Rodrigo Abascal Olascoaga
Expediente 1/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 33 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rodrigo Abascal Olascoaga
- RODRIGO ABASCAL OLASCOAGA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
México, Ciudad de México, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta presentado electrónicamente por el quejoso ******, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, por medio del cual, solicita se expida copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, así como de los tomos identificados del número II al VIII; al respecto, se provee: Sin lugar en expedir las constancias relativas de los tomos identificados del número II al VIII, debido a que en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos; por tanto, por carecer de utilidad, dichas constancias fueron devueltas a la autoridad que en su momento remitió en apoyo a su informe con justificación; asimismo, se hace de su conocimiento que mediante auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, por medio del cual, acusa recibido de dichas constancias. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Amparo y como lo solicita el promovente, expídase a su costa copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto, previa toma de razón que por su recibo obre en autos y por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. A efecto de que se realice la gestión de las copias certificada solicitadas, dígase a la parte quejosa que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, en el micro sitio sobre "Agenda OJ" para agendar dos citas a fin de acudir a éste órgano jurisdiccional. La primera para gestionar las copias (bajar el expediente al fotocopiado). La segunda en fecha posterior para que se realice su entrega y dar oportunidad de certificar las copias. Lo anterior, deberá de realizar en los días y horarios disponibles, y obtener su código QR, a fin de tener acceso al inmueble y llevar a cabo dicho trámite; de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid - 19. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, por medio del cual, acusa recibido de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado mediante auto de cinco de noviembre del año en curso. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia que resolvió sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por XXXXXXXXX por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX y XXXXXXXXX, todos de apellidos XXXXXXXXX. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es destruible, ya que le fueron negadas la suspensión provisional y definitiva a la quejosa, de conformidad con el artículo, al Capítulo Octavo, artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Amparo indirecto 1/2021 En las relatadas condiciones, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por las partes, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual manera, se ordena devolver a la autoridad responsable, las constancias que acompañó al momento de rendir su informe justificado, requiriéndole para que a la brevedad posible se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. REUBICACIÓN DE NUEVO TITULAR. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez XXXXXXXXXX, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez XXXXXXXXX, a partir del dieciséis del mes y año en curso. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1/2021-I, promovido por XXXXXXXXXXXX, en representación de sus menores hijos C. M., J. R., C. E. y M. I.1 todos de apellidos A. P., contra actos del Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido mediante oficio 8402/2020, turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el catorce de enero de dos mil veintiuno, la quejosa -quien es parte actora en el juicio de origen-, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad indicada y el acto que precisó como sigue: "1.- La emisión de la resolución sumarísima mediante el auto de fecha 5 de agosto del 2020, a través de la cual, sin audiencia previa y sin atender a los elementos de prueba aportados, rechaza de plano la solicitud de Modificación del Régimen Provisional de Guardia y Custodia decretado mediante resolución de fecha 26 de febrero del 2020. 2.- La omisión de tomar las medidas pertinentes y necesarias a fin de proteger el interés superior de los quejosos [.] que comprende el respeto a su decisión de ver y convivir con su padre, a quien no pueden ver desde el d12 de diciembre del 2019, por así impedirlo la madre. [.]" Acto que la parte quejosa señaló como violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 1 El nombre y características de los menores se reserva en acatamiento a la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", que dice: "8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad". Mexicanos; asimismo, expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previa aclaración, por auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, XXXXXXXXXXXX, quien es parte demandada en el juicio de origen, lo que aconteció mediante diligencia de doce de febrero de dos mil veintiuno; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó el seis de julio del citado año, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de nuestra Carta Magna; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un procedimiento de naturaleza civil, especializado en materia familiar, ante un juzgado del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir el quejoso y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior, la tesis P. VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto de cinco de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de divorcio incausado 5/2020, por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, promovido por XXXXXXXXXXXX en contra de XXXXXXXXXXXX, en el que no proveyó el cambio sobre el régimen provisional de guarda y custodia, de los menores quejosos, solicitado por el actor. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de estos. TERCERO. Certeza de actos. ES CIERTO el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado; aunado a que la certeza de los actos se corrobora con las constancias que en apoyo a su informe justificado remitió, las que por tratarse de actuaciones judiciales adquieren valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, y con las que se demuestra la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, de donde se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito de seis de enero de dos mil veinte, XXXXXXXXXXXX, promovió en la vía ordinaria civil, en contra de XXXXXXXXXXXX, la disolución del vínculo matrimonial; demanda que, se admitió a trámite por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante proveído de nueve de enero del citado año, en el que, se ordenó dar vista a la demandada con el régimen de visitas y convivencias y con la guarda y custodia, solicitadas por el actor (fojas 2 a 66 del tomo V de constancias). 2. Por auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, el A quo tuvo contestando la demanda a la demandada, y, a efecto de contar con mayores elementos para proveer sobre la guarda y custodia y el régimen de visitas y convivencias, solicitadas por el actor, señaló las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de abril de dos mil veinte, para llevar a cabo una plática con los menores hijos de la partes, por lo que se requirió a la demandada para que se compareciera en tal fecha y hora, y presentara a los menores, apercibida que de no hacerlo, se haría acreedora a un arresto por treinta y seis horas (foja 187, Ibídem). 3. Mediante proveído de trece de febrero de dos mil veinte, el citado Juez responsable, determinó señalar las trece horas con treinta minutos del día veintiséis de febrero de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia de relativa a la plática con los menores hijos de las partes, pues estimó que resultaba urgente contar con mayores elementos para determinar sobre la guarda y custodia y el régimen de visitas y convivencias, solicitadas en autos (foja 538, Ibídem). 4. Así, mediante audiencia celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veinte, tuvo verificativo la plática del Juez de origen con los menores, hoy quejosos, hecho lo cual, el A quo determinó decretar la guarda y custodia provisional de los menores a favor de su madre, XXXXXXXXXXXX; y, por cuanto hace al régimen de visitas y convivencias provisional, entre los menores y su padre, se determinó que se realizaran en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, para lo que se ordenó girar el oficio respectivo al citado Centro (fojas 690 a 696, Ibídem). 5. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, el actor, hoy quejoso, promovió incidente de modificación de guardia y custodia, a la decretada en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, escrito al que recayó el siguiente proveído (foja 504 del tomo V de constancias): "Ciudad de México, a cinco de agosto del dos mil veinte. A sus autos el escrito de XXXXXXXXXXXX, atento a su contenido, dígase al ocursante que en atención a lo dispuesto por el artículo 282 primer párrafo del Código Civil, una vez que se decrete la disolución del vínculo matrimonial que une a las partes, se acordará lo que en derecho proceda, en consecuencia, quedan a disposición del ocursante los documentos y anexos exhibidos con el escrito de cuenta. Notifíquese [.]" Esta resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, en el caso, el Juez responsable, señala que respecto del acto reclamado, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque no se agotó el recurso ordinario procedente. Tal precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" De la literalidad del precepto legal transcrito se desprende que, salvo las excepciones que se indican, el juicio de amparo es improcedente, cuando en contra del acto reclamado proceda algún recurso por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, contiene de modo implícito el principio de definitividad, que no es otra cosa, que el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, la cual, acorde a lo que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional2 de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 y como por los tribunales internacionales de derechos humanos4. 2Sobre la dimensión institucional del Derecho, Cfr. La dimensión institucional del Derecho y la justificación jurídica, de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, en Doxa, número 24, Cuadernos de Filosofía del Derecho. Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Edición electrónica, disponible en: http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02148678RD27151931.pdf 3"DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano es un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los Sigue diciendo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Primera Sala, tesis aislada, constitucional, tesis 1ª CCLXXV/2012 (10ª), registro 2002286, décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 525. Amparo directo en revisión 2354/2012. 12 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. 4Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que "[l]a Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado." Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú, sentencia de 24 de noviembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 126. De igual forma, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos ha dicho que "([l]os términos procesales dispuestos en la ley persiguen el legítimo propósito de asegurar la certeza jurídica, como un lapso perentorio que protege a potenciales acusados de reclamaciones tardías e implican que los tribunales no deben fallar motivados en pruebas que han perdido certeza e integridad con el paso del tiempo." Caso Stagno vs Bélgica, sentencia de 7 de julio de 2009. violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Lo anterior obedece al régimen federal del Estado mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias. Así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal, organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respetan los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales. La resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales así como la revisión de sus decisiones por órganos superiores son derechos fundamentales a favor de los gobernados. Arriba a la conclusión que la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos5. En el presente caso, EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, porque en contra de la resolución que constituye 5Sobre el sentido del artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el citado artículo dispone que "[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. El texto citado es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención." Opinión Consultiva OC-8/87, El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), de 30 de enero de 1987, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, párrafo 32. el acto reclamado -auto de cinco de agosto de dos mil veinte-, procedía el recurso de revocación, previsto en los artículos 684, 685 y 685 Bis, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que establecen: "Artículo 684. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento." "Articulo 685. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso." "Artículo 685 Bis. La resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, pero sí podrán impugnarse las resoluciones que recaigan respecto del o los convenios presentados durante el juicio; de tal manera que, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." De la parte subrayada se desprenden los aspectos que enseguida se precisan: - Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. - En los juicios en que la sentencia definitiva no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. - La resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable. Ahora bien, como ha quedado asentado, en el caso a estudio, el quejoso reclama el proveído de cinco de agosto de dos mil veinte, dictado por el Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, en el que, de plano, no se admitió a trámite el incidente de modificación a la medida provisional de guarda y custodia decretada en proveído de veintiséis de febrero del citado año. Actos reclamados contra los cuales procedía el recurso de revocación, dada la naturaleza y estado procesal de la controversia del juicio de origen, pues se trata de un juicio de divorcio incausado, en el que aún no se ha dictado sentencia, respecto de la que no procede recurso de apelación, por determinación expresa del citado artículo 685 Bis de la legislación invocada. Ahora, como el medio de impugnación referido puede tener como efecto el revocar o modificar el proveído reclamado, previo a que se promoviera el amparo, se debió agotar, ya que el quejoso al ser parte en el procedimiento de origen, está obligado a agotar los recursos y medios de defensa que establece el ordenamiento legal previamente a la promoción del amparo, atento al mencionado principio de definitividad. Sin se advierta la actualización de hipótesis alguna de excepción, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco, se refiere a órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Asimismo, el quejoso es parte en el procedimiento de origen por lo que no puede ser considerado como extraño al procedimiento. Por igual, los preceptos reproducidos de la legislación procesal civil local, se considera que fundan suficientemente la hipótesis de procedencia del recurso de revocación, el cual el ahora quejoso, en su carácter de parte en el juicio de origen, estaba obligado a agotar, sin que se advierta que lo haya hecho; por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sobreseimiento decretado, no es factible jurídicamente estudiar los conceptos de violación planteados por el inconforme relacionados con la inconstitucionalidad del acto reclamado. Aplica al respecto, la jurisprudencia número VI, 1o.J/23, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII- XXIV, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, correspondiente a la Octava Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por XXXXXXXXXXXX, en representación de sus menores hijos C. M., J. R., C. E. y M. I., todos de apellidos A. P., contra actos del Juez Décimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, precisado en el considerando segundo de esta sentencia y conforme a lo expuesto en el último considerando. NOTIFÍQUESE por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, vía electrónica a la parte quejosa, y personalmente al representante especial de los menores, designado por el Instituto Federal de Defensoría Pública y a la tercera interesada.
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