Rodolfo Pérez Espinoza
Expediente 1069/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rodolfo Pérez Espinoza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 18, inciso b), se prevé que es susceptible de depuración los expedientes relativos a juicio de amparo en las que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que en este juicio de amparo se sobreseyó y se negó el amparo y protección y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Dese vista a las partes, con el informe justificado y anexo, rendido por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Ahora, del estado de autos se advierte que en proveído de veinticinco de agosto de este año, se reservó proveer respecto al emplazamiento del tercero interesado indicado en el escrito de demanda, hasta en tanto obraran en autos las constancias que en su caso remitiera la responsable en su informe justificado, lo cual ya aconteció. Sin embargo, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, puesto que de las constancias que anexa la responsable, se advierte que no se le ha dado intervención en el juicio laboral 491/2020.
- Principal
Agréguese a los autos el alegato ministerial de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, los cuales, de ser el caso, serán considerados al resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto a las copias que solicita, ha de decirse que tiene expedito su derecho para solicitarlas una vez que se emita la resolución que refiere.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por ***********, por su propio derecho, a través de la cual se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. Fórmese el expediente 1069/2021-II-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados esencialmente: A) De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, el acuerdo en el que declinó la competencia para conocer del juicio laboral OPDL 2-56/2018. B) Del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, el oficio a través del cual remitió el referido procedimiento laboral al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con motivo del acuerdo en el que la Junta Local se declaró incompetente. C) Del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el que admite la competencia y se avocó para conocer del conflicto laboral, ordenando tramitarlo con el número de expediente 491/2020. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO A) Y B). ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación a la Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario y 217, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Como puede apreciarse, el artículo transcrito en primer término señala que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercitabilidad resulte de alguna otra disposición de la ley. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que dicha causa de improcedencia del juicio de amparo, deriva necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Al respecto se cita, sólo en la idea jurídica y sustancialmente conducente, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN. Conforme a la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos a los referidos en las fracciones anteriores, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Esta fracción debe de interpretarse en el sentido de que la causa de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución. Tal sucede en el caso en que la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos derivados de consentidos, se establece en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de una causa diversa de las contempladas en las diecisiete fracciones del artículo 73, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, debe aplicarse esa jurisprudencia, atendiendo a su obligatoriedad." Por su parte, el precitado artículo 107, fracción VIII, dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; mientras que el diverso ordinal 217, establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas es de observancia obligatoria. Ahora, en relación con la causa de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción VIII de la Ley de la Materia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, sostuvo que la norma en cuestión no podría interpretarse literalmente y aseverar que por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. Luego, explicó, que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Que se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional a través de la declinatoria y la inhibitoria. Asimismo, que esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, -sostuvo- que la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto pero que estima competente, solicitando que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto pero que estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento y remita los autos correspondientes. Que en ambos supuestos pueden darse diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior se aprecia que, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial; en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo que es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y congruente con la Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio bi-instancial el acto que se reclame debe ser aquél en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, lo cierto es que debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser la que producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, porque en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Por tanto, el Alto Tribunal concluyó que para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Esos argumentos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". En el caso, de la lectura integral del escrito inicial de demanda de amparo, se desprende que los actos reclamados identificados con los incisos A) y B), consistentes en el acuerdo en el que declinó la competencia para conocer del juicio laboral OPDL 2-56/2018, así como el oficio a través del cual el Presidente de dicha Junta remite el expediente laboral de origen al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con motivo del acuerdo en el que la Junta Local se declaró incompetente, no se consideran actos de autoridad susceptible de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Se dice ello, pues tal acto, por sí solo, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, pues para que ello ocurra, dependerá que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, pues será en ese momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte quejosa en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que dicha determinación de incompetencia, no son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VIII, aplicado en sentido contrario y 217, todos de la Ley de Amparo, y procede DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA respecto del acto reclamado precisado en el inciso A) y B), atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. ADMISIÓN RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO PRECISADO EN EL INCISO C). Ahora, respecto al diverso acto reclamado precisado en el inciso C), que se hace consistir en el proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el que admite la competencia y se avocó para conocer del conflicto laboral, ordenando tramitarlo con el número de expediente 491/2020; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por *****, contra los actos reclamados del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con el artículo 117, de la invocada ley, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguiente al en que se reciba el oficio correspondiente. En caso de ser cierto el acto reclamado, deberá anexar a su informe justificado copia certificada de las constancias conducentes, pues la omisión de dicha obligación se encuentra sancionada con una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA Se señalan las TRECE HORAS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO Por otro lado, las partes habrán de tener en cuenta lo previsto en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten." OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, la obliga a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De igual manera se informa a las autoridades responsables, que no habrá necesidad de emitir oficio para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/ acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 176/2012, con número de registro digital 2002576, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TERCERO INTERESADO Al respecto este órgano constitucional se reserva el emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto la responsable remita en su caso las constancias del acto reclamado. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la parte quejosa la documental allegada en el escrito inicial de demanda de amparo, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el ubicado en esta ciudad y como su autorizado en términos amplios de la ley de amparo a *********, toda vez que se trata de un asunto en materia laboral que es promovido por la parte trabajadora. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, en atención a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. OFICIOS Asimismo, se autoriza a la Secretaria actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.
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