Rodolfo Silverio Garcia
Expediente 683/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 38 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rodolfo Silverio Garcia
- Axel Joel Baroja Rodríguez
- Patricia Isabel Rodriguez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y sobreseer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuente con la totalidad de los acuses de recibo dirigidos a las autoridades responsables, mediante el cual se les comunica la sentencia dictada en los presentes autos, ya que lo anterior no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo. Lo anterior comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes. En consecuencia, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal y sobreseer en el juicio; lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva se determinó negarlas. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por Juan Luis García Arellano, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que renuncia a la designación como autorizado en términos amplios realizada en su favor por la parte quejosa; al respecto, al advertir que con esta fecha se determinó el archivo del asunto por considerarse concluido, se le tiene renunciando a tal designación; con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para que esté en aptitud de manifestar lo que a su interés convenga. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe
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NOTIFICACIÓN PERSONAL
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R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rodolfo Silverio García, promoviendo a nombre y representación del menor hijo A. S. H., Patricia Isabel Rodríguez Gómez, promoviendo a nombre y representación de los menores hijos A. J. B. R. y J. A. B. R., Felipe García Quintanar, promoviendo a nombre y representación del menor hijo J. A. G. M., Zayde Marisol Silverio Martínez, promoviendo a nombre y representación de los menores hijos Z. J. F. S. y L. D. F. S., Carla Exayana Silverio Hernández, promoviendo a nombre y representación de la menor hija A. L. Z. S. María del Rocío de León Arizmendi, promoviendo a nombre y representación de la menor hija M. F. M. de L. solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA UNIÓN, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS Acto reclamado. "De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclama la OMISIÓN DE GARANTIZAR, en términos de lo dispuesto por los artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 3°, párrafos primero, segundo y quinto, y 6°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN (educación básica y media superior que, de conformidad con nuestra Carta Magna y al ser un derecho de la niñez, debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública y gratuita, para así garantizar el acceso, permanencia y participación de los menores de edad en la educación obligatoria) Y DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (BANDA ANCHA E INTERNET) de los quejosos menores de edad de escasos recursos económicos, todos alumnos de EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR inscritos en las escuelas públicas que se indican en el capítulo de "HECHOS" de la presente demanda de amparo; pues las autoridades responsables han OMITIDO proporcionarle gratuitamente a los quejosos menores de edad, todos de escasos recursos económicos, los DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (computadoras, televisión, etcétera) y el ACCESO GRATUITO A BANDA ANCHA E INTERNET que resultan INDISPENSABLES para que puedan ingresar, permanecer, cursar y concluir satisfactoriamente el ciclo escolar 2020.2021 de educación básica y media superior en el que están inscritos, el que dio inicio el día 24 de agosto de 2020 y que, atendiendo a la crisis de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país por el grave peligro de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y de conformidad con los acuerdos números 12/06/20 y 14/07/20. SEGUNDO. El once de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 683/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Desistimiento. No se analizará el acto reclamado en la presente instancia constitucional por cuanto hace a los menores J. A. G. M. y A. S. H. en razón de que sus representantes Felipe García Quintanar y Rodolfo Silverio García, de manera respectiva, mediante comparecencia de treinta de octubre de dos mil veinte, se desistieron de la demanda de amparo, de ahí a que a ningún fin práctico se llegaría analizar tales supuestos. En ese sentido, debe decirse que el artículo 63 fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que procede el sobreseimiento cuando el quejoso se desista expresamente de la demanda, lo que trae como consecuencia de que las cosas se mantengan en el estado que guardaban antes de la presentación de la demanda, es decir, como si nunca hubiera comparecido ante la instancia constitucional. En efecto, dicho precepto legal, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I.- El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." Ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, la voluntad para promover el juicio de amparo indirecto, es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí, que es válido desistir en cualquier momento de la substanciación del juicio con la sola declaración de voluntad. En tal sentido, la parte quejosa, al desistirse del juicio de amparo, como quedó apuntado anteriormente, en la fracción I, del numeral 63, de la ley de la materia, dicho acto se traduce en una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, es decir, decidió salir de la esfera y sometimiento jurisdiccional de la autoridad federal, por lo que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto a los quejosos ya precisados en párrafos que anteceden. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que los promoventes del amparo reclaman de las autoridades responsables: La vulneración al derecho a la educación de los menores de edad en cuestión, derivado de las modalidades para impartir clases y evaluar a los alumnos que se adoptaron en atención a los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia de salud que se vive en el país. Concretamente, por no tener acceso a los medios tecnológicos necesarios para la continuación de la educación a distancia. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) cuando no se probare su existencia. Por tanto, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por los quejosos, conduce al sobreseimiento. En esa línea, cabe precisar que tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe, en su caso, negar la existencia de los actos reclamados, sino también debe probar -con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN". No obstante, para determinar la certeza de un acto reclamado cuando es de naturaleza omisiva no basta la simple inactividad de la autoridad, sino que es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Es sustento de lo anterior, la tesis 1a. XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". También resulta ilustrativa la tesis que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." En consecuencia, en relación con la existencia del tipo de actos en comento ?negativos u omisivos?, el juzgador debe analizar la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de realizar una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad debía o no realizar lo pretendido por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, la verificación de si la autoridad estuvo obligada a actuar debe hacerse al estudiar la existencia de dicha abstención, porque, se reitera, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización ?supuesto en el que la inactividad estaría justificada, por lo que no habría omisión? y, en ese caso, debe decretarse el sobreseimiento por inexistencia. En el caso, el Presidente de la República, Secretaría de Educación Pública, Gobernador del Estado de Morelos y los distintos Presidentes Municipales señalados como responsables, negaron la existencia de los actos reclamados, sobre la base de que se trata de aspectos que no están contenidos dentro de las atribuciones de dichas autoridades, con la excepción del Presidente del Ayuntamiento de Tlaltizapán, que si bien es cierto aceptó la existencia del acto reclamado, lo cierto es que su inexistencia se advertirá de los argumentos esgrimidos a continuación. Al respecto, el artículo 114, fracción I, de la Ley General de Educación establece: "Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: I. Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal y demás para la formación docente.". Del precepto anterior se deduce la competencia exclusiva de las autoridades educativas de los Estados para prestar los servicios de educación básica. De lo que se sigue que atañe a ese orden de gobierno todos los aspectos relacionados con la forma particular en la que se desarrollarán los ciclos escolares al prestar el servicio de educación básica. Lo anterior, pues en términos del artículo 113 de la Ley General de Educación, corresponde a la autoridad federal lo siguiente: "Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: I. Realizar la planeación y la programación globales del Sistema Educativo Nacional; II. Determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo cual considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales, en los términos del artículo 23 de esta Ley; III. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica; IV. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso; V. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria; VI. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica; VII. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, a través de la Agenda Digital Educativa; VIII. Regular un sistema integral de formación, capacitación y actualización para docentes de educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; IX. Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de estudios de los educandos; X. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos humanos en áreas de la salud; XI. Establecer y regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos, que faciliten el tránsito de educandos por el sistema educativo nacional; XII. Coordinar un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior a nivel nacional, con respeto al Federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa. Para la educación media superior, dicho sistema establecerá un marco curricular común que asegurará, que el contenido de los planes y programas, contemplen las realidades y contextos regionales y locales; XIII. Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión Educativa, que integre, entre otras, un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del Sistema Educativo Nacional. Aquel sistema deberá permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas que permitan la descarga administrativa a los docentes; XIV. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de participación escolar o sus equivalentes a los que se refiere esta Ley; XV. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media superior para el fortalecimiento de las capacidades de administración escolar; XVI. Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, activación física, educación física y práctica del deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación de programas de cooperación internacional en materia artística y cultural; XVII. Determinar los lineamientos generales aplicables al otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel nacional para los tipos educativos, así como para la revalidación y equivalencias de estudios; XVIII. Emitir los lineamientos generales para la denominación genérica de los particulares que ofrecen el servicio público de educación por tipo educativo; XIX. Emitir los lineamientos generales para la suscripción de acuerdos con las autoridades educativas de los Estados, la Ciudad de México, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, respecto de los procesos de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial, así como de la revalidación y equivalencias de estudio; XX. Emitir los lineamientos para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, así como lo relativo a la seguridad, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores de las escuelas; XXI. Podrá ejercer las facultades que les corresponden a las entidades federativas, contando previamente con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al impacto presupuestal, con base en el análisis técnico que presente la Secretaría. La atribución a que se refiere la presente fracción únicamente deberá comprender al personal educativo en activo, y respecto de las obligaciones que se generen a partir de la determinación del ejercicio de la misma, y XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables." De lo que se sigue que corresponde a la autoridad federal el establecimiento de lineamientos generales de carácter pedagógico, administrativo, tecnológico, programático y de control escolar en relación con los distintos niveles educativos, en particular, le corresponde de manera exclusiva a la Secretaría de Educación Pública establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Sin embargo, no le corresponde la prestación directa del servicio de educación básica, pues, como se vio, dicha atribución corresponde exclusivamente a la autoridad local. Sin que conste que la Secretaría de Educación Pública hubiera determinado ejercer directamente las facultades que les corresponden a las entidades federativas, pues, como se verá, los quejosos se encuentran cursando distintos grados académicos en instituciones a cargo del Estado de Morelos. Así, en razón de que las omisiones que integran el acto reclamado se concretan en la forma específica en la que los quejosos tienen que cursar su grado de estudios y éste corresponde brindarlo directamente a la autoridad estatal, no puede estimarse cierta la participación del Presidente de la República, Secretaría de Educación Pública, Gobernador del Estado de Morelos y los distintos Ayuntamientos señalados como responsables. En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de la omisión reclamada respecto de las autoridades precisadas con antelación, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Morelos, Director General del instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, negaron la existencia del acto que se les atribuye. Ahora bien, como se vio, la competencia exclusiva en la prestación del servicio público de educación básica, corresponde a las autoridades educativas de las entidades federativas. De manera que, como se consideró, lo reclamado se trata de omisiones que competen a las autoridades educativas estatales responsable, al versar sobre la forma particular en la que se desarrolla el ciclo escolar 2020-2021 en una escuela primaria a su cargo. Al respecto, debe precisarse que la carga de la prueba de los actos reclamados le corresponde a la autoridad, puesto que esencialmente se traducen en omisiones de garantizar los derechos educativos de los amparistas. Bajo ese contexto, la pretensión de los quejosos se concreta en la necesidad de que se les dote de un dispositivo electrónico apto y conexión a internet, para estar en posibilidad de cursar con regularidad el ciclo escolar. En ese sentido, la autoridad responsable manifiesta que los alumnos se encuentran cursando los distintos grados de estudios a través de diversos medios tanto digitales como físicos, pero de lo remitido por la autoridad responsable no se desprende, como se verá, que a los quejosos les hubiera sido otorgado los insumos necesario (dispositivo electrónico y conexión a internet), para llevar a cabo la educación a distancia de manera digital. De ahí que resulte cierta la omisión que se atribuye, pues se trata de una cuestión que entra dentro del ámbito competencial de la autoridad responsable y no consta de manera fehaciente que se hubiera colmado lo pretendido, por lo cual integra el fondo del asunto el análisis constitucional de la situación escolar de los quejosos, a fin de dilucidar si ésta resulta conforme con el derecho a la educación o es necesario que se realicen diversas acciones para esa finalidad. En esa tesitura, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. SEXTO. Estudio de causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes, incluyendo las autoridades responsables sobre las cuales se estimó la existencia del acto reclamado, fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. SÉPTIMO. Estudio del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por los quejosos son todos aquellos razonamientos expresados en su demanda de amparo, aunque no estén en el capítulo relativo, a través de los cuales se precise con claridad la causa de pedir, para lo cual basta señalar la lesión o agravio que causa el acto reclamado y los motivos que lo originaron sin que este Juzgado Federal esté obligado a realizar su trascripción, sino únicamente su estudio exhaustivo y congruente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 58, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, del mes de Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los quejosos argumentan, en esencia, que la omisión de garantizar que tenga las herramientas tecnológicas necesarias para tomar clases a distancia vulnera el derecho a la educación y su interés superior tutelados en los artículos 3° y 4° constitucionales; sin embargo, se omitió proporcionar a los alumnos de un equipo de cómputo y conexión de internet, para que el acceso a la educación sea efectivo; lo que resulta trascendente, en virtud de que no todos los alumnos cuentan con los recursos materiales (económicos y tecnológicos) para cumplir con esa modalidad implementada. Los conceptos de violación anteriores resultan infundados, conforme a lo siguiente: El derecho humano a la educación tiene sustento en diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en sus artículos 3o. y 4o., que en la parte que interesa disponen: "Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos; III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo; IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita." "Artículo 4o. [...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. "Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. ..." De las normas citadas se deduce la titularidad de toda persona al derecho a la educación. El contenido de este derecho, respecto de la educación básica, debe estar orientado a posibilitar la autonomía de sus titulares y a habilitarles como miembros de una sociedad democrática; esa enseñanza básica debe ser asequible a todos sin discriminación, de manera obligatoria, universal, laica y gratuita, y, por ende, el Estado debe garantizarla en esos términos. Lo expuesto resulta esencialmente conforme con lo establecido en los instrumentos internacionales firmados por México, entre los que destacan, los artículos XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"; y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 78/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN. SU REFERENTE NORMATIVO EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro sistema jurídico las principales fuentes de reconocimiento de derechos humanos son la propia Constitución y los tratados internacionales de los que el país es parte. El derecho humano a la educación está reconocido tanto en los artículos 3o. y 4o. de la Constitución, como en diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan los artículos XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador"; y 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Las normas citadas coinciden en lo esencial, entre otras cosas, en lo relativo a que la titularidad del derecho a la educación es de toda persona; en que el contenido de la educación básica debe estar orientado a posibilitar la autonomía de sus titulares y a habilitarlos como miembros de una sociedad democrática; en que la enseñanza básica debe ser asequible a todos sin discriminación, de manera obligatoria, universal y gratuita, y el Estado debe garantizarla; y en que los padres tienen derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos y los particulares a impartirla, siempre y cuando respeten el contenido mínimo de ese derecho". Por tanto, la configuración mínima del derecho a la educación implica que la educación básica y media superior que imparta el Estado debe ser gratuita, obligatoria, universal y laica. En ese sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que lo determinado por dicho órgano resulta indispensable las características del derecho a la educación reconocido en nuestra Constitución, Respecto del derecho a la educación previsto en el pacto, el CDESC ha emitido las Observaciones Generales 11 y 13. La Observación General 13 desarrolla las características básicas que debe cumplir la educación en todas sus formas y niveles, a saber: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad: "... 6. Si bien la aplicación precisa y pertinente de los requisitos dependerá de las condiciones que imperen en un determinado Estado Parte, la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas: a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc. b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza. d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados." Por lo que hace a la obligatoriedad y gratuidad de la educación, el CDESC, en la Observación General 11 relativa al alcance del artículo 14 del pacto, precisó: "...5. El artículo 14 contiene diversos elementos que deberían ser ampliados a la luz de la amplia experiencia adquirida por el comité con el examen de los informes de los Estados Partes. 6. Obligatoriedad. El elemento de obligatoriedad sirve para destacar el hecho de que ni los padres ni los tutores, ni el Estado, tienen derecho a tratar como optativa la decisión de si el niño debería tener acceso a la enseñanza primaria. Análogamente, la prohibición de la discriminación por motivo de sexo en el acceso a la educación, que se exige también en los artículos 2 y 3 del pacto, queda puesta más de relieve por esta exigencia. Sin embargo, debería subrayarse que la obligatoriedad solamente se puede justificar si la educación ofrecida es de calidad adecuada, es pertinente para el niño y promueve la realización de otros derechos del niño. 7. Gratuidad. El carácter de este requisito es inequívoco. El derecho se formula de manera expresa para asegurar la disponibilidad de la enseñanza primaria gratuita para el niño, los padres o los tutores. Los derechos de matrícula impuestos por el Gobierno, las autoridades locales o la escuela, así como otros costos directos, son desincentivos del disfrute del derecho que pueden poner en peligro su realización. Con frecuencia pueden tener también efectos altamente regresivos. Su eliminación es una cuestión que debe ser tratada en el necesario plan de acción. Los gastos indirectos, tales como los derechos obligatorios cargados a los padres (que en ocasiones se presentan como voluntarios cuando de hecho no lo son) o la obligación de llevar un uniforme relativamente caro, también pueden entrar en la misma categoría. Otros gastos indirectos pueden ser permisibles, a reserva de que el comité los examine caso por caso. Esta disposición no está en modo alguno en conflicto con el derecho reconocido en el párrafo 3 del artículo 13 del pacto para los padres y los tutores 'de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas." Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho humano a la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior, debe ser garantizado por el Estado Mexicano cumpliendo las características de disponibilidad, accesibilidad (no discriminación, universalidad, accesibilidad material y económica), aceptabilidad y adaptabilidad. Además, el Estado Mexicano está obligado a impartir educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior, de manera gratuita, laica y obligatoria. De lo expuesto destaca que la educación básica y media superior que imparta el Estado debe ser gratuita, pues de lo contrario no satisfaría el requisito de accesibilidad material, lo que se traduciría en una discriminación por motivos económicos que privaría a quienes no pueden sufragarla del acceso a un bien básico para una vida autónoma. Por la misma razón y partiendo de la premisa de que la educación es un bien básico necesario para la formación de autonomía personal y la habilitación como miembro de una sociedad democrática, tiene sentido que la educación básica y media superior, en nuestro sistema jurídico, deba ser universal, en el sentido de que debe ser asequible a toda persona sin discriminación. Por tanto, como se vio, la educación debe ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable o por medio de la tecnología moderna, mediante el acceso a programas de educación a distancia. En consecuencia, resulta indudable que en el contexto de la pandemia de COVID-19, en lo relativo a la necesidad de que la educación se desarrolle a distancia, la autoridad educativa debe salvaguardar la accesibilidad material y económica a las clases, sin discriminación, lo que implica proveer las medidas necesarias para que todas las personas, con independencia de sus condiciones económicas y situación material, puedan acceder a las clases en línea. Bajo ese contexto, como se consideró, en la disposición general décimo segunda del Acuerdo número 14/07/20 por el que se reforma el diverso número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la república, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo medio superior que la secretaría de educación pública haya emitido, en beneficio de los educandos; se estableció el inicio del ciclo escolar 2020-2021 fue el 24 de agosto de 2020 y que en el marco de la nueva normalidad, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el servicio educativo del ciclo escolar 2020-2021 se brindará utilizando fundamentalmente la televisión, con el apoyo también del avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. De tal suerte que en dicho acuerdo se estableció la televisión como el medio principal para el desarrollo del ciclo escolar y se refirió como apoyo el uso de tecnologías digitales para esa finalidad. Al respecto, constituye un hecho notorio, que en las diversas plataformas y medios de comunicación, se ha difundido el horario de clases por televisión según el grado escolar de que se trate, así como los canales que han coadyuvado para tal fin. De manera que por cada año escolar se establecieron distintos horarios de las clases, de manera escalonada y redundante, en tres canales de señal abierta. De lo que se sigue que, en conformidad con lo expuesto, el primer presupuesto material para la toma de las clases de educación básica está acreditado. En ese contexto, al rendir su informe con justificación, la Secretaría de Educación Pública manifestó que, para el ciclo escolar 2020-2021 se implementó el programa Aprende en casa II y que las estrategias a seguir dependen del contexto de cada alumno, respecto del que los docentes identificaran las diversas opciones de trabajo, como son libros de texto, cuadernillos impresos, clases televisivas, clases en línea, tecnologías de la información y la comunicación (radio y línea telefónica). Incluyendo la elaboración de un cronograma de visitas presenciales por docentes a las localidades en las que se entrevista con alumnos y alumnas que no cuenten con conectividad, guardando la sana distancia y las medidas preventivas establecidas. De lo expuesto se desprende que los quejosos cuentan con los elementos mínimos indispensables para poder aprovechar el ciclo escolar en el contexto de la pandemia de COVID-19, pues consta que las clases a través de una plataforma digital, conocidas como clases en línea, no es la única forma de poder cursar el ciclo escolar, incluso como lo refirió la autoridad, se entregaron los libros de texto y cuadernillos de trabajo para laborar en casa al inicio del ciclo escolar. Lo que revela la posibilidad real de cursar los respectivos grados de estudios en el que se encuentran a distancia, pues el sistema implementado permite una acceso general a las clases por televisión abierta, el seguimiento de lo aprendido en éstas a través de los libros y cuadernillos proporcionados y la supervisión a distancia. Así es posible que, como lo refirieron las distintas autoridades responsables, los quejosos tomen sus clases a distancia ordinariamente. Por tanto, en el caso consta que se ha respetado el derecho a la educación de los quejosos, pues si bien por la pandemia en referencia se implementó la educación a distancia, del sistema de aprendizaje y evaluación establecido se advierte que no es indispensable que se hubiera proporcionado una computadora, un teléfono celular y un acceso a internet, a cada alumno como presupuesto del inicio del ciclo escolar, pues existen distintas opciones para aprovechar su educación. Lo considerado teniendo como directriz que en el contexto de la pandemia de COVID-19, la educación a distancia se trata de una medida de emergencia temporal que busca privilegiar la salud de la sociedad en general y, particularmente, de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar; por lo que era necesario que se tomaran ese tipo de medidas de aislamiento, las cuales resultan provisionales y, por ende, no determinan la totalidad de la educación que se recibirá. De ahí que, ante la emergencia, se considere adecuado y conforme con el derecho a la educación y el interés superior de los menores de edad que las medidas que se establezcan sean variadas y flexibles, atendiendo al contexto de cada alumno, pues es un hecho notorio que los recursos económicos resultan limitados, por lo que no sería razonable exigir una medida única y universal para todos los alumnos para la continuación de su educación básica. En consecuencia, el parámetro de evaluación de las medidas de aprendizaje en casa establecidas debe partir de que el alumno tenga la posibilidad real de continuar con sus estudios, mientras se resuelve la emergencia sanitaria, lo que se colma en la especie, pues, se reitera, los quejosos están en aptitud de contar con alguna o algunas de las condiciones materiales indispensables que les permitan tener un aprovechamiento plausible de su educación. En conclusión, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse alguna cuestión por la que proceda suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo solicitado. Por lo anteriormente expuesto, fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto a los quejosos, y autoridades precisados en los considerandos segundo y cuarto, de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Patricia Isabel Rodríguez Gómez, promoviendo a nombre y representación de los menores hijos A. J. B. R. y J. A. B. R., Zayde Marisol Silverio Martínez, promoviendo a nombre y representación de los menores hijos Z. J. F. S. y L. D. F. S., Carla Exayana Silverio Hernández, promoviendo a nombre y representación de la menor hija A. L. Z. S. María del Rocío de León Arizmendi, promoviendo a nombre y representación de la menor hija M. F. M. de L, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy treinta de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 683/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Rodolfo Silverio García, promoviendo a nombre y representación del menor hijo A. S. H., Patricia Isabel Rodríguez Gómez, promoviendo a nombre y representación de los menores hijos A. J. B. R. y J. A. B. R., Felipe García Quintanar, promoviendo a nombre y representación del menor hijo J. A. G. M., Zayde Marisol Silverio Martínez, promoviendo a nombre y representación de los menores hijos Z. J. F. S. y L. D. F. S., Carla Exayana Silverio Hernández, promoviendo a nombre y representación de la menor hija A. L. Z. S. María del Rocío de León Arizmendi, promoviendo a nombre y representación de la menor hija M. F. M. de L., reclama de las autoridades responsables: PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA UNIÓN, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS ". IV. ACTOS RECLAMADOS: De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclama la OMISIÓN DE GARANTIZAR, en términos de lo dispuesto por los artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 3°, párrafos primero, segundo y quinto, y 6°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los DERECHOS FUNDAMENTALES A LA EDUCACIÓN (educación básica y media superior que, de conformidad con nuestra Carta Magna y al ser un derecho de la niñez, debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública y gratuita, para así garantizar el acceso, permanencia y participación de los menores de edad en la educación obligatoria) Y DE ACCESO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (BANDA ANCHA E INTERNET) de los quejosos menores de edad de escasos recursos económicos, todos alumnos de EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR inscritos en las escuelas públicas que se indican en el capítulo de "HECHOS" de la presente demanda de amparo; pues las autoridades responsables han OMITIDO proporcionarle gratuitamente a los quejosos menores de edad, todos de escasos recursos económicos, los DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (computadoras, televisión, etcétera) y el ACCESO GRATUITO A BANDA ANCHA E INTERNET que resultan INDISPENSABLES para que puedan ingresar, permanecer, cursar y concluir satisfactoriamente el ciclo escolar 2020.2021 de educación básica y media superior en el que están inscritos, el que dio inicio el día 24 de agosto de 2020 y que, atendiendo a la crisis de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país por el grave peligro de contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y de conformidad con los acuerdos números 12/06/20' y 14/07/20." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de once de septiembre de dos mil veinte, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables citadas, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rodolfo Silverio García, promoviendo a nombre y representación del menor hijo A. S. H., Patricia Isabel Rodríguez Gómez, promoviendo a nombre y representación de los menores hijos A. J. B. R. y J. A. B. R., Felipe García Quintanar, promoviendo a nombre y representación del menor hijo J. A. G. M., Zayde Marisol Silverio Martínez, promoviendo a nombre y representación de los menores hijos Z. J. F. S. y L. D. F. S., Carla Exayana Silverio Hernández, promoviendo a nombre y representación de la menor hija A. L. Z. S. María del Rocío de León Arizmendi, promoviendo a nombre y representación de la menor hija M. F. M. de L. respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María del Rosario García Jiménez, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
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