Rodolfo Vélez Ortíz

Expediente 1640/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 62 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1640/2015
Año
2015
Actuaciones
62
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Rodolfo Vélez Ortíz
  • Procurador General de Justicia del Estado de Puebla. (Actualmente Fiscal General del Estado de Puebla).

Actuaciones

Las 4 más recientes de 62.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, se aprecia que mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se dio vista al quejoso con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, con el apercibimiento que, de hacer o no manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, sin que dicha parte quejosa hiciera manifestación alguna. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede resolver, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto, se tiene que por ejecutoria de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, concedió al quejoso Rodolfo Vélez Ortiz, la protección constitucional solicitada, contra el acto del Encargado del Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (actualmente Fiscalía General del Estado de Puebla), Director General del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, dependiente del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de Estado, Director General Administrativo (actualmente Oficial Mayor) y Titular del Centro de Información, ambos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (hoy Fiscalía General del Estado de Puebla), para el efecto de que: ".01. Que la autoridad responsable, Fiscalía General del Estado de Puebla -en su actual denominación-, proceda a realizar el pago de la indemnización que corresponde al quejoso como miembro de dicha Institución, quien al momento de los hechos tenía el cargo de agente ministerial número 379 (fojas 5 y 37 del expediente de origen), la cual deberá calcularse conforme la ley aplicable, de acuerdo a lo ordenado en la normatividad que rigió a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, ahora Fiscalía General del Estado de Puebla; de igual forma, proceda a realizar el pago correspondiente a las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales consisten en la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes; 02. La autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla deberá reanudar los servicios de salud que le corresponde proporcionar al quejoso Rodolfo Vélez Ortiz y a sus familiares hasta en tanto no transcurra el plazo de tres meses a partir de que se haga la liquidación total correspondiente a la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el citado quejoso. 2.1 En consecuencia, la autoridad responsable ordenadora, Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla -en su actual denominación-, por conducto del Director General Administrativo de dicha dependencia y el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, deberán demostrar que han pagado las cuotas y aportaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla que correspondan al quejoso hasta el día de su liquidación total; 2.2 Por su parte, el Instituto deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda del pago de las cuotas y aportaciones que debieron enterarse a favor del impetrante como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas; y, 03. Las autoridades correspondientes deben proceder a ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, resguardado en el Registro Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública, de que este fue separado, destituido o cesado de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo." . Después de diversos trámites, por proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el incidente de ejecución y liquidación de sentencia hecho valer por la parte quejosa, el cual fue resuelto en sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se aprueba el incidente de liquidación propuesto por el quejoso RODOLFO VÉLEZ ORTIZ, por la cantidad de $118,370.33 (ciento dieciocho mil trescientos setenta pesos, 33/100 moneda nacional). SEGUNDO. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días den cumplimiento a la presente resolución y procedan a pagar al aquí incidentista la cantidad de $118,370.33 (ciento dieciocho mil trescientos setenta pesos, 33/100, moneda nacional), sin que en esta incidencia se haya hecho pronunciamiento sobre la posible deducción de impuesto que debe retener el patrón, por no ser materia de la misma". En cumplimiento a lo anterior, el Coordinador General Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en representación del Director General de dicho Instituto, mediante oficio recibido el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, el impetrante así como sus beneficiarios se encontraban activos para recibir los servicios médicos, hasta en tanto se llevara a cabo la indemnización correspondiente por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. De igual manera, a través del oficio recibido en este órgano judicial el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, remitiendo copia certificada de diversas constancias, dentro de las cuales obra el oficio UCDCI/0800/2017, del que se desprende que se hizo la anotación en el expediente del aquí quejoso Rodolfo Vélez Ortiz, en el sentido de que fue separado del cargo de manera injustificada; así como de la copia certificada de la nómina respectiva, de la que se advierte que el impetrante Rodolfo Vélez Ortiz, en fecha quince de mayo del año en curso, recibió un cheque por la cantidad de $118,370.33 (ciento dieciocho mil trescientos setenta pesos 33/100 moneda nacional). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó sobreseer y amparar y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, modificó dicha sentencia, sobreseyendo y amparando en el sumario en que se actúa. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la copia del oficio de la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el que informa que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, remitiendo copia certificada de diversas constancias, de las que se desprende que mediante oficio UCDCI/0800/2017, del que se desprende que se hizo la anotación en el expediente del aquí quejoso Rodolfo Vélez Ortiz, en el sentido de que fue separado del cargo de manera injustificada; así como de la copia certificada de la nómina respectiva, de la que se advierte que el impetrante Rodolfo Vélez Ortiz, en fecha quince de mayo del año en curso, recibió un cheque por la cantidad de $118,370.33 (ciento dieciocho mil trescientos setenta pesos 33/100 moneda nacional). De igual manera, el Coordinador General Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en representación del Director General de dicho Instituto, mediante oficio recibido el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, el impetrante así como sus beneficiarios se encontraban activos para recibir los servicios médicos, hasta en tanto se llevara a cabo la indemnización correspondiente por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con las referidas documentales, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  3. Principal

    Agréguense a sus autos los oficios de cuenta, signados por el Oficial Mayor y la Directora General del Órgano Interno de Control y Visitaduría, ambos de la Procuraduría Fiscal del Estado de Puebla, visto su contenido, se le tiene informando las gestiones que se encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio en que se actúa; de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la copia del oficio de cuenta, signado por el Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, visto su contenido, se le tiene informando que el quince de mayo de dos mil dieciocho el quejoso Rodolfo Vélez Ortiz acudió a esa oficina a recibir el cheque correspondiente; de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el término de tres días siguiente a la notificación del presente acuerdo, informe a este órgano judicial el cabal cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo dictada en autos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten; haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento con que fue conminado en autos.

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