclusiva, violaciones directas a la Constitución, sino también violaciones de legalidad. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa plantea argumentos tendentes a demostrar que el mandamiento de ejecución no le ha sido notificado conforme a derecho, además de que la ley que lo rige no es la aplicable al caso. Así, atendiendo a la naturaleza del juicio de amparo y de la función de este Juzgado Federal (control de constitucionalidad de actos), debe decirse que sólo se podrían analizar las actuaciones que la parte quejosa reclama si únicamente se alegaran violaciones a los principios constitucionales que quien resuelve debe salvaguardar y garantizar (violaciones directas). De manera que si la parte quejosa controvierte diversos actos dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución por ser violatorios de la normatividad secundaria (violaciones indirectas), entonces es dable colegir que reclama violaciones de legalidad y, por tanto, debe observar el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales, pues existe una instancia ordinaria con facultades y competencia especial para conocer de la legalidad de dichos actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XX. J/1 de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Abril de 1995, Materia Común, Registro 205283, página 94, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." En síntesis, la parte quejosa no observó el principio de definitividad en virtud de que no acudió al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, y no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que el juicio constitucional resulta improcedente. Es orientadora al caso, a contrario sensu, la tesis 2a. LVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, materia común, página 156 de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Finalmente, conviene señalar que al desvirtuarse la calidad de tercero extraño, al no constituir los actos reclamados actuaciones de imposible reparación, y no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, se actualiza la regla general acerca de que el amparo contra resoluciones dictadas en el procedimiento administrativo de ejecución sólo procede cuando se reclama la determinación definitiva, pues en tal caso se está en una situación similar a una sentencia ejecutoriada cuyo cumplimiento no debe interrumpirse a pesar, inclusive, de que se impugne la constitucionalidad de leyes. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 17/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, Materia Administrativa, Registro 196530, Página 187, que reza así: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Bajo esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta, notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución General de la República; con el apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la presente demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa a Jetsaí Martínez Olguín en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a las diversas personas que refiere en su demanda, únicamente en términos del artículo 24 de la Ley en comento, en virtud de no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito (sin perjuicio de reconocerles las diversas facultades que les fueron conferidas, una vez que acrediten ante éste Órgano estar plenamente autorizadas para ejercer la profesión de abogado); asimismo, se le tiene señalando como domicilio procesal, el que indica para ello en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de diciembre de dos mil quince, así como artículo 3 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente....". ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE, PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.
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