Rodolfo Romero Cervantes
Expediente 431/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rodolfo Romero Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se concedió la medida cautelar a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Respecto al original, en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico la demanda de amparo, así como la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar, y procédase a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que la parte quejosa quedó notificado de lo determinado en proveído de veinticinco de abril del año en curso, sin que al efecto hubiera interpuesto el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo vigente; en tal virtud, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración; en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la autorizada en términos del artículo 12 de la ley de amparo del quejoso Rodolfo Romero Cervantes, en atención a lo manifestado, dígasele que lo que pide no fue materia de la concesión del amparo, toda vez que ello fue para que el quejoso recibiera consulta médica y se realizaran las gestiones para determinar si ameritaba atención en la especialidad de psiquiatría, y de ser el caso se diera seguimiento al tratamiento médico con las especificaciones requeridas, lo que se acató, tal como se determinó en el auto que declaró cumplida la sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo, suscrito por la Encargada del Despacho de la Dirección General, del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS", Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual informa la imposibilidad que le asiste para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debido a que el quejoso Rodolfo Romero Cervantes, egresó en data veinte de febrero de este año, para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número dos, "occidente", en el Salto Jalisco, causando baja de ese centro de reclusión y anexa las constancias respectivas. En consecuencia, ya que el quejoso Rodolfo Romero Cervantes, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número dos, "occidente", en el Salto Jalisco, en términos de lo dispuesto por el artículo 197, de la Ley de Amparo, se estima que será el titular de dicho centro de reclusión, quien se encuentra obligado a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, y estará sujeto a las responsabilidades a que se refiere el título tercero, denominado cumplimiento y ejecución, de la Ley de la materia. No obsta a lo anterior, el hecho de que el Director del citado centro, no tenga el carácter de autoridad responsable en el presente juicio de garantías, pues el cumplimiento de la ejecutoria debe realizarse por conducto de las autoridades que de acuerdo a sus facultades les corresponda, conforme a lo previsto en el referido numeral 197, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia XIII.P.A. J/4 (10a.), del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Décima Época, publicada el viernes 25 de mayo de 2018 10:30 h, en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD CONTRA LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA. EL HECHO DE QUE ÉSTE HAYA SIDO TRASLADADO A DIVERSO CENTRO DE RECLUSIÓN, NO IMPLICA QUE EXISTA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA ACATAR DICHO FALLO PROTECTOR. Conforme al artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo, existen dos supuestos de imposibilidad para cumplir una resolución judicial, a saber: jurídica y/o material. En este sentido, si el quejoso privado de su libertad es trasladado a diverso centro de reclusión para seguir compurgando la pena de prisión impuesta, lo cierto es que ya no se encuentra bajo el resguardo de las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, por lo que resulta materialmente imposible que éstas adopten las medidas indicadas en la sentencia para proporcionarle atención médica y, en su caso, suministrarle los medicamentos atinentes; sin embargo, la circunstancia anterior no conduce a concluir que existe imposibilidad jurídica para acatar el fallo protector, pues el deber impuesto a las autoridades responsables de restituir en el pleno goce de sus derechos fundamentales al quejoso privado de su libertad no se extingue por el hecho de que éste haya sido trasladado a un centro de reclusión diverso, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que el impetrante se encuentre en uno u otro centro de reclusión, por lo que mientras no se modifique su estado jurídico como interno en un centro de reclusión (por ejemplo, que quede en libertad), cualquier autoridad penitenciaria debe proceder en consecuencia, para realizar los actos necesarios encaminados a que se dé cabal cumplimiento a la sentencia amparadora, incluso, aunque no haya sido señalada como responsable, como lo prevé el artículo 197 de la propia ley, que faculta al Juez Federal para requerir a todas las autoridades que tengan o deban tener intervención, por encontrarse vinculadas al cumplimiento de la sentencia." Así como, la jurisprudencia 57/2007, aportada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXV, Mayo de 2007, que aparece publicada en la página 144 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el mencionado artículo 197, de la Ley de Amparo, se ordena requerir al Director del Centro Federal de Readaptación Social número dos, "occidente", en el Salto Jalisco, por tratarse de una autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, dé cumplimiento al fallo dictado en el presente juicio. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, el Director del Centro Federal de Readaptación Social número dos, "occidente", en el Salto Jalisco, deberá acreditar que al quejoso se le ha suministrado el medicamento prescrito en la nota médica de fecha veintiuno de septiembre del año pasado (foja 239), toda vez que el tratamiento concluye el próximo veintiuno de marzo del año en curso. A fin de que la citada autoridad se encuentre en aptitud de cumplir con lo anterior, se ordena remitirle copia de la sentencia pronunciada en el presente juicio y de la nota médica precisada. Se apercibe a la autoridad antes mencionada, a través de la persona física que la representa, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado líneas atrás, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, conforme a lo dispuesto por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos ($8,449.00/100, M.N.), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($84.49) por cien (100), acorde con lo previsto en los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia, y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física, que ocupa el cargo de la autoridad a que se requiere, por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR CONDUCTO DE SUS AUTORIZADOS.
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