Rodolfo Vasquez Lopez
Expediente 1052/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rodolfo Vasquez Lopez
- Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Jueza Quinto Familiar del Centro, mediante el cual solicita la devolución de los autos originales del expediente familiar ...en atención a su contenido, dígasele que por el momento no ha lugar a proveer de conformidad, ya que este Juzgado se encuentra imposibilitado para devolver los autos que requiere. Ello, porque de la certificación de cuenta, se advierte que los autos derivados del juicio familiar de origen, se encuentran en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, para la substanciación del recurso de revisión ... interpuesto por la tercera interesada Teresa de Jesús Santos Audelo, contra la resolución dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en este juicio de amparo, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE.
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MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que las partes quedaron notificadas de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós y del auto de dieciséis el presente mes, que tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la tercera interesada ********************, contra dicha resolución. Por tanto, en cumplimiento a lo ordenado en dicho proveído, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, vía oficio remítase el original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al que deberá acompañarse el escrito original por el que se interpone dicho medio de impugnación y ocho tomos de prueba que anexó la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
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MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito firmado por la tercera interesada Teresa de Jesús Santos Audelo; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítanse los autos al Tribunal de Alzada competente, para su substanciación; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes la copia del escrito de agravios. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y REPRESENTACIÓN SOCIAL ADSCRITA.
- Principal
MESA V "... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 1052/2022, promovido por Rodolfo Vásquez López, y por tal motivo en audiencia pública RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de Dámaris Angélica Arango Vera, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos. Asimismo, CERTIFICA: - Que al acceder al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y realizar la búsqueda de los nombres de las personas que la parte quejosa autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se localizó a los licenciados Saúl Alberto Ángel Villareal y Óscar Jimenez Manjarrez, no así a las restantes personas que refiere. - Que al consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de los usuarios "Saul_V" y "OscarJManjarrez". Y da cuenta al Juez con dicha certificación y con el escrito que antecede, firmado por la tercera interesada; con número de registro 14295. El Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que hace la Secretaria. Ahora, visto el escrito de cuenta, firmado por la tercera interesada Teresa de Jesús Santos Audelo; con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), téngasele apersonándose al presente juicio con tal carácter, en el entendido que fue emplazada a juicio el veintisiete de septiembre del año en curso. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Saúl Alberto Ángel Villareal y Óscar Jimenez Manjarrez, en virtud de que se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del año dos mil cinco; y a las restantes personas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos en términos del numeral 24 de la ley de la materia. ALTA DE USUARIO Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la tercera interesada la consulta del expediente electrónico de este asunto, con los usuarios "Saul_V" y "OscarJManjarrez". Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular los usuarios que indica la citada tercera previa verificación de que los datos coincidan con el registro de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente, a fin de que pueda continuar el trámite de este juicio en línea. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza únicamente a los usuarios "Saul_V" y "OscarJManjarrez", la notificación electrónica de las resoluciones de carácter personal emitidas en este asunto. Por lo que dígase a la promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, únicamente en caso de no lograrse la notificación por ese medio, se deberá efectuar en el domicilio que señalan en autos. Tome conocimiento el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. MEDIOS ELECTRÓNICOS No obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulado en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente y sus autorizados para utilizar cámara digital o scanner, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (...) (...) VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 1052/2022 promovido por Rodolfo Vásquez López, contra actos de la Jueza Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto de naturaleza civil, y se atribuye a una autoridad de primera instancia con residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". La parte quejosa reclamó: Autoridad responsable Acto reclamado Jueza Quinto de lo Familiar del distrito judicial del Centro, Oaxaca. La resolución interlocutoria de doce de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente familiar (relativo al pago de pensión alimenticia) 761/2012 que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de catorce de febrero de dos mil veintidós -en la parte en que se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita a ese Juzgado, para que presente la denuncia correspondiente por el pago de incumplimiento de obligaciones alimentarias-, y por ende, declaró firme dicho proveído. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. QUINTO. Antecedentes. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, así como de los antecedentes narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad y de donde se advierte lo siguiente: El quejoso tiene el carácter de demandado en el expediente familiar 761/2012 del índice de la autoridad responsable, ya que la aquí tercera interesada Teresa de Jesús Santos Audelo, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de identidad reservada le reclamó diversas prestaciones relativas al pago de alimentos. En dicho juicio no se ha dictado sentencia o celebrado convenio entre las partes que ponga fin a la Litis y se encuentra pendiente el desahogo de pruebas de las partes. Por auto de veinte de noviembre de dos mil doce, se fijó al demandado aquí quejoso, por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de su cónyuge aquí tercera interesada y sus menores hijas, cuatro salarios mínimos diarios, entendiéndose que a cada acreedor le corresponde un salario mínimo diario por cada día que compone el mes. En audiencia de nueve de abril de dos mil diecinueve, las partes celebraron un convenio provisional respecto a la convivencia de las menores de identidad reservada con su progenitor no custodio. En auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó el escrito del quejoso en el que acompañó un comprobante de depósito en Bancoppel a efecto de exhibir dos fichas de depósito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de cinco mil seiscientos pesos, cero centavos moneda nacional y la segunda por la cantidad de once mil seiscientos pesos, cero centavos moneda nacional, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijas menores de identidad reservada correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil veintiuno, por lo que se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a sus intereses conviniera. Mediante escrito presentado por la actora el ocho de diciembre de dos mil veinte, precisó que los dos comprobantes de depósito exhibidos por la parte demandada, no cubren la cantidad total de meses de adeudo hasta el mes de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que incurría en un perjuicio de alimentos contra las menores de identidad reservada, por lo que solicitó se diera vista al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de primera instancia. En auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora, aquí tercera interesada desahogando la vista otorgada en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y con fundamento en el artículo 963 del Código Procesal Civil del Estado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de Primera Instancia, para que presente la denuncia correspondiente por el delito que se configure por el incumplimiento del pago de alimentos decretado en autos. Cabe precisar que mediante interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra la parte relativa del auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en que se le requirió para que dentro del plazo de cinco días pagara a la aquí tercera interesada la cantidad total adeudada por concepto de pensión alimenticia fijada en auto de veinte de noviembre de dos mil doce, y en la que se omitió valorar las pruebas ofrecidas por el demandado para modificar el monto de la pensión provisional que le fue fijada. Contra dicha resolución, el aquí quejoso promovió el juicio de amparo indirecto 457/2022 del índice de este Juzgado, en el que mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la justicia federal en atención a que éste no acreditó que la interlocutoria reclamada y su ejecución fuera inconstitucional por sí misma. Contra la resolución de amparo, el aquí quejoso promovió recurso de revisión, el cual se encuentra pendiente de substanciación por el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el toca 435/2022. Asimismo, mediante interlocutoria de doce de agosto de dos mil veintidós -la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo 1052/2022- la autoridad responsable dictó resolución en la que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra la parte relativa al auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, en el que se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado de primera instancia. SEXTO.- Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: La autoridad responsable no funda ni motiva su determinación con lo que se contraviene el artículo 16 Constitucional; asimismo, en el acuerdo reclamado, al citar el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, la responsable no precisa las razones por las que declaró infundado su recurso de revocación ya que considera que no existe incumplimiento total de obligaciones alimentarias, por lo que fue omisa en pronunciarse al respecto. La determinación reclamada vulnera el artículo 14 Constitucional ya que no siguió las formalidades del procedimiento y ordena a la representación ministerial que se inicie en su perjuicio carpeta de investigación por el incumplimiento total del pago de alimentos, lo que refiere no se acredita ya que después de salir de prisión, en la medida de sus posibilidades los ha pagado, lo que no implica un incumplimiento total como aduce la responsable. La responsable con su determinación viola el artículo primero constitucional relativo al principio pro persona, ya que en su determinación no se pronuncia sobre las causas que originaron la modificación en la que puede proporcionar alimentos a sus acreedoras, pues si bien se ha atrasado en los pagos, no ha sido omiso en pagarlos. La resolución reclamada vulnera en su perjuicio el artículo 17 Constitucional ya que la responsable es omisa en pronunciarse sobre la ponderación de su capacidad económica y la necesidad de sus acreedoras alimentarias, por lo que considera no es imparcial. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación expuestos por el quejoso, ya que en la interlocutoria de doce de agosto de dos mil veintidós, la autoridad responsable no motivó dicha determinación, ni dio contestación a la totalidad de los agravios hechos valer contra el acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós materia de dicha interlocutoria, de modo que contravino en perjuicio del quejoso sus derechos de legalidad y acceso a la justicia, consagrados en los artículos 16 y 17 Constitucionales. Los citados preceptos Constitucionales disponen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.). Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]". De los citados preceptos se advierte que las autoridades responsables deben fundar y motivar sus actuaciones, ya que dicha garantía de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional, tiene como propósito que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de autoridad y todas las circunstancias que determinaron el acto de autoridad, de modo que la motivación no debe ser insuficiente o imprecisa, sino que debe exponer los hechos relevantes a decidir y citar la norma aplicable para acreditar el razonamiento del derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.4o.A. J/43, registro 175082, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 1531, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca.". Por su parte, el artículo 17 constitucional que tutela el derecho de acceso a la justicia, prevé los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el relativo a una justicia completa, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios de forma exhaustiva, con el objeto de se resuelva a cabalidad las cuestiones planteadas para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. Es decir, el juzgador no sólo se debe ocupar de cada cuestión planteada en el litigio, sino que lo debe hacer a profundidad, examinando todas las cuestiones planteadas, exponiendo todas las razones para sustentar su determinación. En ese tenor, debe señalarse que en el caso concreto, el quejoso a través del recurso de revocación, impugnó el acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, en el que la jueza responsable tuvo a la parte actora por inconforme con los pagos de pensión alimenticia realizados por el demandado aquí quejoso y ordenó dar vista a la representación ministerial por su incumplimiento en el pago de alimentos. Ahora, en los agravios hechos valer ante la autoridad responsable en el recurso de revocación, el demandado refirió esencialmente que: Se atrasó en los pagos por concepto de pensión alimenticia porque actualmente desempeña la ocupación de chofer, -ya que fue privado de su libertad por un año tres meses y fue el único trabajo que consiguió- en el tiempo en que estuvo privado de su libertad, le fue imposible cumplir con la pensión alimenticia, y además ello tuvo como consecuencia un cambio abrupto en su capacidad económica. Después de obtener su libertad proporcionó alimentos a sus acreedoras en la medida de su salario y ha informado sobre ello a la responsable y que si bien se ha atrasado en los pagos, de ninguna manera ha sido omiso en realizarlos. Que ello está acreditado con el informe que rindió el Jefe Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social relativo al número de seguridad social 78877201323 mismo que invocó como prueba a su favor. Al respecto en la interlocutoria reclamada, la responsable determinó que sus agravios eran inoperantes porque el demandado (aquí quejoso): No combate el motivo toral del por qué se determinó dar vista a la representación social, siendo que el artículo 21 de la Constitución Política establece que la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del ministerio público y el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles del Estado faculta a la responsable para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, tratándose de menores de edad y alimentos, por lo que al advertirse la probable existencia de un delito perseguible de oficio relacionado con el incumplimiento total del pago de la pensión alimenticia provisional decretada en autos, ordenó dar vista a la representación social, de ahí que concluyó que el medio de impugnación reclamado resultaba improcedente. De lo anterior se desprende que la autoridad responsable no dio contestación al agravio planteado por el quejoso relativo a que había cumplido parcialmente con las obligaciones alimentarias por las consideraciones que expuso y el impedimento que tenía para cumplir a totalidad y tampoco hizo pronunciamiento respecto a la prueba ofrecida por el demandado, siendo que es al acreedor a quien le corresponde acreditar la imposibilidad para cumplir con su obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.I.C. J/114 C (10a.), registro 2022869, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 1967, de rubro y texto: "ALIMENTOS. CORRESPONDE AL PADRE LA CARGA DE ACREDITAR LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN A PARTIR DEL NACIMIENTO DEL MENOR DE EDAD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones distintas, al resolver respecto del momento al que debe retrotraerse la obligación alimentaria derivada del reconocimiento de paternidad, tomando en cuenta si el obligado a proporcionar alimentos tuvo o no conocimiento del embarazo o nacimiento del menor. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito determina que es sobre el padre en quien recae la carga de probar una causa objetiva y razonable, ajena a toda discriminación que justifique el incumplimiento de su obligación, pues no basta con que el demandado en el juicio respectivo, adopte una actitud de simple negación, sino que tiene un deber de colaborar dentro del proceso, en atención a su posición privilegiada respecto del material probatorio, quedando así conminado a demostrar el mencionado desconocimiento, o bien, las circunstancias que le impidieron cumplir con el deber de proporcionar alimentos a su menor hijo. Justificación: A la luz del interés superior del menor y de los principios de igualdad y de no discriminación, el derecho del infante a recibir alimentos de forma retroactiva al momento en que inicia su vida, no se encuentra condicionado al conocimiento previo del deudor alimentario respecto del embarazo y/o nacimiento del menor; sin embargo, la imposibilidad para cumplir con la obligación alimenticia debe ser tomada en cuenta para determinar el monto de la pensión respectiva, en la inteligencia de que en el estudio respectivo siempre deberá observarse el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 311 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México.". De igual forma, en la determinación de catorce de febrero de dos mil veintidós (materia de análisis de la interlocutoria reclamada) y en la interlocutoria de mérito, la responsable no expuso los razonamientos por los que el quejoso incumplió con esa obligación alimentaria, ya que la afirmación relativa a que: "El inconforme no combate el motivo toral por el que se determinó dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado (.)". Resulta incongruente pues precisamente en sus agravios el demandado refiere por qué considera que no se debió dar vista a la representación social, pues considera ha cumplido parcialmente con el pago de alimentos. Sin que la responsable efectuara un análisis de las consideraciones que razonablemente la llevaron a concluir que el demandado incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones alimentarias, es decir, las cantidades que adeuda en relación con los pagos realizados y con ello, determinar en su caso, de forma fundada y motivada que incumplió con la obligación alimentaria y dar vista a la representación social. Máxime que el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que citó la responsable en la interlocutoria reclamada (y en el auto de catorce de febrero de dos mil veintidós), en su último párrafo dispone que el Juez familiar debe exhortar al deudor alimentario a cumplir a cabalidad y hará saber que el incumplimiento de su obligación puede constituir un delito que merece pena de prisión por lo que se dará vista al ministerio público. De modo que en términos del citado precepto, la autoridad responsable de concluir justificadamente con las constancias que obran en autos, que el demandado incurrió en el incumplimiento de la obligación alimentaria, debió requerirlo para que subsanara dicha omisión haciéndole de conocimiento la actualización del tipo penal y en caso de persistir con el incumplimiento, dar vista a la representación social. Ello, porque al ser una obligación del Estado el garantizar el pago de alimentos, la finalidad primordial es asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte del acreedor alimentario, por lo que se debe optar por las medidas urgentes para lograr tal fin, y en el caso, la sola actuación de dar vista a la representación social no garantiza por sí la medida más eficaz para garantizar tal pago. En tales condiciones, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso Rodolfo Vásquez López, para que la autoridad responsable realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de fecha doce de agosto de dos mil veintidós; y b). En su lugar dicte otra en la que siguiendo los lineamientos de la presente determinación, con plenitud de jurisdicción conteste fundada y motivadamente el agravio del quejoso relativo a que cumplió parcialmente con las obligaciones alimentarias por las consideraciones que expuso y el impedimento que refiere para cumplir en su totalidad con dicha obligación; asimismo, se pronuncie respecto a la prueba ofrecida por el demandado. De igual forma, deberá precisar razonablemente -con las constancias que obran en autos- si éste incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones alimentarias y con libertad de jurisdicción determine lo conducente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ..., en los términos del considerando Séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE RESPECTO A LAS AUTORIZACIONES PRECISADAS EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
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