Rodolfo Pineda Martínez

Expediente 766/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
766/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
09/01/2019

Partes del expediente

  • Rodolfo Pineda Martínez
  • RODOLFO PINEDA MARTÍNEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero nueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, once de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida; la parte quejosa solicitó el amparo contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación de quien reclamó: a) la omisión de cerrar de la instrucción en el juicio laboral 500/2009. b) la omisión de tomar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio laboral 1472/2015, con cargo a José Alan Caballero Valdez, Gerardo Romero Pérez, Inés Santiago Luna, Rene Isaías, Mirón Noyola y Gabriela Salinas Salazar. En la ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para los siguientes efectos: ".una vez que cause ejecutoria esta sentencia en caso de que no se haya llevado a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada en el juicio laboral 1472/2015, con cargo a José Alan Caballero Valdez, Gerardo Romero Pérez, Inés Santiago Luna, Rene Isaías Miron Noyola y Gabriela Salinas Salazar, en la fecha señalada para ello (diecisiete de octubre de dos mil dieciocho), dicte las medidas necesarias para lograr su desahogo, -inclusive las de apremio-, a efecto de que el Actuario de su adscripción notifique a las testigos antes mencionados, el acuerdo en que fije nueva fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia en la cual se desahogará la aludida prueba testimonial; en la inteligencia de que deberá hacer efectivos los apercibimientos que decrete dentro del plazo que al efecto otorgue a dicho funcionario para efectuar tal actuación y no hasta que llegue la fecha en que se programó la celebración de la audiencia de ley, debiendo señalar una nueva fecha para el desahogo de la misma, dentro del término establecido por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se restituirá a la quejosa en el goce del derecho violado." En cumplimiento a esa sentencia, la autoridad responsable Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada. 1.- Del acuerdo de veintidós de octubre del año en curso, mediante el cual se tuvo al promovente señalando domicilio diverso de los testigos ofertados por su parte. 2.- Razonamiento de veinticinco de octubre del año en curso, mediante el cual el actuario adscrito a la Segunda Junta responsable, se vio imposibilitado para citar a los testigos, en razón de que el domicilio proporcionado por segunda ocasión resulto incierto. 3.- Acuerdo de veintinueve de octubre del año en curso, en el que se declara desierta la prueba testimonial a la parte demandada. Documentales públicas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, si la autoridad responsable se pronunció en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 766/2018, promovido por Rodolfo Pineda Martínez por conducto de su apoderada legal Evelyn Castrejón Gómez, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Rodolfo Pineda Martínez por conducto de su apoderada legal Evelyn Castrejón Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE: Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Con residencia en esta ciudad ACTO RECLAMADO: "(.) De la H. SEGUNDA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, reclamo que en el expediente 500/2009 no se ha cerrado instrucción y enviado los autos para que se dicte el laudo correspondiente, y en el expediente 1472/2015 la responsable no ha desahogado la testimonial ofrecida por la demandada ni mucho menos a tomado las medidas necesarias para lo anterior, dilatando con esto el juicio laboral, es por esto que recurro a esta vía. (.)". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 766/2018 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso Rodolfo Pineda Martínez, reclama de la junta responsable: a) la omisión de cerrar de la instrucción en el juicio laboral 500/2009. b) la omisión de tomar las medidas necesarias para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada en el juicio laboral 1472/2015, con cargo a José Alan Caballero Valdez, Gerardo Romero Pérez, Inés Santiago Luna, Rene Isaías, Mirón Noyola y Gabriela Salinas Salazar. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dado que al rendir informe justificado a nombre del órgano laboral que preside, así lo manifestó expresamente. Certeza que además se corrobora con las actuaciones que integran el juicio laboral número 500/2009 y su acumulado 1472/2015 que allegó al sumario en copia certificada, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Ya que no existe causal de improcedencia del juicio de amparo expresamente invocada por las partes ni se advierte que opere alguna que deba ser examinada de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se analizará si procede o no conceder la protección federal solicitada. En ese sentido, se estima esencialmente fundado, el concepto de violación que en el caso hace valer el peticionario de amparo, suplido en su deficiencia en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen en líneas subsecuentes. 4.1 Falta de cierre de instrucción en el juicio laboral 500/2009. El numeral 17 de nuestra Carta Magna, contiene el derecho público subjetivo relativo a la celeridad en la impartición de justicia, el cual está supeditado a los términos que para ese fin señalen las leyes secundarias, lo que obliga a los tribunales a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que para que se infrinja este derecho por parte de la autoridad responsable basta con que los acuerdos o resoluciones no los emita dentro de los plazos y términos legales que al efecto establecen las leyes relativas. Ahora bien, los numerales 884, fracción IV, y 885 de la Ley Federal del Trabajo vigentes hasta el treinta de noviembre de dos mil doce, aplicables al caso concreto en términos de lo dispuesto por los artículos primero y décimo primero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo publicado en el Diario Oficial de la Federación en la fecha antes referida, establecen que al concluir el desahogo de pruebas, las partes podrán formular sus alegatos por escrito, y que formulados los mismos y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señala el referido numeral 885 de la citada legislación. Lo anterior en virtud de que la demanda que dio origen al expediente número 500/2009, fue presentada ante la responsable el día veinticinco de marzo de dos mil nueve, según se advierte del escrito que obra glosado en autos en las fojas 20 a 25, así como del auto de fecha veintiséis siguiente por el cual se radicó dicha demanda, el cual obra glosado en autos a foja 25. Ahora bien, de las constancias que como apoyo a su informe justificado remitió la junta responsable, valoradas en el considerado tercero, se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar y concedió a las partes tres días para que formularan sus alegatos, sin que lo hayan hecho así, no obstante estar debidamente notificadas para ello, como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos. No obstante lo anterior, del acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, dictado en autos del juicio 1472/2015, por la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, se advierte que la responsable consideró procedente acumular dicho expediente al diverso 500/2009, por ubicarse dentro de la hipótesis prevista en el artículo 766, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, asimismo, ordenó remitir los autos a la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, quien recibió los autos correspondientes a dicho expediente mediante auto de veinte de abril de dos mil dieciséis, dictado en el segundo de los expedientes antes citados. En esa consideración, tomando en cuenta lo establecido por el diverso numeral 769, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que los efectos de la citada acumulación consisten en que los conflictos se resolverán por la misma Junta en una sola resolución, ello con la finalidad de evitar la emisión de sentencias contradictorias, lo cierto es que la falta de emisión se encuentra justificada en el hecho de que el trámite del expediente acumulado (1472/2015), aún se encuentra pendiente de concluir, en virtud de que no se ha llevado a cabo el desahogo de la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, lo cual incluso será analizado más adelante por constituir un acto reclamado dentro del presente juicio. Consecuentemente, si la finalidad que persigue la acumulación decretada por la responsable en el presente asunto consiste en evitar que se dicten sentencias contradictorias en dos asuntos que se encuentran directamente relacionados, tan es así que el efecto que la ley le otorga a dicha figura consiste en que ambos juicios sean resueltos en una misma resolución, lo cierto es que no es posible dictar el auto de cierre de instrucción en el expediente 500/2009, puesto que ello generaría la obligación a la responsable de formular el proyecto de resolución correspondiente, tal como lo establece el artículo 885 anteriormente citado. De ahí que aun cuando es cierto que dentro del expediente en comento no se ha dictado el auto de cierre de instrucción, lo cierto es que ello no es posible en virtud de que dentro del diverso juicio que le fue acumulado se encuentra pendiente el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, lo cual se analiza a continuación. 4.2 Falta de desahogo de la prueba testimonial en el juicio laboral 1472/2015. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo (posterior a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce) dispone en sus artículos 685, 883 y 884, lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. (.)" "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos: a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. (.)" De lo transcrito se obtiene que tratándose de la faceta probatoria, la obligación atribuida a la junta es desahogar los medios de prueba ofrecidos por las partes en los términos legales, de tal manera que está vinculada a proveer las medidas pertinentes para lograrlo; asimismo, de los numerales en cita se desprende que las notificaciones, citaciones o emplazamientos, cuya realización corresponde al Actuario, deben practicarse dentro de los cinco días siguientes al de su ordenamiento, salvo que exista causa legal que justificare su realización posterior. En ese sentido, se advierte de las constancias de autos que la junta responsable ha sido omisa en observar lo dispuesto por el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en detrimento del derecho previsto en el artículo 17 Constitucional, pues desde el nueve de febrero de dos mil diecisiete, en que tuvo por admitida la prueba testimonial y ordenó su desahogo, esto último no ha acontecido, en razón de que ha sido omisa en tomar las medidas necesarias para lograr la citación de los testigos ofrecidos por la parte demandada, hasta la audiencia de cinco de septiembre pasado, en la cual señalo como nueva fecha para el desahogo de dicho medio probatorio el diecisiete de octubre del año en curso, ordenando su citación por medio del Actuario adscrito, sin que de autos se advierta que lo haya hecho así. En consecuencia, lo anterior resulta violatorio de derechos en perjuicio de la parte quejosa, en razón de que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; es decir, para que se infrinja esta garantía basta que los acuerdos o resoluciones no los emita la responsable dentro de los plazos y términos legales que al efecto establecen las leyes relativas, tal como sucede en este asunto. DECISIÓN En ese orden de ideas, lo procedente es negar el amparo solicitado respecto de la omisión de dictar el auto de cierre de instrucción dentro del expediente laboral número 500/2009, en virtud de que ello no es posible hasta en tanto no se concluya el trámite del diverso expediente 1472/2015 que le fue acumulado. Por otra parte, toda vez que se demostró que la responsable ha sido omisa en continuar con el trámite correspondiente para lograr el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora dentro del expediente 1472/2015, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia en caso de que no se haya llevado a cabo el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada en el juicio laboral 1472/2015, con cargo a José Alan Caballero Valdez, Gerardo Romero Pérez, Inés Santiago Luna, Rene Isaías Miron Noyola y Gabriela Salinas Salazar, en la fecha señalada para ello (diecisiete de octubre de dos mil dieciocho), dicte las medidas necesarias para lograr su desahogo, -inclusive las de apremio-, a efecto de que el Actuario de su adscripción notifique a las testigos antes mencionados, el acuerdo en que fije nueva fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia en la cual se desahogará la aludida prueba testimonial; en la inteligencia de que deberá hacer efectivos los apercibimientos que decrete dentro del plazo que al efecto otorgue a dicho funcionario para efectuar tal actuación y no hasta que llegue la fecha en que se programó la celebración de la audiencia de ley, debiendo señalar una nueva fecha para el desahogo de la misma, dentro del término establecido por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se restituirá a la quejosa en el goce del derecho violado. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodolfo Pineda Martínez, por los motivos establecidos en el último considerando de esta resolución, en lo que corresponde a la omisión descrita en el inciso a) del segundo considerando de este fallo. SEGUNDO. Para los efectos que se precisan en la parte final del último de los considerandos de esta sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a Rodolfo Pineda Martínez, en contra de la omisión descrita en el inciso b) del segundo considerando de este fallo.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de cinco de octubre actual, se tuvo por recibido el informe justificado de la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje en representación de dicho órgano laboral, con residencia en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

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