Rodolfo Vázquez Toledo

Expediente 683/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
683/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Vázquez Toledo
  • Miguel Ángel Ibañez Salinas y Otros.
  • Miguel Ángel Ibañez Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto, el oficio de cuenta signado por el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Cintalapa, Chiapas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 120/2021, con número de orden 163/2021, que se envió para notificar a ********************, apoderados legales de ********************, la prevención realizada en auto de diecisiete de agosto del año en curso. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se ordenó la cancelación del despacho en cita, determinación que se hizo del conocimiento al juez oficiante. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Visto; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que aún no ha sido devuelto el despacho 120/2021, número de orden 163/2021, por el que se ordenó notificar a *** y/o **, apoderados legales de ***, la prevención realizada en auto de diecisiete de agosto del año en curso, misma que se tuvo por cumplida en proveído de veintisiete de agosto siguiente. En atención a lo anterior, se ordena la cancelación del despacho número 120/2021, número de orden 163/2021, asimismo, hágase la anotación en el libro correspondiente. Comuníquese la anterior determinación al Juez del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara contra el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que el auto de referencia, ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin emitirse pronunciamiento al respecto por no haberse tramitado. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por la parte quejosa; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto; el escrito signado por Miguel Ángel Ibáñez Salinas y Ada Blanca Serrano Torres, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno: Exhiben copia certificada de la escritura pública número veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y uno, volumen trescientos cuarenta y siete, de dieciséis de agosto dedos mil diecisiete. Manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que tuvieron conocimiento del acto que hoy reclaman el doce de agosto de la presente anualidad. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito y anexo de cuenta, para que obren como corresponda. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que impone ante todo la obligación de examinar el escrito para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145, de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: -La sentencia de uno de julio de dos mil veintiuno, dictada en el expediente civil 12/2017, del índice del Juzgado del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa, Chiapas, relativa a la partición de la herencia. En razón de lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que torna improcedente el juicio de amparo biinstancial, en términos del artículo 113 del cuerpo legal en comento, por los motivos que a continuación se expresan: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo Vigente, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "I. . . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. (.)" Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia, son los siguientes: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Expuesto lo anterior, contra el acto que aquí se estudia, procede recurso de apelación en términos de los artículos 663 y 842 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, del tenor siguiente: (.) Artículo. 663.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. (.) Artículo. 842.- La sentencia que apruebe o repruebe la partición es apelable en ambos efectos cuando el monto del caudal exceda del equivalente de dos años de salario mínimo vigente en el estado. En efecto, del análisis íntegro de los normativos antes transcritos, se pone de manifiesto que mediante la interposición del recurso de apelación, se puede revocar o modificar la resolución tildada de inconstitucional, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a favor de la parte quejosa, y entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, impide realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior es así, porque al ser apelable la sentencia donde la autoridad responsable se pronunció sobre la partición de la herencia, es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponerlo, y al no agotar ese recurso antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad, pues es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por lo tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en el caso concreto, el recurso de apelación contemplado en el precepto antes anotado. Lo anterior, salvo en los casos de excepción, contenidos en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, -resultando evidente que no nos encontramos en ninguno de estos casos, debido a que la parte quejosa manifestó ser parte en el juicio y dada la naturaleza del acto reclamado-, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que el afectado lo haga valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por tanto, si el señalado recurso de apelación tiene por finalidad modificar, revocar o confirmar la sentencia que se duele la parte quejosa, es evidente que no se agotó el principio de definitividad en este juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitivita y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: PARTICIÓN DE HERENCIA. LA FALTA DE OPOSICIÓN AL PROYECTO RELATIVO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 842 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS, NO IMPLICA QUE LOS HEREDEROS YA NO PUEDAN FORMULARLA, TODA VEZ QUE LA SENTENCIA QUE LO APRUEBA O REPRUEBA ES APELABLE. De la armónica interpretación a los artículos 826, 827, 832, último párrafo, 834, último párrafo, 836, 837 y 842 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas se aprecia el procedimiento en la cuarta etapa del juicio sucesorio intestamentario, dentro de la cual destaca lo relativo a que una vez concluido el proyecto de partición de la masa hereditaria, éste se ponga en la secretaría del juzgado a la vista de los interesados por el término de diez días y, concluido el plazo sin que se haya efectuado oposición alguna, el Juez aprobará el proyecto y procederá a dictar sentencia de adjudicación, asimismo, entregará a cada interesado los bienes que le hubieren sido aplicados con los títulos de propiedad una vez que el secretario haya puesto sobre ellos la nota de adjudicación respectiva. Lo anterior no debe entenderse en el sentido de que el Juez esté obligado a aprobar el proyecto en los términos en que haya sido presentado, toda vez que el sentido literal del verbo "aprobar", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, implica "calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien"; esto es, aprobar una opinión, o bien, emitir una determinación en la que se exprese si ese algo reúne los requisitos necesarios para estimarlo aprobado; por ende, el Juez, necesariamente, deberá apoyarse con las constancias procesales que obren en autos para estar en posibilidades de emitir su determinación porque, de lo contrario, se desconocería que él es el conductor y director del proceso, toda vez que en él recae la responsabilidad de velar por que la etapa de división de los bienes que constituyen la masa hereditaria se lleve a cabo, acorde con las constancias judiciales que obren en el juicio, por tal motivo, al relacionar la finalidad de la cuarta etapa del juicio sucesorio, con lo dispuesto en los referidos preceptos, se obtiene que el juzgador está facultado para examinar, incluso, de oficio que el proyecto de mérito se ajuste a la declaratoria de herederos, con independencia de que no exista oposición alguna en su contra por parte de los interesados, ya que dicha conducta no restringe ni coarta el arbitrio judicial para aprobarlo o reprobarlo de forma justa con apoyo en los elementos allegados a las tres etapas anteriores del juicio y así poder acatar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis una vez establecida o el de congruencia y el de la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada, además, de acuerdo con el citado artículo 842 la sentencia que aprueba o reprueba la partición de la herencia podrá ser apelada en ambos efectos, por lo que la falta de oposición dentro del término anteriormente referido, no implica que los herederos ya no puedan formular oposición alguna, de lo contrario carecería de objeto el recurso de apelación. Consecuentemente, al no haber agotado la parte quejosa el medio legal que le concede la ley ordinaria aplicable a la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, que fue precisado en párrafos que anteceden, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de amparo y en la estadística del juzgado. III. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Privada Florecita número 128, Fraccionamiento La Toscana, en esta ciudad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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