Rodolfo Ramón Díaz Leal Nájera
Expediente 219/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 24/08/2021
Partes del expediente
- Rodolfo Ramón Díaz Leal Nájera
- Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hicieron valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintisiete de mayo del año en curso, mediante el cual, se declaró por cumplida la ejecutoria dentro del presente sumario constitucional; en consecuencia, se decreta que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b) de la normativa en cita, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de depuración y destrucción, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, respectivamente. Por lo que, de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los noventa y treinta días siguientes, después de cumplidos tres años respecto al cuaderno original y seis meses respecto al duplicado, de haberse dictado el presente acuerdo, serán depurados y destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obra como anexo al informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrada Presidenta de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, México, el original del toca de apelación 32/2020 de su índice; por tanto, mediante oficio devuélvanse los mismos para que sean glosados al juicio natural, solicitándose el acuse respectivo.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), mediante el cual, el Notificador del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, remite la constancia de emplazamiento al presente juicio de amparo de la tercera interesada ********************, por conducto de su apoderada legal Margarita Carbajal Ortiz, de lo que se advierte que se le notificó en fecha treinta y uno de mayo del año en curso. En ese sentido, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que la tercera interesada de referencia fue emplazada a juicio en fecha diecinueve de marzo del año dos mil veinte, y en fecha seis de agosto siguiente, se apersonó al presente sumario de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO; AUTO QUE REFIERE: MESA VII. Toluca, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de trece de mayo del año dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La determinación de treinta y uno de enero de dos mil veinte, emitida por la Sala responsable dentro del toca 32/2020. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Rodolfo Ramón Díaz Leal Nájera, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la determinación de treinta y uno de enero de dos mil veinte; y, 2. En su lugar dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas, resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se extiende a la autoridad ejecutora, en virtud de que sus actos no se combaten por vicios propios, sino en vía de consecuencia.". Posterior a ello, el doce de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Asimismo, el siete y veintiuno de abril pasado, se tuvieron por recibidos los oficios 185-A y 255-A (ambos con anexos), remitidos por la Magistrada Presidenta y el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, registrados en el libro de correspondencia interna bajo los números 4155 y 5035, al que anexó copias certificada del auto de fecha cinco de abril del año en curso y de la sentencia de fecha diecinueve de abril siguiente, ambos dictados en los autos del toca de apelación 32/2020 de su índice, de los que se desprende que dicha autoridad, en primer término dejó insubsistente la resolución emitida en fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte, y una vez turnados los autos para una nueva resolución, tuvo a bien emitir la misma con libertad de jurisdicción, pero subsanando las deficiencias que le fueron precisadas en la sentencia de amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, dejo insubsistente la resolución emitida en fecha treinta y uno de enero del año dos mil veinte en el toca de apelación 32/2020 de su índice, y procedió a dictar una nueva resolución, atendiendo a las deficiencias que fueron materia de concesión del presente juicio constitucional A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Por otra parte, la diversa autoridad responsable Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, manifestó se encontraba imposibilitada a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en virtud de que no es autoridad competente para cumplir con los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección dentro del presente juicio de amparo, pues su naturaleza es de autoridad ejecutora, y de la sentencia dictada por la responsable ordenadora en fecha diecinueve de abril del año en curso, no se advierte algún acto de ejecución que la responsable ejecutora deba de cumplir; en consecuencia, se le dejo sin efectos el apercibimiento para que diera cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo que nos ocupa. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable ordenadora al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), mediante el cual, la Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, informa que no ha podido dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en virtud de que no le han sido devueltas las constancias que al efecto se remitieron a la autoridad ordenadora; asimismo, informa que no es autoridad competente para cumplir con los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección dentro del presente juicio de amparo. En ese sentido, vista la imposibilidad material de la autoridad responsable ejecutora, para dar cumplimiento a los efectos de la sentencia emitida dentro del sumario en que se actúa, máxime, que como se advierte del estado de autos del presente sumario, se aprecia que en fecha veintiuno de abril del año en curso, la autoridad responsable ordenadora Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada de la sentencia de fecha diecinueve de abril del año en curso, dictada dentro del toca de apelación 32/2020 de su índice, resolución de la que se colige que no se dictó un acto de ejecución que la responsable ejecutora deba de cumplir; en ese sentido, se deja sin efectos el requerimiento al que fue conminada la responsable Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio 255-A y su anexo signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México recibidos por este órgano jurisdiccional el veintiuno de abril pasado, dese vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la responsable ordenadora, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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