Rodrigo Adrian Albarran Mendoza

Expediente 625/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
625/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Rodrigo Adrian Albarran Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ..En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a la Secretaria, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. En ese sentido, agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio de la resolución, dictada en el recurso de queja 118/2020, de su índice, y devuelve el original del juicio de amparo 625/2020, de nuestra estadística. Acúsese recibo vía interconexión. En atención a lo anterior, glósese al presente juicio de amparo, únicamente las constancias originales correspondientes del cuaderno de antecedentes en que se actuó; y, respecto a las copias certificadas que se formó en sustitución del expediente original, ordénese al Actuario Judicial, la DESTRUCCIÓN de las mismas puesto que se tratan de copias que ya integran el presente juicio, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Ahora, tomando en consideración que el Órgano Colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de amparo indirecto 625/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad. TERCERO. Se desecha de plano la demanda de amparo indirecto promovida por Rodrigo Adrián Albarrán Mendoza, contra los actos reclamados de la Jueza Quinto de lo Familiar, de este distrito judicial de Tuxtla, con sede en esta capital, consistente en el proveído veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 664/2020." Ahora, tomando en consideración que el citado Órgano Colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte; en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en tal virtud, hágase del conocimiento de la parte quejosa el contenido de este proveído, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d) del artículo 21, del citado Acuerdo General1 , al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse en el Juzgado y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, quedan a disposición de la parte quejosa los documentos que, en copias simples exhibió en el presente juicio de garantías, apercibida que de no comparecer a recogerlos, podrá ser destruido junto con el expediente. 1 "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. (.)" Al respecto, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 antes mencionado, la parte quejosa podrá ingresar al Portal de Servicios en Línea, específicamente al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios en que este órgano jurisdiccional estará disponible para la generación de la cita respectiva, en la que se podrá efectuar la entrega de las mismas. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, recibido vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por medio del cual acusa recibo del oficio 10400, con el que se le remitió el juicio de amparo 625/2020, así como original y copia del escrito de queja, interpuesto por el quejoso Rodrigo Adrián Albarrán Mendoza, y el informe materia de la queja, rendido por el Titular de este Juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el citado quejoso; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa Rodrigo Adrián Albarrán Mendoza; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el RECURSO DE QUEJA que hace valer en contra del proveído de cuatro de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a lo anterior, ríndase el informe materia de la queja, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se cuenta con el expediente electrónico del presente juicio de amparo debidamente integrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en atención al Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y mejora de la gestión, capitulo III, inciso F), 1d. En ese sentido, de conformidad con el artículo 39 del citado Acuerdo General 21/2020, este Juzgador estima necesario que el órgano destinatario cuente con las constancias físicas1, por tanto, se instruye a la Secretaria para que bajo su más estricta responsabilidad, envíe el original del escrito de agravios aludido, así como el informe materia de la queja, y el original del expediente principal del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad. En tal virtud, con copia simple del escrito de expresión de agravios y demás constancias relativas, fórmese el cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente principal. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a la Secretaria y/o Actuario para que, de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio. Ahora bien, respecto a su solicitud de tener como domicilio y autorizados a las personas que menciona, dígasele que en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se acordó lo conducente. Finalmente, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionado, para que, en caso de ser necesario, se tome en consideración para realizar alguna comunicación por ese medio

  4. Principal

    TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 625/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que el promovente del amparo se duele esencialmente del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial de alimentos ********************, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual se decretó como medida provisional de alimentos el descuento del veinticinco por ciento sobre el salario base y demás prestaciones ordinarias, extraordinarias y sobre cualquier otra que tenga derecho el quejoso como empleado de la Comisión Federal de Electricidad, a favor de la actora ********************y el menor de iniciales ********************. En tal virtud, a criterio de este juzgador respecto al citado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". La causa de improcedencia que prevé la citada porción normativa se actualiza cuando en contra del acto reclamado procede un recurso por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados; toda vez que tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, salvo que se trate de algún caso de excepción que el propio artículo señala. Así, contra el acto que aquí se estudia, procede el recurso de apelación en términos de los artículos 663, 664, 666, 669, 991 y 992 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, del tenor siguiente: "ARTÍCULO 663.- EL RECURSO DE APELACION TIENE POR OBJETO QUE EL SUPERIOR CONFIRME, REVOQUE O MODIFIQUE LA RESOLUCION DEL INFERIOR. ARTÍCULO 664.- PUEDEN APELAR: EL LITIGANTE SI CREYERE HABER RECIBIDO ALGUN AGRAVIO, LOS TERCEROS QUE HAYAN SALIDO AL JUICIO Y LOS DEMAS INTERESADOS A QUIENES PERJUDIQUE LA RESOLUCION JUDICIAL. NO PUEDE APELAR EL QUE OBTUVO TODO LO QUE PIDIO; PERO EL VENCEDOR QUE NO OBTUVO LA RESTITUCION DE FRUTOS, LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS O EL PAGO DE COSTAS, PODRA APELAR TAMBIEN." (.) "ARTÍCULO. 666. LA APELACIÓN DEBE INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL JUEZ QUE PRONUNCIO LA RESOLUCIÓN EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES, SALVO CUANDO SE TRATE DE APELACIONES EXTRAORDINARIAS. LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS SERÁN APELABLES CUANDO LO FUERE LA SENTENCIA DEFINITIVA." (.) "ARTÍCULO 669.- EL RECURSO DE APELACION PROCEDE EN UN SOLO EFECTO O EN AMBOS. TRATANDOSE DE APELACIONES CONTRA CUALQUIER CLASE DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA RELATIVA A LA SENTENCIA DEFINITIVA, SE TRAMITARAN EN UN SOLO CUADERNO DE CONSTANCIAS, EN DONDE SE AGREGARAN LOS TESTIMONIOS RELATIVOS, Y AL QUE SE ANEXARAN COPIAS DE TODAS LAS RESOLUCIONES A DICHAS APELACIONES, INCLUSIVE LA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE QUE SE TRATE. EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE SENTENCIA DEFINITIVA, SE DEJARA EN EL JUZGADO PARA EJECUTARLA, COPIA CERTIFICADA DE ELLA Y DE LAS DEMAS CONSTANCIAS QUE EL JUEZ ESTIME NECESARIAS, REMITIENDOSE DESDE LUEGO LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL SUPERIOR. LA APELACION ADMITIDA EN AMBOS EFECTOS SUSPENDE DESDE LUEGO LA EJECUCION DE LA SENTENCIA, HASTA QUE CAUSE EJECUTORIA. CUANDO SE INTERPONGA CONTRA AUTO O INTERLOCUTORIA QUE POR SU CONTENIDO IMPIDA LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO Y LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS, SE SUSPENDERA LA TRAMITACION DEL JUICIO. DE NO SER ASI, SOLO SE SUSPENDERA EN EL PUNTO QUE SEA OBJETO DEL AUTO O LA INTERLOCUTORIA APELADA Y SE CONTINUARA EL PROCEDIMIENTO EN TODO LO DEMAS." CAPITULO UNICO. (.) "DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO." (.) "ARTÍCULO 991. LA APELACIÓN DEBERÁ INTERPONERSE EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 666. CUANDO LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO SE HAYA REGIDO POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL CÓDIGO, IGUALMENTE SE REGIRÁ POR ESTAS DISPOSICIONES, POR LO QUE TOCA A LOS RECURSOS; PERO EN TODO CASO, SI LA PARTE RECURRENTE CARECIERE DE ABOGADO, LA PROPIA SALA SOLICITARA LA INTERVENCIÓN DE UN DEFENSOR DE OFICIO, QUIEN GOZARA DE UN PLAZO DE TRES DÍAS MAS PARA ENTERARSE DEL ASUNTO Y A EFECTO DE QUE HAGA VALER LOS AGRAVIOS O CUALQUIER DERECHO A NOMBRE DEL (SIC) LA PARTE QUE ASESORE. ARTÍCULO. 992. LA SENTENCIA EN QUE SE NIEGUEN LOS ALIMENTOS ES APELABLE EN AMBOS EFECTOS, LA QUE LOS OTORGA, SOLO PROCEDE EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. INTERPUESTO EL RECURSO, SE REMITIRÁ EL ORIGINAL DEL EXPEDIENTE, DEJANDO COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN PARA SU EJECUCIÓN, LA QUE SE EJECUTARA SIN FIANZA". Del contenido de dichos artículos se desprende que el código procesal civil de esta entidad federativa, contempla como medio de impugnación en contra de las sentencias en que se nieguen u otorguen los alimentos el recurso de apelación, con la salvedad que en el primer caso la apelación se admite en ambos efectos y, en el segundo, solo procede en el efecto devolutivo y éste tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la decisión adoptada por el juzgador, mismo que, por imperativo de ley, debe substanciarse ante el Tribunal de Alzada. En consecuencia, se estima que los autos que se emitan dentro del juicio especial de alimentos de origen son apelables, ya que conforme al segundo párrafo del artículo 666 del código procesal citado, los autos son apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva, como acontece en el caso a estudio, tal como lo dispone el artículo 992 de la ley adjetiva civil local. Por lo que se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto el recurso ordinario por virtud del cual el acto reclamado pudo haber sido modificado, revocado o nulificado, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Así las cosas, si en contra del auto reclamado no se interpuso el recurso de apelación previamente al juicio de amparo, hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior la tesis I.5o.C.87 C (10a.) emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a pagina 2536, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, Materia civil, Décima Época, que dice: "RECURSO DE APELACIÓN. ES UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN APTO, IDÓNEO Y EFICAZ PARA COMBATIR LA ADMISIÓN DE PRUEBAS EN ASUNTOS DEL ORDEN FAMILIAR. En los juicios de materia familiar, cuando se trata de probanzas cuya admisión puede afectar materialmente derechos sustantivos de alguna de las partes, y se considere que los actos reclamados tengan una ejecución de imposible reparación; debe agotarse previamente el recurso de apelación, pues aun cuando del artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierta que dicho recurso procede en efecto devolutivo de tramitación conjunta y se generara la posibilidad de que pudiera liberarse al eventual quejoso de interponerlo porque su tramitación no se agota una vez que se hace valer, ya que se posterga su final decisión hasta que se dicta la sentencia definitiva; esa disposición es inaplicable en materia familiar, pues los artículos 950 y 951 del referido ordenamiento determinan que las apelaciones que procedan en las controversias de esa índole serán admitidas en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; ya que, su trámite y final decisión no se sujetan a la emisión de la sentencia definitiva y a que ésta sea impugnada, sino que deben resolverse antes de su dictado; sin embargo, dado que tal acto puede generar efectos de imposible reparación, debe ponderarse si dicho recurso, no obstante su inmediata tramitación, es idóneo o eficaz para impedir que el respectivo medio de prueba se desahogue, hasta en tanto se resuelva en la alzada sobre la legalidad de su admisión. Ante ello, si bien esa posibilidad de suspender el acto reclamado, conforme a la legislación que lo rige, es una excepción a tal principio que sólo opera tratándose de actos de autoridades administrativas, no cuando se trata de entes jurisdiccionales, lo cierto es que el propio ordenamiento adjetivo proporciona la solución, pues su artículo 696, imponiendo una carga procesal mínima al eventual quejoso, le da la posibilidad de que se suspenda tal desahogo, al establecer que cuando la ejecución del auto impugnado pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y el recurso proceda en efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirá en ambos efectos si así lo solicita el apelante al interponerlo y expone los motivos de su apreciación; lo cual, de resultar procedente, así lo decretará el Juez, señalando el importe de la garantía para que surta efectos la suspensión solicitada. Por lo tanto, el recurso de apelación sí es un recurso idóneo, apto y eficaz que debe ser agotado antes de acudir al amparo indirecto en tales supuestos. Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solamente procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro IUS 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." No es óbice a lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicad a en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 990, registro 2004677, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Ello, toda vez que en dicho criterio se contempla la actualización de una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse; ya que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Empero, en el caso concreto, el recurso de apelación es adecuado y eficaz, pues como se puntualizó, tiene la capacidad de reparar el acto, en tanto que puede modificar o revocar la determinación reclamada y, además puede suspenderse su ejecución, de conformidad con el numeral 671 del código adjetivo civil para la entidad; aunado a que en la especie, no se encuentran involucrados intereses de un menor, toda vez que el quejoso promueve la demanda por derecho propio en su carácter de parte demandada en el juicio especial de alimentos de origen. Por lo que, al no haberse promovido el medio legal que concede la ley ordinaria aplicable contra el auto reclamado y que no se actualiza ninguna excepción al principio correspondiente que el propio artículo señala; es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que el peticionario del amparo refiere que la labor de los juzgados familiares se encuentra suspendida debido a la pandemia mundial, por lo que, a su decir, por el momento no existe recurso legal alguno que pueda tramitar y desahogar para reducir la medida provisional. Sin embargo, sin prejuzgar sobre la existencia de guardias en los Juzgados Familiares y Salas Regionales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, para tramitar recursos promovidos en juicios de alimentos, los cuales se consideraron como casos urgentes conforme a los artículos 5, 6, fracción IV, inciso b) y 8 del Acuerdo General número 05/2020 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, concerniente a las medidas de contingencia adoptadas por esa institución dirigidas a las y los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales y administrativos ante la contingencia de salud del virus SARS-CoV2 (COVID-19), lo cierto es que la parte quejosa no expresa que haya presentado el recurso de apelación y que se haya desechado o no se le hubiera recibido, por tanto, no agotó el recurso ordinario que se encontraba obligada a promover para dar cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, sin que se actualice ninguna excepción a dicho principio. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia invocada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con el trámite del presente sumario, si ya desde este momento se conoce el resultado; pues de estimar lo contrario, únicamente se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en detrimento de la parte quejosa. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo********************y********************, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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