Rodolfo Velázquez de los Santos

Expediente 325/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
325/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Velázquez de los Santos

Actuaciones

  1. Principal

    AUTO DE DESECHAMIENTO CAUSÓ ESTADO Vistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de quince de abril de dos mil veintiuno; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carecen de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d), porque la demanda fue desechada; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello.

  2. Principal

    RADICACIÓN Con el oficio 15135/2021 signado por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y demanda anexa promovida por por Rodolfo Velázquez de los Santos, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 325/2021. Se hace constar que el oficio de mérito fue girado en cumplimiento a la resolución de nueve de abril de este año, pronunciada dentro del juicio de amparo 233/2021, por el cual se ordenó remitir el escrito de ampliación de demanda, ya que los actos reclamados en el ocurso que se provee no guarda relación estrecha con el acto que inicialmente reclamó el citado quejoso en aquel juicio de amparo. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo ante la advertencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El quejoso esencialmente reclama al Juez de Control Adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro de Puebla, así como a la licenciada Ariana Hernández Hernández de la Agencia del Ministerio Público de la Popular adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que no se le permite el acceso a la causa penal 2687/2020/PUEBLA ni a la carpeta de investigación que dio origen a esa causa, las cuales asegura que se siguen en su contra, pues ello así se entiende del análisis integral de la demanda y de expresiones como la siguiente: "La oscuridad procesal y la omisión de las responsables de permitir imponerme conforme a lo establecido en el artículo 20 apartado B fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la carpeta y causa penal que se sigue en mi contra." Al respecto, de manera notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. De esos artículos en relación con el diverso 107, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio de amparo debe promoverse únicamente por la parte que aduzca ser titular del derecho subjetivo siempre que se alegue que con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En el caso, no se actualizan esos extremos, pues en realidad el quejoso dice que tiene derecho a tener acceso a la causa penal y a la carpeta de investigación, por el sólo hecho de que se siguen en su contra. Sin embargo, esa circunstancia no lo hace titular por sí de un derecho subjetivo. Es cierto que en términos del artículo 20, apartado B, fracción VI, constitucional, el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación. Sin embargo, ese derecho no nace con la formación de la carpeta de investigación o con la radicación y de la causa penal en contra del imputado, sino que el propio texto constitucional condiciona el surgimiento de ese derecho al momento en el que el indiciado se encuentre detenido o se pretenda recibir su declaración o entrevistarlo. Incluso se precisa en el texto constitucional que antes de su primera comparecencia ante juez el imputado y su defensor podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. También indica que a partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación. Esto es, el derecho fundamental de defensa en el matiz de tener acceso a los registros de investigación y a la causa penal, no se ejerce en cualquier momento, sino que la Carta Fundamental establece las pautas bajo las cuales podrá ejercerse. En el caso el quejoso alega que no se le permite el acceso a la carpeta de investigación ni a la causa penal que se siguen en su contra, sin embargo, no refiere que se le haya citado para declarar o recibir entrevista ante la autoridad investigadora de los delitos. Tampoco, menciona que haya sido citado para audiencia inicial ante juez de Control, y que pese a ello no se le permite el acceso esos expedientes. Esto es, el quejoso no menciona encontrarse en una circunstancia en la que esté en posición de ejercer el derecho fundamental que pretende, pues para ello, debe ser requerido para declarar o ser entrevistado por la autoridad ministerial, o bien citado para la audiencia inicial ante juez de control, ya que esas son las circunstancias previstas en la constitución como aquellas que el permiten exigir el acceso a los registros de investigación. Al no referir encontrarse en ese supuesto, no está en aptitud de alegar que tiene el derecho a los registros y que al no permitírsele estos, se vulneran sus derechos fundamentales. Por ende, no se ubica en los supuestos previstos en los artículos 1º y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, pues si bien alega que se le viola un derecho subjetivo, lo cierto es que el análisis integral de la demanda permite identificar que quiere conocer el contenido de la carpeta y de la causa penal pese a que no se han dado las condiciones constitucionales que le permitan conocimiento. Luego, como el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos fundamentales previstos en la Constitución o en los tratados Internacionales, y en el caso, lo alegado por el quejoso no implica que algún derecho fundamental se le esté vulnerando, debe desecharse la demanda, pues bajo lo relatado por el quejoso no habría controversia que resolver porque no refiere a la afectación real y directa de un derecho. En tales condiciones, al ser notorias y manifiestas las causas de improcedencia, procede desechar de plano la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADO. Se tiene por autorizados a los profesionistas que indica en los términos precisados por la parte quejosa, esto es, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario GerardoALeonGallegos, para la consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Se autoriza que las notificaciones que deban ser personales se realicen vía electrónica a través del usuario que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la ley de la materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese por lista y electrónicamente a la parte quejosa.

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