Rodrigo Abascal Olascoaga

Expediente 937/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
937/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Abascal Olascoaga

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica la determinación por la que se acusa recibo del oficio con el que se le remitió copia certificada del juicio de amparo 937/2023-V, promovido por ********************autorizado del quejoso ********************, así como original y copia del escrito por medio del cual la parte quejosa interpuso recurso de queja y formuló agravios e informa que se admitió a trámite dicho recurso, registrándolo con el número de expediente Q. P. 262/2023. Por otra parte, toda vez que la autoridad oficiante, solicita la vinculación del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, instrúyase a la Oficial judicial "A" para que realice las gestiones necesarias a efecto que se le permita al homólogo el acceso al expediente electrónico del sumario en que se actúa, llevando a cabo la vinculación correspondiente. Notifíquese y personalmente a la Oficial Judicial "A".

  2. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa por el cual interpone recurso de queja en contra de los proveídos de ocho y diez de noviembre de dos mil veintitrés; en tal virtud, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el recurso de mérito no las involucra; por tanto, envíese el original del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar, como lo ordena artículo 101 de la Ley de Amparo y remítase copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el la superioridad competente substancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado, que este órgano jurisdiccional rinde el referido informe comunicándole que SON CIERTOS LOS ACUERDOS IMPUGNADOS, ya que este Juzgado emitió el citado proveído de ocho de noviembre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo; así como el auto de diez siguiente, en el que se determinó no acordar de conformidad el escrito de ampliación de demanda intentada por la parte quejosa. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, por medio del cual pretende ampliar el escrito inicial de demanda únicamente por lo que hace a conceptos de violación, es decir, el acto reclamado y las autoridades responsables son las mismas que las previamente indicadas en su libelo inicial. Siendo esto así, se informa al promovente que en auto de ocho de noviembre último, se desechó la demanda atendiendo al análisis ahí realizado en torno a la improcedencia de los actos reclamados; en tales condiciones, es indudable que la ampliación por concepto de violación que ahora se pretende sigue la misma suerte. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por conducto de su defensor privado *************, contra actos del Víctor Alfredo Fernández Hernández, Titular de la Unidad 7 Sin Detenido de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, regístrese con el número de juicio 937/2023-V y genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía el quejoso los hizo consistir en: "1.1. El acuerdo de fecha 13 de septiembre de 2023, dictado por el licenciado Victor Alfredo Fernández Hernández, agente del Ministerio Público, titular de la Unidad 7 Sin Detenido de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante reapertura de investigación, dentro de la carpeta de investigación ************* por medio del cual niega ciertos actos de investigación solicitados por la defensa del imputado Rodrigo Abascal Olascoaga (el 'Acuerdo de 13 de septiembre' y/o 'Acto Reclamado'). 1.2. El acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2023, dictado por el licenciado ****************, agente del Ministerio Público, titular de la Unidad 7 Sin Detenido de la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante la reapertura de la investigación complementaria, dentro de la carpeta de investigación ************, por medio del cual niega la solicitud de cuentas bancarias y omite acordar respecto una evaluación psicológica, ambos actos de investigación solicitados por la defensa del imputado ************(el 'Acuerdo de 22 de septiembre y/o 'Acto Reclamado').". Improcedencia Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así es, el citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Asimismo, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de derechos, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Ahora, en el caso que nos ocupa se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°., fracción I y el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo ,que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.).". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De lo transcrito se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. Al efecto, debe partirse de que en el primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, el Constituyente incorporó como materia de protección por parte del Estado, los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión. Asimismo, pone de relieve que los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos. Así, las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen, los cuales pueden existir sin éstas pero no a la inversa; entonces, las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos. En el entendido de que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías, siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". Estableció que la primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, inciso a), dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, la segunda, está prevista en su fracción V, cuya intención es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. De esta forma, estableció que podía afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que deberían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación, según fue explicando nuestro Más Alto Tribunal, el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primer exigencia consiste en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos". Tal expresión es opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De modo que, en los juicios de amparo iniciados conforme a la actual Ley de Amparo, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. La causal de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, considerando al efecto, que el perjuicio es la afectación o lesión de un derecho legítimamente tutelado, provocada por la actuación de la autoridad, y que otorga al interesado que sufre de manera directa el perjuicio efectivo, la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dicho derecho protegido por la ley no le sea violado o para que le sea reparado, perjuicio que, en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio de derechos, que de no acreditarse, la acción constitucional resulta improcedente, es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el justiciable, es necesario que hubiere sufrido de manera directa un agravio, lesión, afectación o perjuicio a los derechos o intereses de los cuales fuere titular. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en estudio por las razones que a continuación se exponen: En efecto, del análisis integral al escrito de demanda se advierte que la parte quejosa alude como actos reclamados los acuerdos ministeriales de trece y veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictados en la carpeta de investigación *************, por medio de los cuales la autoridad responsable se fue omisa en pronunciarse respecto una evaluación psicológica solicitada como acto de investigación y negó acordar favorable la realización de diversos actos y técnicas de investigación solicitados por el justiciable en la etapa de investigación complementaria. Ahora bien, tal circunstancia no afecta directamente los derechos del justiciable, toda vez que la negativa de la responsable plasmada en los acuerdos que reclama, o bien, la omisión de acordar de conformidad la misma respecto de algún acto de investigación propuesto por el justiciable, no son los que de forma definitiva determinen que no se llevarán a cabo los actos de investigación propuestos. Ello es así, pues ante el Juez de Control que conozca del procedimiento respectivo, el amparista podrá hacer valer sus motivos a fin de que tales actos se lleven a cabo, pues es éste quien en todo caso, será el que determine si resulta procedente o no reaperturar la investigación a fin de que se desahoguen las diligencias formuladas. Cabe precisar que la integración de la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, la integración de la investigación en sí misma, no es un acto que vulnere la esfera de derechos del justiciable, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, aun en el caso que sea la propia parte quejosa, la persona que denunció los hechos posiblemente constitutivos de delito por los que se dirige la investigación, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al citado precepto Constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Resulta orientador el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE REALIZAR LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PROPUESTOS POR LAS PARTES EN ESTA ETAPA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE, POR SÍ SOLO, NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO. La negativa ministerial de realizar las diversas diligencias indagatorias formuladas por las partes durante la etapa de investigación complementaria en el sistema penal acusatorio hasta antes de su cierre, por sí sola, no causa perjuicio alguno al quejoso, en razón de que dicha negativa no constituye un acto que resuelva definitivamente la no ejecución de los actos de indagación propuestos, pues acorde con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el disconforme, hasta antes de presentada la acusación, puede exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesario que se realicen los actos de investigación formulados y que, de manera previa, el fiscal investigador rechazó, ya que, en todo caso, la decisión final la tomará el juzgador si resulta procedente o no ordenar la reapertura de la investigación en términos del precepto mencionado; de ahí que contra esa negativa el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. No se inadvierte que la norma secundaria prevé expresamente la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en contra de actos de autoridad cuyos efectos sean de imposible reparación, se itera, en el caso no sucede, en los términos explicados en párrafos precedentes. En ese sentido, cabe precisar que los actos relacionados con la integración de las carpetas de investigación efectuado por la autoridad investigadora, se realiza en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, con el objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito; por tanto, considerando que la finalidad de dicha diligencia es allegarse de los elementos necesarios para la debida integración de la carpeta en comento, es dable afirmar que su desahogo e integración no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, pues en sí misma, no es un acto que vulnere la esfera de derechos del peticionario de amparo, ni lesiona algún derecho subjetivo tutelado por alguna disposición jurídica, ya que tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos de orden público conforme al citado precepto Constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA la presente demanda. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Acceso al expediente electrónico y notificaciones respecto al quejoso. Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico de la parte quejosa instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese a la parte quejosa, que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese; y, personalmente.

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