Rodolfo Vega Montejano
Expediente 227/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rodolfo Vega Montejano
- Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado informa. Visto lo de cuenta, y en atención al contenido del oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, téngasele informando que mediante proveído de dieciséis de marzo pasado, dictado dentro del recurso de revisión 73/2023, de su estadística, se declaró firme el auto que desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por Sergio Andrade Villaseñor, apoderado jurídico del tercero interesado "Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México", en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo. Asimismo, glósense las constancias originales que integran el cuaderno de antecedentes, dado que el resto es réplica de las que obran en autos. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase al juez responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: "El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro deberá revocar la providencia precautoria decretada contra el quejoso Francisco Javier Gallegos Ortega, dentro del expediente 459/2019; así como dejar sin efectos sus consecuencias." Apercibimiento. Apercibido que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Devolución de tomo de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que remitió el juez responsable como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución en un cuaderno; en el entendido de que servirá como acuse del mismo la constancia que al efecto genere este juzgado. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa vías de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual refiere que con fecha veinte de febrero del año en curso, acordó respecto al acta circunstanciada de dieciséis de los corrientes, suscrita por el actuario adscrito a esa Junta, en la que señala los motivos por los cuales no le fue recibido el oficio dirigido al ********************; asimismo, que requirió a la parte actora (quejosa), para que precisara el nombre correcto de la dependencia a efecto de entregar el oficio solicitado, apercibiéndola que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta su demanda en contra de ******************** 2. Requerimiento. No obstante lo anterior, requiérase a la responsable oficiante, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que le sea notificado el presente auto, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, informe sobre el seguimiento dado a ese requerimiento, debiendo adjuntar las constancias que acrediten lo anterior. Esto es, realice todas las gestiones que estén a su alcance para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se lleve a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que señaló para las once horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: En primer término, dentro del juicio laboral ******************** deberá de ordenar y vigilar que se lleve a cabo la notificación de los demandados ********************, en términos del artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo. Además, si para la data en la que se requiera el cumplimiento de la sentencia de amparo, la autoridad responsable no ha llevado a cabo la audiencia trifásica, deberá señalar una nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, la cual deberá estar apegada a lo plasmado en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, dentro del periodo de quince días hábiles. 2.1. Apercibimiento. Apercibido que, de no cumplir, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $********************.), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
- Incidental
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés 1 1 Recepción y registro Vista la demanda de amparo promovida a nombre de Rodolfo Vega Montejano, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, Michoacán Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 227/2023 1 2 Causa de improcedencia En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a DESECHAR la demanda, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en el artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso Es menester establecer que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda En ese sentido, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: Artículo 113 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 5o Son partes en el juicio de amparo: I El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Artículo 6 El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley Del primer artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo En relación con lo anterior, de los artículos 5 y 6 de la ley de la materia, se aprecia, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley Este principio es requisito básico para que el juicio de derechos fundamentales pueda iniciarse, ya que sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En efecto, para que proceda el amparo y protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que ocasione una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención Concatenado a ello, conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija Por tanto, si el acto o ley reclamada, no afecta los derechos contenidos en la esfera jurídica de la parte quejosa, debe declararse la improcedencia del juicio Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo de cuenta se advierte que la misma fue promovida por Rodolfo Vega Montejano, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora, Michoacán sin embargo, la referida demanda no calza firma autógrafa del quejoso o promovente, lo que se puede corroborar de la anotación realizada en el preámbulo del escrito de demanda de amparo, asentada por el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Jugados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en la que señala No obra firma Así como, lo asentado en el sello de recibido por la encargada de la Oficialía de Partes del Juzgado asentó como observación lo siguiente: Nota: La demanda no contiene firma Lo que además queda corroborado con la boleta de turno remitida por el encargado de la Oficina de Corresponden Común en la que se asienta Cuenta con firma: No Además, para subsanar la omisión de falta de firma en el escrito de demanda, a través de la ratificación, el acto reclamado debe incidir en alguno de los previstos por artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales lo que no acontece en la especie, pues lo que lo reclamado en la demanda es la omisión de dictar el laudo en un juicio laboral Máxime, la omisión de la firma no es atribuible a la limitación de acceso a los medios para promover la demanda, como pudiera ser la distancia, extrema pobreza o segregación, privación de la libertad o cualquier obstáculo material para presentar la demanda debidamente firmada Al respecto, se considera aplicable por analogía la jurisprudencia 2a /J 32/2011 10a , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 4, tomo 4, enero de 2012, página 3632, la cual establece: PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL CON LA REFERIDA SIGNATURA Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida Del criterio invocado, se desprende que los oficiales de partes de los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a revisar, entre otros elementos, si las promociones fueron recibidas en original y con firma autógrafa, debiendo relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente y, en caso de no hacer lo anterior, se presumirá que se exhibió en original y con la signatura referida En este orden de ideas, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito, el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho, es por ello que, ante la falta de firma original o cuando la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta o dudosa, no hay forma de saber si es voluntad del peticionario del amparo, promover el juicio constitucional, lo que convierte a la promoción de que se trate en un documento privado de autenticidad, con lo que queda evidenciado que la carencia de firma autógrafa se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, torna patente su ausencia de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo que produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico De ahí que, si la demanda que se provee carece de firma autógrafa de Rodolfo Vega Montejano, no se aprecia la voluntad de éste de presentar la demanda, por no contener su firma original y dicha irregularidad no puede ser corregida mediante una prevención, pues no se trata de una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, ni una de las irregularidades a que se refiere el numeral 114 del mismo ordenamiento legal, resulta procedente su desechamiento Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 80, segunda parte, página 29, que establece: FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata De ahí, la falta de firma de la demanda de amparo, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia referida, se desecha de plano la demanda de amparo 2 Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, el que indica en su demanda y autorizando para tal efecto a las personas que nombra, en el entendido de que Omar Alejandro Tomás Gallegos, Francisco Raúl Hurtado Belmonte y Tupac Landa Fernández, gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que así lo solicitó de manera expresa la parte quejosa 3 Transparencia En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 4 Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación
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