Rodolfo Velarde Castillo
Expediente 769/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rodolfo Velarde Castillo
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Se integra oficio. Agréguese a los autos el oficio y anexo firmado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiocho, con sede esta ciudad, mediante el cual, devuelve el oficio 18554/2022, dirigido al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. En atención a lo anterior, se encomienda al actuario judicial adscrito para que perfeccione la diligencia y notifique el contenido de dicha misiva al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora; para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con veintinueve minutos del trece de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, ante la presencia judicial del licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia de ley, acto seguido, el secretario da lectura a todas las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, la constancia de emplazamiento a juicio de las partes, el informe justificado rendido por las autoridades responsables; el juez acuerda: téngase por hecha la certificación de constancias. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en el proveído de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Asimismo, atendiendo a la certificación que antecede se advierte que no les transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la junta responsable; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero interesado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las ofertadas por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su especial naturaleza la aludida probanza, para los efectos legales correspondientes. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 769/2022 L-III, promovido por Rodolfo Velarde Castillo; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido a este juzgado al día siguiente hábil, por razón de turno, Rodolfo Velarde Castillo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y otra autoridad. Por auto de diez de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimientos se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. II. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La negativa de ejecutar el laudo dictado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número 2499/2016 tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora; así como el auto de ejecución dictado por el mismo presidente. III. Certeza del acto en reclamo Es cierto el acto que se reclama a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron expresamente al rendir su informe de ley. Certeza que además, se encuentra corroborada con las constancias remitidas, a fin de justificar la constitucionalidad de la omisión reclamada, a las que se confiere valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. IV. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, respecto el acto consistente en la negativa de ejecutar el laudo dictado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente número 2499/2016 tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora; así como el auto de ejecución dictado por el mismo presidente, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, se llega a la firme convicción de que la omisión delatada ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitió la responsable, se advierte que lo siguiente: a) El diez de agosto de dos mil dieciséis, se entabló demanda laboral en ante la autoridad responsable, radicada con el expediente 2499/2016. b) Seguida la secuela procesal el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó el laudo correspondiente; c) El dos de marzo del dos mil veintidós, a petición de la parte actora aquí quejosa, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, emitió un auto en el que se ordena requerir a la parte demandada por el pago de las cantidades mencionadas en dicho proveído; d) Sin embargo, al no haber dado cumplimiento voluntario la parte demandada a la condena contenida en los puntos resolutivos del laudo; el veintisiete de junio de dos mil veintidós, ordenó requerir a la parte actora -aquí quejosa- o por conducto de su apoderado legal, a efectos de que se constituya a las once horas del día once de julio de dos mil veintidós, en las instalaciones de la Junta responsable y una vez presente, se comisionaría al actuario ejecutor adscrito, para que ambos se trasladen al domicilio de la parte demandada y la requiera por el pago de las cantidades mencionadas en el auto de dos de marzo de dos mil veintidós, apercibida que de no hacerlo así, se le embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el moto de la liquidación. Por lo anterior, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos la omisión delatada, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la omisión que dio motivo a la demanda de amparo, pues de las documentales exhibidas por la responsable, se advierte que con el pronunciamiento de la responsable de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." Así, al haber cesado el efecto del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XXI del diverso 61, de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Es necesario dilucidar que, no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que la parte demandada en el juicio de origen, no hubiese sido notificada del auto de dos de marzo de dos mil veintidós, en el cual se le requiere para que cumpla de forma voluntaria a la condena contenida en los puntos resolutivos del laudo dictado en el juicio laboral 2499/2016; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se advierte del auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se le impuso a la parte actora aquí quejosa, la carga de presentarse en las instalaciones que ocupa la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora y una vez presente, se comisionaría al actuario ejecutor adscrito, para que ambos se trasladen al domicilio de la demandada a fin de llevar a cabo el requerimiento de pago de las cantidades a que fue condenada; y, en su caso, se proceda al embargo de bienes de su propiedad suficientes para garantizar el moto de la liquidación; de modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." V. Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, al actualizarse la causa de improcedencia analizada en el apartado IV, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: IV. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Rodolfo Velarde Castillo por las razones y fundamentos expuestas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, uno de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los informes justificados enviados por el presidente y actuario notificador, ambos adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de junio de dos mil veintidós. Integración de escrito. Glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación con la existencia del ejido "Trece de julio"; atento a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones en los términos que indica el promovente; y, en relación con su petición, relativa a que este juzgador requiera a la Delegación Sonora de la Procuraduría Agraria, a fin de que se convoque a la asamblea de ejidatarios del ejido "Trece de Julio", municipio de Guaymas, Sonora, dígasele que se esté a lo determinado en acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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