Rodolfo Velázquez Dávila
Expediente 230/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rodolfo Velázquez Dávila
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibidos los oficios de cuenta, signados electrónicamente por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, a través de los cuales devuelve sin diligenciar el exhorto 135/2019, con número de orden 193/2019, girado en el presente juicio de amparo, a efecto de notificar al quejoso Rodolfo Velázquez Dávila, el auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, toda vez que éste egresó por libertad el diecisiete de febrero de la presente anualidad, tal y como se advierte de la diligencia de notificación de catorce de mayo del año en curso, llevada a cabo por el Juzgado de Paz del Séptimo Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco; en consecuencia, dese de baja la citada comunicación oficial y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, notifíquese al quejoso el proveído de mérito mediante lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado. Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Dirección Jurídica, en suplencia del Director General, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento que se le practicara el veinticinco de marzo del año en curso, informa a este juzgado que el aquí quejoso Rodolfo Velázquez Dávila, egresó por traslado del aludido centro de reclusión, el diecisiete de noviembre de dos mil quince, para ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número Seis "Huimanguillo, Tabasco", con residencia en Huimanguillo, Tabasco, acreditando su dicho, con copia certificada del Acta administrativa de egreso por traslado N° 2602/2015; en consecuencia, agréguense a los presentes autos para que surtan sus efectos legales conducentes. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, a efecto de proveer sobre el escrito de demanda presentado por el quejoso, y dado que no fue posible notificarle el auto aclaratorio de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, por obvias razones, el suscrito considera que a nada práctico conduciría ordenar su notificación en el lugar en que actualmente se encuentra recluido, pues atento a lo que informó la autoridad oficiante y dado que el acto que reclama en vía de amparo, consiste en la negativa de cesar la prisión punitiva del quejoso y de descontar el "quantum" de la prisión preventiva, dentro del proceso penal 22/2014, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, Monterrey; resulta patente para el suscrito que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Para aseverar lo anterior, resulta necesario profundizar en las reglas básicas que establece la Ley de Amparo para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo y, para tal efecto, se impone transcribir el contenido del artículo 37 del citado ordenamiento legal, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito contiene tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: I. Cuando el acto reclamado requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. II. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, el acto reclamado como ya se dijo lo constituye la negativa de cesar la prisión punitiva del quejoso y de descontar el "quantum" de la prisión preventiva, dentro del proceso penal 22/2014, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, Monterrey. Así las cosas, de las manifestaciones vertidas por el promovente bajo protesta de decir verdad en el capítulo respectivo, se advierte que la determinación que por esta vía constitucional combate el promovente, se atribuye a autoridades con residencia fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, así como que el directo quejoso se encuentra formalmente privado de su libertad purgando la sentencia a la que fuera condenado dentro de los autos de la causa penal de origen en el Centro Federal de Readaptación Social Número Seis "Sureste", ubicado en Huimanguillo, Tabasco, esto es, fuera del territorio en el que ejercen su legal competencia los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y al que fue trasladado desde el diecisiete de noviembre de dos mil quince, tal y como se corrobora con el oficio de cuenta. Atento a lo anterior, en el caso en concreto se actualiza la hipótesis de incompetencia contemplada en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que, al negarse al quejoso el cese de la prisión punitiva, dicho acto continuará ejecutándose en el lugar en donde se encuentre recluido, en donde continuará privado de su libertad, con motivo de la resolución que aquí se tilda de inconstitucional. Apoya a lo anterior, por las razones que la integran, el criterio sustentado en la jurisprudencia, de la Primera Sala del Máximo Tribunal, Materia Penal, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." De igual forma, resulta aplicable en sentido contrario, la diversa tesis aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, aplicada a contrario sensu, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD ORDENADORA, SI EL QUEJOSO NO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD Y EL ACTO QUE RECLAMA CARECE DE EJECUCIÓN MATERIAL AL CONSISTIR EN LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE CONTESTAR LA SOLICITUD DEL SENTENCIADO DE ADECUAR LA PENA DE PRISIÓN QUE LE FUE IMPUESTA CONFORME A LA REFORMA DE LA LEY APLICABLE AL DELITO COMETIDO. Si el acto reclamado consiste en la falta de contestación al escrito del sentenciado dirigido a la autoridad responsable en el que solicitó la adecuación de la pena de prisión que le fue impuesta, conforme a la reforma de la ley aplicable al delito por el que se le sentenció y las autoridades señaladas como ejecutoras niegan que pretendan cumplimentar pena de prisión alguna contra el amparista, dado que no se encuentra recluido en algún centro penitenciario, es evidente que el acto de abstenerse a resolver carece de ejecución material, porque dicha omisión no interfiere en su libertad personal; por lo que en este caso resulta competente para conocer de dicho acto el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad que haya dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiere ejecución material, de conformidad con el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, resulta incuestionable que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que el acto reclamado se seguirá ejecutando en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad el quejoso, esto es, Centro Federal de Readaptación Social Número Seis, ubicado en Huimanguillo, Tabasco, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto Cuarto, Fracción X, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el distrito judicial de esa propia entidad federativa. Lo anterior se sustenta en la Tesis Aislada I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como también, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.(Lo resaltado es propio) Ello aunado a la circunstancia de que el quejoso Rodolfo Velázquez Dávila, cuando suscribió la demanda de amparo, esto es, el veinte de octubre de dos mil dieciocho, ya se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Seis, ubicado en Huimanguillo, Tabasco, lo cual se advierte del escrito correspondiente. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, con sede en Villahermosa, por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 230/2019-IIB, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Con motivo de que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Seis, ubicado en Huimanguillo, Tabasco, deben llevarse a cabo en el centro de reclusión, como lo establece el inciso a), fracción I, del artículo 26 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, a efecto de que el quejoso sea notificado del presente proveído, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la ley de la materia, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, que conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, es quien ejerce la jurisdicción territorial en el domicilio de mérito, solicítesele se sirva notificar el presente proveído al quejoso Rodolfo Velázquez Dávila. Por otro lado, en aras de la pronta y expedita impartición de justicia, estatuida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de agilizar el trámite del presente asunto, envíese a su destino la comunicación oficial de que se trata, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. De igual modo, solicítese al órgano jurisdiccional al que por razón de turno le corresponda diligenciar el exhorto de mérito, que una vez desahogada la solicitud, remita la totalidad de la comunicación oficial respectiva, únicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo mencionado, por lo que su envío por la vía ordinaria resulta innecesaria. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario judicial, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: Téngase por recibido el escrito, firmado por el quejoso Gabriel Deantes Ramos, mediante el cual, solicita copias certificadas en seis tantos de la resolución emitida el seis de mayo de la presente anualidad; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Al respecto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa, únicamente un juego de copias certificadas que solicita; ello, toda vez que no expresa los motivos por los cuales requiere de la expedición de seis juegos de copias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 308, Tomo I, Mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." (Lo subrayado es propio)
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