Rodolfo Paz Grijalva
Expediente 1003/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rodolfo Paz Grijalva
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por Rodolfo Paz Grijalva, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Ahora bien, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. III. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica, a las diversas partes no ordenadas mediante oficio; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
.. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo, que se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el veintinueve de agosto del año en curso y que se turnó a este órgano jurisdiccional el treinta siguiente, que promovió ***, contra actos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1003/2022. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Desechamiento. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda, es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo prevé el artículo 113 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1631 del Tomo XX, de septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a quien le reclama lo siguiente: ".ACTO RECLAMADO: La negativa de acordar mi escrito que presenté ante la responsable, el día cinco de julio de dos mil veintidós, las cuales me son indispensables para presentarlas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje" Ahora, es pertinente precisar que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su escrito fue presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. En ese sentido, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el arábigo 23 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...]. XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. En tanto que, el artículo 5 de la ley en la materia, establece lo siguiente: ".Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Luego, resulta pertinente destacar que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El precepto antes citado, contempla el derecho de petición, el cual se traduce en aquella prerrogativa que tiene todo gobernado para formular una petición ante cualquier institución pública, de manera escrita, pacífica y respetuosa, ya sea de forma individual o colectiva, siempre que se encuentre relacionada con sus atribuciones. Asimismo, en términos de este precepto, si un gobernado ejerce el derecho de petición, de forma escrita, pacífica y respetuosa, surge la obligación de la autoridad a quien se ha dirigido, de dar respuesta congruente y en breve termino, además de hacer del conocimiento al promovente el resultado de la petición. Ahora, en relación al elemento consistente en la obligación de la autoridad de dar a conocer la respuesta al peticionario en breve término, se destaca que la Constitución Federal no hace alusión a lo que debe considerarse como breve término, ni tampoco establece un plazo específico en el que debe otorgarse la respuesta correspondiente; por tanto, en el caso del Estado de Oaxaca, en un principio debe atenderse a lo señalado por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación." [Lo resaltado no es de origen] Dicho precepto establece que las autoridades locales deben dar respuesta a cualquier petición que se les formule, dentro del plazo de diez días. Sin embargo, el mismo precepto establece que el plazo antes señalado será aplicable siempre que la ley que regule el acto, no señale un plazo específico para emitir la respuesta; de ahí que, en el caso específico, toda vez que la petición se dirigió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, el cual, al resultar un órgano desconcentrado de la Administración Pública Estatal de Oaxaca, en caso de peticiones, debe atenderse a lo señalado por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Al respecto, se precisa que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en su artículo 26, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 26.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma." [Lo resaltado no es de origen] El precepto antes citado señala que toda dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal, debe resolver toda petición en un plazo no mayor a noventa días naturales; por tanto, en el caso de estudio, el plazo antes señalado debe tenerse como el breve término; sin que exista disposición legal alguna que establezca un plazo distinto para atender la petición presentada por la parte quejosa. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, ya que entre la fecha de recepción del escrito en el que ejerció el derecho de petición reconocido en el artículo 8° Constitucional (cinco de julio de dos mil veintidós) y el día en que se presentó la demanda de amparo en el buzón de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca (veintinueve de agosto de dos mil veintidós), no ha transcurrido el plazo de noventa días hábiles que prevé el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca; toda vez que entre las fechas en que la autoridad señalada como responsable recibió el escrito de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza, han transcurrido únicamente cincuenta y cinco días naturales (sin contar el de su presentación). Por lo que es evidente, que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar el escrito de cuya omisión de acordar se duele la parte quejosa, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, y estar en aptitud de emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación. Por tanto, en la especie aún no ha transcurrido un plazo razonable para que se analice la solicitud de la parte inconforme, de contestación a la misma y notifique la respuesta; por tanto, no puede considerarse suficiente para establecer que existe una transgresión al derecho de petición reconocido por el artículo 8° Constitucional. Ilustra lo anterior por el tema que aborda, la jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página 7, con registro digital 2019190, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación." En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el arábigo 23 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; se desecha de plano la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, Materia Común, página} 1631, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Domicilio y autorizados. Por otra parte, tomando en consideración que la quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos; apoya lo anterior, con fundamento en el artículo 6° transitorio de la nueva Ley de Amparo, la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, téngase por autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, pues no se encuentra registrado en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Se toma nota del correo electrónico proporcionado, para establecer comunicación no procesal. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese por estrados a la parte quejosa.
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