Rodolfo Rafael Bonilla Rocha

Expediente 965/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
965/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Rodolfo Rafael Bonilla Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de once de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino archivístico. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 20 fracción IV del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de agosto de dos mil veintitrés. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ******; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención realizada por lo que se provee: II. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.[...] Así se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: El auto de siete de julio del año en curso, emitido dentro del expediente ********************, por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que desechó el incidente de nulidad de actuaciones. Ahora, del escrito inicial de demanda, así como del escrito aclaratorio, se obtiene que el expediente de origen se encuentra en etapa de ejecución, -manifestado así por el propio quejoso bajo protesta de decir verdad-y que el incidente de nulidad de actuaciones, lo interpuso el aquí quejoso, en contra del auto de doce de octubre de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable hace efectivo el apercibimiento de no dar cumplimiento voluntario y ordena el cumplimiento de lo sentenciado de manera forzosa al ordenar el embargo de bienes en contra del aquí quejoso. La precisión anterior se efectúa en concordancia con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, registro 195745, que dice: [...]IV. Desechamiento. Precisado lo anterior, a juicio de quien resuelve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ésta a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107: El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es propio). De lo anterior se desprende, para lo que aquí interesa, que el primer párrafo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, o de trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Por tanto, la procedencia del amparo tratándose de actos emitidos después de concluido un procedimiento están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a los peticionarios siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. Asimismo, que en los procedimientos de remate, se entenderá como la última resolución, aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Así, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley que rige el juicio constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de amparo, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a los peticionarios siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal, resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus derechos frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. Al efecto, el Máximo Tribunal del país indicó que la determinación que ordena requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial, es la que efectivamente ordena la escrituración y es inimpugnable, en el sentido de que no habrá acto procesal posterior alguno, de naturaleza ordinaria, que modifique, revoque o haga cesar sus efectos. Asimismo, se indicó que el requerimiento formulado por el juzgador constituye una advertencia de que, en el supuesto de que el ejecutado no acuda de manera voluntaria, el juzgador llevará a cabo el otorgamiento de la escritura ante su contumacia; lo que da noticia de que dicha determinación no está sujeta a la voluntad del ejecutado, antes bien, se trata de un acto que eventualmente puede llevar a cabo el Juez ante una situación extraordinaria, como es el incumplimiento de una de las partes. Señaló que con el dictado de esa determinación, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate. Se indicó, que afirmar que tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la última resolución es la que hace efectivo el apercibimiento y ordena que el otorgamiento de la escritura se lleve a cabo por el propio juzgador, llevaría al absurdo de obligar a la parte requerida a incumplir con lo ordenado para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto; y, por ende, no era el caso sostener que el juicio de amparo proceda, indistintamente, en contra de los dos actos, pues esa conclusión se opone al objetivo perseguido por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. De igual forma se sostuvo, que la circunstancia de que el proveído que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, para llevar a cabo la formalización de la venta judicial, con apercibimiento que de no hacerlo el Juez lo hará en su rebeldía, apele a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, no implica que ésta no constituya la última resolución, pues lo definitivo es que la eficacia de lo ordenado, esto es, la capacidad de materializar en su totalidad los efectos del derecho sustantivo de propiedad por medio de la formalización de la transmisión de la propiedad, no depende del resultado de la diligencia de notificación ni de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, pues la eventual contumacia de éste solamente dará lugar a que la facultad de otorgar la escritura pase al juzgador en su rebeldía.[...] En efecto, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos en un procedimiento de ejecución de sentencia dictada en un juicio y no se trata de la última resolución. Cuando se promueve amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, se pueden reclamar todas las violaciones cometidas en dicho periodo que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Por "última resolución" debe entenderse: a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. b) La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. c) La que ordena el archivo definitivo del expediente. d) En los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Entonces, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento; lo anterior, con la finalidad de evitar el entorpecimiento o retardo de la ejecución de una resolución definitiva firme (cosa juzgada), cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. La aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo debe interpretarse en conjunto con las fracciones V y VI del mismo numeral, que disponen la procedencia del juicio de derechos contra actos que afecten a personas extrañas al juicio, o bien, actos cuyos efectos sean de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte). Lo anterior es así, porque la fracción V -actos de imposible reparación- contempla un supuesto de aplicación más amplio y protector; la fracción VI protege a las personas extrañas a un juicio que no pueden estar sujetas a una condena decretada en su contra, sin haber tenido oportunidad de defenderse ante la violación de su derecho de audiencia (por no haber sido oídas y vencidas en el juicio). Por tanto, los supuestos normativos de las fracciones V y VI del artículo 107 de la ley de la materia, configuran la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en un procedimiento de ejecución de sentencia, consistentes en que los actos afecten de manera material derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, o bien, el quejoso sea tercero extraño a la controversia de origen. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6 Novena Época, registro digital 163152, del rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sobre lo que debe entenderse como actos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que: -La actual Ley de Amparo define el alcance de la expresión "actos de imposible reparación" (fracciones III y V del artículo 107 de la ley de la materia), como aquéllos dictados tanto en los procesos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que producen una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho; pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. -Los actos de imposible reparación deben recaer sobre derechos, esto es, rebasan lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. -De la definición plasmada en la actual Ley de Amparo, se deduce la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente (actual). 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. - Dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que no se traducen en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sino que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, registro digital 2006589, cuyo título es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIAP./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En suma, existen cuatro hipótesis de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en ejecución de sentencia, a saber: 1. Se trate de la última resolución del procedimiento respectivo, en los términos explicados. 2. Los actos gocen de autonomía con relación a la ejecución, es decir, no tengan como finalidad directa e inmediata cumplir la sentencia. 3. Los actos afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. 4. El quejoso sea tercero extraño al juicio de origen. Orienta al caso, la jurisprudencia sustenta por la Primera Sala del máximo Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." [...] En el caso, del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso, reclama por esta vía el auto de siete de julio del año en curso, emitido dentro del expediente ********************, por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, que desechó el incidente de nulidad de actuaciones, asimismo, se obtiene que el expediente de origen se encuentra en etapa de ejecución, y que el incidente de nulidad de actuaciones, lo interpuso el aquí quejoso, en contra del auto de doce de octubre de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable hace efectivo el apercibimiento de no dar cumplimiento voluntario y ordena el cumplimiento de lo sentenciado de manera forzosa al ordenar el embargo de bienes en contra del aquí quejoso; reclamo que no constituye la última resolución en ese procedimiento de ejecución para efectos del juicio de amparo, que sería aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, y en los procedimientos de remate aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Incluso no se ha llegado a esa resolución final, pues el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra programado el remate de los bienes para el veintiuno de agosto del año en curso. Además, la resolución reclamada no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa distintos de los dilucidados en el procedimiento de ejecución, con la finalidad de cumplir la sentencia dictada en el juicio de origen. En efecto, la parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento de ejecución, pues es demandado en el juicio natural; por tanto, no se le deja en estado de indefensión, pues es evidente que al llegar la resolución final, podrá controvertir las violaciones cometidas durante ese procedimiento que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la determinación. Ello pues, del análisis de la demanda se advierte que, el quejoso pretendió a través de la vía incidental de nulidad de la actuación de ejecución, esto es la orden de hacer efectivo apercibimiento al no dar cumplimiento voluntario a la sentencia ejecutoriada y ordenar el embargo de bienes de su propiedad; y, la finalidad de ese incidente era declarar la nulidad de dicha actuación emitida en la etapa de ejecución de sentencia; violación que en su caso, podrá reclamar al llegar la resolución final en el procedimiento de ejecución. Es decir en el particular, se considera que de los antecedentes relatados por quejoso, se advierte que el acto reclamado, consistente la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso, fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia en un juicio de origen y no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento, aunado a que no es ajeno a la cosa juzgada.[...] En consecuencia, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Sin que, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son.[...] Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  3. Principal

    AVISO: DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, AL HABER SIDO OMISA EN COMPARECER A ESTE JUZGADO FEDERAL PARA NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS POR DICHA PARTE. SE PROCEDE A NOTIFICAR LA DETERMINACIÓN DE FECHA ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, once de agosto de dos mil veintitrés. I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ******; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención realizada por lo que se provee: II. Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.[...] Así se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: El auto de siete de julio del año en curso, emitido dentro del expediente ********************, por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que desechó el incidente de nulidad de actuaciones. Ahora, del escrito inicial de demanda, así como del escrito aclaratorio, se obtiene que el expediente de origen se encuentra en etapa de ejecución, -manifestado así por el propio quejoso bajo protesta de decir verdad-y que el incidente de nulidad de actuaciones, lo interpuso el aquí quejoso, en contra del auto de doce de octubre de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable hace efectivo el apercibimiento de no dar cumplimiento voluntario y ordena el cumplimiento de lo sentenciado de manera forzosa al ordenar el embargo de bienes en contra del aquí quejoso. La precisión anterior se efectúa en concordancia con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, registro 195745, que dice: [...]IV. Desechamiento. Precisado lo anterior, a juicio de quien resuelve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ésta a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107: El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que se ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es propio). De lo anterior se desprende, para lo que aquí interesa, que el primer párrafo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, o de trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Por tanto, la procedencia del amparo tratándose de actos emitidos después de concluido un procedimiento están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a los peticionarios siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. Asimismo, que en los procedimientos de remate, se entenderá como la última resolución, aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Así, tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, sólo podrá promoverse el amparo contra la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución, donde por "última resolución" debe atenderse a la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. En efecto, en acatamiento al mandato constitucional, la ley que rige el juicio constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo como base la exposición de motivos de la ley citada en el sentido de evitar abusar del juicio de amparo, la procedencia del amparo que promueva quien fue parte en el procedimiento contra actos dictados después de concluido el juicio en la etapa de ejecución de sentencia, están condicionados a que dichos actos sean la última resolución dictada en la citada etapa en donde podrán reclamarse conjuntamente las demás violaciones que hubieren dejado sin defensa a los peticionarios siempre que estén encaminadas al cumplimiento de la cosa juzgada. La finalidad que persigue este criterio, es la de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones que en el procedimiento de ejecución sucedan, pues de lo contrario se obstaculizarían los procedimientos tendentes a cumplimentar las resoluciones que constituyan la verdad legal, resulta así, ya que se pretende dar un equilibrio entre el interés individual de quien estima sufrir un agravio en sus derechos frente al interés de la sociedad para que se cumplan las sentencias. Al efecto, el Máximo Tribunal del país indicó que la determinación que ordena requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial, es la que efectivamente ordena la escrituración y es inimpugnable, en el sentido de que no habrá acto procesal posterior alguno, de naturaleza ordinaria, que modifique, revoque o haga cesar sus efectos. Asimismo, se indicó que el requerimiento formulado por el juzgador constituye una advertencia de que, en el supuesto de que el ejecutado no acuda de manera voluntaria, el juzgador llevará a cabo el otorgamiento de la escritura ante su contumacia; lo que da noticia de que dicha determinación no está sujeta a la voluntad del ejecutado, antes bien, se trata de un acto que eventualmente puede llevar a cabo el Juez ante una situación extraordinaria, como es el incumplimiento de una de las partes. Señaló que con el dictado de esa determinación, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate. Se indicó, que afirmar que tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la última resolución es la que hace efectivo el apercibimiento y ordena que el otorgamiento de la escritura se lleve a cabo por el propio juzgador, llevaría al absurdo de obligar a la parte requerida a incumplir con lo ordenado para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto; y, por ende, no era el caso sostener que el juicio de amparo proceda, indistintamente, en contra de los dos actos, pues esa conclusión se opone al objetivo perseguido por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. De igual forma se sostuvo, que la circunstancia de que el proveído que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, para llevar a cabo la formalización de la venta judicial, con apercibimiento que de no hacerlo el Juez lo hará en su rebeldía, apele a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, no implica que ésta no constituya la última resolución, pues lo definitivo es que la eficacia de lo ordenado, esto es, la capacidad de materializar en su totalidad los efectos del derecho sustantivo de propiedad por medio de la formalización de la transmisión de la propiedad, no depende del resultado de la diligencia de notificación ni de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, pues la eventual contumacia de éste solamente dará lugar a que la facultad de otorgar la escritura pase al juzgador en su rebeldía.[...] En efecto, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos en un procedimiento de ejecución de sentencia dictada en un juicio y no se trata de la última resolución. Cuando se promueve amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, se pueden reclamar todas las violaciones cometidas en dicho periodo que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Por "última resolución" debe entenderse: a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. b) La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. c) La que ordena el archivo definitivo del expediente. d) En los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Entonces, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento; lo anterior, con la finalidad de evitar el entorpecimiento o retardo de la ejecución de una resolución definitiva firme (cosa juzgada), cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. La aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo debe interpretarse en conjunto con las fracciones V y VI del mismo numeral, que disponen la procedencia del juicio de derechos contra actos que afecten a personas extrañas al juicio, o bien, actos cuyos efectos sean de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte). Lo anterior es así, porque la fracción V -actos de imposible reparación- contempla un supuesto de aplicación más amplio y protector; la fracción VI protege a las personas extrañas a un juicio que no pueden estar sujetas a una condena decretada en su contra, sin haber tenido oportunidad de defenderse ante la violación de su derecho de audiencia (por no haber sido oídas y vencidas en el juicio). Por tanto, los supuestos normativos de las fracciones V y VI del artículo 107 de la ley de la materia, configuran la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en un procedimiento de ejecución de sentencia, consistentes en que los actos afecten de manera material derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, o bien, el quejoso sea tercero extraño a la controversia de origen. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6 Novena Época, registro digital 163152, del rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sobre lo que debe entenderse como actos que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que: -La actual Ley de Amparo define el alcance de la expresión "actos de imposible reparación" (fracciones III y V del artículo 107 de la ley de la materia), como aquéllos dictados tanto en los procesos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, que producen una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho; pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. -Los actos de imposible reparación deben recaer sobre derechos, esto es, rebasan lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. -De la definición plasmada en la actual Ley de Amparo, se deduce la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente (actual). 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos?, sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. - Dada la connotación que el legislador aportó respecto a lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", no puede aplicarse la jurisprudencia que determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra aspectos formales que no se traducen en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, sino que producen una afectación en grado predominante o superior, porque esta concepción resulta incompatible con la actual Ley de Amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, registro digital 2006589, cuyo título es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIAP./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En suma, existen cuatro hipótesis de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en ejecución de sentencia, a saber: 1. Se trate de la última resolución del procedimiento respectivo, en los términos explicados. 2. Los actos gocen de autonomía con relación a la ejecución, es decir, no tengan como finalidad directa e inmediata cumplir la sentencia. 3. Los actos afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que México sea parte. 4. El quejoso sea tercero extraño al juicio de origen. Orienta al caso, la jurisprudencia sustenta por la Primera Sala del máximo Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." [...] En el caso, del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso, reclama por esta vía el auto de siete de julio del año en curso, emitido dentro del expediente ********************, por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, que desechó el incidente de nulidad de actuaciones, asimismo, se obtiene que el expediente de origen se encuentra en etapa de ejecución, y que el incidente de nulidad de actuaciones, lo interpuso el aquí quejoso, en contra del auto de doce de octubre de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable hace efectivo el apercibimiento de no dar cumplimiento voluntario y ordena el cumplimiento de lo sentenciado de manera forzosa al ordenar el embargo de bienes en contra del aquí quejoso; reclamo que no constituye la última resolución en ese procedimiento de ejecución para efectos del juicio de amparo, que sería aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, y en los procedimientos de remate aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Incluso no se ha llegado a esa resolución final, pues el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra programado el remate de los bienes para el veintiuno de agosto del año en curso. Además, la resolución reclamada no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa distintos de los dilucidados en el procedimiento de ejecución, con la finalidad de cumplir la sentencia dictada en el juicio de origen. En efecto, la parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento de ejecución, pues es demandado en el juicio natural; por tanto, no se le deja en estado de indefensión, pues es evidente que al llegar la resolución final, podrá controvertir las violaciones cometidas durante ese procedimiento que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la determinación. Ello pues, del análisis de la demanda se advierte que, el quejoso pretendió a través de la vía incidental de nulidad de la actuación de ejecución, esto es la orden de hacer efectivo apercibimiento al no dar cumplimiento voluntario a la sentencia ejecutoriada y ordenar el embargo de bienes de su propiedad; y, la finalidad de ese incidente era declarar la nulidad de dicha actuación emitida en la etapa de ejecución de sentencia; violación que en su caso, podrá reclamar al llegar la resolución final en el procedimiento de ejecución. Es decir en el particular, se considera que de los antecedentes relatados por quejoso, se advierte que el acto reclamado, consistente la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso, fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia en un juicio de origen y no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento, aunado a que no es ajeno a la cosa juzgada.[...] En consecuencia, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Sin que, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son.[...] Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de agosto de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no obra en los autos del expediente físico y/o electrónico la constancia de notificación a la parte quejosa, ordenada en auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés. II. Comisión para actuaria. En virtud de lo anterior, comisiónese al Actuario de la Adscripción, a efecto de que notifique personalmente al quejoso en el domicilio señalado en autos, el contenido del auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, así como el presente proveído. Notifíquese; y personalmente al quejoso este auto y el diverso de veintisiete de julio de dos mil veintitrés.

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