Rodolfo Tiscareño Martínez

Expediente 1718/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1718/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Rodolfo Tiscareño Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En virtud de lo anterior, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio signado por el Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, por medio del cual, informa lo relativo al requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de noviembre del año en curso, asimismo, solicita que este juzgado se pronuncie en el sentido de que dicha autoridad ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, dígasele al ocursante que se deja sin efectos el requerimiento formulado mediante el proveído referido.

  3. Principal

    CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibida la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento. Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión, o en su caso incompetencia, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte el sobreseimiento. Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia2. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, al tratarse de una cuestión de orden público, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; que dicen: De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII, del artículo 61, de la ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217, de la Ley de Amparo, es obligatoria. En efecto, respecto del tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8 Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. Tal jurisprudencia aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos setenta y cinco, quinta época, página setecientos sesenta y siete, de la parte III, sección administrativa, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". En el caso, el escrito de petición fue recibido por la autoridad el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el quince de diciembre de dos mil veintiuno; es decir, han transcurrido menos de dos meses de haber ejercido el derecho de petición, por lo que, es claro que dicha demanda, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. En ese sentido, al no haber trascurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la instancia constitucional intentada. Notifíquese personalmente.

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