Rodolfo Ruíz Rodríguez

Expediente 345/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
345/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Ruíz Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; por tanto, se declara que el proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, ha quedado firme. Por tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya se cuenta con las constancias de notificación a las partes respecto del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que se acordó el recurso de queja interpuesto por ****, contra el auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se reservó acordar lo conducente respecto al carácter de tercera interesada con el que se ostentó al presente sumario constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe correspondiente en los siguientes términos: Es cierto el acto reclamado, pues en proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo conducente respecto al carácter de tercera interesada con el que se **** se ostentó al presente sumario constitucional. En ese sentido, remítase el original del escrito de queja, así´ como copia certificada de las constancias conducentes, derivadas del expediente en que se actúa, al Encargado de la Oficina de Correspondencia del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al Tribunal Colegiado que deba substanciar dicho medio de impugnación.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de cuenta signado por el quejoso, ***, por propio derecho, por el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. En esas condiciones, se tiene por desahogada en tiempo y forma dicha prevención para los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo que se establece en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conlleva a desechar la demanda, por los motivos que a continuación se expondrán. Es preciso señalar que la parte promovente en esta vía constitucional reclama del Juez Cuarto Especializado en Materia Civil de la Ciudad de Puebla, Puebla: El auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual la autoridad responsable desechó el incidente de nulidad de actuaciones, interpuesto -por el aquí quejoso- dentro del expediente ***-2020 relativo al juicio de reparación por daño moral en la vía ordinaria. Establecido lo anterior, la suscrita juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 107, fracción V -aplicado a contrario sensu-, así como en lo que se dispone en el 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo... De las porciones normativas citadas, se tiene que el juicio de amparo es improcedente cuando ello resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia. Del mismo modo, se extrae que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, virtud que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva o resolución final, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo o indirecto, respectivamente, según la naturaleza del acto, que se intente contra dicha determinación que ponga fin al juicio, pues tendrá la posibilidad de impugnar todas y cada una de las de las violaciones que se hayan cometido, no solo en la resolución aludida, sino en todo el procedimiento. Por ello, no causa por sí mismo una afectación grave, trascendental e irreparable al promovente, por ende, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, sino que únicamente forma parte del proceso, que debe sustanciarse en todas sus etapas. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio biinstancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sentado lo precedente, toda vez que el acto reclamado consiste en el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual la autoridad responsable desechó el incidente de nulidad de actuaciones, interpuesto por el aquí quejoso dentro del juicio de reparación por daño moral en la vía ordinaria, radicado con el número de expediente 104-2020, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud que no afecta los derechos sustantivos del impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que, las consecuencias de la determinación reclamada son sólo intraprocesales, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural. Esto es así, en razón de que no constituyen por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, no proceda el juicio de amparo biinstancial, toda vez que la naturaleza del acto reclamado se considera meramente procesal y no afecta directa o indirectamente algún derecho sustantivo. En efecto, de obtener el agraviado una sentencia favorable a sus intereses en el juicio civil de origen, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el recurso ordinario, o bien, en el amparo directo que se intente en contra de dicho fallo. En otras palabras, los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en ese caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, pues dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tales determinaciones reclamadas no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictaron. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis que se contempla en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto... Por lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado al no afectar derechos sustantivos, es inconcuso que no se encuentra la hipótesis que se contempla en el artículo 107, fracción V, -aplicado a contrario sensu- de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos arábigos 107, fracción V -aplicado a contrario sensu-, así como en lo que se dispone en el 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo que se establece en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rodolfo Ruíz Rodríguez, por propio derecho.

  4. Principal

    Visto el estado procesal, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes, para realizar manifestaciones respecto al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este asunto. Al respecto, este Juzgado de Distrito procede a determinar, si conforme a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido, en términos del artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo... El dieciséis de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, la cual concedió el amparo solicitado, en los términos siguientes... En tales condiciones, este juzgado ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora; por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsable haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el dieciséis de diciembre de dos mil veinte; lo que se hizo del conocimiento de esta autoridad de amparo el veintinueve de enero de dos mil veintiuno; fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

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