Rodolfo Ulloa Cruz
Expediente 835/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 835/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rodolfo Ulloa Cruz
- RODOLFO ULLOA CRUZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ahora bien, visto el estado procesal y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de once de septiembre de dos mil veinte, en que se desechó la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal???? de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de referencia QUEDA FIRME. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archivar el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tratarse de un asunto que no tiene trascendencia jurídica y carece de relevancia documental; por consiguiente, se ordena su cumplimiento una vez que haya transcurrido el término de CINCO AÑOS, esto es, a partir del cinco de abril de dos mil veintiséis. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE TRANSCURRIO EN EXCESO EL PLAZO DE LOS DOS DIAS PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL AVISO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO: "Ciudad de México, once de septiembre de dos mil veinte. Por recibida la demanda promovida por *** y ***, por conducto de su representante legal ***, contra los actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, con residencia en la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena el registro en el libro de gobierno bajo el número de expediente 835/2020-VIII, así como la formación de los expedientes que refiere el artículo 3° de la ley de la materia. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Previo a proveer lo que en derecho proceda respecto de la demanda, se toma en consideración que el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinarla debidamente para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; de ahí que se procede a realizar su análisis. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y." De los citados preceptos se advierte que la instancia constitucional procede, contra actos de autoridad que determinen: i) inhibir o ii) declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; lo anterior implica que el legislador admitió sin ningún problema la posibilidad de que los juzgadores de amparo verifiquen la constitucionalidad de una determinación dentro de juicio en la que se dilucide la competencia para conocer o no de un asunto, antes del dictado de la sentencia. Al respecto, en la jurisprudencia P./J. 17/2015, derivada de la contradicción de tesis 239/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la fracción VIII, del artículo 107, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; pero que dicha fracción no puede interpretarse asumiendo que el juicio de amparo procederá siempre que se reclamen actos de dicha naturaleza; sino que es necesario que dichos actos (por los que se acepte o se inhiba competencia) produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso y, además, que dicha afectación produzca un agravio definitivo, en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal. En lo que interesa, el Pleno del más alto Tribunal determinó que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquéllos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), no así el auto por virtud del cual se declina competencia, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal, directa y definitiva a la esfera de derechos de la parte interesada, es decir, cuando las decisiones respectivas se tornan definitivas. Luego, si en el juicio de amparo se impugna la resolución por virtud de la cual una autoridad se declara incompetente para conocer de un juicio, y no así el acto por el que se haya aceptado la competencia declinada, es evidente que el amparo será improcedente, porque ese acto procesal aun no produce una afectación real en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la al resolver aquel asunto, el Pleno del Alto Tribunal resolvió: "Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes". Del precedente aludido, según se adelantó, derivó la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, página 5, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En el caso, es necesario señalar que la parte promovente reclama la resolución de siete de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio agrario 308/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, mediante el cual declaró declinar competencia para conocer y resolver el juicio agrario 308/2018, en el que solicitó la declaración de reconocimiento de propiedad por prescripción a favor de los promoventes, respecto del terreno ubicado en el paraje llamado "***" y ordenó remitir tal juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Al respecto, el citado tribunal declinó competencia a favor de los tribunales del fuero común, remitiendo los autos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para turnar el asunto al juez civil en turno. De lo anterior, se advierte que el quejoso reclama la resolución del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, por la que cual declinó la competencia para conocer del juicio agrario de los promoventes; sin embargo, no impugna la determinación del juez civil por la que haya aceptado o no la competencia declinada. Así, es evidente que el acto reclamado no causa una afectación real actual y definitiva en la esfera jurídica del promovente y, en consecuencia, no procede el juicio de amparo indirecto. En esas condiciones es claro que en el presente asunto no se colman las condiciones para la admisibilidad de la demanda de amparo, por lo que debe ser desechada de plano. Por último, no pasa inadvertido para este Juzgador el hecho de que en este momento procesal no se cuente con las constancias con las que se acredite que se haya aceptado o no la competencia declinada en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, debe decirse que para efectos de la actualización de la causa de improcedencia en estudio únicamente es importante demostrar, como en el caso, que la resolución por medio de la cual se declinó la competencia aludida no es de naturaleza definitiva, pues no se trata de la resolución que acepta o no la competencia declinada. De suerte que a nada llevaría que este Juzgador se allegara de dichas constancias pues, se insiste, para la actualización de la causa de improcedencia únicamente es necesario que la resolución de incompetencia no se encuentre firme, por no ser definitiva. Máxime, si existiera el acuerdo en el que se hubiera o no aceptado la competencia declinada, sería ese diverso acuerdo y no la resolución reclamada en el presente juicio la que podría irrogar un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En términos esencialmente idénticos resolvió este juzgado al desechar la demanda de amparo relativa al juicio ***. Lo anterior, no limita al promovente el acceso a la justicia del que goza en términos del artículo 17 Constitucional, pues en el momento en que el juez respectivo se pronuncie de manera definitiva sobre asumir jurisdicción respecto del juicio agrario ***, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito, el promovente puede instar al juicio de amparo, en contra de esa resolución que acepte o no la competencia declinada. AUTORIZADOS. De conformidad con los artículos 12 y 24, de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, hasta en tanto acrediten que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho; ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación1 . DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico del promovente, para el caso de ser necesario comunicarse con él o sus autorizados, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la justicia en el esquema de labores propio de la "nueva normalidad", de conformidad con la CIRCULAR SECNO/16/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; empero se le informa que las notificaciones procesales se realizarán, únicamente, a través de los medios previstos en la Ley de Amparo HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.".NOT.-
- Principal
Ciudad de México, once de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por el cual remite constancias a efecto de acreditar que en su carácter de superior jerárquico, requirió al Tesorero de la ciudad por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene por recibida la misiva signada por el Tesorero de la Ciudad de México, por el que informa que para el despacho de los asuntos de su competencia tiene adscritas a diversas unidades administrativas, entre ellas, a la Dirección de Atención y Procesos referentes a Servicios Tributarios y a la Subtesorería de Administración Tributaria, a las cuales giró los oficios *** y *** de tres del mes y año en curso, respectivamente, a efecto de que realicen las acciones necesarias a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como delegados a las personas que precisa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala. Con base en lo previsto en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos que permitan la digitalización de las actuaciones de este sumario, siempre y cuando se avise previamente al encargado del área de actuaría. Ahora bien, en virtud de lo expuesto por el Tesorero de la Ciudad de México, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 192 y 197 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos referentes a Servicios Tributarios y a la Subtesorería de Administración Tributaria, para que en el plazo de diez días contados a partir de la notificación del presente proveído, en su carácter de autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, realicen lo siguiente: Determinen a la parte quejosa el impuesto predial respecto del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, aplicando la cuota fija reducida, prevista en el rango D de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del primero de enero del presente año, a la mecánica del cálculo del impuesto de acuerdo al rango en el que se ubica el quejoso. Devolver las diferencias a la parte quejosa, que resulten a su favor al aplicarse el descuento respectivo a la contribución pagada. Se apercibe a las autoridades vinculadas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, sin manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se les impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 192, en relación con el 238 párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo y conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.
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