Rodolfo Rivera González
Expediente 602/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rodolfo Rivera González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa impugnara a través del recurso de queja el auto de seis de junio de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano su demanda de amparo, sin que haya promovido el referido medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar; y toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra totalmente concluido, archívese como asunto terminado.
- Principal
Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta, de la que se advierte el quejoso ********, desahoga la prevención formulada en proveído de veinticinco de mayo del año en curso; en consecuencia, provéase lo conducente, en relación a la demanda y su ocurso aclaratorio, promovida por aquel, por propio derecho, contra actos del Titular de la Subdelegación Tlalnepantla de Baz, de la Delegación Regional Estado de México Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desechamiento. Cabe precisar que el numeral 113 de la Ley de Amparo, establece que se deberá examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo, aunado a que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Del análisis íntegro de la demanda, se advierte que el accionante del amparo señala como actos reclamados los siguientes: "Ill. AUTORIDADES RESPONSABLES: "COMO ORDENADORA Y EJECUTORA" 4.- El Titular de la Subdelegación Tlalnepantla de Baz (72), de la Delegación Regional Estado de México Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridad Responsable el Maestro EDGAR BRAVO AVELLANEDA. IV. NORMA GENERAL y ACTO RECLAMADO A CADA AUTORIDAD RESPONSABLE. 1.- El Titular de la Subdelegación Tlalnepantla de Baz (72), de la Delegación Regional Estado de México Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridad Responsable el Maestro EDGAR BRAVO AVELLANEDA, le reclamo el dictado y orden de la Resolución de fecha de emisión 27 de febrero de del 2022, como primer acto de aplicación de la porción normativa que tildo de inconstitucional con número de folio 15.91.01.91.0110/AFIL/9379/2021, a través de la cual resuelve: a) Se reclama de la autoridad responsable, "LA BAJA DEL ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN OBLIGATORIO DEL SUSCRITO QUEJOSO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE FECHA 13 DE AGOSTO DEÑ 2015", violentando con ello el derecho fundamental de protección a la salud y de acceso a la seguridad social consagrado en el artículo 4° constitucional, así como la Garantía de Audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional." Por lo que, en el ocurso aclaratorio señaló como acto reclamado únicamente el siguiente: ".a) Solo se reclama por esta vía de amparo indirecto la baja del suscrito quejoso del Régimen Obligatorio de fecha de Trece de Agosto del Año Dos Mil Quince." De lo anterior se traduce en que la parte quejosa combate la baja de aquel del Régimen Obligatorio de trece de agosto del año dos mil quince, por parte del Titular de la Subdelegación Tlalnepantla de Baz, de la Delegación Regional Estado de México Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Precisado lo anterior, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado. Lo anterior, si se toma en consideración que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, el juicio de garantías se tornará improcedente, se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 156, del Tomo XII, Julio de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que porten peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige n prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos n los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquello respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocarla, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, del Tomo X, Octubre de 1999, Materia Común, Administrativa, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107 FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo". En ese mismo sentido, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. En este sentido se puntualiza que, conforme a lo analizado, previamente a la instauración de este juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar los recursos previstos por la ley que regula el procedimiento del cual emanan el acto aquí reclamado, el cual puede ser susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según lo señalado por los diversos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, que señala: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa." Así, el artículo 52, de la referida Ley, señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, o declarar la nulidad de la resolución impugnada, ya sea de manera lisa y llana o para los efectos previstos por esa norma. Por su parte, el Capítulo III "De las medidas cautelares", artículo 28, de la referida Ley, establece, regula y permite la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Sentado lo anterior, como se precisó, el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dado que, como señala el numeral 295 de la Ley del Seguro Social, se trata de una controversia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la parte quejosa (trabajadora), el cual, como ya quedó asentado líneas atrás no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Asimismo, no existe excepción al principio de definitividad, pues la parte quejosa no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22, constitucional y no se advierte que dicha parte sea tercero extraño al procedimiento. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda presentada por Rodolfo Rivera González, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Agre´guese a los autos el ocurso de cuenta a trave´s del cual el quejoso ******, solicita tres juegos de copia simple del escrito de demanda, así como de sus anexos, por los motivos que expone en el escrito que se atiende; en consecuencia, con fundamento en el artículo 8 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, como lo solicita el promovente, expídase a su costa tres juegos de copias simples del escrito de demanda, así como de sus anexos y, entréguese por conducto de las personas autorizadas para tal efecto, previa razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de veintidós de abril de febrero pasados, se requirió al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, posteriores al tres de mayo del año en curso (data señalada para la diligencia de inspección ocular), remitiera copia certificada de dicha actuación, sin que haya dado cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable de mérito, para que dentro del plazo de tres días, posteriores al tres de mayo del año en curso (data señalada para la diligencia de la inspección ocular), remita copia certificada de dicha actuación; asimismo, dentro del mismo término, deberá informar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en el entendido de que subsiste el apercibimiento formulado en caso de incumplimiento.
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