Rodolfo Soto Dircio

Expediente 999/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
999/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Soto Dircio

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, la razón actuarial en la que el actuario judicial adscrito hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso *****, el auto de veintisiete de septiembre del presente año, por el motivo que expone. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele dicho proveído por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales conducentes, así como las subsecuentes actuaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio procesal en esta ciudad, o bien, manifieste expresamente su deseo de que se le notifique vía electrónica. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe. AUTO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por su propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y de otras autoridades responsables. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 999/2023-III y fórmese el expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (...). "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (...). VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos ante el Juez de Control competente. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, es que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Precisado lo anterior, en el caso concreto el quejoso reclama la omisión de las autoridades responsables de integrar y judicializar la carpeta de investigación 12180730100082110520; sin embargo, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado el quejoso previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de impugnación, esto es, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el diverso numeral 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de impugnar ante autoridad judicial tanto las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que literalmente dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario el cual deben agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse de integrar y judicializar una carpeta de investigación. Dichas omisiones o determinaciones pueden ser impugnadas ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, si es que no se justifica la procedencia de la determinación del representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -recurso innominado-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las omisiones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En el caso y a fin de evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar que la parte quejosa en su escrito de demanda, específicamente en los capítulos de autoridades responsables y acto reclamado, manifestó: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) C. SANDRA LUZ VALDOVINOS SALMERÓN, Titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 2) C. GABRIEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ MENDOZA, Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 3) C. RAFAEL SOSA LAGUNES, Director General de investigaciones Fiscalía General del Estado. 4) C. CARLOS RAMIRO ROJAS GUZMÁN, Coordinador General de la Policía Ministerial de la Fiscalía general del Estado. 5) C. MIRIAM GUADALUPE BENITEZ CRUZ, Directora General de Atención a Víctimas y Ofendidos, de la Fiscalía general del Estado. Las anteriores autoridades tienen su domicilio laboral en el Boulevard René Juárez Cisneros S/N, Colonia el Potrerito, C.P. 39096. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 6) C. CARLOS BETANCOURT CRUZ, Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende. Con domicilio en la calle Juan N. Álvarez número 31, Colonia la Villa, Código Postal 39200, Ayutla de los Libres, Guerrero. 7) C. JUAN JIMENEZ CARMEN, Agente del ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, mesa de investigación. Con domicilio en la calle Juan N. Álvarez número 31, Colonia la Villa, Código Postal 39200, Ayutla de los Libres, Guerrero. IV. ACTO RECLAMADO: La omisión por parte de las autoridades responsables en darle seguimiento puntual a la carpeta de investigación identificada bajo el número 12180730100082110520, iniciada por los delitos de lesiones y privación de la libertad, violentando mi derecho humano de acceso a la justicia pronta y expedita, al no judicializar la citada carpeta de investigación después de casi 4 años de su inicio, acto totalmente contrario a los numerarios 1, 14, 17, 19, 20 incisos A, C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, 17 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 5 y 17 del Pacto de Derecho Políticos y Civiles. Máxime que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha destacado obligación del Estado Mexicano de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia en términos de los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así también de garantizar el derecho fundamental de las personas a contar con un acceso pleno a la tutela jurisdiccional." En consecuencia, si el quejoso se duele de la omisión de las autoridades responsables de integrar y judicializar la carpeta de investigación 12180730100082110520, instruida por el hecho que la ley señala como delitos de lesiones y privación de la libertad, cometido en su agravio, es evidente que en su calidad de víctima puede impugnarla ante el juez de control, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos; por tanto, es indefectible que la parte quejosa, antes de acudir a esta instancia, debió necesariamente interponer dicho recurso innominado, pues es un medio de defensa que la legislación ordinaria contiene y que tiene como finalidad que el juez de control estudie dicha omisión. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Máxime que tal y como lo dispone expresamente el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la determinación que el Ministerio Público adopte en la carpeta de investigación deberá notificársela en su carácter de victima a fin de que esté en aptitud de impugnarla dentro de los diez días siguientes ante el Juez de Control. En esa coyuntura, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Rodolfo Soto Dircio. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yuxilt Itzayani Pascual Juárez, Cecilio Morales Mosso, Ana Yely García Delinea y Marlette Aida Cruz de la Cruz en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Catalina Margarito de la Cruz, Carlos Antonio Velázquez Porfirio y Zaratustra Pacheco Díaz, por no contar con dicho registro. Se exhorta a las partes para que las promociones que se presenten en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, deberán estar escaneadas de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, pagina 2537, registro digital 2023740, de rubro: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. 16/05/24 17:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se comunica a las partes que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe."

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria de siete de septiembre del año en curso, pronunciada en el toca del recurso de inconformidad 24/2022, interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo. Ahora bien, del estado que guarda el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación de que se trata, se desprende que se encuentra integrado por reproducciones fotostáticas simples; consecuentemente, para evitar la acumulación innecesaria de documentos, glósese únicamente las actuaciones que obran en original. Ahora bien, de la lectura de la referida ejecutoria se aprecia que el Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de inconformidad, a efecto de que se deje insubsistente la MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.36.ff 15/05/26 18:00:00 resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se reponga el procedimiento de ejecución y se ordene la apertura del incidente innominado contemplado en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Atenta a lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Penal del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, con fundamento en el precepto 193 de la Ley de Amparo se ordena aperturar el incidente innominado para definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese orden, de conformidad en lo establecido en el arábigo 67 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días contado a partir del siguiente en que surta efectos legales la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga, así como para que ofrezcan las pruebas que consideren pertinentes. En el entendido de que, de ser necesario, en caso de necesitarse un plazo probatorio más amplio, este órgano de control se pronunciará al respecto, una vez que fenezca el otorgado en el párrafo que antecede. Notifíquese personalmente a las partes

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano