Rodolfo Rosendo Victoria Guillén

Expediente 670/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
670/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Rodolfo Rosendo Victoria Guillén

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que el artículo único del acuerdo general 37/2020 modificó el periodo de vigencia del diverso 21/2020; numeral en el cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el último acuerdo citado. Del mismo modo, de la segunda certificación secretarial, se advierte que en términos de los puntos 1, 2 y 3 de las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y la fracción II, punto 13 de la diversa SECNO/10/2021, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que respecto de las demandas presentadas físicamente, sólo se dio trámite a los asuntos considerados como urgentes, así como a aquellos bajo la modalidad de juicio en línea; y fuera de los mencionados supuestos, no corrieron plazos ni términos procesales; por lo que a partir del dieciocho de febrero de esta anualidad se reanudaron los plazos y términos procesales, tal como lo establece el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Atento a lo anterior, Vista la tercera certificación, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, se hace constar que en el presente asunto, no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    agréguese el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por virtud del, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de veinticuatro de noviembre de esta anualidad, a través del cual, declaró firme el acuerdo de doce de noviembre del año en curso, por el que el citado órgano colegiado declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de las resoluciones interlocutorias de veinte de agosto del año que transcurre, dictadas por la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los tocas 2615/2019-9 y 2515/2019-10; asimismo, remitió copia certificada de la demanda de amparo promovida por Rodolfo Rosendo Victoria Guillén, así como de las resoluciones a las que se ha hecho mención. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión; por tanto, con copia de este acuerdo acúsese recibo vía interconexión al citado órgano jurisdiccional y dese curso a la mencionada demanda de amparo. el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Este órgano jurisdiccional considera, que en el presente caso, se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo que se analiza, se advierte que el quejoso reclama: La resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca 2614/2019-9, a través del cual, la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó el acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dictado en la controversia del orden familiar alimentos, guarda y custodia 2230/2017 y su acumulado 574/2018 seguido por María Fernanda Nathal Senties en contra de Rodolfo Rosendo Victoria Guillén (aquí quejoso), por el que el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar de esta Ciudad tuvo por objetada la constancia médica exhibida por la actora, por lo que requirió a dicha parte para que presentara en el local de dicho juzgado al doctor Delfino Flores Herrera a fin de que ratificara dicha constancia. La resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca 2615/2019-10, por virtud de la cual, la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó el proveído de doce de noviembre del año próximo pasado, dictado en la controversia de origen, en el que el Juez de primer grado tuvo por exhibidos los certificados de incapacidad temporal y por ende justificada la inasistencia de la parte actora a las convivencias de los días doce, diecinueve y veintiséis de octubre, así como dos de noviembre, todos del año en curso. En efecto, se estima que los actos reclamados no constituyen actos de imposible reparación, con los cuales se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ciertamente, el precepto legal aludido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: " a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En efecto, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la constitución a través de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por otra parte, los artículos 172, fracción XII y 171 de la ley de la materia, en lo conducente establecen: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Sobre la base expuesta, debe estimarse que el acto reclamado, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afectan directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (propiedades, posesiones o derechos) y las consecuencias de las posibles violaciones se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Se insiste en lo anterior, ya que los actos reclamados deben considerarse como una violación a derechos adjetivos, entendidos como aquellos pasos que deben seguirse para hacer efectivos los derechos sustantivos, cuya finalidad es que las partes tomen la posición que les corresponde y estimen conveniente durante ese procedimiento, ya sea contestando escritos, desahogando vistas, aportando pruebas -ofrecimiento y desahogo- o recurriendo las resoluciones que afecten sus intereses, pero cuya transgresión sólo viola normas procesales, de ahí, que la violación a sus derechos sustantivos no sea inmediata, sino que dicha transgresión sólo será posible determinarse en la sentencia correspondiente, y entonces, podrá impugnarse la violación procesal. En ese sentido, se estima que en última instancia, las resoluciones combatidas, pueden ser impugnadas como violación procesal en el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia correspondiente, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Federal y 171 y 172, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII y 171, de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contrario sensu, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de ésta, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Por autorizados de conformidad con lo establecido en el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Pamela Denisse López Ascencio y José Luis Vázquez Castañeda, en virtud de tener registradas sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Por otra parte, se autorizan únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, así como imponerse de los autos a las demás personas que refiere, por así solicitarlo, de conformidad con lo establecido en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Autorización para obtener imágenes. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113, de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Exhortación a las partes. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (acceso al expediente electrónico, notificaciones por esa vía, así como el uso de la FIREL o la e-firma); y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente al quejoso, para lo cual la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  3. Principal

    ." intégrese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Víctor Manuel Garate Miranda, mediante el cual solicita sean remitidas la copia certificadas del juicio en que se actúa a la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, en esta Ciudad o en su caso, se autorice la expedición de dichas constancias a su costa y autoriza personas. Atento a ello y vistas las constancias de autos, dígase al ocursante que las copias a las que hace referencia fueron entregadas el diecisiete del mes y año en curso, como consta del sello de recepción asentado por dicha dependencia. En diverso aspecto, como lo peticiona, se autoriza en términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, a José García Irineo y Rodolfo Escalante Flores, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho, en términos del Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuanto hace a las demás autorizaciones y copias que solicita, dígase que deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el que se determinó lo conducente. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

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