Rodolfo Quintero Pablo

Expediente 1493/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1493/2014
Año
2014
Actuaciones
11
Última actuación
03/07/2015

Partes del expediente

  • Rodolfo Quintero Pablo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    MESA II A Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que las partes hubieren hecho valer recurso alguno en contra del auto de tres de junio del año en curso ( fojas 162 a 166), que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuniquese lo anterior a las autoridades responsables.

  2. Principal

    MESA II A Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y tercera interesada en auto de siete de mayo actual, respecto a la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que le concedió el amparo y protección al quejoso Rodolfo Quintero de Pablo, sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, de oficio, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. Así, se destaca que mediante sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil quince, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución dictada el veinte de agosto de dos mil catorce, en el toca penal 11/2014 de su registro, por la que confirmaron el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil trece, emitido por la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la causa penal 140/2013, en contra del quejoso por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude, en perjuicio patrimonial de Armando Octavio Cruz Duarte, y emitiera una nueva resolución en la que reiterara lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo 221/2014 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito (con relación a que no se acredita la prescripción de la acción penal) y, con plenitud de jurisdicción, respondieran todos y cada uno de los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, Rodolfo Quintero de Pablo, bajo la siguiente premisa: "En el caso, el análisis de las constancias que obran en autos permite conocer que el defensor particular del procesado, hoy quejoso, en su escrito presentado ante la Sala responsable en la audiencia de vista, formuló como agravios los siguientes, que: I. En autos no quedó legal ni plenamente comprobado el cuerpo del delito de fraude, previsto en el artículo 380, en relación con los diversos 8°, fracción I, 10, fracción I y sancionado por el propio numeral 380, en su fracción III, todos del Código Penal vigente en el Estado, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de Armando Octavio Cruz Duarte, y mucho menos la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, pues no está demostrado que haya actuado de acuerdo con las normas penales aludidas. II. Al resolver sobre la situación jurídica del inculpado no se valoraron correctamente todos y cada uno de los elementos de prueba existentes en autos, en virtud de que del análisis de la denuncia presentada por el que se dice ofendido se aprecian importantes inconsistencias que demuestran la inexistencia del engaño y desde luego el lucro indebido, requisitos esenciales para la configuración del cuerpo del delito en estudio. III. El engaño, actividad positivamente mentirosa que se emplea para hacer incurrir en creencia falsa -como elemento indispensable para que se configure el delito de fraude-, no se encuentra demostrado en autos, dado que Armando Octavio Cruz Duarte, al ser de ocupación constructor, debió saber que la contratación de obra pública siempre es a través de concurso o de un proceso de licitación, y si bien existe alguna forma de contratación directa, sin embargo, el elemento engaño que plantea el denunciante no es creíble, pues sus conocimientos en la rama de la construcción y el material probatorio existente en autos para demostrarlo es insuficiente, por ello también es ilegal y violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, determinar la responsabilidad del defendido. Argumenta que lo anterior es así, máxime si se considera que de la declaración del ofendido se observa que éste señaló que se reunieron con los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas y que incluso se trató el asunto de la obra, por lo que debió saber que el otorgarla no estaba en manos del inculpado, sino en el cumplimiento que le daría el ofendido a los requisitos exigidos para ese tipo de contrataciones, lo cual no quiere decir que era ignorante de tal procedimiento y que le sería adjudicada simplemente la obra de manera verbal, pues para ello se requieren formalidades propias de la rama de la construcción, ya que en el caso se trataba de obra pública cuyos recursos deben ser debidamente comprobados y, por ende, no se está ante la presencia del elemento engaño. IV. Además, que faltaron pruebas por desahogar de personas que les resultaba cita y de quienes eran esenciales sus testimonios para completar la investigación, por ejemplo el de Felipe Trujillo Soto, que menciona el denunciante como la persona con quien supuestamente lo mandó a llamar el inculpado, y tampoco existe informe o testimonio de la autoridad municipal de San Jacinto Amilpas, que demuestre que el inculpado se haya conducido con engaño hacia el denunciante, o que desvirtúe que el procesado tuviera tratos sobre la adjudicación de la obra en comento. Por lo que resulta inverosímil que el ofendido hubiera sido engañado sólo con el dicho del inculpado, en virtud de que conoce el procedimiento de adjudicación de obra pública. V. Tampoco se acredita el segundo elemento del delito, consistente en la obtención de un lucro indebido, ya que es ilógico que al tratarse de una cantidad considerable se le haya entregado al inculpado así simplemente, sin exigir el recibo correspondiente, pues al tratarse de un constructor todos los gastos que erogan los justifican con el comprobante o factura correspondiente para rendir declaraciones en Hacienda y éste no podía ser la excepción pues se trata de una suma elevada de dinero, la cual no puede quedar demostrada con los testimonios de las personas que presenta como testigos, quienes además manifestaron ser conocedores del ramo de la construcción, por lo que resulta inconcuso que no hayan exigido ese comprobante. VI. Que el engaño o el error deben ser determinantes de la obtención del lucro, sin embargo, no se justifican, pues es claro que el material probatorio existente en autos es insuficiente para tener por demostrados los elementos del ilícito de que se trata. Invoca en apoyo de lo anterior la tesis con rubro: "FRAUDE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE ACTUALIZA ESTE DELITO POR EL ENGAÑO QUE REALIZA EL ACTIVO O POR EL ERROR EN QUE SE ENCUENTRA EL SUJETO PASIVO, COMO CONDUCTAS ALTERNATIVAS NO CONCOMITANTES." (con número de registro 166653). VII. Que del material probatorio se desprende que no se encuentran plenamente demostrados los elementos del delito, lo que lleva a concluir que cada uno de los conceptos y elementos del delito de fraude no se cumplimentan en la conducta del inculpado, porque no hay elementos de prueba suficientes que lleven a determinar que haya actuado de acuerdo a la norma penal aludida, pues de acuerdo a los hechos narrados por el ofendido en su denuncia, sólo se demuestra que no existió tal engaño en el contrato verbal que dice celebraron y mucho menos se demostró la obtención de un lucro indebido, o enriquecimiento sin causa, lo que debe ser considerado como una cuestión de carácter puramente civil. Invoca en apoyo de lo anterior las tesis con rubro: "FRAUDE, SI EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL NO SE DEMUESTRA PLENAMENTE EL ENGAÑO O ERROR DEL QUE FUE VÍCITIMA EL SUJETO PASIVO TENÍA COMO FIN DEFRAUDAR Y OBTENER UN BENEFICIO ILÍCITO NO SE CONFIGURA DICHO DELITO Y EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA QUE ASÍ OBTENGA EL INCULPADO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA CUESTIÓN DE CARÁCTER CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MIHOACÁN)." (con número de registro 174716); "FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, SI NO SE APRUEBA EL ELEMENTO ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)." (con número de registro 187790); "FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRTÁNDOSE DE UN CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE ATRIBUIR AL INCUMPLIMIENTO CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DEL ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO." (con número de registro 193709), y "FRAUDE, ENGAÑO O ERROR COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE." (con número de registro 223882). VIII. Que el juez de la causa no tomó en consideración que en el sumario se aprecia claramente que no existe más imputación que la del que se dice ofendido, pero que en su propia declaración, contradice los hechos y desvirtúa la acusación al reconocer que conoce el ramo de la construcción y, por ende, cómo se desarrollan los procedimientos de adjudicación de obras, lo que implica que al momento de resolver sobre la situación jurídica de su defendido se le dicte auto de libertad. Invoca en apoyo la tesis de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA SOLA IMPUTACIÓN DEL OFENDIDO NO BASTA PARA FUNDARLO LEGALMENTE." (con número de registro 231041). IX. Además, que para el caso de que el inculpado hubiera pactado la adjudicación de la obra ya conocida ante las autoridades municipales correspondientes de una manera directa o haber echado mano de la corrupción para obtenerla, tampoco se da el engaño pues el sedicente ofendido conoce los procedimientos de adjudicación de obra y en consecuencia estaba sabedor de que podía resultar favorable como no la obtención de la misma, con el correspondiente riesgo de no obtener nada. Invoca en apoyo de lo anterior, la tesis de rubros: "FRAUDE, FALTA DE ENGAÑO EN EL." (con número de registro 261026); "FRAUDE GENÉRICO. NO SE CONFIGURA EL ENGAÑO CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO." (con número de registro 160683); "PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE." (de la sexta época), y "PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL." (del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Novena Época, diciembre de 2005, página 2462). X. Insiste en que la acusación hecha en contra del procesado es falsa porque independientemente de que no recibió la cantidad de dinero que le atribuye el ofendido haber recibido, también negó haber estado en el lugar, día y hora de los hechos que se le imputan, porque es humanamente imposible que una persona se encuentre en dos lugares diferentes y tan distantes al mismo tiempo. Sin embargo, la Sala Penal responsable no respondió ninguno de los agravios citados, sino que se concretó a realizar una análisis oficioso de la resolución apelada, afirmó que no existían agravios que hacer valer a favor del apelante (página 23 de la resolución reclamada) y determinó confirmar el auto de formal prisión recurrido. Por tanto, es evidente que la responsable emitió una resolución incongruente, pues no cumplió con lo que le ordena el artículo 519 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Luego, aun cuando la Sala Penal emprendió un análisis oficioso de los elementos del auto de término constitucional establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, cuerpo del delito imputado y de la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, se insiste, debió analizar todos y cada uno de los agravios formulados por la parte recurrente, y al no haberlo hecho así el acto reclamado es violatorio de la garantía de legalidad contemplado en el artículo 16 Constitucional, al no estar fundado y motivado, ya que no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad. (.) De tal suerte que al existir tales deficiencias formales, este tribunal constitucional se encuentra jurídicamente impedido para suplir las deficiencias de fundamentación y motivación del acto reclamado, pues no es esa la función del órgano de amparo, ya que ello implicaría que en lugar de que la expresión de las normas jurídicas fundamentales del auto y las razones o motivos de su aplicación al caso concreto, se consignen en el propio acto reclamado, se contengan en una resolución disímbola, a saber, la sentencia de amparo, porque conforme a la técnica del juicio de amparo, no es permitido substituirse en el criterio de un tribunal de legalidad responsable, por ser la presente controversia un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades, lo que implica que sólo se puede analizar, si en el caso concreto, hubo o no trasgresión a los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías otorgadas para su protección. (.) Bajo tales consideraciones resulta válido concluir que el acto hoy reclamado conculcó los derechos humanos del impetrante del amparo, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para el debido respeto de la primera no basta que se dé la oportunidad al gobernado de hacer valer algún recurso y por ende expresar agravios contra la resolución impugnada, sino que es necesario también que la autoridad dé respuesta a todos y cada uno de los motivos de inconformidad planteados; en tanto que el cumplimiento de la segunda obliga al servidor público que emite un acto de molestia contra el particular a fundar y motivar su acto, esto es, debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Mediante acuerdo de veintiocho de abril del año en curso (fojas 122 y 123), se requirió a los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dieran cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a ello, por oficio 1198 la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución emitida el cinco de mayo de dos mil quince, en el toca penal 11/2014 de su índice. Ahora bien, de la resolución de cinco de mayo del año en curso, emitida por la Sala responsable en el toca penal 11/2014, se advierte que dio contestación a todos y cada uno de los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, Rodolfo Quintero de Pablo (fojas 127 a 146). En tales condiciones, como los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejaron insubsistente la resolución dictada el veinte de agosto de dos mil catorce, en el toca penal 11/2014 de su registro, por la que confirmaron el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil trece, emitido por la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la causa penal 140/2013, en contra del quejoso por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude, en perjuicio patrimonial de Armando Octavio Cruz Duarte, y emitieron una nueva resolución en la que reiteraron lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo 221/2014 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito (con relación a que no se acredita la prescripción de la acción penal) y, con plenitud de jurisdicción, respondieron todos y cada uno de los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, Rodolfo Quintero de Pablo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA: MESA II A Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido a la parte quejosa y tercera interesada en auto de siete de mayo actual, respecto a la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que le concedió el amparo y protección al quejoso Rodolfo Quintero de Pablo, sin que hicieran manifestación alguna; en consecuencia, de oficio, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. Así, se destaca que mediante sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil quince, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución dictada el veinte de agosto de dos mil catorce, en el toca penal 11/2014 de su registro, por la que confirmaron el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil trece, emitido por la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la causa penal 140/2013, en contra del quejoso por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude, en perjuicio patrimonial de Armando Octavio Cruz Duarte, y emitiera una nueva resolución en la que reiterara lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo 221/2014 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito (con relación a que no se acredita la prescripción de la acción penal) y, con plenitud de jurisdicción, respondieran todos y cada uno de los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, Rodolfo Quintero de Pablo, bajo la siguiente premisa: "En el caso, el análisis de las constancias que obran en autos permite conocer que el defensor particular del procesado, hoy quejoso, en su escrito presentado ante la Sala responsable en la audiencia de vista, formuló como agravios los siguientes, que: I. En autos no quedó legal ni plenamente comprobado el cuerpo del delito de fraude, previsto en el artículo 380, en relación con los diversos 8°, fracción I, 10, fracción I y sancionado por el propio numeral 380, en su fracción III, todos del Código Penal vigente en el Estado, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de Armando Octavio Cruz Duarte, y mucho menos la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, pues no está demostrado que haya actuado de acuerdo con las normas penales aludidas. II. Al resolver sobre la situación jurídica del inculpado no se valoraron correctamente todos y cada uno de los elementos de prueba existentes en autos, en virtud de que del análisis de la denuncia presentada por el que se dice ofendido se aprecian importantes inconsistencias que demuestran la inexistencia del engaño y desde luego el lucro indebido, requisitos esenciales para la configuración del cuerpo del delito en estudio. III. El engaño, actividad positivamente mentirosa que se emplea para hacer incurrir en creencia falsa -como elemento indispensable para que se configure el delito de fraude-, no se encuentra demostrado en autos, dado que Armando Octavio Cruz Duarte, al ser de ocupación constructor, debió saber que la contratación de obra pública siempre es a través de concurso o de un proceso de licitación, y si bien existe alguna forma de contratación directa, sin embargo, el elemento engaño que plantea el denunciante no es creíble, pues sus conocimientos en la rama de la construcción y el material probatorio existente en autos para demostrarlo es insuficiente, por ello también es ilegal y violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, determinar la responsabilidad del defendido. Argumenta que lo anterior es así, máxime si se considera que de la declaración del ofendido se observa que éste señaló que se reunieron con los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas y que incluso se trató el asunto de la obra, por lo que debió saber que el otorgarla no estaba en manos del inculpado, sino en el cumplimiento que le daría el ofendido a los requisitos exigidos para ese tipo de contrataciones, lo cual no quiere decir que era ignorante de tal procedimiento y que le sería adjudicada simplemente la obra de manera verbal, pues para ello se requieren formalidades propias de la rama de la construcción, ya que en el caso se trataba de obra pública cuyos recursos deben ser debidamente comprobados y, por ende, no se está ante la presencia del elemento engaño. IV. Además, que faltaron pruebas por desahogar de personas que les resultaba cita y de quienes eran esenciales sus testimonios para completar la investigación, por ejemplo el de Felipe Trujillo Soto, que menciona el denunciante como la persona con quien supuestamente lo mandó a llamar el inculpado, y tampoco existe informe o testimonio de la autoridad municipal de San Jacinto Amilpas, que demuestre que el inculpado se haya conducido con engaño hacia el denunciante, o que desvirtúe que el procesado tuviera tratos sobre la adjudicación de la obra en comento. Por lo que resulta inverosímil que el ofendido hubiera sido engañado sólo con el dicho del inculpado, en virtud de que conoce el procedimiento de adjudicación de obra pública. V. Tampoco se acredita el segundo elemento del delito, consistente en la obtención de un lucro indebido, ya que es ilógico que al tratarse de una cantidad considerable se le haya entregado al inculpado así simplemente, sin exigir el recibo correspondiente, pues al tratarse de un constructor todos los gastos que erogan los justifican con el comprobante o factura correspondiente para rendir declaraciones en Hacienda y éste no podía ser la excepción pues se trata de una suma elevada de dinero, la cual no puede quedar demostrada con los testimonios de las personas que presenta como testigos, quienes además manifestaron ser conocedores del ramo de la construcción, por lo que resulta inconcuso que no hayan exigido ese comprobante. VI. Que el engaño o el error deben ser determinantes de la obtención del lucro, sin embargo, no se justifican, pues es claro que el material probatorio existente en autos es insuficiente para tener por demostrados los elementos del ilícito de que se trata. Invoca en apoyo de lo anterior la tesis con rubro: "FRAUDE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, SE ACTUALIZA ESTE DELITO POR EL ENGAÑO QUE REALIZA EL ACTIVO O POR EL ERROR EN QUE SE ENCUENTRA EL SUJETO PASIVO, COMO CONDUCTAS ALTERNATIVAS NO CONCOMITANTES." (con número de registro 166653). VII. Que del material probatorio se desprende que no se encuentran plenamente demostrados los elementos del delito, lo que lleva a concluir que cada uno de los conceptos y elementos del delito de fraude no se cumplimentan en la conducta del inculpado, porque no hay elementos de prueba suficientes que lleven a determinar que haya actuado de acuerdo a la norma penal aludida, pues de acuerdo a los hechos narrados por el ofendido en su denuncia, sólo se demuestra que no existió tal engaño en el contrato verbal que dice celebraron y mucho menos se demostró la obtención de un lucro indebido, o enriquecimiento sin causa, lo que debe ser considerado como una cuestión de carácter puramente civil. Invoca en apoyo de lo anterior las tesis con rubro: "FRAUDE, SI EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL NO SE DEMUESTRA PLENAMENTE EL ENGAÑO O ERROR DEL QUE FUE VÍCITIMA EL SUJETO PASIVO TENÍA COMO FIN DEFRAUDAR Y OBTENER UN BENEFICIO ILÍCITO NO SE CONFIGURA DICHO DELITO Y EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA QUE ASÍ OBTENGA EL INCULPADO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA CUESTIÓN DE CARÁCTER CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MIHOACÁN)." (con número de registro 174716); "FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, SI NO SE APRUEBA EL ELEMENTO ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)." (con número de registro 187790); "FRAUDE, INEXISTENCIA DEL, TRTÁNDOSE DE UN CONTRATO PRIVADO. NO SE PUEDE ATRIBUIR AL INCUMPLIMIENTO CARÁCTER PENAL, SI NO SE PRUEBA LA EXISTENCIA DEL ENGAÑO EN LA ÉPOCA EN QUE SE CELEBRÓ EL CONTRATO." (con número de registro 193709), y "FRAUDE, ENGAÑO O ERROR COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE." (con número de registro 223882). VIII. Que el juez de la causa no tomó en consideración que en el sumario se aprecia claramente que no existe más imputación que la del que se dice ofendido, pero que en su propia declaración, contradice los hechos y desvirtúa la acusación al reconocer que conoce el ramo de la construcción y, por ende, cómo se desarrollan los procedimientos de adjudicación de obras, lo que implica que al momento de resolver sobre la situación jurídica de su defendido se le dicte auto de libertad. Invoca en apoyo la tesis de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA SOLA IMPUTACIÓN DEL OFENDIDO NO BASTA PARA FUNDARLO LEGALMENTE." (con número de registro 231041). IX. Además, que para el caso de que el inculpado hubiera pactado la adjudicación de la obra ya conocida ante las autoridades municipales correspondientes de una manera directa o haber echado mano de la corrupción para obtenerla, tampoco se da el engaño pues el sedicente ofendido conoce los procedimientos de adjudicación de obra y en consecuencia estaba sabedor de que podía resultar favorable como no la obtención de la misma, con el correspondiente riesgo de no obtener nada. Invoca en apoyo de lo anterior, la tesis de rubros: "FRAUDE, FALTA DE ENGAÑO EN EL." (con número de registro 261026); "FRAUDE GENÉRICO. NO SE CONFIGURA EL ENGAÑO CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO DE CORUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL PASIVO." (con número de registro 160683); "PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE." (de la sexta época), y "PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL." (del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Novena Época, diciembre de 2005, página 2462). X. Insiste en que la acusación hecha en contra del procesado es falsa porque independientemente de que no recibió la cantidad de dinero que le atribuye el ofendido haber recibido, también negó haber estado en el lugar, día y hora de los hechos que se le imputan, porque es humanamente imposible que una persona se encuentre en dos lugares diferentes y tan distantes al mismo tiempo. Sin embargo, la Sala Penal responsable no respondió ninguno de los agravios citados, sino que se concretó a realizar una análisis oficioso de la resolución apelada, afirmó que no existían agravios que hacer valer a favor del apelante (página 23 de la resolución reclamada) y determinó confirmar el auto de formal prisión recurrido. Por tanto, es evidente que la responsable emitió una resolución incongruente, pues no cumplió con lo que le ordena el artículo 519 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca. Luego, aun cuando la Sala Penal emprendió un análisis oficioso de los elementos del auto de término constitucional establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, cuerpo del delito imputado y de la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, se insiste, debió analizar todos y cada uno de los agravios formulados por la parte recurrente, y al no haberlo hecho así el acto reclamado es violatorio de la garantía de legalidad contemplado en el artículo 16 Constitucional, al no estar fundado y motivado, ya que no cumple con los principios de congruencia y exhaustividad. (.) De tal suerte que al existir tales deficiencias formales, este tribunal constitucional se encuentra jurídicamente impedido para suplir las deficiencias de fundamentación y motivación del acto reclamado, pues no es esa la función del órgano de amparo, ya que ello implicaría que en lugar de que la expresión de las normas jurídicas fundamentales del auto y las razones o motivos de su aplicación al caso concreto, se consignen en el propio acto reclamado, se contengan en una resolución disímbola, a saber, la sentencia de amparo, porque conforme a la técnica del juicio de amparo, no es permitido substituirse en el criterio de un tribunal de legalidad responsable, por ser la presente controversia un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades, lo que implica que sólo se puede analizar, si en el caso concreto, hubo o no trasgresión a los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías otorgadas para su protección. (.) Bajo tales consideraciones resulta válido concluir que el acto hoy reclamado conculcó los derechos humanos del impetrante del amparo, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para el debido respeto de la primera no basta que se dé la oportunidad al gobernado de hacer valer algún recurso y por ende expresar agravios contra la resolución impugnada, sino que es necesario también que la autoridad dé respuesta a todos y cada uno de los motivos de inconformidad planteados; en tanto que el cumplimiento de la segunda obliga al servidor público que emite un acto de molestia contra el particular a fundar y motivar su acto, esto es, debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Mediante acuerdo de veintiocho de abril del año en curso (fojas 122 y 123), se requirió a los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dieran cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a ello, por oficio 1198 la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la resolución emitida el cinco de mayo de dos mil quince, en el toca penal 11/2014 de su índice. Ahora bien, de la resolución de cinco de mayo del año en curso, emitida por la Sala responsable en el toca penal 11/2014, se advierte que dio contestación a todos y cada uno de los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, Rodolfo Quintero de Pablo (fojas 127 a 146). En tales condiciones, como los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejaron insubsistente la resolución dictada el veinte de agosto de dos mil catorce, en el toca penal 11/2014 de su registro, por la que confirmaron el auto de formal prisión de veinticuatro de noviembre de dos mil trece, emitido por la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en la causa penal 140/2013, en contra del quejoso por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude, en perjuicio patrimonial de Armando Octavio Cruz Duarte, y emitieron una nueva resolución en la que reiteraron lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria dictada en el amparo directo 221/2014 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito (con relación a que no se acredita la prescripción de la acción penal) y, con plenitud de jurisdicción, respondieron todos y cada uno de los agravios expuestos por el defensor particular del procesado, aquí quejoso, Rodolfo Quintero de Pablo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA II A Agréguese el escrito del quejoso Rodolfo Quintero de Pablo; visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, aplicado por mayoría de razón, expídasele copia simple de las constancias que solicita, teniendo por autorizados para recibirlas a las personas que menciona, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos.

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