Rodolfo Plasencia Sandoval
Expediente 1045/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2023
Partes del expediente
- Rodolfo Plasencia Sandoval
Actuaciones
- Principal
CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO EL PROVEIDO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA, QUE A LA LETRA DICEN:"Ciudad de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, al que se adjunta el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 532/2017 de su estadística y los autos del juicio de amparo citado al rubro. Acúsese recibo. Asimismo, hágase del conocimiento que el tribunal colegiado, resolvió: "[.] CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: [.] CUARTO. Violación procesal [.] Decisión 21. Ante las condiciones apuntadas, a fin de que las transgresiones procesales advertidas sean reparadas, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se impone revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que la persona juzgadora emita la sentencia que en derecho corresponda, conforme a la Litis planteada en el juicio de amparo indirecto que se revisa, acatando los requisitos de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo y la firme de manera física o electrónica, en el entendido que si se efectúa de esta última forma, deberá agregarse la evidencia criptográfica que de manera específica le corresponde a dicho acto. 22. De igual modo, debe precisarse que en la emisión de la nueva sentencia, deberá reiterarse la porción considerativa y resolutiva en la que se otorgó la protección constitucional a la quejosa, en razón de que por virtud del principio non reformatio in peius, la consecuencia de la interposición del recurso de revisión no debe empeorar la situación de la recurrente, salvo el tema de causales de improcedencia. 23. Además, debido a que las autoridades responsables no impugnaron la sentencia, debe entenderse que dicha porción fue consentida, de modo tal que en la nueva resolución que emita el Juez de Distrito, habrá adquirido firmeza, de ahí que deba reiterarse la concesión del amparo a la quejosa. 24. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena al Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 5549/2014, promovido por ********************, sociedad anónima de capital variable. NOTIFÍQUESE; [.]." De lo que se toma conocimiento, háganse las anotaciones en el libro electrónico. Glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, a este cuaderno principal. Por lo que, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal colegiado en la ejecutoria en cita, se deja insubsistente la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento. Ahora, una vez que se cuente con las constancias de notificación de este auto, previo acuerdo túrnese este asunto para que se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo, en la que se determina la adscripción de la Jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes esa determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Notifíquese y personalmente a la quejosa." NOTIFIQUESE
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Ciudad de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la apoderada legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), quien actúa en representación del director general, secretario administrativo y subdirectora de Recursos Humanos, todos del citado centro, por el que solicitan prórroga para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se les concede una prórroga de diez días, para que remitan las constancias con las cuales se acredite el cumplimiento al fallo protector Consulta del expediente electrónico Asimismo, en atención a lo solicitado y a la certificación de cuenta, de la que se desprende que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en específico en el campo "Autorizados Expediente Electrónico" la clave de usuario "**********", está registrada, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, en relación con el numeral 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran este expediente. En atención a ello, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice los movimientos informáticos correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades que subsiste el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de noviembre de este año. Notifíquese.
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Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Agréguese el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el que remite el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 275/2017 de su estadística y el expediente citado al rubro, Acúsese recibo.****************************************Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió:********************"[.]********************PRIMERO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida.****************************************SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********* (antes *********) por conducto de la apoderada ********************, en contra de la sentencia constitucional de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, firmada el catorce de noviembre del mismo año, por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto ********************, y sus acumulados ******************** y, ********************.****************************************TERCERO. Quedó SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesta por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos.****************************************[.]"************************************************************De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, asimismo, glósense las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión, toda vez que son reproducción de las que obran en este expediente.********************.********************Ahora, visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que********************, quejosas en los juicios de amparo ******************** y ********************, respectivamente, hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio, se negó la protección constitucional y se concedió el amparo y la protección de la justicia Federal, ha causado ejecutoria.****************************************Ahora, del análisis de las demandas de amparo se advierte que la quejosa ********************, en el juicio de amparo ******************** no señaló como acto reclamado el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, por tanto, aun cuando en la sentencia de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo respecto de esa porción normativa, lo cierto es que al no formar parte de la litis constitucional, no puede ser motivo de requerimiento a las responsables para su acatamiento, razón por la que no existe materia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, respecto de la quejosa mencionada. ****************************************En ese orden, de la sentencia dictada por este juzgado Federal se advierte que se concedió el amparo a las quejosas ********************.****************************************Atendiendo a lo anterior, resulta necesario precisar los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional:****************************************"[.]****************************************En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. ****************************************Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas.****************************************Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que a la letra señala:****************************************"REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." ****************************************Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa.****************************************[.]****************************************Requerimiento de cumplimiento que se establece en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.****************************************Por tanto, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente:********************a) Informe si a las quejosas que se relacionarán más adelante en este acuerdo, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica que se establece en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.****************************************b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.****************************************c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que el contribuyente fue omiso en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas.****************************************Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia que establece:****************************************"REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas."**************************************** En ese orden de ideas, infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de las quejosas, para que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto:************************************************************JUICIO DE AMPARO********************QUEJOSAS********************R.F.C.****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************En el entendido que: ****************************************1. Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad.****************************************2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.****************************************Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:********************"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso."************************************************************Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo********************En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente:****************************************a) Se impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los numerales 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo.****************************************b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo.****************************************c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del precepto 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.****************************************Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo.****************************************Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley.****************************************En el entendido que:****************************************1. Las autoridades responsables deberán cumplir la totalidad de lo requerido en la sentencia en el plazo fijado, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad.****************************************Es aplicable la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del rubro y texto siguientes: ****************************************"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."****************************************2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo.****************************************Lo anterior, tiene fundamento en lo previsto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:****************************************"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso."************************************************************Notifíquese y personalmente a las quejosas.
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Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, del que se advierte que en acuerdo de treinta de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, con el que informó que los autos originales de este juicio fueron remitidos al tribunal colegiado para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto, del que conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco y registró como amparo en revisión 16/2017; sin embargo, a la fecha no se cuenta con mayor información respecto del amparo en revisión referido. En consecuencia, solicítese atentamente al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, informe el estado procesal que guarda el amparo en revisión 16/2017 de su estadística, a efecto de tener conocimiento. Notifíquese.
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