Rodolofo Ruiz García

Expediente 292/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
292/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
05/08/2016

Partes del expediente

  • Rodolofo Ruiz García

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 31192, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el que acusa recibo del oficio 2744-II, por el que se le remitió por incompetencia legal la demanda de amparo promovida por Rodolfo Ruiz García y remite copia certificada del auto de cinco de julio del año en curso, en donde acepta la competencia declinada por este Juzgado. En consecuencia, atendiendo a la certificación que antecede, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales, y que este Juzgado se declaró incompetente para conocer del asunto, como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción por ubicarse en el supuesto de la fracción I, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo que promueve Rodolfo Ruiz García, contra actos del Primer Representante Municipal de la Localidad de Buena Vista, San Mateo Piñas, San Pedro Pochutla, Oaxaca, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: "Reclamo la orden verbal o escrita respecto a la instalación o toma de agua potable, dictada en mi contra por las autoridades señaladas como responsables en el "ojito de agua" el cual está en mi terreno de sembradura descrito en líneas que anteceden, y del cual pretenden realizar sin mi consentimiento." Asimismo, el quejoso señala como autoridades responsables en su doble carácter a las siguientes: . Ahora, toda vez que la competencia legal es de orden público y por tanto, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de garantías presentada por el promovente. . Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie el acto que reclama la parte quejosa, es la orden verbal o escrita respecto a la instalación o toma de agua potable, dictada en su contra por las autoridades responsables en el "ojito de agua", localizado en su terreno de sembradura ubicado en la congregación denominada "Buena Vista", del municipio de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca. Luego, como la orden verbal o escrita reclamada trata de ejecutarse en Buena Vista, San Mateo Piñas, Oaxaca, pues el quejoso indica que las autoridades responsables que señaló, están realizando obras de instalación de agua potable en el terreno de su propiedad, ubicado en la congregación denominada "Buena Vista", del municipio de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca, ya que por ratos van a dejar tubos, arena, varilla y grava; ante ello, es evidente que en la especie se surte la hipótesis señalada en el inciso a), que se refiere a la regla contenida en el primer párrafo, del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el Juez de Distrito competente para conocer del asunto es aquél que ejerza jurisdicción en el lugar donde trate de ejecutarse el acto reclamado, en este caso, la orden verbal o escrita respecto a la instalación o toma de agua potable dictada en contra del quejoso. Por tanto, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, toda vez que el municipio de San Mateo Piñas, Oaxaca, al que pertenece la localidad de Buena Vista, en que tendrá ejecución el acto reclamado, no se encuentra dentro de los municipios en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción territorial, como lo establece el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que dispone: . En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta autoridad declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, declinándola a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por consiguiente, previa copia certificada que se deje en los presentes autos, remítasele el original de la demanda de amparo y ocho copias de la misma, así como el original de la papeleta de turno, para que proceda conforme a sus facultades legales, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. . Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Por otro lado, toda vez que el quejoso no señala domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones como se lo impone el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágasele mediante lista de acuerdos. Se tiene como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Montesinos Paz, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red de Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Blanca Irene Clavel Raymundo, Rocío Miguel Doquiz, Ana Lilia Clavel López y Oscar Rogelio Ramírez Santiago, porque en esos términos lo solicita. Hágase saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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