Rodolfo Vargas Lopez

Expediente 1046/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1046/2016
Año
2016
Actuaciones
25
Última actuación
08/06/2017

Partes del expediente

  • Rodolfo Vargas Lopez
  • Agente del Ministerio Publico Adscrito A Este Juzgado de Distrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    II.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso y la parte tercero interesada, no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 198 a 202), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 59 a 72), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). Por lo que hace al cuaderno de antecedentes, procédase a su destrucción inmediata, por considerarse innecesario conservarlo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Por lo que hace al oficio que se forme con motivo de este acuerdo, dirigido a la parte tercero interesada Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria, Estado de México, remítase el mismo vía estafeta a fin de dar celeridad al presente asunto. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    2 como se ordenó se notifica a la parte quejosa el auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, el cual dice: Toluca, México; nueve de mayo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que el tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria, Estado de México, no desahogó la vista formulada en el acuerdo de Diecisiete de abril del presente año, en relación con la forma en que la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, por lo que hace al citado tercero interesado de referencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y este Juzgado de Distrito con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en atención a que la ejecución de sentencias es de orden público, con los elementos de convicción que obran en autos, procede a resolver si la sentencia se encuentra cumplida o no, si incurrió con exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para su cumplimiento. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese orden, con la finalidad de apreciar si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida en sus términos, se estima necesario hacer una relación de antecedentes, de la forma siguiente: Mediante escrito de demanda presentado el catorce de julio de dos mil dieciséis (fojas 2 a 19), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada a este Juzgado Tercero de Distrito el quince posterior, Rodolfo Vargas López, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IV.- ACTO IMPUGNADO.- La resolución interlocutoria de fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, emitida dentro del incidente de liquidación promovido en el expediente laboral número 3056/2006, que bajo protesta de decir verdad me fue notificado el día 23 de junio del 2016." El cuatro de agosto de dos mil dieciséis (fojas 41 a 43), se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veintidós de septiembre del año en curso (fojas 59 a 72), se firmó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rodolfo Vargas López contra la determinación de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente 3056/2006, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia." Los efectos de la concesión del amparo se hicieron consistir en: "En las condiciones relatadas, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Rodolfo Vargas López, para el efecto de que la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente 3056/2006, relativa al incidente de liquidación. 2. En su lugar, emita una nueva resolución en estricto acatamiento al principio de congruencia y al derecho de impartición de justicia (en el subprincipio de justicia completa), por lo que deberá pronunciarse por cada uno de los conceptos cuyo pago se reclama, así como de las solicitudes planteadas en el incidente de liquidación; hecho lo cual, deberá resolver lo que en derecho corresponda con plenitud de jurisdicción. Ello pues, en este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para subsanar las irregularidades señaladas respecto de la resolución materia de análisis, pues hacerlo implicaría tratar de perfeccionar dicho acto sustituyéndose, además, en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo), en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si el acto reclamado es violatorio o no de derechos y, en modo alguno, subsanarlo, corregirlo o mejorarlo." En el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis (fojas 85 y 86), causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito, el ocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 98), la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada del acuerdo de tres de noviembre del año en curso, así como de la resolución emitida el cuatro posterior (fojas 99 a 103), en los autos del expediente 3056/2006, de su índice, determinaciones de las cuales se desprende lo siguiente: En el acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis (foja 99), el Tribunal responsable dejó insubsistente la resolución interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis; manifestó que, si bien fue omiso en pronunciarse respecto a los conceptos de aguinaldo 2005 y parte proporcional del 2006, vacaciones 2005 y parte proporcional del 2006, prima vacacional proporcional a 2006, tiempo extraordinario por todo el tiempo que duró la relación laboral, despensa mensual, prima por permanencia en el servicio, gratificación del día del servidor público de 2005 a 2006, gratificación anual, permisos económicos, salarios devengados, aguinaldo de 2007 a 2015 y prima vacacional de 2007 a 2015, también lo fue que dichas prestaciones se encontraban debidamente cuantificadas de forma líquida en el laudo dictado el veintisiete de noviembre de dos mil nueve. De igual forma, indicó que en el incidente de liquidación se ordenó en su apertura única y exclusivamente a efecto de cuantificar los salarios caídos; además, por lo que hace a las prestaciones señaladas como aguinaldo de 2007 a 2015 y prima vacacional de 2007 a 2015, el Tribunal responsable no acordó favorable tales prestaciones en atención a que las mismas no fueron reclamadas en el escrito inicial de demanda. Asimismo, el Tribunal responsable no acordó favorable la petición del aquí quejoso consistente en restablecer los beneficios de seguridad social otorgados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para determinar la totalidad de cuotas y aportaciones que debería pagar el patrón en el asunto de origen al citado Instituto, pues, no fue reclamada en el escrito inicial de demanda; no obstante, manifestó no estar facultado para cuantificar y/o retener los conceptos de cuotas y aportaciones citadas. En la resolución de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 100 a 102), el Tribunal responsable resolvió el incidente de liquidación respecto a la cuantificación de los incrementos salariales (salarios caídos). Por lo que en valoración de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, este juzgado tomó en consideración las constancias remitidas por la responsable en la que manifestaba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se tuvo por cumplida. Asimismo, el quejoso inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de inconformidad del cual correspondió conocer al Primer Tribunal en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, bajo el número de recurso de inconformidad 2/2017, por lo que, mediante ejecutoria de diecisiete de marzo del presente año, determino: "ÚNICO. Es FUNDADA la inconformidad interpuesta por Rodolfo Vargas López, contra el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por el que tuvo por cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 1046/2016.." Por ende, mediante auto de cinco de abril del presente, se requirió nuevamente a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, atendiendo los lineamientos planteados por la superioridad. Para ello, la autoridad responsable, mediante oficio TECA400F/10410/A.I/443/2017, remitió copia certificada del acuerdo de diez de abril del presente año, dictada en los autos del expediente 3056/2006, de su índice, determinación de la cual se desprende lo siguiente: "PRIMERO. La vía incidental seguida para determinar el monto de los salarios caídos con los incrementos salariales a que hubiese lugar así como la debida pronunciación de las prestaciones reclamadas, es la adecuación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 761 y 843 de la Ley Federal del Trabajo supletoria al presente conflicto. SEGUNDO. Por lo expuesto y fundado, se determina procedente el pago de los salarios caídos con los incrementos salariales a que hubiere lugar su debida reinstalación, dejando a salvo sus derechos para actualizar los mismos en términos de lo expuesto en el considerando IV de la presente resolución. TERCERO. Por lo expuesto y fundado a las prestaciones de Aguinaldo de 2007 al 2015, prima vacacional de 2007 al 2015, así como de restablecer los beneficios de seguridad social otorgados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y se determine el total de cuotas y aportaciones que deberían pagar el patrón a dicho instituto se determinara improcedente en términos de los expuesto en los considerandos V y VI." En ese contexto, el quejoso desahogó la vista otorgada mediante auto de diecisiete de abril del presente año, en la que manifestó, que la autoridad responsable fue omiso en realizar manifestación alguna respecto al nuevo día y hora para la reinstalación del quejoso. No obstante a lo anterior, toda vez que la ejecución de sentencias es de orden público, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, este Juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia emitida en autos se encuentra cumplida o no, si incurrió con exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para su cumplimiento. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por tanto, se procede a realizar el análisis de las constancias citadas, de las cuales se advierte que la responsable realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la determinación de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, y por consiguiente las emitidas el tres, cuatro y siete de noviembre de dos mil dieciséis. Mediante auto de diez de abril del presente año, dicto un nuevo acuerdo, en el que el mismo abordó los conceptos cuyo pago se reclama, así como de las solicitudes planteadas en el incidente de liquidación, atendiendo a los lineamientos planteados por la superioridad, en su ejecutoria pronunciada el diecisiete de marzo del presente año. Por lo que, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplida en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Sin que se desatiendan las manifestaciones de la parte quejosa, en relación a que el Tribunal responsable fue omisa en señalar nueva fecha para la reinstalación del quejoso; sin embargo, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no fue para los efectos de que la responsable, dictara una nueva fecha para dicha reinstalación, de ahí que no sea dable para éste Juzgador acordar lo que solicita la parte quejosa, quedando a salvo sus derechos para que los haga vales en la vía y forma que estime pertinentes. Es aplicable la tesis aislada, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2573, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Agosto de 2016, Décima Época, con número de registro 2012341, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." Previas anotaciones en el Libro de Gobierno, hágase del conocimiento lo anterior a la parte quejosa y tercero interesada para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, mediante oficio al tercero interesado y a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Alejandra Domínguez Santos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.2 Toluca, México; nueve de mayo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que el tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Villa Victoria, Estado de México, no desahogó la vista formulada en el acuerdo de Diecisiete de abril del presente año, en relación con la forma en que la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, por lo que hace al citado tercero interesado de referencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y este Juzgado de Distrito con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en atención a que la ejecución de sentencias es de orden público, con los elementos de convicción que obran en autos, procede a resolver si la sentencia se encuentra cumplida o no, si incurrió con exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para su cumplimiento. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese orden, con la finalidad de apreciar si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida en sus términos, se estima necesario hacer una relación de antecedentes, de la forma siguiente: Mediante escrito de demanda presentado el catorce de julio de dos mil dieciséis (fojas 2 a 19), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada a este Juzgado Tercero de Distrito el quince posterior, Rodolfo Vargas López, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. IV.- ACTO IMPUGNADO.- La resolución interlocutoria de fecha veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, emitida dentro del incidente de liquidación promovido en el expediente laboral número 3056/2006, que bajo protesta de decir verdad me fue notificado el día 23 de junio del 2016." El cuatro de agosto de dos mil dieciséis (fojas 41 a 43), se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veintidós de septiembre del año en curso (fojas 59 a 72), se firmó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rodolfo Vargas López contra la determinación de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente 3056/2006, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia." Los efectos de la concesión del amparo se hicieron consistir en: "En las condiciones relatadas, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Rodolfo Vargas López, para el efecto de que la Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la determinación de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente 3056/2006, relativa al incidente de liquidación. 2. En su lugar, emita una nueva resolución en estricto acatamiento al principio de congruencia y al derecho de impartición de justicia (en el subprincipio de justicia completa), por lo que deberá pronunciarse por cada uno de los conceptos cuyo pago se reclama, así como de las solicitudes planteadas en el incidente de liquidación; hecho lo cual, deberá resolver lo que en derecho corresponda con plenitud de jurisdicción. Ello pues, en este Juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para subsanar las irregularidades señaladas respecto de la resolución materia de análisis, pues hacerlo implicaría tratar de perfeccionar dicho acto sustituyéndose, además, en las facultades que son exclusivas de la autoridad responsable (que es la competente para hacer el pronunciamiento respectivo), en tanto que a los órganos de control constitucional sólo les compete determinar si el acto reclamado es violatorio o no de derechos y, en modo alguno, subsanarlo, corregirlo o mejorarlo." En el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis (fojas 85 y 86), causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito, el ocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 98), la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remitió copia certificada del acuerdo de tres de noviembre del año en curso, así como de la resolución emitida el cuatro posterior (fojas 99 a 103), en los autos del expediente 3056/2006, de su índice, determinaciones de las cuales se desprende lo siguiente: En el acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis (foja 99), el Tribunal responsable dejó insubsistente la resolución interlocutoria de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis; manifestó que, si bien fue omiso en pronunciarse respecto a los conceptos de aguinaldo 2005 y parte proporcional del 2006, vacaciones 2005 y parte proporcional del 2006, prima vacacional proporcional a 2006, tiempo extraordinario por todo el tiempo que duró la relación laboral, despensa mensual, prima por permanencia en el servicio, gratificación del día del servidor público de 2005 a 2006, gratificación anual, permisos económicos, salarios devengados, aguinaldo de 2007 a 2015 y prima vacacional de 2007 a 2015, también lo fue que dichas prestaciones se encontraban debidamente cuantificadas de forma líquida en el laudo dictado el veintisiete de noviembre de dos mil nueve. De igual forma, indicó que en el incidente de liquidación se ordenó en su apertura única y exclusivamente a efecto de cuantificar los salarios caídos; además, por lo que hace a las prestaciones señaladas como aguinaldo de 2007 a 2015 y prima vacacional de 2007 a 2015, el Tribunal responsable no acordó favorable tales prestaciones en atención a que las mismas no fueron reclamadas en el escrito inicial de demanda. Asimismo, el Tribunal responsable no acordó favorable la petición del aquí quejoso consistente en restablecer los beneficios de seguridad social otorgados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para determinar la totalidad de cuotas y aportaciones que debería pagar el patrón en el asunto de origen al citado Instituto, pues, no fue reclamada en el escrito inicial de demanda; no obstante, manifestó no estar facultado para cuantificar y/o retener los conceptos de cuotas y aportaciones citadas. En la resolución de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 100 a 102), el Tribunal responsable resolvió el incidente de liquidación respecto a la cuantificación de los incrementos salariales (salarios caídos). Por lo que en valoración de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, este juzgado tomó en consideración las constancias remitidas por la responsable en la que manifestaba dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se tuvo por cumplida. Asimismo, el quejoso inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de inconformidad del cual correspondió conocer al Primer Tribunal en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, bajo el número de recurso de inconformidad 2/2017, por lo que, mediante ejecutoria de diecisiete de marzo del presente año, determino: "ÚNICO. Es FUNDADA la inconformidad interpuesta por Rodolfo Vargas López, contra el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por el que tuvo por cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 1046/2016.." Por ende, mediante auto de cinco de abril del presente, se requirió nuevamente a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, atendiendo los lineamientos planteados por la superioridad. Para ello, la autoridad responsable, mediante oficio TECA400F/10410/A.I/443/2017, remitió copia certificada del acuerdo de diez de abril del presente año, dictada en los autos del expediente 3056/2006, de su índice, determinación de la cual se desprende lo siguiente: "PRIMERO. La vía incidental seguida para determinar el monto de los salarios caídos con los incrementos salariales a que hubiese lugar así como la debida pronunciación de las prestaciones reclamadas, es la adecuación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 761 y 843 de la Ley Federal del Trabajo supletoria al presente conflicto. SEGUNDO. Por lo expuesto y fundado, se determina procedente el pago de los salarios caídos con los incrementos salariales a que hubiere lugar su debida reinstalación, dejando a salvo sus derechos para actualizar los mismos en términos de lo expuesto en el considerando IV de la presente resolución. TERCERO. Por lo expuesto y fundado a las prestaciones de Aguinaldo de 2007 al 2015, prima vacacional de 2007 al 2015, así como de restablecer los beneficios de seguridad social otorgados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y se determine el total de cuotas y aportaciones que deberían pagar el patrón a dicho instituto se determinara improcedente en términos de los expuesto en los considerandos V y VI." En ese contexto, el quejoso desahogó la vista otorgada mediante auto de diecisiete de abril del presente año, en la que manifestó, que la autoridad responsable fue omiso en realizar manifestación alguna respecto al nuevo día y hora para la reinstalación del quejoso. No obstante a lo anterior, toda vez que la ejecución de sentencias es de orden público, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, este Juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia emitida en autos se encuentra cumplida o no, si incurrió con exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para su cumplimiento. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por tanto, se procede a realizar el análisis de las constancias citadas, de las cuales se advierte que la responsable realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la determinación de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, y por consiguiente las emitidas el tres, cuatro y siete de noviembre de dos mil dieciséis. Mediante auto de diez de abril del presente año, dicto un nuevo acuerdo, en el que el mismo abordó los conceptos cuyo pago se reclama, así como de las solicitudes planteadas en el incidente de liquidación, atendiendo a los lineamientos planteados por la superioridad, en su ejecutoria pronunciada el diecisiete de marzo del presente año. Por lo que, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y el cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplida en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Sin que se desatiendan las manifestaciones de la parte quejosa, en relación a que el Tribunal responsable fue omisa en señalar nueva fecha para la reinstalación del quejoso; sin embargo, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no fue para los efectos de que la responsable, dictara una nueva fecha para dicha reinstalación, de ahí que no sea dable para éste Juzgador acordar lo que solicita la parte quejosa, quedando a salvo sus derechos para que los haga vales en la vía y forma que estime pertinentes. Es aplicable la tesis aislada, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2573, del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Agosto de 2016, Décima Época, con número de registro 2012341, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." Previas anotaciones en el Libro de Gobierno, hágase del conocimiento lo anterior a la parte quejosa y tercero interesada para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, mediante oficio al tercero interesado y a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la licenciada Alejandra Domínguez Santos, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    II.- Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Rodolfo Vargas López, mediante el cual, en atención a la vista formulada en proveído de diecisiete de los actuales (foja 191), solicita se tenga por no cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones que expone en el ocurso que se atiende. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes y se reserva acordar lo que en derecho proceda, hasta en tanto obre en autos constancia de notificación del oficio 12119/2017, mediante el cual se dio vista a la parte tercero interesada con el cumplimiento pretendido por la responsable.

  4. Principal

    II.- Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del acuerdo dictado el diez de abril de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 3056/2006, de su índice estadístico. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo referido para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento total al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional.

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